Extraño paisaje en la avenida Santa Fe

A las 11 se puso en marcha el contracarril entre Anchorena y Borges. Mucha policía para ordenar autos, colectivos y peatones.


Sociedad-Página/12, 28 de abril de 2010.- Los contracarriles de la avenida Santa Fe debutaron con ritmo fluido y menos críticas que preguntas para los reflectantes uniformados de la policía de tránsito que desde Anchorena y hasta Borges intentaron ordenar a los peatones, autos particulares, taxis y colectivos. Según las perspectivas del gobierno, significará menos ruido en las calles internas, más orden del tránsito y reducción en el tiempo de recorrido. “Hay que darle tiempo”, concedió la mayoría de los vecinos, aunque también hubo quejas por las deudas pendientes en el barrio.

Desde las 11, la avenida Santa Fe volvió 43 años en el tiempo, al menos en 16 cuadras, y se empezaron a ver vehículos de ida y vuelta. El andar es fluido, pero Fabián dice “estar con pánico” porque su puesto de diarios está en la puerta del túnel del tiempo, en la calle Anchorena, donde inicia el flamante contracarril y muchos colectivos en la maniobra para ingresar, disputada con los taxistas, podrían terminar “adentro del puesto”. El cálculo de que la mayor circulación de colectivos subiría un decibel el ruido de la avenida se comprueba: es difícil escuchar al canillita a menos de un metro. La voz se le pone firme en un solo momento: “¿Por qué el gobierno hace todo esto y no arregla la instalación eléctrica de las escuelas?”.

En pocas horas, se liberaron las calles internas como Arenales, donde los colectivos ya no son parte del paisaje y hay “menos ruido”, asegura Ricardo, playero de un estacionamiento. Pero a la hora de resumir el día laboral subrayó: “Parece un feriado, bajó mucho el trabajo”. La misma frase va a repetir Mariela en un comercio sobre la calle Borges, en el otro extremo del inicio-final de la doble vía.

Los que se acomodaban a las corridas eran los usuarios de los colectivos. “Hubo información”, explicó Osvaldo, portero de un edificio sobre Güemes. A un metro, una pintada sobre la vereda indicaba: “68 trasladó parada a Charcas”. Sin embargo, una consorcista reclamó: “El colectivo me dejó dos cuadras más lejos”. “Hay que esperar a acostumbrarse”, la consoló Osvaldo. En dirección a Plaza Italia, la línea 68 movió una de sus paradas a pasos de Coronel Díaz, sobre Santa Fe. El guarda de la línea allí apostado, cronograma en mano, se esperanzó: “Ninguna unidad viene retrasada. No sé si se reducirán los tiempos de recorrido, pero parece ordenarse el tránsito”.

“Pensé que era un cretino el que diseñó esto, pero la verdad que fluye”, reconoció Iris, en la puerta de su departamento en Santa Fe al 3800. La mujer esperó que pasara el ruido de un colectivo y contraatacó: “Ahora, Macri que venga a arreglar las veredas y limpiar las calles”. A pocas cuadras, en Aráoz, se lee el primer cartel: “A 200 metros carril exclusivo para buses y taxis. Días hábiles de 8 a 20”.

Sobre Scalabrini Ortiz parece imposible que alguien recuerde el aviso. Los bocinazos se escuchan como en ninguna parte del tramo modificado y hay tres pecheras reflectantes a puro silbatazo. “A esta hora va a ser...”, se escuchó una confesión entre vecinos. Por las dudas, sobre República Siria, otro policía intenta hacer cumplir el carril exclusivo. En un minuto, una decena de autos rompe la regla. El plan de reducir el tránsito en la calzada circular de Plaza Italia falló el primer día. “Es que todavía están las paradas sobre la Rural”, agregó problemas un colectivero.

Hoy a la mañana, el doble carril rendirá examen a la hora pico en dirección al centro.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-144739-2010-04-28.html

La eterna deuda mendocina

La revuelta, que duró siete horas y provocó la muerte de un recluso, se atribuyó a un ajuste entre presos. Pero un organismo de derechos humanos lo adjudica a “elevadas horas de encierro y ausencia de resocialización”. Presentación a la CIDH.


Sociedad-Página/12, 26 de abril de 2010.- “Las causas superficiales del motín pueden ser una riña entre presos, pero la causa profunda está en el inadecuado sistema carcelario mendocino, con elevadas horas de encierro, y ausencia de medidas de resocialización y de programas de acceso a la educación y al trabajo”, apuntó Pablo Salinas, integrante de un grupo de abogados de Mendoza. Salinas presentó el sábado un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que “se proteja la vida de los internos” del penal Almafuerte, de esa provincia, donde el sábado un grupo de reclusos protagonizó un motín que dejó como saldo un muerto.

