Más prisión para menores de 18

Sociedad - Página/12, 24 de octubre de 2009.- El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que duplicaría los plazos en los que los menores de 18 años, detenidos por una presunta participación en un delito grave, pueden ser privados de su libertad, modificando la ley que ordena al Fuero Penal Juvenil en la provincia. Según el defensor del fuero Nº 16 Julián Axat, los plazos de ampliación pedidos por el proyecto son “inconstitucionales y no respetan la Convención de los Derechos del Niño, que dice que la detención es una medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda”. Desde el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño (Casacidn) adelantaron que se trabajará para que el proyecto de ley “no progrese” en la Cámara baja.

El proyecto de ley aprobado por unanimidad fue presentado por la senadora del Frente para la Victoria Edda Acuña, que en los argumentos resaltó lo exiguo de los plazos para el trabajo de los fiscales. Una de las modificaciones propuestas es extender de 12 a 24 las horas en la que los chicos pueden estar privados de su libertad en una comisaría a la espera de que un juez de Garantías dicte la orden de detención. La otra consiste en prolongar de cinco a diez días el tiempo que el fiscal tiene para realizar el pedido de prisión preventiva, mientras el chico permanece en un instituto.

“De acuerdo con los pactos internacionales, los niños deben tener un mejor estándar procesal que los adultos y con este proyecto se los está igualando y dando a los fiscales un plazo más extenso que a los adultos para decidir sobre el pedido de prisión preventiva. Si la intetona contrarreformista se lleva adelante va a ser inconstitucional”, explicó Axat.

La directora ejecutiva de Casacidn, Nora Schulman, consideró que “es un retroceso volver a discutir cosas ya resueltas bajo un pretexto banal como la falta de tiempo para los fiscales. Se está mezclando nuevamente el tema de la inseguridad con la protección de derechos de los niños”.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134013-2009-10-24.html

"La concentración nunca fue buena para el arte".-

Así lo consideró Diego Boris, referente de Unión de Músicos Independientes (UMI), en referencia a la iniciativa de desmonopolizar el sistema de medios de comunicación nacional que se llevaría a cabo con la aplicación de la flamante Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Agencia NAN consultó a UMI y otras organizaciones de artistas independientes acerca del impacto que generará en su trabajo la nueva norma que, entre otras cosas, reserva espacio en las emisoras de radio y televisión a producciones nacionales de cine, música y contenidos televisivos, y destina recursos a institutos nacionales específicos de esas áreas.


Por Nahuel Lag, Agencia NAN 21 de octubre de 2009.- Una apertura del juego en el que, hasta ahora, participaban sólo los intereses económicos de las empresas mediáticas concentradas, limitando fuentes de trabajo para los actores y oportunidades de difusión, producción y distribución para los músicos y cineastas independientes. Eso significa la flamante Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual según los referentes de los artistas encargados de dar --con cuotas de emisión aseguradas-- contenido a la televisión y la radio del país que dialogaron con Agencia NAN. Inocencia de lado, los integrantes de las organizaciones que representan a actores, músicos y cineastas aseguraron que la legislación es sólo "un primer paso adelante" que hay esperar a que "se comienza a aplicar" y "hacerle el aguante porque va a recibir embates por parte de los representantes de los intereses económicos que se ven afectados". Por eso, sin peder tiempo y aprovechando el "impulso" se debaten en las comisiones de la Cámara de Diputados las leyes de Música y de Actores, que darán más incentivos y derechos a los trabajadores del arte.


Cuando el vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara de Senadores, Julio César Cobos, vio los 44 votos positivos por sobre los 24 negativos y la sola abstención, no pudo más que pronunciar: "se convierte en Ley, se comunicará al Ejecutivo". Menos de un día después, la presidenta Cristina Fernández plasmó su firma para lograr que la norma entre en vigencia y reemplace a la 22.285 que llevaba la firma del dictador del último golpe militar Jorge Rafael Videla. "La diferencia fundamental con la ley de Radiodifusión que se dejó atrás es que esta nueva fue consultada y debatida, no sólo en las últimas semanas, sino durante varios años, contemplando las inquietudes de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles", resaltó Luis Alí, secretario general de la Asociación Argentina de Actores, una de las organizaciones que integró la Coalición por una Radiodifusión Democrática autora del documento germen de la flamante ley, "21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación".


