Reclamar, un derecho legal

Cinco delegados de las villas 31 y 31 bis, de Retiro, fueron llevados a juicio en el fuero contravencional por un corte de la autopista Illia. En las audiencias quedó demostrado que habían notificado la acción ante la policía.

Sociedad-Página/12, 30 de octubre de 2009.- Cinco vecinos de las villas 31 y 31 bis fueron absueltos ayer en una causa en la que estaban imputados por “obstrucción de la vía pública” en la autopista Illia, hace poco menos de un año. Los vecinos reclamaban la urbanización del barrio y la participación en las audiencias de la demanda iniciada por el gobierno porteño contra la Nación para que detuviera la construcción de casas que están fuera de la normativa edilicia en la villa. Aunque los argumentos de la sentencia se darán a conocer el 9 de noviembre, durante el proceso se probó que los vecinos habían notificado el corte ante las dependencias policiales locales con anterioridad.

La protesta comenzó en la mañana del 19 de noviembre del año pasado en la autopista Illia. Los vecinos reclamaban participar de una audiencia entre representantes del gobierno porteño y el gobierno nacional en la que se debatía quién tenía autoridad para ordenar la urbanización de la villa.

La decisión de realizar el corte la había tomado la Mesa por la Urbanización, integrada por vecinos, los legisladores porteños Fabio Basteiro y Liliana Parada –testigos en el juicio–, abogados de ACIJ y del Centro por el Derecho a la Vivienda.

Tras algunas horas, una parte de la autopista fue liberada al llegar la promesa de una reunión con representantes del Ejecutivo porteño. Entonces, cinco vecinos se subieron a un patrullero y dieron sus datos para ser llevados al encuentro. Horas después regresaron en subte y sin reunión. Y continuaron con el corte. A ellos cinco se les abriría una causa por violar el artículo 78 del Código Contravencional.

Sin embargo, la jueza María Araceli Martínez decidió ayer absolverlos de culpa, ya que los vecinos habían presentado una nota con 24 horas de anticipación en la comisaría 46ª y en la división policial San Martín. Los agentes de ambas dependencias que recibieron la notificación se presentaron en el juicio y reconocieron sus firmas en los documentos.

“La fiscalía nos acusó de un corte ilegal, pero habíamos presentado con anticipación toda la documentación a la policía. No somos tan atrevidos como para dejar a la gente varada porque sí”, explicó Ramón Ojeda, uno de los vecinos absueltos, y agregó que el objetivo del juicio fue “generar miedo entre las organizaciones y vecinos que quieren reclamar por sus derechos”. Para Amalia Aima, quien también fue absuelta ayer, “se intenta atemorizar a la gente judicializando cada protesta”.

La fiscal había pedido para los vecinos una pena de cinco días de trabajo voluntario en los comedores del barrio y que realizaran un curso de derechos humanos. En ese sentido, Luciana Bercovich, testigo del juicio e integrante de la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ), apuntó que “muchos de ellos tienen comedores en sus casas y hacen trabajo social todos los días dentro de la villa. Además, en el corte reclamaron por el derecho a una vivienda digna, así que de derechos saben”.

Superado el juicio contravencional, los vecinos continúan reclamando participación en el debate por la urbanización del barrio. Según el gobierno porteño, en la villa hay casas de cuatro pisos de altura que no son seguras y no cumplen con las normativas edilicias. Por eso, en octubre de 2008, demandó al gobierno nacional –ya que las tierras pertenecen a la Onabe– para que detenga la construcción y hasta pidió la demolición de las construcciones en falta. La causa radicada en un juzgado federal no avanzó y el pedido de demolición fue negado.

Los vecinos realizaron una demanda a ambos Ejecutivos por no tener en cuenta su opinión para decidir sobre la urbanización. Así consiguieron que el juzgado federal reconociera el nexo de ambos procesos y unificara las causas. “Recién en 2010 tendremos novedades”, advirtió Bercovich, patrocinadora de los vecinos por ACIJ.

“Desde el día del corte, lo único que se hizo son plazas y canchas. Seguimos sin tener agua y el servicio eléctrico es intermitente. Ningún gobierno se hace cargo de la urbanización, a pesar de todas nuestras presentaciones. Parece que sólo quedan en mesa de entradas. Pedimos que haya decisión política en un problema que ya tiene 70 años”, resumió Aima.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134380-2009-10-30.html

Una renuncia, varias interpretaciones

El intendente Jorge Rossi presentó su dimisión de carácter "indeclinable" ante el Concejo Deliberante local. Esgrimió "estrictos motivos personales". Fue reemplazado por el secretario de Gobierno, Martín Insaurralde (foto). "La historia va a demostrar que Rossi fue uno de los grandes intendentes de Lomas”, enfatizó el flamante jefe comunal. Referentes del arco político local hicieron sus interpretaciones sobre una decisión que se había pre anunciado en mayo.

Por Nahuel Lag. Auno, 28 de octubre de 2009.- En diálogo con AUNO, representantes del actual y futuro Concejo Deliberante de Lomas de Zamora analizaron la controvertida renuncia del intendente Jorge Rossi, que fue reemplazado por el secretario de Gobierno, Martín Insaurralde. Más allá de los "motivos personales" la oposición pide que salga a dar explicaciones. Desde ambos lados desacreditaron la versión sobre una partida producto de la multa de un juez federal de Quilmes que lleva adelante la causa por la limpieza del Riachuelo, y apuntaron que la renuncia aprobada tenía fecha en mayo. La hipótesis más potable, hasta el momento, es la de la pérdida de peso político, el recambio desfavorable del Concejo después del 10 de diciembre y un paso al costado para la construcción de la candidatura de Insaurralde para 2011. Por ahora, Rossi continuará como presidente local del Partido Justicialista.


Según argumentó a AUNO el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Carasatorre, la renuncia de Rossi "fue una decisión estrictamente personal". La sanción de la Justicia respecto al saneamiento del Riachuelo "no tiene nada que ver con la renuncia que estaba preparada desde el 29 de mayo, dando cuenta de que era por razones personales. Si va a salir a hablar, no me corresponde a mí decirlo, son decisiones personales".


Ante el recambio legislativo que podría hacer perder la presidencia del Concejo al oficialismo, Carasatorre apuntó que "ningún intendente se va por no contar con el presidente del Concejo Deliberante, se va porque tiene razones personales que no le permiten dedicarse de lleno a la gestión. Pero un presidente de Concejo no va a cambiar la historia de Lomas de Zamora, salvo que quiera serlo para hacer oposición y que toda vaya mal" y agregó: "Tengo los votos para seguir siendo presidente, la oposición cuenta votos que no tienen".


"Para los que estamos acostumbrados a la conducción de él (por Rossi) vamos a recibir un impacto, pero estamos en condiciones de seguir trabajando hacia adelante. Ha sido una conducción bastante fuerte. Remplazarla no va a ser fácil. Insaurralde ha sido secretario de Gobierno del intendente, conoce la función, creo que está capacitado para llevar una buena gestión".


El presidente del bloque ARI, Rosendo Pedernera, indicó que la renuncia fue "sorpresiva" y resaltó que de todas maneras el ex intendente "tenía que dar explicaciones. Fue una gestión muy impopular y encerrada en sí mima. Ganó en 2007 con el 17 por ciento de los votos y pruebas de fraude en su contra y los lomenses que lo votaron como candidato testimonial en junio fueron defraudados. Elude la responsabilidad de gobierno y abandona a la gente".


Pedernera tampoco respaldo la hipótesis del paso al costado por la sanción de la Justicia federal e indicó que "en realidad las malas elecciones de 2007 y 2009 y la nueva composición de gobierno (después del 10 de diciembre) llevarán a que la oposición controle la política de postura única que se mantuvo en la gestión de Rossi".


"Lomas de Zamora tiene un estigma con la corrupción y fragilidad institucional y Rossi no fue la excepción. Ayer se aprobaron los proyectos de investigación sobre las construcciones de edificios (en el centro) de Lomas de Zamora y se encamina a una comisión investigadora. Hay violaciones al código de edificación y ninguna de las obras paso por el Concejo Deliberante. Son indicios del marco de su renuncia", resumió Pedernera.