El pedido se realizó tras el motín, que se prolongó durante siete horas. La Justicia de Mendoza investiga por “homicidio” y “privación ilegítima de la libertad” a los tres presos del penal que tomaron como rehenes a cinco guardiacárceles y mataron a puñaladas a otro interno. Hasta ahora, la causa apunta a un “ajuste de cuentas” entre los reclusos y desde la Justicia, incluso, dicen que “no se puede hablar de un motín”. El sistema penitenciario mendocino ya había sido motivo de advertencia para el Comité de Derechos Humanos de la ONU (ver aparte).

Minutos antes de que se abrieran las puertas del pabellón 3 del penal Almafuerte, a las 7 del sábado, el interno Diego Casanova parecía estar sufriendo de convulsiones. Según captaron las cámaras de seguridad, el ataque fue sólo un engaño para que los compañeros de celda, Mario Lorca y Sergio Barroso, se abalanzaran contra los guardiacárceles cuando abrieron las rejas para asistir al recluso.

Según la versión oficial, los reclusos controlaron a los cinco guardicárceles que tomaron como rehenes amenazándolos con facas, tomaron las llaves de las celdas del pabellón, “fueron hasta donde estaba Darío Vega González (de 35 años) y lo mataron con más de diez puñaladas”. El fiscal Daniel Carniello, que investiga la causa por “homicidio” y “privación ilegítima de la libertad”, se encargó de descartar la hipótesis del motín: “No se puede considerar un motín”, dijo, por lo que la línea de investigación apunta a que se trató de una cortina para cubrir el crimen.

Sin embargo, familiares de Vega González sospechaban de la versión oficial y denunciaron malos tratos por parte de los guardicárceles, en los horarios de visita, para apuntar la responsabilidad del crimen sobre los uniformados. Además, los reclusos aprovecharon la revuelta para reclamar el traslado a otra penitenciaria.

El ministro de Gobierno mendocino, Mario Adaro, había descartado el sábado la hipótesis de que el motivo del motín fuera un intento de fuga porque “del penal Almafuerte no puede fugarse nadie”.

“Parece que sólo se garantiza que no se escapen y no el respeto a los derechos de detenidos contemplados en la ley”, afirmó Salinas. El abogado integra la Asociación Xumek, que presentó el sábado un escrito ante la CIDH reclamando la aplicación de una medida cautelar para que se garanticen los derechos de los detenidos.

El pedido de medida cautelar es un recurso contemplado en el reglamento de la CIDH frente a “casos de gravedad y urgencia” para “evitar daños irreparables a las personas”. Amparados en ese recurso, el documento presentado ante la CIDH resalta que las obligaciones interpuestas por ese mismo tribunal y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “al gobierno provincial nunca llegan a cumplirse”. Y denuncia que “la cárcel Almafuerte no garantiza el derecho a la integridad física ni a la vida de los internos, ni se implementan en ella tratamientos de readaptación social para los penados”.

La Corte Interamericana ya había declarado medidas provisionales contra otra institución del Sistema Penitenciario de Mendoza, el Penal Boulogne Sur Mer, donde hasta fines de 2009 había una superpoblación que duplicaba la capacidad de la unidad: había 936 reclusos cuando la capacidad era para 450. Según Salinas, los detenidos de ese penal están siendo trasladados a la flamante unidad Almafuerte, donde “el sistema de encierro no se ha modificado. Los reclusos permanecen hasta 22 horas en las celdas, lo que produce daños psíquicos que se traducen en la elevación de los casos de suicidios”. Según un informe de Xumek, en el penal de Almafuerte –tiene capacidad para 420 detenidos y aloja 642– se reportaron cuatro casos de suicidios durante 2009.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-144608-2010-04-26.html

“Que se cumpla la ley”

Titular de la Fundación Rumbos, militante y asesor en temas de discapacidad, Joly es uno de los candidatos que elegirá Cancillería para integrar el Comité que vigila el cumplimiento de la Convención.


Sociedad-Página/12, 23 de abril de 2010.- La Cancillería designará este fin de semana al candidato que el país postulará para integrar el Comité de Expertos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La persona que ocupe ese rol deberá asesorar en el cumplimiento de la normativa –ratificada por Argentina en 2008–, que se basa en el paradigma de que las personas con discapacidad no son receptores de asistencia sino personas capaces de hacer valer sus derechos. Entre los candidatos que se barajan para acceder al cargo se encuentra Eduardo Joly, miembro fundador de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y ex asesor del Inadi. Página/12 dialogó con él para realizar un balance de la situación de discapacidad en el país y los cambios que implica la aplicación de la Convención.

En 1977, Joly sufrió en un accidente aéreo una lesión medular que marcó su vocación futura. Desde entonces, comenzó a investigar, militar y asesorar sobre derechos de las personas con discapacidad: creó la Fundación Rumbos, participó de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires en la Comisión de Políticas Especiales, colaboró con informes del CELS y de otros organismos nacionales e internacionales.

