“Para nuestra identidad hay que reconocerlos”

Dina Picotti, doctora en Filosofía y especialista en estudios afroamericanos, explica en esta entrevista la necesidad de reconocer a los afrodescendientes. Menciona los mitos que existen sobre ellos y las causas de su invisibilización.

Por Nahuel Lag

“¿Usted o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano?” Por primera vez, un censo nacional contará con la pregunta que permitirá dar cuenta de la tercera raíz identitaria de los argentinos, además de los pueblos originarios y de los europeos, que los trajeron como esclavos. Los censos de 1869, 1887 y 1895 contemplaron consultas por etnia, pero nunca de manera específica para los africanos o afrodescendientes y, desde entonces, se dio lugar a la invisibilización. “Desconocer a los afrodescendientes en el país es no reconocer nuestra identidad, es negarnos”, sentenció Dina Picotti, doctora en Filosofía, autora del libro La Presencia Africana en Nuestra Identidad y creadora de las especializaciones en Estudios Afroamericanos e Indoamericanos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

Las guerras internas posteriores a la Revolución de Mayo, la del Paraguay, entre 1865 y 1870, y la epidemia de fiebre amarilla en 1871 son argumentos históricos para sostener la supuesta ausencia de afrodescendientes en el país. “Aunque muchos negros murieron con las pestes y las guerras, porque vivían en las peores condiciones, muchos otros se mestizaron y están presentes. Esas afirmaciones simplistas pretenden ocultar la presencia `afro’ en nuestra población y nuestra cultura”, aseguró la directora de la Especialización en Filosofía Política y docente de Filosofía Política de la Cultura de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Una prueba piloto censal de captación de afrodescendientes realizada por el Indec y la Untref, con el apoyo del Banco Mundial, en 2005 en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe estimó que en la Argentina alrededor de dos millones de personas tienen ascendencia africana. “En el país, se utiliza el término ‘criollo’ para designar a los mestizos de europeos y pueblos originarios, pero hay muchos ‘zambos’ del mestizaje con el negro, con rasgos muy visibles todavía como la tez más oscura, el cabello rizado, ciertos rasgos en el rostro, por ejemplo los labios anchos, y el cuerpo”, resaltó la filósofa, de activa participación en el Movimiento de la Diáspora Africana en Argentina.

–¿Fue el modelo educativo del “ser nacional” impuesto en la década de 1880 el camino hacia la invisibilización de esas culturas presentes en nuestra identidad?

–Al conformarse los estados nación en el continente, intentaron a través de la educación alcanzar una homogenización ciudadana, haciéndolo sobre el modelo “civilizatorio”. Si bien no se justificaba era, en cierto modo, comprensible en ese momento. Lo que no es compresible es, como pedía Juan Bautista Alberdi, que no hayamos sabido adecuar luego nuestras instituciones a las exigencias de la población. Esa tarea requiere conocer y reconocer todos los factores que constituyen nuestra identidad, pero tenemos interiorizados modelos normativos que impiden o al menos obstaculizan percibir y valorar esa diversidad, ver “lo otro”.

–¿Cómo se traduce la invisibilización de lo “afro” en los estudios universitarios?

–Los programas de estudio de las universidades argentinas no son muy diversos a los programas de estudios europeos. No suele pensarse desde aquí, al menos en la dimensión en que debiera hacerse. En algunas universidades aparecen programas de estudios latinoamericanos, pero sea en grado como en posgrado los estudios africanos o afroamericanos no existen o sólo se dan en escasa medida. En Argentina, la historia africana está ingresando como novedad, pero aún no forma parte constitutiva de los estudios.

–¿Qué significaría continuar el camino del no reconocimiento?

–Cuando una persona no se reconoce en su propia identidad no podrá ser nunca nadie, será “copia de”. Cuando las personas y los pueblos no se reconocen a sí mismos, se niegan los propios recursos. Con respecto a la invisibilización de la presencia africana entre nosotros, además de falta de verdad, se trata de autonegación, con referencia a culturas como las negras que son muy fuertes, muy interesantes y valiosas y que, a pesar de todo lo sufrido, siguen vivas. No sólo es necesario registrarlas sino valorarlas.

–Una de las cosas que se le reconocen a la cultura “afro” es la influencia musical.

–Su influencia musical no se da sólo en el tango, el malambo o el candombe, sino que todo nuestro folklore tiene el ritmo básico de 2 por 3, que caracteriza a la música negra. Además, candombe, zamba, tango son palabras de origen bantú, una familia de lenguas que se extiende desde el centro al sur de Africa, de la que eran portadores los esclavos africanos que en mayor cantidad llegaron al país. Para las culturas negras el ritmo musical es el ritmo de la vida, se danza como se vive.

–¿Y cómo eran los africanos que llegaron como esclavos al país?

–Ellos traían de sus lugares de origen una concepción comunitaria muy fuerte. Se nuclearon en cofradías, naciones y sociedades de ayuda mutua, tuvieron sus propios diarios. El sentido comunitario africano se diferencia mucho de la noción individualista moderna europea, para la que se hace necesario un pacto a fin de alcanzar la organización política. Tal sentido aportaría un elemento muy importante en una época en la que hay que repensar lo político en crisis.