El presidente del bloque del Frente Para la Victoria advirtió que no se vislumbran "cambios políticos del oficialismo, sino que la renuncia es producto de una situación de desánimo respecto de seguir adelante del municipio. También se lo ha escuchado decir que quería dar lugar a los demás funcionarios de su espacio para que crezcan políticamente".


En cuanto a los cambios después del 10 de diciembre aseguró que "no hubo cambios de posturas de los distintos bloques y todo va a seguir los canales previsibles. Cada bloque intentará construir una mayoría para controlar el Concejo, pero hasta ahora no veo que el cambio. Ningún bloque por sí sólo tiene el poder para cambiar la presidencia".


"No se pueden precisar los motivos de su renuncia. Por lo pronto, el oficialismo lo apoyo para que continúe como conductor político frente a la presidencia del PJ. Mientras tanto hay un nuevo intendente y como bloque la actitud es seguir aportando a la gobernabilidad", explicó Fernández.


El electo concejal por el peronismo disidente Gabriel Mércuri analizó que Rossi "no tuvo vocación de seguir por cansancio, frente a un Concejo Deliberante que le iba a ser adverso después del 10 de diciembre". En cuanto a la implicación en la causa por el Riachuelo, el hijo de Osvaldo Mércuri indicó que "evidenció la falta de políticas que se vienen venimos marcando, pero la decisión ya estaba tomada". Además indicó que luego del 10 "va a ver un cambio en la presidencia del Concejo".


Para el concejal por Libres del Sur, Claudio Morell, resaltó que "de las hipótesis que se manejan. Lo real es que el intendente se comió su capital político durante los seis años de gestión. Siempre fue criticado por los vecinos y las fuerzas de la oposición.


"La renuncia estaba escrita desde mayo cuando en Lomas se decidió abrir una lista colectora. Se mantuvo un poco más y dio cuenta de que el kirchnerismo no le tenía más confianza y que el duhaldismo comenzó a crecer. Además, a partir del 10 de diciembre no tendrá más la mayoría automática en el Concejo Deliberante. No tiene mas sentido que continúe como intendente, quedó en el medio. Si no renunciaba ahora no le daba el tiempo necesario a Insaurralde para armarse y presentarse en 2011", resumió Morell.



NL-AFD
AUNO-28-10-09

http://www.auno.org.ar/leer.php/5505

Víctimas que quieren ser querellantes

El País-Página/12, 27 de octubre de 2009.- Carla Baptista y Graciela Cisneros fueron las dos primeras víctimas de los operativos de la UCEP que se animaron a denunciar el hostigamiento que recibieron en la noche del 2 de octubre, cuando intentaron echarlas de la vereda donde dormían y les tiraron los colchones, lo poco que tenían en el precario lugar donde vivían, en Pasco al 1300. Desde el viernes, también son las primeras víctimas que se postulan para ser querellantes en una causa contra la UCEP, a cargo de la Fiscalía Correccional Nº 14. En el pedido presentado por el abogado defensor Adrián Albor se les imputan a los integrantes de la UCEP varios delitos que, sumados, implicarían una condena de 5 a 21 años. El pedido propone la misma pena, en calidad de “instigadores”, para el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, que hoy se presentará ante la Legislatura para dar explicaciones.

“Ser querellantes les permitirá (a Carla y Graciela) tener un rol activo y participar de la presentación de pruebas de la misma manera que el fiscal”, apuntó el abogado.

Si de recolectar pruebas se trata, Carla lleva una en su panza. Según lo denunciado por ella y Miguel Varela –el vecino que registró el hecho con su cámara de fotos–, la madrugada del 2 de octubre, unos veinte integrantes de la UCEP llegaron a Pasco al 1300 con cuatro camionetas y un camión de basura de la empresa Panizza para cargar las pertenencias y echarlas de la vereda en la que dormían. En el intento, Carla recibió un golpe en su panza de embarazada que le provocó un dezplazamiento de placenta. Así lo confirmó un estudio que le realizaron en el Hospital Ramos Mejía y que quedó constatado en la denuncia que se realizó ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Además –como informó Página/12–, aquella noche algunos integrantes de la UCEP no respondieron al pedido de Carla de llamar una ambulancia y, en cambio, le dijeron: “¿Te sentís mal? Te vamos a hacer el tacto”. Graciela también carga una prueba en su cuerpo: un amplio moretón bajo las costillas, corroborado por un médico legista.

El pedido de Albor ante la fiscal Andrea Giudice acusa a los integrante de la UCEP por los delitos de “lesiones graves, abuso sexual agravado, amenazas coactivas agravadas para abandonar el lugar de residencia”. De confirmarse esas acusaciones y ser llevados a juicio, los hombres de la UCEP podrían recibir una sentencia de prisión de entre 5 y 21 años. “De actuar como querellantes en la causa haremos un pedido de competencia para que las actuaciones pasen al Fuero de Instrucción Criminal”, advirtió el abogado.

Las personas registradas en las fotografías de Varela, con vestimentas oscuras y, uno de ellos, con una campera en la que se leía “UCEP”, serían los implicados como autores del hecho, pero Albor apuntó que “Macri y Piccardo deberían responder por los mismos delitos en calidad de instigadores. Por lo que las penas también estarían entre los cinco y veintiún años”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-43297-2009-10-27.html

Otro manotazo social de Macri

Son 27 familias que el gobierno de Macri trata como intrusos y pretende desalojar de un edificio de Barracas. Para el desalojo apela a un decreto dictado por Onganía. Son municipales y recibieron las viviendas cedidas para trabajadores en dificultades.

Sociedad - Página/12, 26 de octubre de 2009.- Muchos de ellos llevan más de 25 años viviendo en los edificios que delimitan la Plaza España sobre la calle Caseros, en Barracas. Luz, gas, agua, todas las cuentas pagas. Sin embargo, 15 familias recibieron hace un mes la notificación de la Dirección General de Bienes porteña en la que los consideran “intrusos” y los intiman a entregar las llaves de las viviendas, propiedad del Estado porteño, por las que hasta hace poco pagaban un canon. Con el plazo de advertencia ya vencido, el Ejecutivo macrista puede avanzar con el desalojo en cualquier momento. Las viviendas habían sido expropiadas por un decreto del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía para realizar una obra pública que nunca se ejecutó y desde entonces fueron cedidas a empleados municipales con problemas habitacionales. Los habitantes piden que se regularice su situación.

“Mantuvimos en condiciones el inmueble y pagamos un canon a la administración, hasta que se dejó de renovar el convenio, y no nos ofrecen otras alternativas habitacionales”, argumentan. Las intimaciones de desalojo también alcanzan a casas y a un centro cultural ubicados en la misma cuadra: todos los inmuebles estarían comprometidos en el proyecto macrista para construir un Centro Cívico.

“En la notificación nos tildan de intrusos, pero todos estamos aquí desde la época en que la Municipalidad cedía un departamento en estos edificios como parte de una solución habitacional a los empleados públicos”, explicó Walter Barrionuevo, que hace 28 años vive en Caseros 1682. El vecino asegura que está “atormentado” desde el 25 septiembre, cuando se venció el plazo de la intimación y comenzó a correr la posibilidad del desalojo. “Me voy a trabajar y no sé si al volver voy a tener a mi familia en la calle”, explicó Barrionuevo.

Nelly Behety es la decana del edificio, donde viven 10 familias, y es la que más años lleva pagando todos los impuestos, incluso el del canon por el convenio que extendía la Comisión Municipal de la Vivienda para regularizar la situación de las familias de los edificios de dos plantas que se mantienen de pie sobre Caseros. “Tenía todo pago, pero desde hace cinco años que no quieren renovarlo”, apuntó.

“Lo que propone el gobierno de Macri es un desalojo masivo e ignorar que durante varias décadas los edificios sirvieron como una solución al déficit habitacional, un problema que el gobierno no ha sabido resolver”, apuntó la abogada Solange Verón, que también representa al Centro Cultural Trivenchi. El centro comparte la cuadra de Caseros con los vecinos y es el único que ya recibió la orden de desalojo.

