Una red que trabaja lo que da Pachamama

Organizados en una red que reúne organizaciones y comunidades aborígenes, mostraron su producción agrícola, ganadera, artesanal y de alimentos en la capital de Jujuy. Apoyados por el Estado, logran microcréditos que los bancos jamás darían.


Sociedad - Página/12, 31 de agosto de 2009.- Red de Organizaciones de la Economía Social en la Diversidad es el extenso nombre, en sintonía con lo amplio numérica y geográficamente, del colectivo de 500 emprendedores de organizaciones y comunidades aborígenes de los valles y quebradas jujeñas. Y se reunieron para mostrar la producción en agricultura, ganadería, artesanías, alimentos artesanales y otros elementos que producen con la rica materia prima que les ofrece la Pachamama y la asistencia de los microcréditos ofrecidos por el Programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social.

“Son como hormigas”, decían quienes observaban el trabajo de todos los integrantes de la red para acondicionar el inmenso galpón techado en que se convirtió la antigua estación de trenes de Jujuy, que dejó de recibir locomotoras, vagones y pasajeros a principios de la década del ’90. Todo debía estar preparado para la inauguración de la muestra a las 10.30 y los emprendedores llegaron sobre la hora luego de bajar kilómetros –en los que la relación “por hora” desaparece con el serpenteo del camino de montaña– desde la Quebrada y la Puna, y subir otros tantos desde los valles del Ramal para reunirse en la capital provincial.

Mermeladas, licores, alfajores de quinua, charqui, papines, lechugas, ocas, zanahorias, vasijas, piedras talladas, chalinas, chalecos, ponchos. Con la producción sobre la mesa, la inauguración estuvo a cargo del intendente local, Raúl Jorge; la ministra de Desarrollo Social provincial, Lilian Domínguez; el representante de la Comisión Nacional del Microcrédito, Carlos García, y el representante del Comité de Tilcara, Ismael Vilte.

¿Qué rol cumple un comité dentro de la Red? Está dividida en ocho comités en los que están representadas 65 organizaciones, comunidades aborígenes y municipios. Así, son el último eslabón del programa de microcréditos impulsado desde Desarrollo, que reúne a 1300 organizaciones en todo el país. En esos espacios –una organización, un voto– se decide el monto de dinero que será necesario para otorgar cuántos y qué tipo de créditos por un año. También a qué vecino se le prestará un promedio de dos mil pesos, para que lo devuelva en cuotas con una tasa del 6 por ciento de interés.

Lorenza y Norma Mamani –un símil norteño de López, Pérez o Martínez– llegaron desde Yavi, límite con Bolivia, y explican que el crédito les sirvió para alambrar los corrales de las ovejas y las llamas y construir un galpón para preservar las pasturas. Lo que buscan es mejorar la carne y las fibras de los animales para conseguir mejores precios, porque la “comunidad crece (son 30 familias de la comunidad aborigen del Toral) y las necesidades le siguen”. Además, las hermanas coincidieron en que desde que integran la Red pueden intercambiar los saberes sobre las formas de cría con otras organizaciones y comunidades. “Es más fácil socializar”, aseguró Lorenza, pensando en los cinco kilómetros que recorre a pie hasta la ruta para poder tomar un colectivo.

Mientras las Mamani hablan de su producción, Josefina, Argentina y otras mujeres, hombres y niños con cajas y palillos acompañan sus coplas. Reunidos alrededor de un hueco en la tierra ofrecen chicha, cigarrillos y coca a la Pachamama, a dos días de que termine el mes en que se le agradece “por nuestras haciendas, para que las defienda de las plagas. Por educación y salud”.

Vitalino Salas camina hacia su puesto de cerámicas y artesanías luego de la celebración. La cultura de la “Pacha” está representada en sus artesanías que cada vez son más, gracias al crédito que le permitió agrandar su taller. Sin embargo, no se olvida de sus compañeros de la comunidad de Cuchiyaco: “Lo que nos presta el Estado, además de incentivar la cultura del trabajo, es un desafío porque, aunque el monto sea poco, hay que esforzarse por devolverlo para que se le preste a otro hermano”. Así, a través de un presupuesto inicial de un millón de pesos, todos los préstamos de la Red generaron un movimiento de capital de 8 millones.

“Lo importante en la economía social es el espíritu de solidaridad para involucrarse y comprometerse con los demás. Los que desean crecer solos, no tienen el espíritu de la red”, aseguró Javier Rodríguez, representante de Cauqueva, organización administradora de los fondos.

Con el atardecer, los 34 grados descienden y Benito Mamani ya no se seca la frente, a cada rato, por el esfuerzo que hace al movilizarse con su silla de ruedas. El accidente que le impidió continuar trabajando las seis hectáreas de sus padres en los cerros de Unquía –lejos de los problemas de los grandes arrendatarios– no lo detuvo para ser un autodidacta de la herrería. Con el crédito que le entregó el Comité de Humahuaca, algo a lo que se negaron todos los bancos, compró los hierros para construir una carretilla que permitiría cargar la mayor cantidad de jaulas de lechuga entre los angostos pasillos de sembradío de los cerros norteños. “Cada emprendedor de la Red conoce qué necesita, qué le falta y qué puede producir el resto”, explicó el herrero.

El conocimiento de las necesidades de cada emprendedor de la red se hizo palabra en la asamblea que las organizaciones compartieron para analizar el próximo año de trabajo. Tomando la palabra, los emprendedores acordaron unirse para dar el próximo paso: la comercialización de los productos. Pero el debate no se limitó a los microcréditos y los productores coincidieron en la necesidad de armar una mesa de trabajo para exigir a los organismos de Estado soluciones en infraestructura, comunicación, educación y salud.

El desafío de sumar 30 nuevas organizaciones a la Red y la posibilidad de reunirse con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, para plantear los alcances y problemas de la red, concluyeron en un aplauso cerrado para envalentonarse ante el largo viaje de regreso. Re(d)unidos y con el respaldo de los créditos, seguirán “tejiendo esperanzas”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130909-2009-08-31.html

Ofensiva contra una empresa recuperada

Sin esperar los plazos establecidos por la ley, un juez dispuso que la expropiación de la empresa “vulnera el derecho de propiedad” de los acreedores. Los trabajadores, en estado de asamblea y huelga de hambre, apelarán el fallo.


Sociedad - Página/12, 28 de agosto de 2009.- En un fallo inédito, el juez en lo comercial Héctor Vitale declaró “inconstitucional” la ley de “utilidad pública” que la Legislatura porteña aprobó por unanimidad en diciembre para “conservar la fuente de trabajo” de la cooperativa de trabajadores de IMPA. Los 63 trabajadores de la fábrica metalúrgica están en asamblea permanente frente a la nueva posibilidad de un desalojo como el que ya vivieron en abril de 2008, cuando el juez declaró la quiebra de la cooperativa. Con la resolución, Vitale solicitó al gobierno porteño la “inmediata puesta a disposición del tribunal” de los bienes de la cooperativa y que “el síndico (representante de los acreedores) deberá proponer la alternativa más conveniente para lograr una pacífica y ordenada transición hasta la venta”. Hace diez días, un grupo de legisladores porteños se presentaron ante el juez para indicarle que la “tenencia precaria” del inmueble estaba acorde con la legislación de que rige en la ciudad, pero el magistrado avanzó con el fallo. Según el representante de la cooperativa Eduardo Murúa –que permanece en huelga de hambre junto a otra trabajadora, desde hace una semana–, el avance de la “aberrante” medida judicial significaría el cierre de “una fábrica que es más que una recuperada porque está abierta al pueblo”.