En estas horas, es uno de los candidatos para ser el primer argentino que ocupe una bancada, por Latinoamérica, en el Comité de 18 expertos de la ONU, y espera que su condición de discapacitado y activista sea tenida en cuenta a la hora de la selección de la Cancillería. En esa carrera, recibió adhesiones de Abuelas de Plaza de Mayo, de la Defensoría del Pueblo porteña, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, entre otras organizaciones. “No por tener discapacidad se tiene más idoneidad, también hay que tener experiencia en la problemática desde una mirada global y de derechos humanos. La misma convención incentiva que las personas que integran el comité sean discapacitadas y no funcionarios de gobierno, porque agrega una perspectiva distinta, un compromiso particular”, apuntó Joly.

–¿Qué importancia tiene formar parte del Comité?

–Con la Convención como instrumento se puede ejercer la presión política y jurídica necesaria para que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Para eso, es importante estimular a las organizaciones sociales a realizar informes porque tendrán una mirada aguda de la realidad que viven cotidianamente. Por eso, es tan importante que en el comité de expertos haya personas con discapacidad y trayectoria de activismo. Nadie mejor que nosotros va a defender nuestros derechos.

–¿Cómo influye en la aplicación de la Convención el trabajo de las organizaciones y redes sobre discapacidad?

–A partir de la ratificación de la Convención, muchas organizaciones están utilizándola para argumentar cambios en legislaciones locales y políticas públicas en empleo, educación inclusiva o en el acceso al transporte público. Quienes realmente toman como propia la Convención son las personas con discapacidad. Los funcionarios aún la desconocen o no la han incorporado en sus programas.

–¿Cuál es la situación argentina en materia de inclusión laboral?

–Argentina tiene, desde antes de la Convención, una legislación avanzada de inclusión laboral (la Ley Nacional 22.431) que ordena a los organismos de administración pública y las empresas contratadas por el Estado a contar con personas con discapacidad en el cuatro por ciento de su personal y en un cinco por ciento en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Esta legislación difícilmente se cumple a nivel nacional. Y en el caso de la ciudad, la gestión de Mauricio Macri no la aplica y pretende sacar una ley que anule el cupo laboral.

–¿Qué ocurre en la inclusión escolar?

–Las personas con discapacidad no son todas iguales. Un chico que usa silla de ruedas lo único que necesita es que la escuela tenga accesibilidad para llegar al aula y al baño, no necesita elementos pedagógicos diferentes a los demás. Un niño sordo o ciego necesita que la transmisión de conocimientos tenga en cuenta sus limitaciones. Las escuelas especiales deben existir para otro tipo de discapacidades pero no para crear ghetos. Pero el caso de un chico que vaya a una escuela especial porque la escuela pública o privada no tiene una rampa es inadmisible.

–Las barreras arquitectónicas parecen ser el problema de más fácil resolución, y sin embargo ¿persiste?

–Es sencillo pero hay que tener voluntad política de introducir los cambios. Hay avances, cada vez hay más rampas y mejor construidas, pero están en los barrios de clase media alta o alta, no se ven en los barrios pobres. Las soluciones inclusivas discriminan por clase social.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-144435-2010-04-23.html

Para imprimir otra historia

Desde hace un año y cuatro meses, la imprenta de Parque de los Patricios está inactiva. Los trabajadores formaron una cooperativa y presentaron un plan de trabajo, pero una medida judicial les quita la posibilidad de recuperar la empresa.


Sociedad-Página/12, 22 de abril de 2010.- “El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen”, puede repetir cualquier vecina de Parque de los Patricios, pero en Sánchez de Loria 2251 el dicho popular se invierte. En la imprenta Indugraf SA, los que se fueron teniendo trabajo pendiente fueron los dueños y los que permanecen ocupando la fábrica hace un año y cuatro meses son los empleados, que formaron una cooperativa y se resisten a perder sus puestos y los salarios adeudados. El sueño de la continuidad laboral parecía encaminarse en diciembre cuando, después de un año, la Justicia decretó la quiebra de la empresa y la cooperativa presentó un plan de trabajo. Pero ahora un tribunal hizo lugar al pedido empresarial de convertir la quiebra en concurso preventivo, aunque los balances presentados están siendo investigados por falsificación. “Ellos tendrán la posesión legal, pero nosotros contamos con la posesión real. Queremos saber qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo. Aunque por la lógica con la que se manejaron los dueños, hasta ahora, esperamos un desalojo antes que un arreglo”, explicó Verónica Cuervo, presidenta de la cooperativa Gráfica Loria. La expropiación es otra posibilidad presente en la Legislatura porteña.