–¿Otra enseñanza a rescatar?

–La concepción de vida en las culturas negroafricanas es la de formar parte de la naturaleza y convivir en armonía. Una concepción que aportaría mucho a la preocupación ecológica contemporánea y tanto más relacionada con el modo de pensar de los pueblos originarios que con las ideas adoptadas de la modernidad europea. Los africanos en sus panteones religiosos incluían deidades indígenas porque reconocían que no estaban en su propia tierra, sino que habían sido traídos aquí. Son pueblos que más fácilmente se comunicaban entre sí. El politeísmo que se les atribuía procedió en realidad del malentendido de una antropología eurocéntrica, dado que lo sagrado es único para todo pueblo, aunque se simbolice a través de diversas formas.

–Entonces, ¿qué importancia tendrá el registro de los afrodescendientes durante el censo?

–Significará una mayor igualdad ciudadana, un reconocimiento de los afrodescendientes como ciudadanos, una vía de apertura para superar una negación que se practicó hasta la actualidad. El registro de los argentinos afrodescendientes y la situación social y económica en la que viven pondrá atención sobre los problemas de documentación, de trabajo y de discriminación que aún sufren. La población negra continúa viviendo en las peores condiciones en todo el mundo.

–¿Y en lo simbólico?

–En los primeros censos no se preguntaba por el origen étnico de la persona y si las personas negras estaban en una buena posición económica se las anotaba como blancos o pardos. Esta inclusión permitirá que los que tengan procedencia “afro” comiencen a reconocerse y que la población argentina pueda valorar esa parte de su identidad.

–¿En qué se observa que la discriminación continúa presente?

–En el lenguaje, por ejemplo, se mantiene una forma, a menudo inconsciente, de discriminación. Se continúa diciendo “morocho” y no negro, lo que es un eufemismo. También hay expresiones del tipo “trabajé como un negro”. Esos clichés están presentes porque en algún momento se formaron para rebajar al negro y justificar lo injustificable: ningún ser humano puede ser reducido a servidumbre.

–¿Puede haber falencias en el autorreconocimiento de las personas como afrodescendientes?

–El modelo de hombre blanco europeo es el que se impuso hasta el momento, y lo que no obedece a ese modelo está desvalorizado. Ese tipo de colonización, presente en la sociedad, influye en que muchas personas no quieran reconocer lo que son. Por eso, son muy importantes las campañas de concientización y las conferencias de prensa previas al censo que realizaron las agrupaciones de afrodescendientes, en conjunto con el Indec y el Inadi, para sensibilizar a la población. Hay que resaltar el valor de percibir la propia identidad.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-155656-2010-10-25.html

La estrategia del caracol

Viven en hoteles e inquilinatos, pero los subsidios habitacionales no se están pagando en el Gobierno de la Ciudad. Página/12 ya reveló que la Subsecretaría de Desarrollo Social directamente cerró por falta de plata. Aquí, las historias de quienes pueden terminar en la calle de un día para otro.

Por Nahuel Lag.

Sociedad-Página/12, 20 de septiembre de 2010.- El 7 de septiembre un grupo de familias integrantes del Encuentro por el Derecho a Vivir en la Ciudad –que nuclea a 30 hoteles e inquilinatos que alojan a alrededor de 500 familias en peligro de desalojo– se concentraron en Pavón y Entre Ríos frente a la Subsecretaría de Desarrollo Social para reclamar el incumplimiento y las demoras en la asignación y el pago de los subsidios habitacionales a cargo de la Dirección General de Asistencia Inmediata. Un día más tarde, como ya informó este diario, la respuesta fue el cierre del edificio. Sin saber con precisión cuándo volverá a atender.

“Ya es sistemático, cuando a la ministra (de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal) no le alcanza la plata, baja la ventanilla. Esta es una cuestión de interés político, no puede ser que dejen a la gente en la calle y que sea una odisea conseguir el subsidio cuando el presupuesto está subejecutado”, sentenció Rocío Sánchez Andía, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Este diario intentó comunicarse con el titular de Asistencia Inmediata, Pablo Díaz, pero no encontró respuesta.

De acuerdo con un informe de la Comisión de Vivienda, con datos de la cartera social, en los dos primeros años del gobierno PRO, fueron desalojadas diez familias por día.

Página/12 se acercó a los hoteles –que funcionan como viviendas– e inquilinatos, donde los contratos de alquiler son una excepción, para conocer de cerca las historias de tres mujeres que duermen con la amenaza del desalojo y el sueño de la solución habitacional definitiva.

Lejos de casa

Hasta hace unos meses, Gilda vivía junto a su hija, sus dos nietos, y su yerno en una pieza de dos por tres, con un sobrepiso que habilitaba un espacio más, a un metro del techo, para que durmieran sus nietos, nacidos lejos del Perú natal de la familia. Por estos días, está sola: “Mi hija se fue de la ciudad porque tenía miedo por los niños”.