“Existe una animosidad específica contra los trabajadores de la cooperativa y vale sospechar de intenciones de lucro con el inmueble”, sentenció el legislador Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), coautor de la ley de expropiación de IMPA. Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), el otro coautor de la norma, entendió que “el juez se está extralimitando al cuestionar el criterio de los legisladores, que actuaron de acuerdo con la ley en base a la cual se hicieron declaraciones de utilidad pública de otras veinte empresas. En el caso de IMPA se está peleando por el gran valor inmobiliario que tiene el predio”.

La ley 2969, sancionada por la Legislatura y promulgada en enero por el Ejecutivo porteño, aseguró a los trabajadores de IMPA la entrega en comodato del inmueble por el plazo de dos años, para continuar con la producción de materiales de aluminio, las actividades del centro cultural, la atención médica en el centro de salud y el bachillerato popular (ver aparte).

Sin embargo, el fallo del juez aduce que en el texto de la ley no se incluyeron “las razones por las cuales se había concluido que los bienes debían ser de utilidad pública”. Además, el fallo indica que hay un segundo punto que no se cumple para “que una expropiación sea admisible” y es el previo pago de una indemnización.

En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica aseguró que “la ley 238, que reglamenta las expropiaciones en la ciudad, contempla la fecha de pago de indemnización al año de planteada la expropiación. Una solicitud que el síndico (Alejandro De Benedetti) pide a través del juez con anterioridad”. Y resaltó que diez días antes del fallo se presentó en calidad de “amicus curae” junto a los legisladores Diana Maffia, Eduardo Epszteyn y Gonzalo Ruanova para realizar una recomendación sobre lo “incompetente” del fallo que finalmente promulgó.

El abogado de la cooperativa de trabajadores, Gabriel Coria, consideró que “la declaración de inconstitucionalidad busca que los trabajadores que obtuvieron el comodato por la ley de la ciudad queden en una ocupación ilegítima del bien, lo que implicaría una solución inmediata: el desalojo. Además, generaría un precedente dentro del marco de la ciudad que podría ser aplicado por cualquier juez en cualquier jurisdicción”.

La idea de un acuerdo entre el síndico y el juzgado para el remate del bien es una presunción fuerte entre los trabajadores del IMPA. Según Murúa, “en las conversaciones que tuvimos con el juez se dio a entender que él le pidió al síndico que presentara formalmente el pedido de inconstitucionalidad, luego de encargarse de la redacción”.

El tironeo con el juzgado, según Murúa, comenzó en 2006 con el cambio de la comisión directiva de la cooperativa que permitió el ingreso de inversores que “nada sabían del rubro y perdieron todo el capital construido”. Desde entonces, “alguien vio el negocio inmobiliario y se comenzó a negociar el pago a los acreedores, al Banco Nación y las indemnizaciones para los trabajadores. Todas las operaciones las realizaban por un total de siete millones de pesos, pero el valor del edificio, si se remata, alcanza los 20 millones”.

Sin que se concrete esa operación, en abril de 2008 la fábrica fue declarada en quiebra, “a pesar de que se había acordado un plan de pago con los acreedores, presentado ante el juez”, indicó Murúa.

Tras un desalojo realizado en abril de 2008, los trabajadores reocuparon la fábrica, por lo que el juez en su fallo diferencia al IMPA de otras fábricas recuperadas en las que “no se trata de casos de ‘usurpación’”.

Los pasos a seguir serán en la Cámara de Casación con la apelación por parte de la cooperativa –a la que se sumaría la réplica de la Procuración porteña–. Hoy, Murúa se reunirá con la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, para solicitarle su apoyo, ya que la entidad es el principal acreedor de IMPA.

Mientras tanto, los trabajadores continuarán produciendo pomos, bandejas y papel de aluminio para una cartera de cien clientes con la certeza de que el lugar de trabajo “lo vamos a defender hasta que no haya posibilidad de desalojo”, advirtió Marcelo Castillo, presidente de la cooperativa.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130740-2009-08-28.html

Con escuela y centro de salud

IMPA no es sólo una fábrica metalúrgica: según sus trabajadores, está en “una etapa superadora”. Es que en el edificio de Querandíes 4290, en el barrio de Almagro, ahora funcionan otras áreas que exceden la producción y se relacionan con el barrio. Una de los servicios es el Centro de Salud de Atención Primaria, que brinda atención gratuita a todos los vecinos gracias a un acuerdo entre la cooperativa y el Hospital Durand, por el que se asegura la atención con un equipo médico interdisciplinario. También funciona un bachillerato popular al que asisten 150 jóvenes que no han podido completar su ciclo escolar, y a partir de la cursada en IMPA pueden obtener un título avalado por el Ministerio de Educación porteño. Por último, el Centro Cultural es un espacio abierto para el dictado de talleres artísticos y actividades como la Feria del Libro Independiente y Alternativa, a las que asisten más de dos mil personas. Los vecinos ya emepezaron a juntar firmas.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/130740-42123-2009-08-28.html

Claudio Remedi: “El documental expresa con solidez y comunica con rapidez una situación social”.-

El docente y realizador cinematográfico es miembro fundador del colectivo DOCA (Documentalistas Argentinos) y de la productora Boedo Films. En esta entrevista, propone un recorrido por la historia del documental social en Argentina y analiza las implicancias de la crisis de 2001 para esta disciplina artística que también puede ser un dispositivo periodístico o una herramienta jurídica. Lo interesante del documental, dice Remedi, es que “interveniene la realidad y promueve encuentros, exhibiciones y debates, como si fuera el hecho social en sí”.

Por Nahuel Lag
Fotografía de Cinenacional.com

Buenos Aires, agosto 27 (Agencia NAN 2009).- El cine documental en Argentina empezó a dar sus primeros pasos en 1956 con la llamada Escuela de Cine Documental de Santa Fe y continuó avanzando en los 60s y 70s de la mano de grupos de documentalistas, como los liderados por Fernando “Pino” Solanas y el desaparecido Raymundo Gleyzer. Con esa impronta social y política, en uno de los países con mayor estudiantado de cine de la región y con los avances tecnológicos que permitieron producir a bajo costo, los 90s fueron semillero de una nueva generación de documentalistas que, colectivamente, empezaron a fomentar una manera de retratar la realidad que crece exponencialmente desde la crisis económica, social y política de 2001, cuando las cámaras llegaron a formar parte de talleres de formación en las cooperativas de trabajadores y en las organizaciones sociales de las villas, y las proyecciones alcanzaron universidades, plazas y sindicatos. Palabras más, palabras menos, así explicó Claudio Remedi --licenciado en Enseñanza de la Artes Audiovisuales, realizador cinematográfico y miembro fundador de DOCA, Documentalistas Argentinos-- la gran década que vive el cine documental.