Falta de trabajo, conflicto con el personal y un parate para reorganizar el esquema productivo fueron los puntos presentados por Indugraf SA –encabezada por Juan Carlos Martínez– para justificar el cierre de la imprenta, durante la audiencia previa a la conversión de la quiebra en concurso de acreedores, según explicó una fuente judicial a Página/12. Los argumentos son los mismos desde el 24 de noviembre de 2008, cuando los trabajadores llegaron a la imprenta y encontraron las puertas cerradas y un cartel: “La empresa permanecerá provisoriamente cerrada”.

“Nosotros veníamos teniendo paros porque en los últimos dos años la empresa tuvo sus mejores años de producción pero dejó de pagar los aportes patronales, sindicales y sociales. No cerró por nosotros, cerró porque tenían todo bien pensado”, explicó Hugo Carballo, uno de los 30 trabajadores que aún resisten por los aportes solidarios de otras imprentas recuperadas y por “comernos los ahorros de todos estos años”, apuntó.

Miguel Benítez, que trabaja desde hace 15 años en la empresa, invita a pasear por el enorme galpón de máquinas frenadas y pliegos de papeles esperando ser impresos, doblados y encuadernados. Las editoriales Santillana, Sudamericana, Sigmar, Tinta fresca y Estrada imprimían sus libros en esos galpones, y Miguel no duda en mostrar la fecha de embalaje de uno de los tantos bloques de papel listo para la impresión: “Este llegó el 18 de noviembre, el 21 fue el último día de trabajo”, dijo sin encontrar explicaciones.

Dos semanas después, los trabajadores ocuparon la fábrica porque “los vecinos nos comentaban que por las noches entraba gente a llevarse las cosas”, apuntó Benítez. Lo que quedó, desde un reloj hasta la maquinaria, tiene una etiqueta que indica su registro en el inventario realizado para abrir el concurso ordenado el 19 de marzo.

Tras el cierre, los encargos pendientes quedaron atrapados y los trabajadores también. En las audiencias del Ministerio de Trabajo realizadas durante 2009, los despidos por “falta de trabajo” fueron declarados ilegales por parte del ministerio, ante la ausencia de un proceso preventivo de crisis. “Los dueños nunca accedieron al pago de los salarios adeudados ni al pedido de la cooperativa de acceder a un comodato para poner en marcha la fábrica”, apuntó Cuervo.

La posibilidad de destrabar el conflicto y comenzar a trabajar se abrió en diciembre, cuando el juez comercial No 12, Rafael Cruz Martín, declaró la quiebra haciendo lugar al pedido de la Obra Social del Personal Gráfico por una deuda de 1,2 millón y dio la fábrica en guarda a los trabajadores, sin posibilidad de explotarla. Para encender las máquinas la cooperativa necesitaba la aceptación de un plan de negocios. Carlos Berger, síndico de la causa, explicó que en el plan presentado por los trabajadores “los futuros ingresos y clientes no estaban identificados, por lo que desde el punto de vista de un plan de negocios no era posible aprobarlo”. Para Cuervo, el rechazo tiene otra explicación: “Nos exigían órdenes de compra de clientes a una cooperativa a la que todavía no se le dio el permiso legal para trabajar. Lo que sí presentamos son cartas de intención de editoriales”.

Descartado el plan de los trabajadores, el juez Cruz Martín hizo lugar al pedido de conversión de la quiebra a concurso preventivo. El proceso continúa en marcha a pesar de que el síndico denunció ante la Justicia la falsificación de los balances presentados por los empresarios para acceder al recurso legal. Entonces, los trabajadores suman fastidio a la frustración. “Como la ley de quiebras no le ordena a la empresa presentar un plan de trabajo, esperamos que el juez convoque una reunión para saber qué va a pasar con nosotros”, explicó la presidenta de la cooperativa.

La otra posibilidad abierta para los trabajadores es el avance de la ley de expropiación presentada en la Legislatura porteña por el diputado Diego Kravetz. “Si el dueño no demuestra intención de explotar comercialmente la imprenta, como no lo hizo en este año y medio, y de reincorporar a los trabajadores y pagar los salarios caídos, la expropiación debe avanzar. Se trata de unidad productiva y hay un bien social en juego”, resumió el legislador.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-144348-2010-04-22.html

Un acto de justicia con los aborígenes

Representantes de pueblos originarios de los tres países que abarcan el Gran Chaco Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay), reunidos en Buenos Aires en un encuentro trinacional, llevarán hoy sus reclamos a la Corte Suprema de Justicia.

Sociedad-Página/12, 21 de abril de 2010.- El Gran Chaco Americano ocupa una superficie de un millón de kilómetros cuadrados sobre Argentina, Bolivia y Paraguay y en él sobreviven 200 mil integrantes de 15 pueblos originarios. Hoy, representantes de comunidades indígenas de ese territorio se reunirán con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para reclamar por el desmonte y el “genocidio étnico”. El encuentro se realiza en el marco del encuentro trinacional de la Semana de los Pueblos Indígenas, en la que los dirigentes de esas comunidades debaten sobre un problema en común: el incumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales que reconocen los derechos a la tierra de las comunidades contra el avance de la frontera agrícola sojera, las empresas forestales y de hidrocarburos sobre las recursos naturales que mantienen su modo de vida ancestral. El encuentro se realiza hasta el jueves en Buenos Aires con el lema “somos vida, somos tierra, queremos justicia”. Antes de la reunión en la Corte Suprema, Página/12 se reunió con referentes indígenas del Gran Chaco para repasar reclamos y reivindicaciones.