La intimación para dejar las casas se basa en la supuesta situación irregular de los vecinos que permanecen en edificios expropiados por una ley, dictada en 1968, en la que se declaró de “utilidad pública y sujetos a expropiación” los inmuebles ubicados sobre Caseros desde el 1682 al 1732 porque “constituyen una limitación a la extensión de la Plaza España”. Ahora, en base a esa norma, el Ejecutivo envió notificaciones a las diez familias del edificio ubicado al 1682, a las cinco del edificio vecino, al Centro Cultural Trivenchi y también a un grupo de casas precarias ubicadas al lado, que en total involucran a 27 familias. Desde allí hasta la esquina se extiende el Centro Cultural Sur, que depende del Ministerio de Cultura porteño.

Hace tres semanas, los vecinos se reunieron con el director General de Bienes porteño, Ezequiel Sabor, para entregarle un petitorio en el que solicitan la regularización definitiva de su situación habitacional, que el gobierno no avance en el desalojo, y que informe los verdaderos motivos de la medida. Según los vecinos, Sabor solo indicó que “hay que avanzar con el desalojo para realizar obra pública”. El funcionario no respondió a las consultas realizadas por Página/12.

Los vecinos no rechazarían una mudanza pero piden la asistencia del Ejecutivo local en la transición. “¿Dónde voy a meter todas mis cosas, todos mis muebles?”–se pregunta Nelly, una de las vecinas–. Los alquileres están carísimos y con mi jubilación no me alcanza. “Además, a fin de año, el gobierno porteño deja de otorgar las pensiones hoteleras.”

Otro caso es el que atraviesan vecinos como Mónica Fernández, que solicitó un crédito al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para comprar una casa en la cual vivir con su esposo y siete hijos, pero desde el organismo le responden que “no hay fondos”. “¿Cómo puede ser que desde la Dirección de Bienes hablen de realizar obra pública y desde el IVC digan que no hay fondos?”, se pregunta Mónica. Esa duda flota entre los vecinos y, ante la falta de respuesta oficial, alimenta la idea del avance del Centro Cívico.

Según Verón, los inmuebles “están comprometidos en el anteproyecto del Centro Cívico que el gobierno ya concursó entre estudios de arquitectos, de los cuales hubo tres ganadores”. En ese documento, los dos edificios, las casas y los centros culturales figuran como entorno del Centro Cívico donde se trasladarían las principales oficinas administrativas de la ciudad, utilizando la estructura de los edificios de los hospitales psiquiátricos Moyano y Borda.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134113-2009-10-26.html

Dos vecinos absueltos

Sociedad - Página/12, 26 de octubre de 2009.- Los dos vecinos de la plaza Martín Fierro, del barrio de San Cristóbal, que fueron detenidos y llevados a juicio por realizar pintadas en un edificio público durante una movilización contra el enrejamiento de ese espacio, fueron absueltos por la Justicia porteña por el “beneficio de la duda”: el juez no pudo probar que fueron ellos los autores de las pintadas. A pesar de la absolución, el abogado defensor Ramiro Geber resaltó que el juez hizo caso omiso a la prueba del médico legista que confirmó los golpes que recibieron los imputados por parte de la policía y “justificó la represión como medida de control social”.

El conflicto comenzó el 13 de marzo cuando unos cien vecinos llegaron marchando desde la Plaza Martín Fierro hasta el CGP Nº 5, ubicado en Sarandí 1273, con pancartas en las que se leía “No a las rejas de Macri” en referencia a las obras previstas para la plaza de San Cristóbal. El mismo lema es el quedó impreso con aerosol en la vereda y la fachada del CGP Nº5, según las pruebas remitidas por la fiscal, Silvia Di Napoli, y por lo que, al tratarse de un edificio público, agravó la calificación de la falta de “daño simple” a “daño agravado”.

Luego de un pedido de prórroga por parte de la defensa de los acusados, que se extendió por una semana, el 13 de octubre comenzaron las audiencias y la presentación de pruebas. La fiscal Di Napoli decidió sacar del juicio la acusación por el incendio de un tacho de basura y focalizar los testimonios en las pintadas, por lo que pidió una condena de seis meses, más el pago de costas. En tanto, la defensa solicitó la absolución de los imputados.

En su fallo, el juez Carlos Bentolila, del Juzgado Contravencional Nº 2, resolvió absolver a Oscar Furchi y Maximiliano Verón por considerar que las pintadas existieron pero “los elementos no permiten correlacionar las pintadas con los imputados”.

Más allá de conseguir la absolución, el abogado defensor Ramiro Geber resaltó que en su sentencia el juez no tomó en cuenta los golpes recibidos por los imputados a manos de la policía. “El médico legista que los atendió el día de la detención declaró en la audiencia y aseguró que uno de ellos presentaba lesiones producto del ataque policial”, indicó el abogado de Correpi.

Como informó Página/12, cuando la columna de cien vecinos llegó el 13 de marzo al cruce de la avenida San Juan y la Autopista 25 de Mayo para entregar un petitorio en el CGP, se encontraron con un cerco realizado por policías de civil, patrulleros y un camión hidrante que les impidió regresar sobre sus pasos. Fue en esas circunstancias en que Furchi y Verón fueron detenidos, acusados de hacer una pintada.

Por eso, los abogados de la Correpi denunciaron en el alegato la “sistemática judicialización de la protesta social a través de imputaciones penales y contravencionales para la criminalización, que incluso en la ciudad de Buenos Aires fue reconocida por (el jefe de Gabinete) Horacio Rodríguez Larreta cuando indicó que han impulsado 147 causas judiciales por cortes de calle”.

Sin embargo, el juez Bentolila consideró en la sentencia que “no todo el accionar policial puede ser considerado como un acto represivo. En nuestro país, lamentablemente, a veces el mantenimineto del orden se trata de confundir con lo que es un acto represivo” y subrayó que “la represión forma parte del orden jurídico de un país que se precie de tal”.

Para el abogado de la Correpi, lo dicho por el juez “justifica el accionar policial” y como integrante de la estructura judicial del Estado muestra “la lectura política de que ante cualquier protesta se va a seguir ejerciendo control social a través de la represión porque está justificado y es legal. Y el bien jurídico a proteger no es la vida sino el orden”.

“El discurso del juez limita la protesta a lo legal y parlamentario e indica que no se van a aceptar las movilizaciones. Contra las movilizaciones se está realizando una represión selectiva”, advirtió Oscar Furchi, uno de los imputados que resultaron absueltos.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134112-2009-10-26.html

Más prisión para menores de 18

Sociedad - Página/12, 24 de octubre de 2009.- El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que duplicaría los plazos en los que los menores de 18 años, detenidos por una presunta participación en un delito grave, pueden ser privados de su libertad, modificando la ley que ordena al Fuero Penal Juvenil en la provincia. Según el defensor del fuero Nº 16 Julián Axat, los plazos de ampliación pedidos por el proyecto son “inconstitucionales y no respetan la Convención de los Derechos del Niño, que dice que la detención es una medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda”. Desde el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño (Casacidn) adelantaron que se trabajará para que el proyecto de ley “no progrese” en la Cámara baja.

El proyecto de ley aprobado por unanimidad fue presentado por la senadora del Frente para la Victoria Edda Acuña, que en los argumentos resaltó lo exiguo de los plazos para el trabajo de los fiscales. Una de las modificaciones propuestas es extender de 12 a 24 las horas en la que los chicos pueden estar privados de su libertad en una comisaría a la espera de que un juez de Garantías dicte la orden de detención. La otra consiste en prolongar de cinco a diez días el tiempo que el fiscal tiene para realizar el pedido de prisión preventiva, mientras el chico permanece en un instituto.

“De acuerdo con los pactos internacionales, los niños deben tener un mejor estándar procesal que los adultos y con este proyecto se los está igualando y dando a los fiscales un plazo más extenso que a los adultos para decidir sobre el pedido de prisión preventiva. Si la intetona contrarreformista se lleva adelante va a ser inconstitucional”, explicó Axat.

La directora ejecutiva de Casacidn, Nora Schulman, consideró que “es un retroceso volver a discutir cosas ya resueltas bajo un pretexto banal como la falta de tiempo para los fiscales. Se está mezclando nuevamente el tema de la inseguridad con la protección de derechos de los niños”.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134013-2009-10-24.html

"La concentración nunca fue buena para el arte".-

Así lo consideró Diego Boris, referente de Unión de Músicos Independientes (UMI), en referencia a la iniciativa de desmonopolizar el sistema de medios de comunicación nacional que se llevaría a cabo con la aplicación de la flamante Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Agencia NAN consultó a UMI y otras organizaciones de artistas independientes acerca del impacto que generará en su trabajo la nueva norma que, entre otras cosas, reserva espacio en las emisoras de radio y televisión a producciones nacionales de cine, música y contenidos televisivos, y destina recursos a institutos nacionales específicos de esas áreas.