El crecimiento de la producción documental desde 2001, difícil de medir con cifras por escapar a los espacios formales de producción, puede explicarse también por la conformación de grupos de realizadores durante la década anterior. “En 1999 surgió el Espacio Mirada Documental, en el que los realizadores veíamos el problema que existía con la circulación de lo producido, armamos circuitos alternativos de exhibición y dimos cuenta de cómo el trabajo colectivo nos potenciaba”, explicó el director de Fantasmas en la Patagonia (1996), Agua de fuego (2001) y Control obrero de los trabajadores de Brukman (2002), entre otros. Desde la gesta de aquel primer colectivo y con la formación de la Asociación de Documentalistas (ADOC), post crisis de 2001, los realizadores no sólo buscan la creación de circuitos alternativos y “contrafestivales”. Además, lo que se cuestionaba era que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) “estaba orientado a la ficción y no tenía fomento para el documental”, apuntó Remedi, también integrante del Grupo Boedo Films.

La pelea de los documentalistas independientes continúo y en julio de 2006 se formó DOCA, que reúne a 130 realizadores que no sólo llegaron al documental desde el cine de ficción, sino también surgidos de organizaciones sociales y profesionales del periodismo, la comunicación y la antropología. Uno de sus objetivos fue “intervenir en la confección de políticas audiovisuales” y lo consiguieron con la resolución 632 del Incaa, que desde hace un año y medio permite “producir en video digital, cuando antes sólo se podía hacer en 35 milímetros”. Y aunque el entrevistado destaca que “desde 2001, los documentales, sobre todo los sociales y políticos, comenzaron a circular en lugares insólitos de forma cada vez más masiva: en plazas, escuelasm universidades, museos, organizaciones y cooperativas”, aún quedan varias cuentas pendientes.

-- Desde el inicio de DOCA insisten en la “democratización” del Incaa. ¿Cuál es el pedido formal?
-- Históricamente, la decisión de la asignación de subsidios, que en definitiva son dineros otorgados por el Estado, fue manejada por pequeños grupos, sin la debida información hacia los concursantes. Lo que planteamos es que en la redistribución de lo que recaudan los diferentes órganos relacionados a la producción audiovisual deben intervenir las agrupaciones de cineastas, los técnicos y los trabajadores del Incaa. Por otro lado, el comité que selecciona los proyectos presentados a concurso, que va a tener la responsabilidad de que la televisión pública tenga una producción documental importante y nutrida, no presenta evaluaciones individuales y por escrito, lo que aumentaría la transparencia de los concursos y permitiría corregir los proyectos rechazados para poder presentarlos nuevamente. Entonces, también sería bueno crear un comité de apelación para que exista la posibilidad de una segunda instancia.

-- Al seleccionar proyectos, también se están seleccionando las miradas sobre la realidad social que podrán tener mayor divulgación…
-- Desde Doca, anhelamos la libertad total de la expresión que ofrece el documental. No sólo desde las formas sino también desde los temas. Todos lo que tenga relevancia cultural, social o política, que sea un camino para reconstruir nuestra identidad y memoria, es importante. Los proyectos tienen que ser sólidos para ser aprobados sin detenerse en lo ideológico. Por eso, una de las maneras de generar un espacio plural sería la de permitir que en las instancias de financiación se presente gente sin experiencia. Esto implica un gran cambio cultural en el Incaa.

-- Hablando de una mirada más plural: desde 2001, el cine documental pasó a manos de cooperativas y organizaciones sociales, ya que muchos grupos de cine comenzaron a funcionar en los barrios…
-- Eso es fantástico. La mayor aspiración es que todos tengamos la posibilidad de tener un medio y un modo de comunicarnos. Y, en ese sentido, el documental es muy amplio. Se utiliza en forma pedagógica en comunidades campesinas, en forma política en algunos sindicatos, en forma artística, en forma institucional. De la misma manera, partidos políticos y organizaciones sociales formaron grupos de registro y hasta comenzaron a realizar talleres, por lo cual se convirtieron en formadores. Incluso utilizan el documental para generar debates o reuniones en los barrios más carenciados. También hay muchas huelgas y campañas de recolección de firmas que fueron movilizadas a partir de documentales.

-- ¿Por qué creés que el documental se transformó en la herramienta para mostrar la realidad de una sociedad en crisis?
-- El documental expresa de manera muy sólida una situación social o política y la comunica rápidamente. Entonces, se usó para dar una nueva mirada sobre ciertas problemáticas, frente a la impuesta por los medios masivos. Lo que quizá sea una pelea entre David y Goliat, pero no deja de ser expresión y, por mínima que sea, cuando una persona aparece en la pantalla diciendo su verdad, hay un enaltecimiento moral. Esto se potenció por el uso de Internet. No sólo por lo que puede descargarse sino lo que puede verse online, como You Tube. En esos sitios se ven, con inmediatez televisiva, documentales que plantean puntos de vista independientes.

-- ¿Plantean al documental como punta de lanza contra la concentración de la palabra por parte de los grandes medios?
-- Sería ridículo pensar en competir si la sociedad no tiene el manejo de los medios. Pero ante el concepto individual que propone la televisión, el documental tiene como objetivo intervenir la realidad y promueve encuentros, exhibiciones, debates, como si fuera el hecho social en sí. Y muchas veces ese material está producido por el propio entorno, por los propios vecinos.

-- ¿Qué posibilidad tiene el cine documental para generar un cambio social, una ruptura?
-- El cine por sí solo no va a generar ningún cambio. Sí puede hacer aportes. Desde Boedo Films fuimos concientes de que hacíamos documentales para generar un debate y desnaturalizar lo cotidiano, porque parece que las personas se acostumbran a la injusticia. El documental se trata de tomar distancia del contexto propio para ver qué está pasando. En otros casos, hacíamos documentales de corte contrainformativo a los grandes medios, investigando y dándole la voz a los que no la tienen, una frase recurrente pero vigente.

-- ¿Y Pino Solanas no logró intervenir a la sociedad a partir del uso del documental como herramienta y base de la campaña que le hizo ganar las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires?
-- Creo que el factor documental lo favoreció, aunque otra lectura necesaria tiene que ver con cómo supo aprovechar un vacío de representación en la centroizquierda. Pero sí, su práctica documental le dio mayor aceptación ante la sociedad. Es algo que está pasando desde 2001: la concepción social del cine documental ya no es el de la filmación aburrida sobre animalitos, sino que puede denunciar y mostrar lo que no se quiere desde otros sectores. El caso de Enrique Piñeyro (Fuerza Área Sociedad Anónima), también es interesante. Él utilizó el film como si fuera un documento para presentar ante un juez. Los de Piñeyro y los de Pino son documentales que tuvieron repercusión porque están relacionados con las deudas pendientes de nuestro país.