“No podemos vivir peleando unos con otros. Pero hasta ahora los derechos indígenas fueron vulnerados. Por eso, aquí estamos las autoridades originarias de los pueblos de las tres naciones para solicitar a los gobernantes y los magistrados que cumplan con la ley para que podamos recuperar nuestros territorios, nuestra autoestima, nuestra identidad cultural, orgullosos de la herencia de los antepasados y no ya avergonzados como antes”, indicó el referente guaraní Quintin Valerosa Cuellar, dejando escapar el aroma a coca que trajo desde Yacuiba, Bolivia.

La bolsita de hojas de coca corre y la toma el cacique wichí Dino Salas, que llegó desde la localidad salteña de San Ignacio de Loyola para encabezar mañana la reunión con Ricardo Lorenzetti. En el encuentro, los dirigentes llevarán su preocupación por “la excesiva lentitud en los procesos judiciales y administrativos” en temas como el “genocidio étnico” que sufre el pueblo toba en El Impenetrable chaqueño y los desmontes ilegales en la provincia de Salta, problemáticas por las que la Corte Suprema ya se expidió en 2007 y 2009, respectivamente. “A pesar de la declaración de la Corte Suprema de parar el desmonte en cuatro departamentos, venimos a solicitar que se resguarden a las familias que, aún hoy, están amenazadas por desalojo en sus tierras ancestrales”, apuntó Salas.

La demora en el incumplimiento de una orden de la Corte Suprema desató entre los referentes del Gran Chaco el reclamo por la aplicación de las legislaciones nacionales e internacionales que aseguran los derechos preexistentes de los pueblos originarios (ver aparte). Por eso, el coordinador del programa trinacional, Alipio Valdez, indicó que “no hay por parte de los gobiernos un reconocimiento que se traduzca en la titularización de los territorios y las tierras de los pueblos siguen estando sujetas a la expansión de las empresas agropecuarias, forestales y petroleras”. Además, Valdez subrayó que “en el Chaco (Americano) el problema es más grave porque sigue siendo una región marginal para los tres estados”.

Por la riqueza natural que ubica al Gran Chaco como quinta prioridad entre los hábitats más significativos en recursos genéticos y diversidad biológica, según un estudio del Banco Mundial, las actividades extractivas de los recursos naturales se extienden en los tres países. “En ninguno de los tres países los gobiernos consultan a los comunidades antes de que las empresas entren a desmontar para plantar soja, realizar pozos petroleros o comprar tierras para el ganado. Como dicen los políticos, ‘la torta tiene que ser repartida’. El pueblo indígena busca su economía y los gobiernos tienen que facilitárselo”, sentenció Sixto Codutti, representante del pueblo toba de Pampa del Indio, Chaco. “No estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de ningún beneficio que pueda alcanzar a toda la humanidad, pero sí estamos en contra de que no se respete a la Madre Tierra”, aclaró Cuellar, para los escépticos.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-144264-2010-04-21.html

Estará bueno cuando lo cumplan

Legisladores de la oposición consideraron que el proyecto anunciado por Santilli es un paso hacia el cumplimiento de la Ley de Basura Cero. Pero sostienen que eso demuestra que la ley no se cumplía. Dudan sobre la contratación directa y los sobreprecios.


Sociedad-Página/12, 12 de abril de 2010.- Después del anuncio del ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, sobre la implementación de un modelo de doble recolección de residuos que hará hincapié en la separación domiciliaria de la basura, la “contenerización”, la inclusión de cooperativas de cartoneros para reciclar los residuos secos y la reducción de basura enterrada, tres legisladores porteños en diálogo con Página/12 indicaron que de cumplirse lo anunciado sería un “avance” en acuerdo con la Ley de Basura Cero. También resaltaron que por parte del gobierno macrista significó reconocer que en lo que va de la gestión “la política de residuos se estuvo haciendo al revés”. Además alertaron sobre la intención del ministro de avanzar en una contratación directa con la concesionaria hasta que tomen la posta los ganadores de la nueva licitación. “Ante un gobierno que reconoció pagar sobreprecios para la recolección de basura, ¿cómo podemos estar tranquilos?”, aseguró Martín Hourest, legislador por Igualdad Social.