Por Nahuel Lag, Agencia NAN 21 de octubre de 2009.- Una apertura del juego en el que, hasta ahora, participaban sólo los intereses económicos de las empresas mediáticas concentradas, limitando fuentes de trabajo para los actores y oportunidades de difusión, producción y distribución para los músicos y cineastas independientes. Eso significa la flamante Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual según los referentes de los artistas encargados de dar --con cuotas de emisión aseguradas-- contenido a la televisión y la radio del país que dialogaron con Agencia NAN. Inocencia de lado, los integrantes de las organizaciones que representan a actores, músicos y cineastas aseguraron que la legislación es sólo "un primer paso adelante" que hay esperar a que "se comienza a aplicar" y "hacerle el aguante porque va a recibir embates por parte de los representantes de los intereses económicos que se ven afectados". Por eso, sin peder tiempo y aprovechando el "impulso" se debaten en las comisiones de la Cámara de Diputados las leyes de Música y de Actores, que darán más incentivos y derechos a los trabajadores del arte.


Cuando el vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara de Senadores, Julio César Cobos, vio los 44 votos positivos por sobre los 24 negativos y la sola abstención, no pudo más que pronunciar: "se convierte en Ley, se comunicará al Ejecutivo". Menos de un día después, la presidenta Cristina Fernández plasmó su firma para lograr que la norma entre en vigencia y reemplace a la 22.285 que llevaba la firma del dictador del último golpe militar Jorge Rafael Videla. "La diferencia fundamental con la ley de Radiodifusión que se dejó atrás es que esta nueva fue consultada y debatida, no sólo en las últimas semanas, sino durante varios años, contemplando las inquietudes de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles", resaltó Luis Alí, secretario general de la Asociación Argentina de Actores, una de las organizaciones que integró la Coalición por una Radiodifusión Democrática autora del documento germen de la flamante ley, "21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación".


Por su parte, Laureano Gutiérrez apuntó que "el valuarte de la nueva ley pasa por poder regular desde el Estado, con un rol protagónico, las políticas audiovisuales de acceso a la información y el derecho a informar". Gutiérrez forma parte de la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina (ADN), una de las tantas agrupaciones que participaron de los foros que sucedieron en todo el país con el objetivo de debatir el Anteproyecto presentado oficialmente en marzo de 2008, y de los que surgieron nuevos aportes que conformaron el documento que llegó a Diputados. El debate en torno del articulado continuó dentro del Congreso nacional, en audiencias públicas y reuniones de comisiones de ambas cámaras legislativas. No obstante, el conjunto de la oposición –en el que se mezclaron legisladores, periodistas y medios de comunicación en su totalidad-- intentó imponer la idea de que la norma se votaba "a las apuradas".


Con la sanción hecha realidad, las intenciones de poner palos en la rueda a la ley continúan presentes en los bloques de legisladores opositores (miembros de la UCR y la Coalición Cívica, en su mayoría). Hasta ayer, la nueva estrategia apuntó a anular la norma porque el día en que fue votada en Senadores no se informó al cuerpo las fe de erratas realizadas al proyecto aprobado en Diputados. Una de las correcciones se realizó sobre el 95, que contenía un párrafo correspondiente al artículo 97. Sin embargo, la anulación no obtuvo quórum. "La oposición avanzó en todas las posibilidades que tuvo de interferir sobre la ley y hacen uso de cada cosa que aparece. Ya es caprichoso", apuntó Alí.


Ese artículo es el que distribuye los fondos recaudados por la AFIP por la aplicación de gravámenes y tasas a los explotadores de licencias. Del total, el Ins tituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) percibirá un 25 por ciento; el Instituto Nacional del Teatro (INT) un 10 por ciento; y un 2 por ciento el naciente Instituto Nacional de Música (INM), porcentaje asignado sobre tablas durante la votación en la Cámara Baja en base a la propuesta del diputado por Proyecto Sur Claudio Lozano de modificar la distribución de los recursos con el agregado del INM.


"La nueva ley aumentó los porcentajes de recursos con los que ya contaban los institutos nacionales de cine y de teatro. El logro de la creación del INM y la asignación de un presupuesto es importante porque es la primera vez que se toma a la música como un arte que tiene que ser fomentado", celebró Diego Boris, referente de Unión de Músicos Independientes (UMI). "La conformación del ente se concretará cuando se apruebe la Ley Nacional de la Música. Por eso, la nueva norma es un fuerte impulso para el desarrollo de una ley que permita mejorar difusión, producción, y las condiciones para tocar en vivo".


Los institutos que más rápido podrán verse beneficiados por los fondos provenientes de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales serán los del cine y del teatro. Para el integrante de ADN, el incremento en el porcentaje que percibe el INCAA "establecerá un soporte y un estímulo al sector audiovisual", mientras que la intervención del Estado en el sector es "importante para mediar en las relaciones económicas y de poder y desarmar monopolios, en un marco que contemple la producción audiovisual como herramienta para evitar que los grupos concentrados sean los que informen y marquen las pautas culturales".


En el caso del teatro, el instituto será beneficiado aunque participe indirectamente del arco audiovisual. "El trabajo del instituto tiene más que ver con el fomento de la disciplina en las salas de cada región. El presupuesto es un logro porque hace mucho tiempo que INT funciona con un fondo fijo y bajo, cuando es el semillero de todos los actores que pasan a trabajar en producciones audiovisuales", explicó el actor.


Aunque podría pasar un año o más para que la ley se reglamente y comience a aplicarse en su totalidad, hay puntos que pueden comenzar a ponerse en práctica. Uno de ellos es el 65, que establece que el 30 por ciento de los contenidos programación emitidos por las radiodifusoras deberán ser de origen nacional, y de ese porcentaje, la mitad deberá provenir de productores independientes, donde el autor o interprete ejerza los derechos de comercialización. “Es el 15 por ciento del total de las programaciones. No es mucho pero ayudará a mejorar el bajo promedio de difusión de la música autogestionada. Así, algunas producciones, mejores que las que ofrece el mercado, comenzarán a salir a la luz”, indicó el autor de Ayer (UMI, 2004). Además, Boris sostuvo que las cuotas de producción local atacarán el problema que los músicos independientes tienen “en las radios de las provincias, donde no tienen acceso porque allí se replica lo que viene de Capital. Por eso, va a permitir una circulación más federal. La concentración nunca fue buena para el arte. No puede decidir solamente el mercado la música que produce un país”.


El artículo 65 también contempla a los servicios televisión abierta cuya programación deberá ser en un 60 por ciento de producción nacional, dentro del que se contempla un mínimo de producción local independiente que varia entre el 30 y 15 por ciento según la cantidad de usuarios potenciales. Además, obliga a los servicios de televisión por suscripción satelital y no satelital a incluir como mínimo una señal de producción local propia que satisfaga las mismas condiciones. La Asociación Argentina de Actores buscó ir más allá y fijar en la norma un porcentaje de cuota de ficción que asegurara fuentes de trabajo a los actores, pero la dura postura de la oposición, que argumentaba que lo solicitado implicaba censura, no lo permitió. “La producción nacional no nos garantiza ficción, ya que engloba a productos como Bailando por un Sueño, de Marcelo Tinelli. Pero esperemos que se cumpla con ficción porque es algo rentable, lo que genera mayor audiencia”, explicó el director de la pieza Aeroplanos (Teatro Abasto, 2003).


Por último, el artículo 67 asegura una cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales, de acuerdo al que los licenciatarios de señales de televisión deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho largometrajes nacionales, pudiendo optar por incluir, en la misma cantidad, hasta tres telefilmes nacionales. En ambos casos se fomenta las realizaciones de productoras independientes nacionales y se pone atención en los contenidos relacionados con la niñez, a través de la creación del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia.