-- ¿Qué esperan desde Doca con el advenimiento de la Ley de Comunicación Audiovisual que contempla cupos televisivos para la producción nacional y fondos para la producción?
-- En los foros de aportes a la ley resaltamos la importancia de que exista una cuota de pantalla para el documental y para las producciones dedicadas a niños y jóvenes. También reconocimos la importancia del espacio que se repartiría entre los medios privados, el Estado, los sindicatos, las universidades y las organizaciones sin fines de lucro. Pero planteamos que se deberán generar los mecanismos de recaudación necesarios para brindarles a las organizaciones un sostén económico para que no deban entrar en la competencia comercial con grandes medios. Así, esos espacios darán una diversidad inmensa y una oferta importante para los espectadores.

-- ¿Cómo ves el futuro del cine documental?
-- Dependerá de los documentalistas, porque históricamente los sectores de poder no hacen nada por el cine de este tipo, más bien tratan de potenciar el cine de espectáculo. El cine documental es sostenido por el realizador o impulsado por la sociedad, por eso dependerá de que se profundicen no sólo las políticas de financiamiento sino también las nuevas formas de circulación. De todas maneras y aunque tuvo sus vaivenes en la historia argentina y latinoamericana, el documental no tiene límites.

DOCA: http://www.docacine.com.ar
Boedo Films: http://www.boedofilms.com.ar

Reclamos para el jefe de Gobierno

Sociedad - Página/12, 26 de agosto de 2009.- Unas 50 organizaciones barriales y políticas porteñas, reunidas en el “Foro de Denuncia”, realizaron ayer un acto frente a la Jefatura de Gobierno, para criticar los aspectos deficitarios en vivienda, salud, medio ambiente y educación de la gestión macrista. Las demandas fueron resumidas en un documento consensuado por todas las organizaciones para ser presentado ante el Ejecutivo, la Legislatura y la Defensoría del Pueblo porteña.

“El foro levantará la voz de los barrios, frente a un debate sobre la pobreza puesto en agenda de manera oportunista y cínica por los sectores de poder”, explicó Cecilia Calderón, integrante de una organización política que trabaja en los barrios del sur de la ciudad.

Una realidad hecha de basura, de servicios básicos deficientes, de barrios con casas apiñadas, era la que se veía en la muestra fotográfica apostada sobre la vereda del Cabildo. La imagen se hacía palabra arriba del camión-escenario montado sobre Avenida de Mayo: “Los chicos se mueren tomando ese veneno”, decía Jorge González, representante de un grupo de padres de la Villa 31 que lucha porque “el gobierno porteño no da respuestas” con políticas de tratamiento en adicción ante la amenaza del paco. Siguió el secretario general de ATE capital, Rodolfo Arrechea: “Con el mayor presupuesto en salud de todo el país, la ciudad tiene sus centros de salud sin el personal médico suficiente, con un abastecimiento irregular de insumos y con las obras edilicias paralizadas. Sin atender a los sectores postergados”.

La salud también era un pedido medioambiental para los vecinos de la Villa 20 que entregaban el informe realizado entre las organizaciones y el centro de salud del barrio. El documento revelaba los casos de chicos con altos niveles de plomo en sangre por la cercanía de un “cementerio de autos”, que también trae plagas. “ Las bolsas de comida de los comedores se llenan de cucarachas y atraen a las ratas”, contó Ruth Contreras, integrante de un comedor de Barrios de Pie en la Villa 20.

De vuelta al escenario, representantes de ATE recordaban que “el presupuesto en educación se redujo durante la gestión macrista”. Mientras, Ignacia Cadima, que llegó desde Lugano con su hija de cinco años, se preocupaba porque “Roxi empieza el primario el año que viene y en las escuelas del barrio ya me dijeron que no hay vacantes”. Gladys Araujo también concurrió para hablar de falta de lugares, pero de los que le faltan en la ciudad a “100 mil personas en situación de emergencia habitacional. Una vivienda digna es una vivienda definitiva”, sentenció la inquilina integrante del Frente de Hoteles. Nadia Aguilera, integrante de Villas Unidas por la Urbanización, recordó que “los servicios de agua y luz son instalados por los vecinos sin que los organismos de Estado se encarguen de regularizarlos” y resaltó la necesidad de comenzar a “planificar en conjunto”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130623-2009-08-26.html

Una identidad con documentos

Ayer, una dirigente trans obtuvo su DNI después de más de diez años de reclamos judiciales. Se trata del primer paso hacia la sanción de una ley que permita hacer la modificación sin necesidad de recurrir a la Justicia.

Sociedad - Página/12, 25 de agosto de 2009.- “Siempre fui lo que soy. Ahora, mi documento refleja mi identidad.” Las palabras de Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (Attta), resumen los 10 años que esperó para que el Juzgado de Familia Nº 3 de San Martín reconociera su derecho a modificar su nombre y sexo en el DNI y que se hizo realidad ayer, cuando en el Registro Nacional de las Personas se le entregó su nuevo documento. Sin embargo, para conseguir la orden judicial tuvo que pasar por “indignas” instancias de revisación médica, psicológica y psiquiátrica. Y en la espera, continuar sintiendo la discriminación por no ser llamada “con el nombre con el que construí mi identidad femenina”, aseguró. La reivindicación lograda es el primer paso hacia la sanción de una ley de Identidad de Género, a partir de un proyecto presentado por la asociación junto a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Falgbt).

Marcela logró a los 45 años que los registros oficiales reconocieran su identidad sexual. Según ella, desde pequeña ése siempre fue su “nombre social”. A los 14 años abandonó la escuela porque la obligaban a mostrarse masculina, y entre sus compañeros la violencia verbal terminaba en violencia física. Nueve años más tarde, decidió viajar a Chile para realizarse la operación de cambio de sexo, pero para los registros oficiales de la Argentina continuaba siendo varón.

Pero desde ayer Romero es una de las diez personas en el país que consiguió un fallo judicial favorable frente al pedido de “rectificación de partida de nacimiento”, que habilita los cambios en el DNI. A pesar del fallo favorable, la militante trans aseguró que por la cantidad de años sin sentencia sobre su caso, esperaba que “llegue a ser apelado ante la Corte Suprema para que a partir de la jurisprudencia existente se reconozca nuestro derecho. Somos las olvidadas de la democracia, en un Estado de derecho no se reconoce el nuestro a la identidad”.

Es que como presidenta de Attta, Marcela escucha cada día diferentes denuncias sobre discriminación laboral o sobre la humillación de asistir a un hospital y ser “llamada por el nombre que te ponen en el documento y no con el que construiste tu identidad femenina”.

“Conseguir un documento que respeta la identidad significa mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, desde la inserción laboral. Es habitual que los empleadores decidan dar un empleo a personas de nuestra comunidad y luego se retracten. No saben cómo manejarse con una persona trans. Hay casos de compañeras a las que las aislaron para que nadie las vea. Pero el empleador tiene que analizar cómo se trabaja, no la no condición de género”, graficó Romero, integrante del Consejo Asesor del Inadi.