Por su parte, Laureano Gutiérrez apuntó que "el valuarte de la nueva ley pasa por poder regular desde el Estado, con un rol protagónico, las políticas audiovisuales de acceso a la información y el derecho a informar". Gutiérrez forma parte de la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina (ADN), una de las tantas agrupaciones que participaron de los foros que sucedieron en todo el país con el objetivo de debatir el Anteproyecto presentado oficialmente en marzo de 2008, y de los que surgieron nuevos aportes que conformaron el documento que llegó a Diputados. El debate en torno del articulado continuó dentro del Congreso nacional, en audiencias públicas y reuniones de comisiones de ambas cámaras legislativas. No obstante, el conjunto de la oposición –en el que se mezclaron legisladores, periodistas y medios de comunicación en su totalidad-- intentó imponer la idea de que la norma se votaba "a las apuradas".


Con la sanción hecha realidad, las intenciones de poner palos en la rueda a la ley continúan presentes en los bloques de legisladores opositores (miembros de la UCR y la Coalición Cívica, en su mayoría). Hasta ayer, la nueva estrategia apuntó a anular la norma porque el día en que fue votada en Senadores no se informó al cuerpo las fe de erratas realizadas al proyecto aprobado en Diputados. Una de las correcciones se realizó sobre el 95, que contenía un párrafo correspondiente al artículo 97. Sin embargo, la anulación no obtuvo quórum. "La oposición avanzó en todas las posibilidades que tuvo de interferir sobre la ley y hacen uso de cada cosa que aparece. Ya es caprichoso", apuntó Alí.


Ese artículo es el que distribuye los fondos recaudados por la AFIP por la aplicación de gravámenes y tasas a los explotadores de licencias. Del total, el Ins tituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) percibirá un 25 por ciento; el Instituto Nacional del Teatro (INT) un 10 por ciento; y un 2 por ciento el naciente Instituto Nacional de Música (INM), porcentaje asignado sobre tablas durante la votación en la Cámara Baja en base a la propuesta del diputado por Proyecto Sur Claudio Lozano de modificar la distribución de los recursos con el agregado del INM.


"La nueva ley aumentó los porcentajes de recursos con los que ya contaban los institutos nacionales de cine y de teatro. El logro de la creación del INM y la asignación de un presupuesto es importante porque es la primera vez que se toma a la música como un arte que tiene que ser fomentado", celebró Diego Boris, referente de Unión de Músicos Independientes (UMI). "La conformación del ente se concretará cuando se apruebe la Ley Nacional de la Música. Por eso, la nueva norma es un fuerte impulso para el desarrollo de una ley que permita mejorar difusión, producción, y las condiciones para tocar en vivo".


Los institutos que más rápido podrán verse beneficiados por los fondos provenientes de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales serán los del cine y del teatro. Para el integrante de ADN, el incremento en el porcentaje que percibe el INCAA "establecerá un soporte y un estímulo al sector audiovisual", mientras que la intervención del Estado en el sector es "importante para mediar en las relaciones económicas y de poder y desarmar monopolios, en un marco que contemple la producción audiovisual como herramienta para evitar que los grupos concentrados sean los que informen y marquen las pautas culturales".


En el caso del teatro, el instituto será beneficiado aunque participe indirectamente del arco audiovisual. "El trabajo del instituto tiene más que ver con el fomento de la disciplina en las salas de cada región. El presupuesto es un logro porque hace mucho tiempo que INT funciona con un fondo fijo y bajo, cuando es el semillero de todos los actores que pasan a trabajar en producciones audiovisuales", explicó el actor.