El nuevo modelo de recolección de residuos anunciado por Santilli tiene como primera novedad la iniciativa de la separación de residuos entre húmedos (orgánicos o no reciclables) y secos (materiales reciclables como papel, vidrio o cartón). Para el legislador Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) la propuesta significa que el gobierno macrista “está reconociendo que no se cumple con la Ley de Basura Cero” en la que se contemplan metas de reducción de residuos destinados a rellenos sanitarios. “Se perdió tiempo. Hace un año y medio, la Legislatura le propuso a (el ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo) Piccardo la separación de residuos”, resaltó Epszteyn.

En ese sentido, el legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) indicó que “la gestión macrista dio marcha atrás con los avances de ‘contenerización’ y separado logrados por la gestión de (Jorge) Telerman, y año a año se ha incrementado la cantidad de basura enterrada, a contramano de la Ley de Basura Cero”. Además, Abrevaya consideró saludable la decisión de desistir a la propuesta de Piccardo de pagar la recolección por kilo y continuar haciéndolo por zona limpia porque, “si no, chau separación de residuos”.

Con respecto a la construcción de más centros verdes donde, según lo anunciado por Santilli, cooperativas de cartoneros trabajarán sobre el material reutilizable, Abrevaya lo respaldó, ya que “está en el sentido de la Ley de Basura Cero”. Por su parte, Epszteyn indicó que será “importante por la integración social”, y resaltó que deberá haber un fuerte trabajo de capacitación por parte del gobierno para cumplir con las necesidades previstas por la ley. De lo anunciado por el ministro de Ambiente, Hourest resaltó que “está bien regular la recolección y limpieza, pero hay que hacerlo en el marco de una política de disposición final que hasta hoy es una incógnita”.

El punto fuerte de discusión continúa sobre el trabajo de las empresas de limpieza que se encargarán de la recolección de residuos húmedos. El primer debate a resolver girará en torno de la propuesta de Santilli de realizar una contratación directa entre el plazo de vencimiento de la prórroga de la actual licitación (19 de junio) y la entrada en vigencia de los nuevos prestadores, que podría ser en agosto de 2011. “Es preocupante la contratación directa del gasto más importante que tiene la ciudad (cercano al 10 por ciento del presupuesto) y responde a la improvisación con la que se manejó”, sentenció Epszteyn.

En referencia al nuevo proyecto –cuyos pliegos dará a conocer Santilli este miércoles–, que prevé contar, además de tres zonas explotadas por las empresas, un área testigo a cargo del Estado, Hourest indicó que deberá darse un proceso que permita “refuncionalizar el papel del Ente de Higiene Urbana. De otra manera, la zona testigo no servirá para realizar un análisis de costo serio”.

Informe: Nahuel Lag.

Semillas en mano, guerrilleros artísticos luchan por la cultura libre.-

Artistas, programadores y vecinos recorren las calles en bicicleta bombardeando canteros, baldíos y alcantarillas abandonadas con semillas de vegetales que consumen. Se trata de la “GuerrillaHuerta” realizada por Articultores, un movimiento artístico, pero sobre todo un proyecto social, una manera de pensar y de actuar que apunta a promover la libre cultura, el desarrollo sostenible y el libre tránsito por "la tierra, que es de todos", según compartió con Agencia NAN Judith Villamayor, la impulsora de la idea.


Por Nahuel Lag
Fotografía gentileza Articultores

Buenos Aires, abril 7 (Agencia NAN-2010).- Bombardeos, operativos, ataques. De eso se encarga la “GuerrilaHuerta”. Las bombas son de arcilla, tierra y semillas. Los ataques, a canteros, baldíos y alcantarillas abandonados y olvidados entre el tráfico y los edificios. Los operativos son realizados por artistas, programadores y vecinos que, en bicicletas, recorren las calles con el único objetivo de sembrar la ciudad de alimentos no tóxicos. Articultores es el proyecto social artístico detrás de la iniciativa que avanza uniendo voluntades de individuos y colectivos de acuerdo a un “estilo de vida”, con acciones que promuevan la libre cultura, compartiendo conocimientos a través del software libre; el desarrollo sostenible, retornando a los alimentos orgánicos; y el libre tránsito, entendiendo que la tierra es de todos y los inmigrantes son “invitados”. La red virtual y real tuvo su primera puntada en la propuesta de realizar una exposición, a la que se le sumaron los talleres de software libre y huerta, y las performances de las que se puede participar hasta el 30 de abril en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (Cceba, Florida 943), y en la Galería Appetite (Chacabuco 551).

Articultores comenzó su fase de investigación y coordinación en la convocatoria a colectivos e individuos que trabajaran sobre las temáticas de software libre, alimentos orgánicos e inmigración en agosto. Las tres pautas del proyecto social se encuentran al “pensar en la acciones y las elecciones que uno realiza en su vida”, explicó Judith Villamayor en diálogo con Agencia NAN. “Una persona puede considerarse 'progre' por utilizar software libre o por consumir alimentos orgánicos, y discriminar a un paraguayo que se mudó cerca de su casa. Entonces, lo que no está entendiendo es que la tierra es una sola, que la alimentación es para todos. La propuesta es pensar cada plano de la vida con una coherencia”, sostuvo.