Hoy, las personas que quieren poner en igualdad los registros oficiales con su identidad sexual necesitan de un permiso judicial, a partir del cual deben comenzar “un proceso burocrático en el que se pasa por revisaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, que no es digno y no se corresponde con el pedido de que se nos reconozca la identidad”, sentenció Marcela.

Con el objetivo de poner fin a la judicialización de la elección de género, la Attta y el Falgbt impulsan un proyecto de ley de Identidad de Género. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados desde el bloque socialista y ya cuenta con las firmas de todos los bloques a excepción del PRO, mientras espera ser tratado en la Comisión de Legislación General. También el Inadi presentó un proyecto similar al Ministerio de Justicia para que ingrese a la cámara como proyecto del Ejecutivo. Las iniciativas tienen como objetivo principal eliminar la instancia judicial y las pericias médicas para el cambio de identidad de género en el documento.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130564-2009-08-25.html

Cada abogado con su apelación

Sociedad - Página/12, 21 de agosto de 2009.- El fiscal, los defensores y las querellas ya anunciaron que apelarán el fallo. Aquí, sus argumentos:

Patricio Poplavsky, padre y abogado representante de una de las cuatro querellas, explicó que “la absolución de Callejeros fue una inesperada sorpresa porque los videos, audios y declaraciones de testigos que figuran en el expediente eran prueba abundante y contundente de que tenían conocimiento previo de que el lugar se podía incendiar”. Si bien no habrá objeciones por parte de esta querella a las condenas de Omar Chabán, el subcomisario Carlos Díaz y Diego Argañaraz, pedirá que se tomen en cuenta los testimonios de la representante de la banda que “aseguraba que las decisiones eran tomadas en conjunto”.

El abogado del manager, Alejandro Bois, consideró que “se lo puso en un rol de organizador al que nadie se refirió durante el juicio y cuando el dominio del lugar y de los hechos era de Chabán. Nunca nadie de la banda ni él percibieron una situación riesgosa en Cromañón. Espero que se revierta el fallo en Casación sin la presión de la sociedad”.

Martín Gutiérrez, representante de Callejeros, rechazó la idea de que fue una “estrategia” separar las defensas de la banda y el manager. Y aseguró que apelará la indemnización civil que en parte debe pagar el grupo porque “si no es responsable del delito penal no puede serlo del civil”.

La réplica de los querellantes se centrará en dar marcha atrás a la absolución que obtuvo Callejeros –a excepción de la querella encabezada por María del Carmen Verdú, que no acusó a la banda– y el funcionario Gustavo Torres, mientras que esperarán el cambio de calificación y una mayor pena para las dos funcionarias condenadas. “La responsabilidad de los funcionarios públicos es superior a la de los gerenciadores. Que Chabán vendiera más entradas o ahorrara en los materiales era esperable. El Estado debe garantizar el límite del ánimo de lucro”, sentenció Verdú.

Del lado de los defensores, Marcelo Fainberg, abogado de Fabiana Fiszbin y Ana Fernández, se manifestó en desacuerdo con el fallo porque “el tribunal tomó en cuenta pruebas arbitrariamente” y aseguró que apelará el cumplimiento efectivo de la pena de dos años, ya que “los condenas menores de tres años no son privativas de libertad” y sus representadas “no tienen antecedentes penales”.

El defensor de Chabán, Pedro D’Attoli, aseguró que va a “esperar a tener el fallo para estudiarlo, pero vamos a recurrir a Casación porque no compartimos la calificación de ‘doloso’. Consideramos que para este caso entraría la categoría de ‘culposo’. Por tanto, de no darse la absolución, pediremos una reducción de la condena”. En cuanto al hombre de confianza de Chabán, Raúl Villarreal, el abogado Alvino Steffanuolo advirtió que apelará la sentencia de “partícipe secundario de cohecho” por considerar que las pruebas tienen “poco mérito”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130360-2009-08-21.html

Flores y velas a la espera del fallo

Hubo reclamos de justicia, rostros que contenían el llanto, nervios por lo que pasará. A las 15 de hoy, el tribunal leerá la sentencia: estarán presentes Chabán y la mayoría de los acusados, incluidos los miembros de Callejeros.


Sociedad - Página/12, 19 de agosto de 2009.- Un día antes del fallo de la Justicia por la causa Cromañón, los familiares, sobrevivientes y amigos de los 194 muertos del incendio de aquel 30 de diciembre de 2004 realizaron una vigilia simbólica frente a Tribunales para pedir “justicia y castigo a los culpables”. Desde las 18, los familiares comenzaron a llegar a la plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, para entregarse las últimas palabras de aliento antes de escuchar las condenas que el Tribunal Oral Criminal 24 dictará para los 15 imputados. En la vigilia, los familiares homenajearon a los jóvenes que dejaron su vida en aquel recital de Callejeros colocando 194 flores y la misma cantidad de velas que servirán para “iluminar a la Justicia para evitar la impunidad”, sentenció Nilda Gómez, madre de Mariano Benítez. “Justicia”, gritaron a coro todos los que esperan el fallo de hoy, desde hace cuatro años y medio.

Un abrazo y un beso que no dejaba explotar las caras contraídas eran la manera en que cada familiar, sobreviviente o amigo recibía a su par de tantas otras marchas y vigilias. “Hay que estar”, dijo una de esas compañeras para darle ánimo a Jorge, padre de Emiliano Gilbart. “Si el caso no hubiese tomado estado público, no se habría llegado a esta sentencia. Tengo los nudillos cansados de golpear puertas”, resumió Jorge por la lucha de todos los familiares.

Con las personas llegaban los carteles, las banderas, las pancartas y los panfletos, todos pidiendo justicia, todos denunciado la falta de otros responsables, todos recordando a los fanáticos de la banda que hoy se sentará en el banquillo para escuchar cómo seguirán sus días.

Las condenas y el extenso fallo, del que sólo se leerá la parte resolutoria y luego un resumen, son una incógnita, y los padres saben que es sólo el comienzo de una cadena larga de pasos jurídicos. “Nadie se va a ir de tribunales preso mañana (por hoy). Hay que controlar la ansiedad porque éste es el primer paso de un caso que posiblemente termine con una decisión de la Corte Suprema”, explicó Miguel Barbalace, que estudiaba abogacía cuando su hija Gisela escuchaba los discos de Callejeros y hoy estará como querellante en el grupo de padres que representa María del Carmen Verdú. “La vida de nuestros hijos fue arrancada en esta ciudad. Quizá, mañana (por hoy) empiece la lucha más dura para que Cromañón no sea otro caso impune”, aseguró Gómez.