Aunque podría pasar un año o más para que la ley se reglamente y comience a aplicarse en su totalidad, hay puntos que pueden comenzar a ponerse en práctica. Uno de ellos es el 65, que establece que el 30 por ciento de los contenidos programación emitidos por las radiodifusoras deberán ser de origen nacional, y de ese porcentaje, la mitad deberá provenir de productores independientes, donde el autor o interprete ejerza los derechos de comercialización. “Es el 15 por ciento del total de las programaciones. No es mucho pero ayudará a mejorar el bajo promedio de difusión de la música autogestionada. Así, algunas producciones, mejores que las que ofrece el mercado, comenzarán a salir a la luz”, indicó el autor de Ayer (UMI, 2004). Además, Boris sostuvo que las cuotas de producción local atacarán el problema que los músicos independientes tienen “en las radios de las provincias, donde no tienen acceso porque allí se replica lo que viene de Capital. Por eso, va a permitir una circulación más federal. La concentración nunca fue buena para el arte. No puede decidir solamente el mercado la música que produce un país”.


El artículo 65 también contempla a los servicios televisión abierta cuya programación deberá ser en un 60 por ciento de producción nacional, dentro del que se contempla un mínimo de producción local independiente que varia entre el 30 y 15 por ciento según la cantidad de usuarios potenciales. Además, obliga a los servicios de televisión por suscripción satelital y no satelital a incluir como mínimo una señal de producción local propia que satisfaga las mismas condiciones. La Asociación Argentina de Actores buscó ir más allá y fijar en la norma un porcentaje de cuota de ficción que asegurara fuentes de trabajo a los actores, pero la dura postura de la oposición, que argumentaba que lo solicitado implicaba censura, no lo permitió. “La producción nacional no nos garantiza ficción, ya que engloba a productos como Bailando por un Sueño, de Marcelo Tinelli. Pero esperemos que se cumpla con ficción porque es algo rentable, lo que genera mayor audiencia”, explicó el director de la pieza Aeroplanos (Teatro Abasto, 2003).


Por último, el artículo 67 asegura una cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales, de acuerdo al que los licenciatarios de señales de televisión deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho largometrajes nacionales, pudiendo optar por incluir, en la misma cantidad, hasta tres telefilmes nacionales. En ambos casos se fomenta las realizaciones de productoras independientes nacionales y se pone atención en los contenidos relacionados con la niñez, a través de la creación del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia.


“Las cuotas de pantallas son barreras que tiene que establecerse ya que sino, la posibilidad de comprar más baratas producciones internacionales limita la compra de la producción nacional. Si no hay barrera no se puede generar productos”, aseguró el productor del film Los Próximos Pasados. Según la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina, la industria audiovisual local genera cerca de 50 mil puestos de trabajo anuales con una producción promedio de 60 largometrajes de ficción, 40 documentales y una gran cantidad de cortometrajes, mas los servicios de producción, la publicidad y las ficciones para TV. Todo aquello se verá potenciado con la implementación de las cuotas y, en ese sentido, Alí consideró que a la flamante ley hay que “hacerle el aguante porque va a recibir embates por parte de los representantes de los intereses económicos que se ven afectados. Un retroceso significaría menos laburo”.

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Rápidos para detener

Un fallo de la Cámara platense había autorizado a detener a chicos menores de edad. La sentencia no entró en vigencia porque fue apelada. Pero la policía ya se puso en marcha.


Sociedad - Página/12, 20 de octubre de 2009.- Son tres chicos de entre 14 y 15 años, viven y duermen en las calles de La Plata, no concurren a la escuela, no reciben asistencia en salud y, según una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez ante la justicia platense, estuvieron detenidos en la Comisaría Nº 1 de esa ciudad entre el 11 y el 12 de este mes. La detención se produjo a 15 días de que la Cámara de Apelaciones de La Plata revocara una medida judicial que impedía la detención de menores de edad, aunque la orden en teoría no debía entrar en vigencia porque fue apelada ante la Corte Suprema provincial. Para el defensor juvenil Julián Axat esta situación generará una “zona gris en el accionar policial frente a los chicos en situación de calle”.