“Las cuotas de pantallas son barreras que tiene que establecerse ya que sino, la posibilidad de comprar más baratas producciones internacionales limita la compra de la producción nacional. Si no hay barrera no se puede generar productos”, aseguró el productor del film Los Próximos Pasados. Según la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina, la industria audiovisual local genera cerca de 50 mil puestos de trabajo anuales con una producción promedio de 60 largometrajes de ficción, 40 documentales y una gran cantidad de cortometrajes, mas los servicios de producción, la publicidad y las ficciones para TV. Todo aquello se verá potenciado con la implementación de las cuotas y, en ese sentido, Alí consideró que a la flamante ley hay que “hacerle el aguante porque va a recibir embates por parte de los representantes de los intereses económicos que se ven afectados. Un retroceso significaría menos laburo”.

www.musicosconvocados.com
www.adndoc.com.ar
www.actores.org.ar

Rápidos para detener

Un fallo de la Cámara platense había autorizado a detener a chicos menores de edad. La sentencia no entró en vigencia porque fue apelada. Pero la policía ya se puso en marcha.


Sociedad - Página/12, 20 de octubre de 2009.- Son tres chicos de entre 14 y 15 años, viven y duermen en las calles de La Plata, no concurren a la escuela, no reciben asistencia en salud y, según una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez ante la justicia platense, estuvieron detenidos en la Comisaría Nº 1 de esa ciudad entre el 11 y el 12 de este mes. La detención se produjo a 15 días de que la Cámara de Apelaciones de La Plata revocara una medida judicial que impedía la detención de menores de edad, aunque la orden en teoría no debía entrar en vigencia porque fue apelada ante la Corte Suprema provincial. Para el defensor juvenil Julián Axat esta situación generará una “zona gris en el accionar policial frente a los chicos en situación de calle”.

Ricardo De Udaeta es el integrante de la asamblea que encontró a los chicos con moretones y marcas en las muñecas por la presión de las esposas policiales. También es quien realizó la denuncia ante la fiscalía Nº 4 de La Plata. Lo hizo a pesar de que los chicos le dieron a entender que no tenía sentido. “El que los golpee la policía es algo que ellos ya tienen naturalizado”, destacó.

Por eso, en diálogo con Página/12, apuntó que “el caso de los chicos (por los tres detenidos el 11 y 12 de octubre) es paradigmático. Los pibes en situación de calle son sistemáticamente perseguidos por la policía, que les moja los colchones donde duermen y tira gas pimienta en los rincones” callejeros en los que sobreviven.

Además, el integrante de la asamblea denunció que “la única presencia institucional que perciben los chicos es la de la policía. En el caso particular de estos tres chicos, el viernes anterior a quedar detenidos en la 1ª, fueron demorados por efectivos de la 9ª y la asistencia social brilló por su ausencia” (ver aparte).

En octubre de 2008, fue el juez platense Luis Arias quien respondió a un pedido de hábeas corpus colectivo para prohibir la detención o demora de chicos por parte de la policía local por averiguación de identidad, contravenciones, pedidos de captura o para ser entregados a sus familias.

El hábeas corpus fue pedido por el defensor ante el fuero penal juvenil Nº 16, Julián Axat, que la semana pasada salió en su defensa al apelar, en segunda instancia, la decisión de la Cámara de Apelaciones platense ante la Corte Suprema provincial.

“Si la policía desobedece el fallo de Arias está cometiendo un delito, porque la orden (de no detener menores de 18 años) aún sigue en vigencia. Pero la decisión de la Cámara de Apelaciones es una señal fuerte hacia la policía para legitimar las detenciones. Por eso, pido a la Corte que se expida con rapidez y aclare esta zona gris para con el accionar policial frente a los chicos en situación de calle”, resaltó.

La contradicción del accionar policial a partir del fallo judicial también está presente dentro de las órdenes dadas por el Ministerio de Justicia provincial. Es que el Ministerio de Seguridad bonaerense fue el que tramitó la apelación ante la Cámara de Apelaciones para revocar el límite puesto a la policía por el fallo de Arias. Pero aún sigue vigente la resolución de octubre de 2008 con la que el titular de la cartera de Seguridad, Carlos Stornelli, ordenó a las fuerzas policiales platenses el “cumplimiento a la orden judicial (dictada por Arias) hasta que recaiga sanción definitiva”.

La situación judicial actual no es la que provocó que la policía desobedeciera la orden sino que Axat relevó siete casos en que los uniformados “violaron la prohibición a la detención”. Y elevó una causa ante la Fiscalía de Investigaciones Complejas local a partir del caso de un chico de 15 años detenido 43 veces por uniformados platenses. En el caso también aparece la 1ª y la ausencia de asistencia social.

“Es un caso paradigmático en el que muestro la discrecionalidad policial que sigue existiendo y lo que puede ocurrir si la Justicia decide revocar el fallo de Arias y no controlar este tipo de contravenciones policiales.”

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133787-2009-10-20.html

“Criminalizan un problema social”

Sociedad - Página/12, 20 de octubre de 2009.- El integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez Ricardo De Udaeta también denunció que los tres chicos “fueron detenidos por la policía cuando tendrían que haber recibido asistencia social como instaba el amparo”. Esa medida judicial fue dictada en noviembre de 2008 e intimó al gobierno municipal de La Plata y el provincial a cumplir con una serie de puntos para aumentar la asistencia social hacia 17 pibes que habían sido agredidos por un grupo parapolicial “en complicidad con la comisaría 1ª” en la céntrica Plaza San Martín, entre los que estaban dos de los tres chicos detenidos el 11 y 12 de octubre, por la misma dependencia. El juez en lo contencioso Luis Arias fue también quien ordenó la medida y en diálogo con Página/12 indicó que “cuenta con varias denuncias por incumplimiento”. La medida judicial también apuntaba a mejorar la situación de los más de 300 pibes y pibas que, según estimaciones de las organizaciones, viven en situación de calle en La Plata. “La de los chicos es una situación de vulnerabilidad social que se criminaliza”, sentenció Arias.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/133787-43163-2009-10-20.html

Penitencia judicial

Sin Internet ni celular por un año. La prohibición no salió de la boca de los padres de alguna de las tres chicas, de entre 16 y 17 años, que fueron filmadas por un compañero de escuela mientras se trenzaban a golpes, pero ellos serán los responsables de hacerla cumplir. La jueza de Menores de Posadas, Misiones, con el video difundido por Internet en su poder, decidió penar de forma inédita el hecho de violencia entre las jóvenes de escuelas enfrentadas por una tradicional fiesta estudiantil y puso a los padres como responsables de hacer cumplir una prohibición sobre el uso de Internet y celulares e impuso a las adolescentes que asistan, una vez por semana, a un gabinete psicológico y psicopedagógico para realizar un seguimiento de comportamiento y rendimiento escolar. “Prefiero diez años de cárcel antes de que se me prohíba Internet y el celular. Tengo cientos de amigos, ¿cómo me comunico con ellos?”, dijo una de ellas tras la sentencia.

–A mí no me tocás, te voy a matar –dice una de las chicas de contextura robusta, chupines y musculosa negra, mientras la otra adolescente retrocede en un descanso del parque de la costanera en Posadas. Las amenazas siguen a punta de dedo índice. Todo está quedando registrado en la cámara del celular de un compañero de escuela de una de ellas, que la incita: “Pegale, ya”. E ironiza: “No a la violencia, chicas”. Los golpes se producen: patadas, agarradas de pelos y una tercera chica que baja desde una lomada y toma por la espalda a una de las contendientes. “Así no vale”, grita el joven que filma.

La pelea se transformó en causa judicial cuando la policía identificó a las tres chicas y las puso a disposición de la jueza correccional y de menores de Posadas, Marcela Leiva. El episodio se produjo a mediados de septiembre, cuando los estudiantes de las escuelas más pudientes ensayaban el desfile con carrozas, bailes y coreografías para recorrer la costanera, a orillas del Paraná, durante cinco noches, en la tradicional Estudiantina.

Durante las audiencias, las adolescentes no supieron aclarar, entre llantos, el motivo de la pelea. Aunque una de las posibilidades que se manejan es el clima de competencia y enfrentamiento entre escuelas que genera el período de la Estudiantina –que empezó el pasado fin de semana y continuará hasta hoy a la noche–. Además, se apuntó que una de las chicas ya había protagonizado otro hecho de violencia. Mientras que dos de ellas habrían sido expulsadas de otros establecimientos educativos.