Un cigarrillo y después otro, un café, un mate, un paquete de caramelos más que se abre, unos cuantos pares de piernas que no paran de temblar y de moverse, pero el viento frío que corre por Talcahuano nada tiene que ver. Son los nervios. Daniel, padre de Sergio Avendaño, está entre quienes no pueden dejar de moverse, pregunta qué hacer y se va a comprar harina para armar el engrudo con el que pegar los carteles que piden la cárcel para Omar Chabán, Callejeros y Aníbal Ibarra –sobreseído en la causa–: “Juntos a Marcos Paz”. Daniel mira todo con los ojos bien abiertos, no se quiere dormir o no puede, dice que ayer soñó con Chabán.

Mónica también va de un lado a otro y se nota por su chaleco blanco en el que lleva la foto de su hija, Marianela Rojas. Es que está vendiendo una rifa para poder pagar los micros que a partir de las 9 buscarán a los familiares y amigos que vendrán desde La Matanza a esperar el fallo detrás del vallado policial, sobre la entrada de la calle Lavalle. “La lucha de los padres siempre fue a pulmón. Y va a seguir, hasta que haya seguridad para todos los jóvenes. Si no la muerte de mi hija habrá sido en vano”, advirtió la mujer del chaleco blanco.

Ariel también tiene “una mezcla de sentimientos”, dijo, apoyado en el bastón que carga sus 80 años y la pérdida de su nieto. El sol ya se fue por detrás del edificio de Tribunales que los familiares esperaban “iluminar” para la sentencia. Las que iluminan son las cámaras, los familiares se acomodan frente al cartel con el lema “194 víctimas masacradas en Cromañón esperan justicia”. En ese momento, se escucha el primer grito a coro de las madres: “Paz no hay”, dicen para expresar que la pérdida de sus hijos no la repara ningún fallo.

Las banderas con los rostros de los jóvenes ya habían alcanzado el vallado policial ubicado en la gran puerta de entrada al palacio judicial, cuando los familiares formaron una fila esperando escuchar el nombre de la persona que perdieron en Cromañón y pasaban a dejar una flor y encender una vela por cada uno de ellos. “Justicia” fue el grito a coro que se escuchó 194 veces. A las 22 se cerró la vigilia. Las 194 velas seguirán ardiendo.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130241-2009-08-19.html

Vigilia en Tribunales

Mañana habrá una vigilia frente al Palacio de Tribunales. El miércoles estarán allí otra vez desde temprano. Habrá homenajes y una radio abierta. Tras el fallo, una marcha hasta Once.

El País - Página/12, 17 de agosto de 2009.-Madres, padres, sobrevivientes y amigos de las víctimas de Cromañón realizarán una vigilia desde las 18 hasta la medianoche de mañana frente al Palacio de Tribunales. Habrá una flor por cada uno de los 194 muertos y una vela por cada par de zapatillas que dejó de andar las calles aquel 30 de diciembre, con el objetivo de “iluminar la verdad para impedir la impunidad”. Por la mañana del miércoles, las fotos, zapatillas y carteles decorarán las vallas policiales y una radio abierta recordará el pedido de justicia. Con la sentencia dictada, los familiares comenzarán desde allí una nueva marcha hacia el santuario ubicado a metros de la disco.

“Las vigilias caracterizan la manera en que los padres, madres, sobrevivientes y amigos esperamos cada decisión judicial y política sobre Cromañón y la sentencia del miércoles es un hito en la historia de esta lucha desigual contra los diversos poderes involucrados en la causa”, indicó Nilda Gómez, madre de Mariano Benítez. Y es por la lucha y el pedido de justicia que “tiene que haber una condena ejemplificadora para que nadie tenga que vivir lo que nosotros. Parte de uno se fue con los chicos esa noche”, señaló Marisa Gómez, madre de Gustavo Marchiano.

Convocado por la Articulación de Familiares, Sobrevivientes y Amigos de la Masacre de Cromañón –colectivo que reúne a las organizaciones de padres y sobrevivientes– el acto comenzará a las 18 sobre la calle Talcahuano, con la bandera que carga los rostros de las víctimas mirando hacia el edificio de Tribunales como escenario. Las velas y flores serán la ofrenda a la esperanza de justicia que marcha tras marcha gastó las zapatillas de quienes perdieron a un hijo, un amigo o un compañero de recitales.

Marcelo Santillán, músico y sobreviviente de Cromañón, cantará “Basta Ya”, un tema que ya se convirtió en himno de las vigilias y que recopila la voz de los familiares en estos cuatro años y medio de lucha. La música había convocado a Santillán aquel 30 de diciembre de 2004 a Cromañón para oír a Callejeros hasta que todo comenzó a arder. “Con mi presencia quiero darle valor a este juicio. El valor que necesita en un país que tiene problemas para recordar los hechos trágicos y en donde tiene que pasar una desgracia para comenzar a pensar en ellos”, aseguró.

Las velas seguirán ardiendo luego de que se reciten los nombres de los 194 jóvenes, los 11 padres y madres que fallecieron en los años siguientes a la tragedia y los sobrevivientes, pero el acto tendrá su fin alrededor de las 22 “porque muchos de los padres son abogados en la causa y los necesitamos concentrados, al pie del cañón, escuchando la sentencia”, explicó Nilda.

Al día siguiente, cerca de las 9, horas antes del fallo, una nueva convocatoria se concentrará sobre la entrada de Lavalle para colgar cientos de pares de zapatillas, fotos y carteles sobre el vallado policial que separará a los familiares que entren a escuchar la sentencia, de los amigos que se quedarán sobre la calle pidiendo “castigo a los culpables” a través de una radio abierta.

“Esperamos que realmente se haga justicia, para que puedan descansar en paz nuestros hijos. A nosotros nadie nos va a quitar el dolor, pero podremos sentir que se hace justicia por ellos y por los que vendrán. Sin justicia no cambia nada, los boliches siguen siendo lugares peligrosos, como tantos otros en los que no se protege a la juventud”, sentenció Marisa.

Más allá de la decisión final de los jueces, los integrantes de la articulación saben que la lucha no termina porque alguna de las dos partes llevará el caso a la instancia del Tribunal de Casación y por lo que los pedidos de justicia y las marchas continuarán en pie.

“Vamos a seguir pidiendo justicia porque no perdemos las esperanzas de que se condene a los responsables que fueron sobreseídos. Cromañón no tiene que ser un adjetivo calificativo para los hechos trágicos sino que tiene que servir para que las cosas vayan cambiando y el Estado cumpla su rol”, advirtió la madre de Mariano Benítez.

Por eso, una vez pronunciada la última palabra del tribunal, la primera acción del colectivo de padres y sobrevivientes será recoger los símbolos que sobre los vallados representaron la presencia de sus hijos y llevarlos en una marcha hasta el santuario ubicado a metros de la disco de Omar Chabán. “Es el lugar donde comenzó nuestro derrotero, donde nuestro hijos murieron por falta de atención y prevención. Pero también es un lugar santo en el que nos reunimos con los que allí quedaron. El único lugar donde no nos sentimos diferentes.”

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-41875-2009-08-17.html

Una mudanza para desentenderse

Cuatro meses después de una intimación judicial, el gobierno porteño trasladará al Movimiento Afro al Centro Cultural Plaza Defensa. Pero allí funcionan numerosas actividades que quedarían dejadas de lado. El gobierno se desentiende de los conflictos que genera.