Ese es el espíritu del proyecto social que inició la artista de Bahía Blanca a partir de la propuesta del Cceba y que desde diciembre comenzó con los primeros talleres de software libre y huerta en la galería Appetite de San Telmo. Pero fue a principios de marzo que Articultores desembarcó en la sede del centro español, con una marcha de artistas vestidos con el papel metálico que se utiliza para aprovechar la luz en favor de las huertas y con pancartas de remolachas, tomates, zapallos y demás verduras.

Para Villamayor, el avance del proyecto social es su manera de hacer arte. “La exposición no es el fin. Sí lo es el proyecto social, que no es material sino que se concreta cuando dos o más persona comienzan a debatir y a tomar acciones por el desarrollo sostenible, la cultura libre y el libre tránsito. ¿Por qué lo considero arte? No me interesa pensarlo. Ya gasté neuronas en pensar por qué soy artista y qué pienso del arte. Lo demás son consecuencias. Después hay muchas opiniones que apuntan a qué cosa o no es arte, y personas que se dedican a estudiarla. Lo mío es una decisión personal de elegir un camino como artista, y entiendo que nadie más que yo me va a dar la validación de saber que soy artista. Lo que hago está en ese camino. Hay gente que pinta, que hace performances y que hace proyectos sociales. Es una manera más de manifestar lo que uno hace como artista", resumió la impulsora de Articultores.

Apenas cuatro meses tardó el proyecto social en dar su primer fruto, la llamada “GuerrillaHuerta”. La creación se generó de manera espontánea en el primer taller sobre huerta en Appetite. El encuentro consistía en compartir cómo generar una bola de arcilla y tierra que lleve dentro las semillas de los alimentos que consumidos (invento del agricultor japonés Masanobu Fukuoka para participar en la producción con la menor intervención posible del hombre en la naturaleza). Terminado el taller, pasaron quince minutos para que los presentes acuerden que “había que tirarlas”, y cuatro días para los primeros ataques. Desde entonces, los articultores empezaron a registrar lugares para llevarlos a cabo, desde un baldío hasta la canaleta de un puesto de diario. Luego, cada bombardeo fue señalado en un GoogleMap que no para de recibir marcas.

En cuatro meses, la “guerrilla” viajó desde San Telmo a Remedios de Escalada, La Plata, Bahía Blanca, Pergamino, Rosario, Córdoba y Río de Janeiro, entre tantos otros espacios. “En cinco minutos tirás las semillas y quedás en un estado de ansiedad inmenso. El activismo produce adicción y, saber que con muy poco esfuerzo podés cambiar el medio ambiente en el que vivís, te lleva a hacer más”, reseñó el fenómeno Villamayor. Además de cambiar el paisaje de la ciudad, las huertas generan la incógnita respecto de quién las va a cosechar, pero también desafía a la concepción de la propiedad privada que adquiere lo que uno produce, sea una verdura o un software.

Sin embargo, a partir de los talleres de software y hardware, los grupos que se acercaron a Articultores (Re:farm the city es uno de ellos) comenzaron a crear sistemas de acompañamiento, para los huertos que se expanden por las ciudades, y de control por goteo, con placas, tubos y botellas que se pueden ver en el Cceba. No obstante, según confiesan los programadores, “no hay nada mejor que salir con las semillas a la calle y esperar que llueva”.

El sentido de compartir acuñado desde el software libre se traduce en el acceso a los conocimientos de los contenidos que brinda cada taller que se realiza desde el Cceba o la Appetite, que son transmitidos a través de la web de Articultores. El compartir también estará presente en el Festival de Performance Tejiendo una Red Real y Virtual Sostenida por la Acción, que comienza hoy en Appetite. Con la coordinación del grupo Zonadeartenacción, todos los días un artista realizará una performance con redes de material biodegradable para la posterior germinación de semillas. Por ejemplo, el viernes 23, la performance será virtual, con los artistas Rosen Murúa desde Santiago de Chile y Jorge Restrepo desde Colombia.

Cuando la muestra llegue a su fin, el crecimiento de la planta Articultores ya no podrá podarse y el futuro estará en respaldar “cualquier brisa de activismo”, apuntó Villamayor. Talleres y reparto de bombas semillas en el Festival de Cine por los Derechos Humanos, visitas a las “GuerrillaHuertas” formadas en todo el país y un intercambio en ciudades de España, como Barcelona, San Sebastián o Lavapiés, donde Articultores tiene su otra raíz. “El lugar físico para las acciones no es importante. Tiene que quedar claro que no se necesita más que las ganas de una persona para hacer una acción. Articultores es un movimiento, una manera de pensar”, subrayó la artista.