El juez de menores César Jiménez, que comparte tareas en el juzgado de rango provincial, explicó que aunque ésta sea una medida inédita sostiene “un criterio general (en la provincia) de medidas socioeducativas, con el que se busca que los chicos y chicas continúen en la escuela, con el seguimiento de su rendimiento, para sacarlos de espacios violentos y que gasten sus energías en el estudio” y además comprometer a los padres que “dejaron de cumplir su rol para dejar a la televisión y la computadora como niñeras de tiempo completo”.

Malena Gutiérrez, la secretaria de la Red Previo –que reúne a directivos y docentes de Posadas contra la violencia escolar–, aseguró que “hace dos meses se están viendo enfrentamientos entre chicas de distintos colegios en la vía pública que terminan con lesiones graves”.

De todas maneras, Gutiérrez resaltó que “en Posadas, los episodios de violencia no son tantos, pero están tomando relevancia, porque los jóvenes están influenciados por el ciberbulling. Una práctica por la cual los chicos utilizan las nuevas tecnologías para compartir y dar a conocer, de manera morbosa, su participación en la cultura de la violencia y la agresión”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133541-2009-10-16.html

En memoria del Malón de la Paz

Los tres sobrevivientes de la gesta que protagonizaron 174 kollas, que marcharon a Buenos Aires en reclamo de sus tierras, reciben desde septiembre una pensión. Pero siguen viviendo en predios ajenos y su historia no se cuenta en las escuelas.


Sociedad - Página/12, 10 de octubre de 2009.- La marcha por recuperar las tierras que fueron de sus ancestros partió hace 63 años desde su Puna natal y originaria. Pero desde entonces, la casi totalidad de los 174 kollas que formaron el llamado Malón de la Paz, en 1946, para recorrer todo el país con el fin único de reclamar ante el gobierno de Juan Domingo Perón, no obtuvieron respuestas hasta el día de su muerte. Recién ahora, desde septiembre, tres sobrevivientes de aquel histórico peregrinaje reciben una reivindicación simbólica, a través de una pensión de 596 pesos al mes, por iniciativa del bloque de diputados de Libres del Sur. “El reclamo por sus tierras y para que la educación formal incorpore su historia a la currícula, quedan pendientes”, aseguró Marcelo Valko, autor del libro Los indios invisibles del Malón de la Paz, impulsor del reconocimiento a los aborígenes. “Aquella gesta, aún hoy, es un paradigma de la lucha de los pueblos originarios para que les reconozcan la prexistencia de sus culturas”, resaltó.

“Reivindicar la historia de los pueblos originarios es algo que pocos toman en cuenta porque no tiene impacto social. Pero el Estado argentino se fundó sobre las bases de un genocidio y hay que reconocerlo, debatirlo y pedir disculpas como otros Estados del mundo lo han hecho”, argumentó la diputada Cecilia Merchán, impulsora del proyecto para otorgarles una pensión graciable a los sobrevivientes y que, con su compañera de bloque, Victoria Donda, promueve un proyecto para reemplazar la imagen de Julio Argentino Roca de los billetes de cien pesos.

La historia de los maloneros comenzó meses antes de la llegada de Perón a la presidencia, cuando tres representantes del pueblo Kolla, envueltos en la jornada del 17 de octubre de 1945, se pusieron en contacto con el inspector de Tierras de la Nación, Mario Augusto Bertonasco, para reclamar porque la familia Saravia –ancestros del líder chalchalero– les estaba cobrando altas tarifas de arrendamiento por los campos que habitaban sus ancestros.

Aunque no existía ningún artículo de la Constitución que reconociera la preexistencia cultural y étnica de los pueblos originarios –como figura desde la reforma constitucional de 1994–, Bertonasco, con el visto bueno de Perón, se desprendería de su traje verde oliva y acompañaría emponchado la peregrinación del Malón de la Paz desde su salida, en Abra Pampa, Jujuy, hasta la entrada por la Avenida de Mayo al balcón de Perón, el 3 de agosto de 1946. Hicieron todo ese recorrido a pie y a caballo.

Quienes todavía pueden contar la hazaña, ahora reconocidos por la pensión del Congreso, son Ciriaco Condorí, que recorría sus tempranos veinte, Buenaventura Solano que recién pasaba su primera década de vida, y Narciso López que, con sólo siete años, llegó arriba de un caballo tironeado por su padre (foto).

Aquella gesta reivindicativa sólo llegó hasta el balcón presidencial. Luego, el gobierno “mantuvo durante semanas a los maloneros, en el Hotel de los Inmigrantes, hasta que el jefe de la policía encabezó una golpiza que los llevó en un tren de vuelta a Jujuy, para ser olvidados”, cuenta el historiador Valko.

“En Jujuy, la escuela enseña las guerras europeas, pero los chicos no saben sobre el Malón de la Paz”, apuntó Valko. Hasta 2005, cuando reflotó la historia con su investigación, nadie retomó el tema. Desde 2006, el autor de Los indios invisibles... –primer tomo de la colección Osvaldo Bayer de la editorial de las Madres de Plaza de Mayo– redactó un proyecto de ley con el que golpeó puertas de autoridades municipales, provinciales y nacionales para pedir tres puntos: homenajear al malón, que su gesta se integre a la currícula de la educación formal y una pensión vitalicia para los sobrevivientes.

Después de numerosas respuestas del tipo “no joda con los kollas”, Valko consiguió que el municipio de Abra Pampa declarara ciudadanos ilustres a Ciriaco Condorí, a Narciso López y su mujer, pero la inclusión en el calendario escolar, al menos de los establecimientos educativos de la región, quedó sólo en “una promesa” del Concejo Deliberante.

“La educación es un tema fundamental, cuando llega el 12 de octubre en las escuelas se habla del ‘descubrimiento de América’, muy lejano a la violencia que sufrieron los pueblos originarios. Además, es el espacio para revertir los estereotipos despectivos que circulan en la sociedad, como decirle ‘indio’ a un chico que se comporta mal”, indicó Merchán, que no logró que el Congreso incorpore el tema a la agenda educativa.

Para Valko, titular de la cátedra Imaginario Etnico, Memoria y Resistencia en la Universidad de las Madres, el avasallamiento sobre las tierras originarias es algo difícil de resolver porque “toca muchos intereses”, pero los pueblos ni siquiera “tienen derecho a una vida digna, despojados de un territorio donde estar”, porque continúan siendo “invisibles” para el Estado.

Informe: Nahuel Lag

http://m.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133254-2009-10-10.html

Otra denuncia contra la UCEP

Por primera vez, a partir de una denuncia de las víctimas, la policía identificó a integrantes del grupo de choque que el jueves intentó desalojar a varias personas que viven en Pasco y la autopista, en San Cristóbal.


Sociedad - Página/12, 7 de octubre de 2009.-“Llegaron a la una y cuarto de la madrugada y yo me levanté de la cama por los gritos. Cuando miré por la ventana, vi a los de la UCEP, que le pegaban una piña a Carla, que está embarazada.” Marcelo Angel Varela es el vecino de San Cristóbal que narró a Página/12 una nueva intervención violenta de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) del gobierno porteño contra un grupo de personas en situación de calle. Conoce a la gente que vive sobre la calle Pasco, bajo la autopista, y está acostumbrado a ver este tipo de procedimientos. Carla Baptista vive ahí con su pareja. Según la denuncia, la semana pasada integrantes de la UCEP la golpearon y les quisieron sacar sus pertenencias a ella y a otras cuatro personas que acampaban en el lugar. No pudieron desalojarla porque, tras la denuncia del vecino, llegó la policía e identificó a los agresores. Los ocupantes continuaban hasta ayer en el lugar. Por primera vez, el grupo de choque que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público es denunciado por sus víctimas, con testigos y fotografías. Desde el ministerio negaron la agresión a los sin techo. “Les ofrecimos ir a un parador, pero no quisieron. Ellos mismos retiraron sus cosas”, dijo a este diario Jorge Pollini, director de Ordenamiento del Espacio Público.

Sin embargo, en las imágenes que tomaron los vecinos se ven forcejeos y cómo miembros de la UCEP arrojan parte de los enseres de las personas en situación de calle a un camión recolector de basura. La denuncia, radicada en la Comisaría 18ª, se suma a la realizada meses atrás por la diputada Liliana Parada ante la Justicia por las intervenciones violentas de este grupo en otros desalojos. Parada presentará un pedido de informe ante la Legislatura.