Sociedad - Página/12, 17 de agosto de 2009.- Desde diciembre de 2008, sobre el Movimiento Afrocultural pendía la amenaza de desalojo y el riesgo cierto de quedar en la calle. Un fallo de la Justicia porteña, hace cuatro meses, dispuso una medida cautelar que ordenaba al Ministerio de Cultura de la ciudad dar un espacio al MA acorde a “la labor cultural que desarrollan”. Con demora, cuatro meses después, la cartera dirigida por Hernán Lombardi resolvió crear el Programa Afrocultural en cogestión con la asociación y ubicar al MA en el edificio Centro Cultural Plaza Defensa del barrio de San Telmo, perteneciente a la órbita del ministerio. Ante esta situación, los trabajadores, artistas y vecinos que dan vida al centro temen por la falta de espacio para sus actividades y consideran la medida “injusta e innecesaria, ya que la instalación de un programa nunca debería anular otro”.

“El proyecto con el Movimiento Afrocultural es el de hacer un gran centro sobre cultura afroamericana en el Plaza Defensa. Hay que ver cómo se van a armonizar con las actividades preexistentes, pero van a estar garantizadas. Si no hubiera lugar en Plaza Defensa se realizará en otros espacios como la Casa de la Cultura, que está a cinco cuadras”, aseguró Lombardi en diálogo con Página/12 y adelantó que “la mudanza” comenzaría esta semana.

“¿Es necesario?”, se preguntó el coordinador del centro cultural porteño, Fernando Martín, antes de argumentar que “el ministro –por Lombardi– tiene la responsabilidad de preservar los espacios culturales y lo que hace es reasignar un lugar que brinda actividades públicas y gratuitas de las que participan vecinos, artistas y trabajadores. Así, no resuelve un problema sino que genera otro”.

La necesidad de obtener un nuevo espacio donde albergar “el museo de la tortura sufrida por los negros”, la biblioteca, la juegoteca, y las actividades gratuitas de capoeira y candombe que mantienen vivo al llamado “último quilombo urbano de Buenos Aires” se hizo carne cuando en diciembre pasado una orden de desalojo obligó al Movimiento a pensar en dejar el predio ubicado en Herrera 313 que antes de 2000 ocupaba la empresa Solci S A y habían puesto en condiciones para realizar sus actividades.

Para entonces un acuerdo como el propuesto en la resolución 1803 era impensable, ya que el Gobierno porteño no respondía a los reclamos de reubicación del Afrocultural. De hecho, el bloque del PRO se opuso a un proyecto presentado por Diana Maffia en la Legislatura porteña para que se le cedan al movimiento uno de los 10 edificios en desuso que los mismos integrantes de la asociación habían relevado a pie o en bici.

En abril, el conflicto llegó al punto en el que el juez en lo Civil Juan Lima ordenó a los ministros de Desarrollo Económico y de Cultura a conseguir un inmueble “al sur de la ciudad” que “se adecue a las características de la labor cultural” para “garantizar los derechos aparentemente comprometidos”, entre los que la deuda habitacional continúa pendiente (ver aparte).

Vencido el plazo de la Justicia, la respuesta de Cultura llegó con la resolución, a la que desde el centro cultural de San Telmo consideran “un avasallamiento contra el espacio y contra las actividades que allí desarrollan”, dijo Martín. En el lugar ya se realizan muchas actividades. Cada año que se organizan espectáculos a la gorra se juntan centenares de artistas; también se reúnen multitudes de vecinos (unos 60 mil visitan anualmente jornadas de debate y muestras plásticas, fotográficas y de cine). De los doce trabajadores del centro cultural sólo uno pertenece a la planta del ministerio, lo que aseguraría en un solo caso el mantenimiento del puesto de trabajo aunque el espacio pase a ser cogestionado por la asociación. Según Lombardi, el puesto de trabajo se les mantendría a todos.

La posibilidad que maneja el ministro de “armonizar” las actividades son difíciles de llevar a cabo ya que los integrantes del Movimiento Afro aseguran que el trabajo social y cultural de integración es de 24 horas.

“El Estado nos otorga este espacio porque agotamos todas las posibilidades y llegamos a la medida cautelar. Venimos resistiendo muchos años de postergación. No tenemos intención de perjudicar a los trabajadores del Plaza Defensa, pero es el único espacio que conseguimos para preservar nuestra cultura y sería un genocidio cultural no poder continuar”, resumió Diego Bonga, representante del movimiento afro.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130108-2009-08-17.html

Con un techo todo es mejor

Para el Movimiento Afrocultural lo primordial es mantener vivas las actividades culturales de sus antepasados que echaron raíces en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires desde el tiempo de la colonización porque “sobreviviendo desde la cultura hacemos valer nuestros derechos”, dijo Diego Bonga, representante del MA. Pero cuando dejen atrás el predio de Herrera 313, perderán el espacio que hace 10 años alberga no sólo todas sus actividades sino también a 60 abuelos, abuelas, madres y niños y es la esencia del “último quilombo urbano de la ciudad de Buenos Aires”, agregó Bonga.

El espacio que el Ministerio de Cultura le otorgó al movimiento permitirá continuar difundiendo y recuperando su cultura, pero la imposibilidad de vivir en el lugar romperá con su tradición de que la vida y las prácticas culturales son un hacer conjunto.

El primer lugar que el Gobierno porteño había ofrecido al Movimiento para mudarse era en Puente Alsina, donde contaba con el lugar necesario para que vida y cultura convivieran. Pero desde la asociación cuestionaron esa medida, ya que allí “existía un gravísmo problema de contaminación que perjudicaría a nuestros niños y abuelos”, explicaron mediante una carta abierta.

Por ahora, la medida cautelar dio respuestas para conservar la actividad cultural pero el movimiento continuará trabajando para que la sentencia definitiva dé solución habitacional a sus integrantes. Mientras tanto, “ante el problema de la situación habitacional, nos acercamos al Inadi para pedir que intervengan en el pedido de subsidios y la reubicación de las familias”, explicó Bonga. De esa manera, las 60 personas que tenían su hogar en el predio abandonado por la empresa Solci accederían a un programa de asistencia habitacional del gobierno nacional dentro de dos semanas, cuando la medida de desalojo dictada en diciembre del año pasado se haga efectiva.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/130108-41870-2009-08-17.html

La reglamentación que llegó tarde

Sociedad - Página/12, 11 de agosto de 2009.- El gobierno bonaerense puso en marcha la ley 13.964 que regulará la actividad de los patovicas a través de un registro provincial que contendrá los antecedentes delictivos y la situación laboral de los casi 50 mil empleados de seguridad que hay en los boliches y pubs provinciales. Prohibirá que los “controladores” porten armas y que ejerzan si pertenecen a fuerzas de seguridad o por tener antecedentes de violencia o en delitos de lesa humanidad. Además, crea una tecnicatura con contenidos en derechos humanos a la que se podrá acceder gratuitamente.