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Reclamo por Marita Verón

Sociedad-Página/12, 6 de abril de 2010.- A ocho años de la desaparición de Marita Verón en Tucumán, familiares de mujeres secuestradas por las redes de trata y diputados nacionales se reunieron en la Cámara de Diputados para acordar puntos de avance en la agilización de las causas y una modificación en la legislación de trata que evite la revictimización de las mujeres explotadas, aumente la pena a los proxenetas y establezca el delito como de lesa humanidad. Más tarde, se realizaron actividades en plaza Congreso y una nueva marcha “por las mujeres y niñas desaparecidas y secuestradas en democracia por las redes de trata para la prostitución”, organizada el día 3 de cada mes, desde hace tres años, por la Casa del Encuentro.

“El caso de mi hija ha desnudado la problemática de la trata en Argentina; cuando comencé a denunciar la desaparición de mi hija nadie se animaba a hablar ni a denunciar. En la actualidad, estamos entre los pocos países de América latina que tiene una legislación contra la trata por lo que se ve un avance, pero necesitamos más compromiso porque es un delito complejo que viola los derechos humanos”, resumió Susana Trimarco, madre de Marita Verón, en diálogo con Página/12.

Después de ocho años, la causa judicial por Verón se elevó a juicio oral, pero todavía no hay fecha para su inicio. De las 25 personas que fueron procesadas, trece de ellas fueron notificadas como imputadas para al juicio oral. Las restantes fueron sobreseídas, pero la querella apeló la medida.

Informe: Nahuel Lag.

Cuatro disparos por un celular

Sociedad-Página/12, 1 de abril de 2010.- Ayer terminó la declaración de testigos ante el Tribunal Criminal Nº 2 de San Martín, que tiene en el banquillo al policía bonaerense Alberto Carrizo, acusado de fusilar a Gustavo Mareco, de 16 años, en la noche del 16 de abril de 2008, luego de arreglar un encuentro para que el chico le regresara un celular. Los dos testigos claves fueron los amigos del adolescente que vieron cómo aquella noche el policía, luego de insistirle en encontrarse sobre un puente a pocos metros del barrio del joven en Los Polvorines, lo tomó del brazo y le disparó a corta distancia. La versión de Carrizo sobre que el disparo tuvo su razón por la amenaza de cuatro hombres armados no fue confirmada por ningún testigo. El lunes comenzarán los alegatos. La querella representada por la Correpi adelantó que pedirá cadena perpetua por “homicidio agravado”.

“Amigo, ¿quién sos?”, se escuchó desde un teléfono Nextel, mientras Gustavo jugaba con dos amigos, una chica de 16 y su hermano de 15, con el aparato que él había encontrado. La voz era del oficial de la bonaerense Alberto Carrizo que después de intercambiar algunas palabras con Gustavo le ofreció 500 pesos para recuperar el celular, según declararon los jóvenes en el juicio. El aparato pertenecía al cuñado de Carrizo, que le había comentado sobre el robo que sufrió pasada la medianoche.

Después de arreglar el encuentro sobre el puente de las vías del ferrocarril, a 300 metros de la estación Adolfo Sordeaux, y a pocos metros de la casilla de los amigos de Gustavo, el joven comenzó a subir el terraplén para llegar al lugar y conseguir la recompensa. “Vení, amigo, no pasa nada”, fueron las palabras de Carrizo, según los testimonios de la amiga y una vecina que permanecía despierta escuchando la situación. Después, Gustavo estiró la mano con la que sujetaba el celular, el policía lo sujetó y, según la acusación, le disparó en la cabeza. Los dos chicos gritaron, los perros ladraron, los vecinos –entre ellos la prima de Gustavo– salieron a ver qué pasaba. Según la vecina, Carrizo realizó dos disparos más y huyó. Una de las vainas la encontró la policía y las pericias confirmaron que eran de la 9 milímetros de Carrizo.

Varias horas después, el policía realizó la denuncia en la comisaría de Beccar, donde él trabajaba. Su versión indicaba que cuatro hombres lo amenazaron con armas de fuego sobre el puente y realizó un disparo para defenderse. Sin embargo, ninguno de los cinco testigos presentados por la defensa pudo dar cuenta de ese hecho. Sólo un testigo menor de edad declaró que el amigo de Gustavo le confesó que el adolescente amenazó a Carrizo con un arma. “Gustavo en una mano tenía el celular y la otra le quedó atrofiada luego de un accidente”, aclaró María del Carmen Verdú, abogada de la familia.

El lunes comenzarán los alegatos y los lineamientos de la fiscalía y la querella y coincidirán en el pedido de homicidio. Si el tribunal condena a Carrizo, la querella también pedirá que la condena se haga efectiva, quitándole el privilegio de la detención domiciliaria de la que el policía goza hace un año.

Informe: Nahuel Lag.