“‘¿No te vas a levantar?’, me dijeron. Y me pegaron una trompada. Mirá”, dice Graciela Cisneros, mientras se levanta la remera y muestra un moretón en la panza. “Hoy (por ayer) fui al médico legista” por la causa que está abierta desde la semana pasada en la Fiscalía en lo Correccional Nº 14, a cargo de Andrea Giudice. “Cuando vienen se quieren llevar todo. Hasta al perro”, contó Graciela mientras sostenía por la correa a Bruce Lee, su perro y única compañía cuando Antonio, su esposo, sale a cartonear.

No es la primera vez que la UCEP llega a Pasco al 1200. Varela, que vive enfrente, ya fue testigo de varios procedimientos. La forma de operar es siempre la misma. “Llegan con cuatro camionetas y un camión de basura de la empresa Panizzi, que es el único identificado con el escudo del gobierno”, contó Varela, algo que también registró el jueves pasado con su cámara de fotos desde la ventana de su pieza.

Los últimos en tomar como hogar un rinconcito de la cuadra bajo la autopista fueron Carla Baptista y Juan Villoda, luego de ser echados de la pensión donde vivían, en el partido de Avellaneda, con sus seis hijos. Los chicos ahora están en un hogar en la provincia.

“Los de la UCEP tienen horarios para venir. Entre la medianoche y la madrugada. El otro día llegaron y uno me dijo: ‘Yo soy el Tano y los mando a todos’”, contó Juan. El Tano ya tiene una causa judicial abierta como funcionario del gobierno a cargo de los operativos.

Fue el jueves último, a la madrugada, cuando “unos 15 o 20 hombres” despertaron a todos. Carla dormía cuando le quisieron quitar el colchón. Comenzó a gritar y lo recuperó de las manos de uno de los hombres de Espacio Público. Eso le mereció golpes en la cara y la panza. Las escenas quedaron registradas en los fotos de Varela. Carla llevó el colchón a la vereda de enfrente, bajo la ventana del vecino.

–Ayúdenme, estoy mal. Llamen al Same –clamó la embarazada.

–¿Te sentís mal? Te vamos a hacer el tacto –le respondió uno de los hombres de la UCEP. Sólo uno de ellos estaba identificado por un pechera con el nombre de la unidad.

El vecino Varela vio y escuchó todo desde su ventana. “Ahí decidí llamar al 101 y bajé para persuadirlos. Cuando salí, los tipos se empezaron a ir porque llegó un policía que estaba custodiando la cuadra. Luego vino el patrullero de la Comisaría 18ª que los identificó a todos y nos llevó a hacer la denuncia”, relató.

Carla fue derivada al hospital Ramos Mejía, donde se verificó que por los golpes sufrió un “desplazamiento de placenta”. La ecografía que lo acredita figura en la denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo. “Me dijeron que tenía que pasar cinco días en reposo. Al otro día vinieron los del BAP (Buenos Aires Presente) a ofrecer un hotel, pero sólo por unos días”, contó Carla. El BAP les ofrece ir a los paradores donde “tenemos que entrar a la tarde e irnos a la madrugada. Además, dormimos igual de amontonados que acá”, dijo Carla, que sigue viviendo en Pasco y la autopista. “Cada vez que pasa un auto blanco tengo miedo”, confiesa.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133063-2009-10-07.html

En el barro, para hablar de hábitat

La Red Hábitat Argentina, integrada por cooperativas, habitantes de villas y docentes universitarios, celebró ayer el Día Mundial del Hábitat. Sus integrantes reclaman participación de las organizaciones en la construcción de viviendas populares.


Sociedad - Página/12, 6 de octubre de 2009.- Basta con alejarse un poco del microcentro porteño o de las ciudades cabeceras de los partidos del conurbano para notar que el déficit habitacional es una realidad marcada a barro, chapa y cartón en villas y asentamientos. Basta con tomar el tren en Retiro –a metros, del hotel Sheraton y la Villa 31– y bajar en la estación de José León Suárez –a tres cuadras del asentamiento 13 de Julio– para comprobarlo. Hasta allí llegaron representantes de organizaciones de vecinos de asentamientos y villas de todo el país, docentes universitarios embarrados en el tema y representantes del Poder Legislativo, todos reunidos por la Red Hábitat Argentina para celebrar el Día Mundial del Hábitat. Los académicos acercaron un “manual de urbanismo” a los vecinos, los asistentes de senadores y diputados sumaron firmas para el proyecto de ley Marco de Hábitat Social y los vecinos intercambiaron experiencias de cara a las asambleas regionales preparatorias para la Asamblea Mundial de Pobladores y a la espera de que su experiencia sea escuchada por el Estado para atacar el problema.

Una vez en la estación José León Suárez se camina bordeando las vías por la calle San Martín hasta que el cemento se convierte en barro y la calle tiene su fin frente al arroyo que lleva el nombre de la ciudad. En la orilla, con más basura que agua, aparecen las primeras casillas, con más habitantes que espacio disponible. Barro, gallinas, carros y caballos más adelante, el cauce del canal dobla y el terreno sobre el que están las casillas se amplía en dos o tres filas desordenadas. En medio, la pequeña casa fundadora del 13 de Julio es la de la hija de Estela Belizan, que en 2005 llegó a buscar un lugar para que su nieta crezca. Estela es la anfitriona del encuentro de vecinos y académicos y no tarda en repartir gaseosa a los que hablan sobre el parquecito y casitas de ladrillo con techo a dos aguas.

“La población del barrio está compuesta por familias jóvenes que en su mayoría sobreviven del cartoneo. Hace seis meses conseguimos que nos instalen la luz con un medidor comunitario que paga el municipio (de General San Martín), aunque la gente quiere tener un medidor propio y pagar, pero al no estar organizada la división de lotes no se puede”, explicó Estela a un vecino patagónico, integrante de la Mesa de la Tierra en Bariloche. La reunión se hace en el patio, ubicado detrás del Ceamse y al costado de los galpones de la ex línea Mitre.

Norberto Rodríguez explica lo que pasa en el sur del país. “En Bariloche, ya no quedan tierras fiscales. Todo está vendido. Entonces, el gobierno no tiene tierras para entregar y la gente toma terrenos privados, lo que provoca tensión en los vecinos que años atrás tuvieron que pagar por los propios. Por eso, organizamos talleres de diálogo.”

En la ciudad de Buenos Aires, aunque la Constitución local garantiza “vivienda digna y hábitat adecuado”, no es un punto fácil de hacer cumplir. Jaime Cossio forma una de las 519 cooperativas que funcionan en la ciudad y estuvo preso a fines de 2008 cuando junto a otros cooperativistas tomaron el IVC para conseguir revertir el cero en el presupuesto destinado al programa.

Que los datos sobre déficit (ver aparte) no alcancen a graficar la problemática no significa que el problema no sea federal. Por eso, la Red Hábitat y un comité de vecinos están trabajando con la senadora de Tierra del Fuego, María Rosa Díaz, y las diputadas de la Comisión de Vivienda. El proyecto de Ley Marco de Hábitat Social, sobre el que trabajan, apunta a resolver el déficit habitacional como una política de Estado integrada a las sociales y económicas, que exista la participación de las organizaciones en el diseño, ejecución, evaluación y control de los programas y la incorporación del concepto de “función social de la propiedad”. Para eso, subraya la necesidad de aumentar el presupuesto de vivienda en casi un 200 por ciento: representaría un 2 por ciento del PBI. Mientras se debate el proyecto, la ayuda a las villas y barrios llega desde las universidades. Karina Cortina y Javier Lombardi, del Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional de la Universidad Nacional de La Plata, intercambian conocimientos con los vecinos, mientras Viviana Asrilant y Gabriela Sorda, investigadoras de la Facultad de Arquitectura de la UBA, van y vienen distribuyendo su Manual de Urbanismo para Asentamientos Precarios –una guía práctica sobre cómo armar un barrio con una urbanización en regla–, realizado luego de indagar en los procesos de formación de varias villas y asentamientos.