Ricardo De Udaeta es el integrante de la asamblea que encontró a los chicos con moretones y marcas en las muñecas por la presión de las esposas policiales. También es quien realizó la denuncia ante la fiscalía Nº 4 de La Plata. Lo hizo a pesar de que los chicos le dieron a entender que no tenía sentido. “El que los golpee la policía es algo que ellos ya tienen naturalizado”, destacó.

Por eso, en diálogo con Página/12, apuntó que “el caso de los chicos (por los tres detenidos el 11 y 12 de octubre) es paradigmático. Los pibes en situación de calle son sistemáticamente perseguidos por la policía, que les moja los colchones donde duermen y tira gas pimienta en los rincones” callejeros en los que sobreviven.

Además, el integrante de la asamblea denunció que “la única presencia institucional que perciben los chicos es la de la policía. En el caso particular de estos tres chicos, el viernes anterior a quedar detenidos en la 1ª, fueron demorados por efectivos de la 9ª y la asistencia social brilló por su ausencia” (ver aparte).

En octubre de 2008, fue el juez platense Luis Arias quien respondió a un pedido de hábeas corpus colectivo para prohibir la detención o demora de chicos por parte de la policía local por averiguación de identidad, contravenciones, pedidos de captura o para ser entregados a sus familias.

El hábeas corpus fue pedido por el defensor ante el fuero penal juvenil Nº 16, Julián Axat, que la semana pasada salió en su defensa al apelar, en segunda instancia, la decisión de la Cámara de Apelaciones platense ante la Corte Suprema provincial.

“Si la policía desobedece el fallo de Arias está cometiendo un delito, porque la orden (de no detener menores de 18 años) aún sigue en vigencia. Pero la decisión de la Cámara de Apelaciones es una señal fuerte hacia la policía para legitimar las detenciones. Por eso, pido a la Corte que se expida con rapidez y aclare esta zona gris para con el accionar policial frente a los chicos en situación de calle”, resaltó.

La contradicción del accionar policial a partir del fallo judicial también está presente dentro de las órdenes dadas por el Ministerio de Justicia provincial. Es que el Ministerio de Seguridad bonaerense fue el que tramitó la apelación ante la Cámara de Apelaciones para revocar el límite puesto a la policía por el fallo de Arias. Pero aún sigue vigente la resolución de octubre de 2008 con la que el titular de la cartera de Seguridad, Carlos Stornelli, ordenó a las fuerzas policiales platenses el “cumplimiento a la orden judicial (dictada por Arias) hasta que recaiga sanción definitiva”.

La situación judicial actual no es la que provocó que la policía desobedeciera la orden sino que Axat relevó siete casos en que los uniformados “violaron la prohibición a la detención”. Y elevó una causa ante la Fiscalía de Investigaciones Complejas local a partir del caso de un chico de 15 años detenido 43 veces por uniformados platenses. En el caso también aparece la 1ª y la ausencia de asistencia social.

“Es un caso paradigmático en el que muestro la discrecionalidad policial que sigue existiendo y lo que puede ocurrir si la Justicia decide revocar el fallo de Arias y no controlar este tipo de contravenciones policiales.”

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133787-2009-10-20.html

“Criminalizan un problema social”

Sociedad - Página/12, 20 de octubre de 2009.- El integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez Ricardo De Udaeta también denunció que los tres chicos “fueron detenidos por la policía cuando tendrían que haber recibido asistencia social como instaba el amparo”. Esa medida judicial fue dictada en noviembre de 2008 e intimó al gobierno municipal de La Plata y el provincial a cumplir con una serie de puntos para aumentar la asistencia social hacia 17 pibes que habían sido agredidos por un grupo parapolicial “en complicidad con la comisaría 1ª” en la céntrica Plaza San Martín, entre los que estaban dos de los tres chicos detenidos el 11 y 12 de octubre, por la misma dependencia. El juez en lo contencioso Luis Arias fue también quien ordenó la medida y en diálogo con Página/12 indicó que “cuenta con varias denuncias por incumplimiento”. La medida judicial también apuntaba a mejorar la situación de los más de 300 pibes y pibas que, según estimaciones de las organizaciones, viven en situación de calle en La Plata. “La de los chicos es una situación de vulnerabilidad social que se criminaliza”, sentenció Arias.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/133787-43163-2009-10-20.html