La legislación –puesta en marcha un día después del asesinato del joven Juan Maldonado (ver aparte)– responde a la ley 26.370 de carácter nacional –aún no reglamentada– y la supera al crear una comisión para monitorear su aplicación, que estará integrada por representantes de los ministerios de Seguridad y Trabajo, de la Secretaria de Derechos Humanos, del Sindicato Unico de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (el sindicato de los patovicas) y organizaciones de la sociedad civil.

De ahora en más, el Ministerio de Seguridad será el encargado de realizar el relevamiento de los patovicas para conformar el Registro Público Provincial de Personal, de Control, de Admisión y Permanencia a través del cual se controlará la obligatoriedad de participar de cursos de capacitación y el cumplimiento de requisitos como tener completos los estudios secundarios y presentar antecedentes penales, reincidencia carcelaria y aptitud psicológica.

La cartera laboral participará de la elaboración del registro, ya que los patovicas deberán estar legalmente inscriptos. Así se regularizará la situación de los trabajadores de esta actividad. “El 95 por ciento trabaja en negro”, advirtió Oscar Castelucci, padre del joven asesinado en 2006 en la disco La Casona de Lanús y titular de la Asociación Martín Castelucci que trabajó en la reglamentación de la ley.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos será la encargada de intervenir por denuncia –se prevé instalar un 0800– o de oficio para luego aplicar las sanciones por incumplimiento contra los patovicas y también sus empleadores.

En cuanto a la puesta en práctica de institutos oficiales y privados que dicten la tecnicatura, Castelucci adelantó que “se estuvo trabajando paralelamente con el Ministerio de Educación nacional y la Dirección General de Escuelas bonaerense para elaborar los programas y en un año debería estar funcionando el primer instituto”.

La secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, indicó que la implementación de la ley en la seguridad de los boliches implica un cambio de paradigma de la seguridad como uso de la fuerza a la seguridad como formación ciudadana.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-41759-2009-08-11.html

Desalojar no es un Sentimiento

El edificio es parte de la estación Federico Lacroze y pertenece al Estado nacional. La Mutual Sentimiento tenía un contrato de uso sin cargo: allí funcionan una farmacia social y numerosos emprendimientos. Ahora les dan 15 días para desalojar el lugar.

Sociedad - Página/12, 7 de agosto de 2009.-Un pedido de desalojo amenaza con finalizar en los próximos 15 días con el trabajo que hace 10 años lleva adelante la Mutual Sentimiento, creada por un grupo de ex presos políticos, en los seis pisos del edificio de la estación Federico Lacroze –ex Línea Urquiza– y por el que unos 5 mil asociados reciben atención en salud, asesoría legal y participan de una red de comercio justo, entre otras actividades. El edificio fue otorgado en concesión en 1999 por la Onabe a la mutual y otras organizaciones sociales hasta abril de este año. El 29 de julio, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) –que reemplaza a la Onabe– envío una carta documento solicitando la “restitución del inmueble”. La mutual realizará mañana una concentración frente a la sede del organismo para que se dé marcha atrás en la postura de desalojarlos.

Los seis pisos del edificio de la estación Lacroze comenzaron a convertirse en un espacio para los cinco mil beneficiarios de la mutual y las 95 familias que llevan adelante emprendimientos de economía social en 1999, a través de un contrato de concesión que la Onabe otorgó por el inmueble, abandonado tras la etapa de privatizaciones. Después de cinco años, con 22 organizaciones trabajando en el edificio, una farmacia de medicamentos genéricos y la radio comunitaria Libre en funcionamiento, la mutual renovó el contrato hasta el 28 de abril pasado.

El fantasma del desalojo ya había comenzado a dar vueltas cuando los representantes de la ADIF –organismo creado por la ley de “reordenamiento ferroviario” de 2008 y que reemplazó a la Onabe en la administración de la infraestructura ferroviaria– no daban respuestas claras sobre el futuro del edificio a pesar de los pedidos de la mutual, según contaron los representantes de Sentimiento.

La primera respuesta clara desde el organismo, que depende del Ministerio de Planificación Federal, fue la carta documento del 29 de julio que solicita la “restitución del inmueble”, firmada por el gerente de explotaciones de ADIF, Mario Zamora. La segunda respuesta llegó ayer durante una reunión que la mutual mantuvo con Zamora y el presidente de la sociedad de Estado, José Villafañe. “Dijeron que si pagamos 100 mil pesos de alquiler podíamos quedarnos sólo en algunos pisos del edificio porque los otros se los alquilarían a Metrovías. Y si no, recomendaron que nos vayamos a unos terrenos de la Fundación del padre Grassi”, en Chacarita, apuntó Graciela Dravicevich, una de las fundadores de la mutual, sobre el contenido de la reunión.

Ante la negativa de la ADIF de dar marcha atrás al pedido de desalojo, desde la mutual esperan una toma de posición de los niveles más altos de gobierno para que se reconozca el trabajo social que realizan las 22 organizaciones y les permitan continuar en el edificio. La esperanza está puesta en el artículo 9 de la ley 26.352, que creó la ADIF y que delega en el Ministerio de Planificación Federal la representación del Poder Ejecutivo en las decisiones de esa sociedad del Estado.

Es que el impacto social de la mutual, que cobra una cuota mensual de 3 pesos, llega a 5 mil asociados que tienen acceso a servicios de asistencia y muchas de esas personas –desempleados y jefes de familia de bajos recursos– llegan desde las localidades ubicadas en el ramal de la ex Línea Urquiza con cabecera en Federico Lacroze. También reciben los beneficios de programas que el mismo Estado nacional y el porteño ejecutan a través de Sentimiento.

“Desde el organismo nunca nos consultaron por qué necesitamos estar en este edificio. No hay conciencia de cómo funciona una mutual y el fin social que perseguimos. Mudarnos implicaría perder el contacto con los beneficiarios de la asistencia social y, económicamente, una disminución en la cantidad de socios y, por tanto, de las cuotas que habilitan los ingresos para que la mutual funcione”, explicó Eduardo Katz, del Consejo de Dirección de Sentimiento.

Desde la ADIF, ante una consulta de Página/12, decidieron no realizar comentarios sobre el contenido de la reunión mantenida con la mutual y subrayaron la vigencia del pedido de desalojo del edificio, ya que está incluido “en un programa de remodelación integral del servicio ferroviario que baja desde la presidencia”, que incluiría la explotación de los bienes.

Para fortalecer el reclamo, los trabajadores de las cooperativas y los grupos de artistas de la mutual junto a otras cien organizaciones que respaldan la causa realizarán un concentración mañana a las 16 en las puertas de la sede porteña de la ADIF, en Libertador y Ramos Mejía, en la estación Retiro.

En desacuerdo con el argumento de la “reactivación ferroviaria”, el acto también llevará el pedido de renuncia de la cúpula de la ADIF, a los que la mutual relaciona con el gremio de La Fraternidad que “participó del desguace ferroviario en complicidad con los concesionarios”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-129554-2009-08-07.html