“El Plan Federal de Viviendas entregó muchas casas, pero desatiende a los vecinos de las villas y asentamientos que necesitan fondos para mejorar la calidad habitacional de sus viviendas”, apuntó Sorda. En esos planes oficiales sin tener en cuenta a los barrios emergentes, Asrilant observa que “apuntan a la entrega ‘llave en mano’ porque el trabajo lo hacen con empresas constructoras y es más fácil que generar un proceso participativo”.

Por eso, las organizaciones de la Red Hábitat se están preparando en plenarios mensuales para llevar sus propuestas de financiamiento alternativo a las asambleas regionales que se realizarán en Chile y México en 2010 y la Asamblea Mundial de Pobladores de 2011 en Egipto. “Tenemos que unirnos para que la sociedad comprenda: todos tenemos derechos a una vivienda digna”, resumió Ana Pastor, de la organización Madre Tierra.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132987-2009-10-06.html

A juicio por una plaza con rejas

Los vecinos de San Cristóbal protestaron hace seis meses contra el proyecto macrista de enrejar la plaza Martín Fierro. La policía intervino y hubo detenciones. Hoy se inicia el juicio contra dos de ellos. Habrá una marcha de protesta frente al juzgado.


Sociedad - Página/12, 5 de octubre de 2009.- Hace seis meses, un centenar de vecinos partió desde la plaza Martín Fierro del barrio de San Cristóbal hasta el CGP Nº 3, con la intención de presentar un petitorio para detener “el encierro” del espacio público. La Martín Fierro entró en el programa de enrejamiento de plazas del gobierno macrista. Entonces, fueron cercados por un operativo de policías uniformados y de civil que reprimieron y detuvieron a tres de los manifestantes. Oscar Furchi y Maximiliano Verón estarán hoy y hasta el miércoles en el banquillo del Juzgado Penal 2 de la ciudad, a cargo del juez Carlos Bentolila, acusados por “realizar pintadas y la rotura parcial de un tacho de basura”, indicó Ramiro Geber, el abogado defensor de Furchi y Verón. El juicio “se circunscribe en el marco de una política del Estado nacional y de la ciudad en la que se utilizan figuras de tipo penal para criminalizar la protesta social”, apuntó el abogado de la Correpi.

“No a las rejas de Macri” se leía en las pancartas de los vecinos de la Asamblea de la plaza Martín Fierro y organizaciones sociales y estudiantiles que marcharon el 13 de marzo por la avenida San Juan –sin cortar el tránsito– hasta el CGP Nº 3. La intención era entregar un petitorio que diera marcha atrás con la colocación de un perímetro de vallado metálico en la plaza, que por estos días continúa, y en un sector del predio ya avanzó el enrejado.

Al llegar a la intersección de la avenida y la Autopista 25 de Mayo para golpear las puertas del CGP, los vecinos se encontraron con policías de civil, patrulleros y un camión hidrante. Sin respuestas del centro gubernamental, los manifestantes no pudieron regresar sobre sus pasos ya que las fuerzas les cortaron el paso. “Ahí comenzó la represión. A mí me tiraron al suelo y me pegaron”, contó Furchi.

Sus palabras pueden corroborarse con el informe del médico de la causa que aseguró que las lesiones fueron “producto de golpes con un objeto de contención dura”, resaltó Geber. Los tres detenidos fueron puestos en libertad el mismo día, pero Furchi y Verón se fueron a sus casas con dos causas judiciales, una por daño de la propiedad pública –que los lleva a juicio hoy– y la otra por “atentado y resistencia a la autoridad”, que fue archivada a consideración del juez a cargo, que vio insuficientes las razones de llamar a los acusados a indagatoria.

Más allá de la causa judicial particular, el abogado de la Correpi resaltó que la utilización de tipos penales como el del daño a la propiedad pública o el que penaliza el corte de la vía pública –por el que la Justicia porteña tiene abiertas cerca de 147 causas–, “desde hace tiempo sirven al Estado nacional y provincial para crimimalizar la fuerza social. No son hechos sueltos, nos encaminamos a tener permanentes causas judiciales de este tipo. El conflicto de los trabajadores de Terrabusi, la política de desalojos y contra los cortes de calles lo demuestran”.

Desde las 9.30, integrantes de organizaciones sociales, centros de estudiantes y asambleas se concentrarán en la puerta del Juzgado Nº 2 –Tacuarí 138– para respaldar a los dos acusados.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132946-2009-10-05.html

Violencia contra los pobres

La iniciativa surgió a partir de la muerte de dos jóvenes, presuntamente asesinados por un policía. Uno de ellos fue sepultado con NN. Legisladores de la oposición proponen crear un espacio para “abordar el problema de la violencia institucional”.

Sociedad - Página/12, 2 de octubre de 2009.-“No hay programas del Estado porteño que aborden el problema de la violencia institucional. Su visualización depende de las voces desesperadas de las familias, en su mayoría, de los barrios pobres de la ciudad. Por eso, buscamos que la comisión sea una caja de resonancia de la problemática del gatillo fácil.” Las palabras del legislador porteño Facundo Di Filippo (Coalición Cívica) resumieron la preocupación y el pedido de un centenar de familiares de víctimas de violencia institucional y gatillo fácil que se hicieron presentes ayer en la Legislatura porteña para dar el primer paso hacia la creación de una comisión legislativa que se ocupe de la problemática. El proyecto, impulsado por legisladores de la CC y de Igualdad Social, será presentado la semana próxima.

No pasaron 15 días desde que Angélica Lezcano veló en el comedor de su casa de Villa Lugano a su hijo Jonathan “Kiki” Lezcano, de 17 años, luego de buscarlo durante dos meses y encontrarse con que había sido inhumado en el cementerio de la Chacarita como NN –como informó Página/12 hace dos semanas–. Kiki estaba con su primo Ezequiel, quien también fue asesinado y su cuerpo fue encontrado por sus familiares en la Morgue Judicial. La versión policial decía que un policía de la comisaría 12ª los baleó cuando lo apuntaron para robarle el auto. Pero un mes atrás, un uniformado de la 52ª había pasado por la casa de Angélica a advertir “cuídenlo a Kiki”.

Angélica estuvo presente ayer en la Legislatura porteña para aportar su testimonio y argumentos para la creación de una comisión que respalde a las familias contra la violencia institucional. “Es muy bueno que se comiencen a ocupar de resguardar los derechos de las familias pobres. Lo primero a resolver sería avanzar en las investigaciones sobre el accionar de la policía que siempre actúa contra chicos humildes con una impunidad total. Las fuerzas de seguridad tendrían que cuidarnos y terminan siendo los que matan a nuestros hijos”, sentenció la madre de Kiki.

Otros cien vecinos de Lugano y Ciudad Oculta –todos con historias similares que esperan justicia– estuvieron en la conferencia dialogando con los legisladores porteños Di Filippo, Diana Maffía y Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, y Liliana Parada y Martín Hourest del bloque Igualdad Social.

Según Di Filippo, la creación de la comisión incluiría la participación de la Defensoría del Pueblo y representantes del Ejecutivo para “crear una instancia donde se visualice la problemática y de la discusión surjan las herramientas necesarias para combatirla. Por eso, la iniciativa tendrá que tener una correlación con la creación de un programa de asistencia”, explicó el legislador, aunque aclaró que todavía no hay definiciones. “Es un debate que hay que empezar a dar para conseguir el apoyo del oficialismo y el presupuesto.”

Di Filippo espera que el proyecto se apruebe antes de fin de año para que, con la creación de la comisión, “aparezcan casos silenciados porque las familias no tienen las fuerzas para acompañar una causa, contratar un abogado, y hacerle frente al sistema judicial y policial que muchas veces los tienen en contra”, graficó, en diálogo con Página/12.

Un caso paradigmático es el de Fernando Carreras, condenado a 30 años de cárcel por atropellar y matar a tres personas con su auto en enero de 2005, en la denominada Masacre de Pompeya, a pesar de que organizaciones como la Defensoría del Pueblo y el CELS indicaron que se trataba de “una causa armada por la Policía Federal”. Su esposa, presente en la Legislatura indicó: “Todos estamos expuestos a los abusos policiales”.

Según la propuesta, la labor de la comisión no se agotaría en los casos de violencia institucional, sino que también abordará otro de los problema de los barrios pobres: el paco. “Hay que revisar la asistencia que brinda el Estado”, apuntó Di Filipo.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132775-2009-10-02.html