Penitencia judicial

Sin Internet ni celular por un año. La prohibición no salió de la boca de los padres de alguna de las tres chicas, de entre 16 y 17 años, que fueron filmadas por un compañero de escuela mientras se trenzaban a golpes, pero ellos serán los responsables de hacerla cumplir. La jueza de Menores de Posadas, Misiones, con el video difundido por Internet en su poder, decidió penar de forma inédita el hecho de violencia entre las jóvenes de escuelas enfrentadas por una tradicional fiesta estudiantil y puso a los padres como responsables de hacer cumplir una prohibición sobre el uso de Internet y celulares e impuso a las adolescentes que asistan, una vez por semana, a un gabinete psicológico y psicopedagógico para realizar un seguimiento de comportamiento y rendimiento escolar. “Prefiero diez años de cárcel antes de que se me prohíba Internet y el celular. Tengo cientos de amigos, ¿cómo me comunico con ellos?”, dijo una de ellas tras la sentencia.

–A mí no me tocás, te voy a matar –dice una de las chicas de contextura robusta, chupines y musculosa negra, mientras la otra adolescente retrocede en un descanso del parque de la costanera en Posadas. Las amenazas siguen a punta de dedo índice. Todo está quedando registrado en la cámara del celular de un compañero de escuela de una de ellas, que la incita: “Pegale, ya”. E ironiza: “No a la violencia, chicas”. Los golpes se producen: patadas, agarradas de pelos y una tercera chica que baja desde una lomada y toma por la espalda a una de las contendientes. “Así no vale”, grita el joven que filma.

La pelea se transformó en causa judicial cuando la policía identificó a las tres chicas y las puso a disposición de la jueza correccional y de menores de Posadas, Marcela Leiva. El episodio se produjo a mediados de septiembre, cuando los estudiantes de las escuelas más pudientes ensayaban el desfile con carrozas, bailes y coreografías para recorrer la costanera, a orillas del Paraná, durante cinco noches, en la tradicional Estudiantina.

Durante las audiencias, las adolescentes no supieron aclarar, entre llantos, el motivo de la pelea. Aunque una de las posibilidades que se manejan es el clima de competencia y enfrentamiento entre escuelas que genera el período de la Estudiantina –que empezó el pasado fin de semana y continuará hasta hoy a la noche–. Además, se apuntó que una de las chicas ya había protagonizado otro hecho de violencia. Mientras que dos de ellas habrían sido expulsadas de otros establecimientos educativos.

El juez de menores César Jiménez, que comparte tareas en el juzgado de rango provincial, explicó que aunque ésta sea una medida inédita sostiene “un criterio general (en la provincia) de medidas socioeducativas, con el que se busca que los chicos y chicas continúen en la escuela, con el seguimiento de su rendimiento, para sacarlos de espacios violentos y que gasten sus energías en el estudio” y además comprometer a los padres que “dejaron de cumplir su rol para dejar a la televisión y la computadora como niñeras de tiempo completo”.

Malena Gutiérrez, la secretaria de la Red Previo –que reúne a directivos y docentes de Posadas contra la violencia escolar–, aseguró que “hace dos meses se están viendo enfrentamientos entre chicas de distintos colegios en la vía pública que terminan con lesiones graves”.

De todas maneras, Gutiérrez resaltó que “en Posadas, los episodios de violencia no son tantos, pero están tomando relevancia, porque los jóvenes están influenciados por el ciberbulling. Una práctica por la cual los chicos utilizan las nuevas tecnologías para compartir y dar a conocer, de manera morbosa, su participación en la cultura de la violencia y la agresión”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133541-2009-10-16.html