En realidad, tiene una compañía que hacina. En Lavalle al 3300, Abasto, una puerta pesada de chapa es el ingreso para 25 familias al complejo de piezas que funcionan como comedor-habitación-cocina, armadas con divisiones de durlock sobre la estructura de un antigua casa chorizo. El patio es un largo pasillo que comunica las entradas de las “casas”, hechas de sábanas. En el medio, un cuartito esconde dos duchas para todos los inquilinos y la única canilla de donde sacar agua.

Hasta julio, cuando llegó una carta documento del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 98 con la fecha de desalojo, los vecinos pagaban hasta 350 pesos por habitación, sin contrato que lo avalara. Frente a la amenaza del desalojo, Gilda se acercó a Pavón y Entre Ríos.

La mujer había viajado a Perú durante el verano para visitar a su padre enfermo y, según ella, “no le podían dar el subsidio por haberse ido del país”. La única cláusula del Programa de Emergencia Habitacional cercano al argumento por el que le negaron el subsidio es el que obliga a los beneficiarios a tener dos años de residencia en la ciudad. La condición era de un año hasta que el macrismo la modificó en 2008.

Gilda vive hace 15 años en la ciudad. Llegó para trabajar acá y enviar dinero a sus dos hijos para que terminen su educación. “En el Perú no había trabajo, lavaba ropa en la calle y el sol (la moneda peruana) se había devaluado. No podía comprar ni una mazamorra”, recuerda. Para cumplir su objetivo se metió en una “agencia de trabajo” en la que la enviaban a limpiar casas en el día y por la noche le daban una cucheta para dormir por 300 pesos al mes. Como era mucho compartía la cama con otras mujeres.

Después alquiló una casilla y tuvo que aceptar que su hija dejara los estudios para trabajar con ella en una fábrica de almohadas. “Espero que nos permitan acceder a una casa digna. Acá todos trabajamos”, asegura como si tuviera que justificarse. Volvió a cocinar para ganarse la vida. A la noche, entre las ollas, las hornallas y la cocina hará lugar para el colchón.

Por las malas

Estela Urquiza permaneció varios minutos abrazada a su hija, de 11 años, mientras un integrante del Grupo Especial de Operativos Federales (GEOF) le apuntaba con un arma a la cabeza. Las dos estaban sobre la cama matrimonial que apenas cabe en la habitación de dos por cuatro en la que viven junto al papá. Los tres llegaron hace cinco años al Hotel El Cid, de Constitución, “en plan transitorio”, después de que la crisis de 2001 achicara las posibilidades de trabajo y anulara las de pagar el alquiler del departamento.

Allí sobreviven 40 familias, algunas desde hace 20 años. Hasta el año pasado, pagaban hasta 600 pesos por una pieza donde la mesita de luz se usa para comer y donde la humedad es la reina del hogar. Sin embargo, desde entonces enfrentan una causa por “usurpación”. Según los vecinos, los problemas comenzaron cuando la antigua dueña se fue y la reemplazó Carmelo, un hombre que en las reuniones de conciliación en la Justicia aseguró regentear varios hoteles. “Las cosas van a cambiar, vamos a desalojar a todos”, fue la carta de presentación del nuevo encargado, aseguran los vecinos.

Los encargados del operativo del GEOF no presentaron ninguna orden de expulsión aquella noche. “Los chicos quedaron con miedo y los más grandes tememos salir a la calle y no encontrar nada al volver”, cuenta Estela, mientras camina por el patio central del hotel de tres pisos, donde en la noche de la represión “los adolescentes fueron acostados boca abajo y los palos de escoba fotografiados como armas”, recuerda.

En la causa registrada en el Juzgado N° 7 en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad, el fiscal había solicitado el “desalojo preventivo” o de “restitución anticipada” contra los inquilinos, sin permitir su legítima defensa. La medida fue apelada y los vecinos continúan resguardados con el respaldo de organizaciones como el Serpaj.

“No podemos permitir que nos saquen a la calle. El fiscal me recomendó que me vaya por mi nena: ‘¿Voy a agarrar todas mis cosas y me llevás a tu casa?’ le respondí. Se creen que es un capricho nuestro, no se dan cuenta que no tenemos dónde ir”, se desquita Estela.

En un año de negociaciones, la causa pasó por tres juzgados de la ciudad, y no hubo acuerdo en la mesa de diálogo con el gobierno porteño. Los inquilinos no quieren recibir el subsidio habitacional de 700 pesos, ni el monto de los diez meses contemplados por el programa, en un solo pago. “No alcanza para pagar una habitación de hotel y, además, cuando se termina el subsidio estás de nuevo en la calle. Queremos que nos permitan entrar en un plan de pago para tener un techo digno y definitivo”, reclama Estela.

Eterno retorno

“¡Apurate, no tenemos todo el día para vos!” Con esa invitación, un policía de la Federal le daba el ultimátum a Angela Chavarry para irse del hotel Carlos Gardel, en Tucumán al 2200. Junto con ella, 50 familias más fueron expulsadas a la calle, y allí recién se les entregó la orden de desalojo. “Ponían mis cosas en bolsas y las arrojaban por las escaleras. Los muebles se los llevaron en un flete a un depósito judicial y no los pude recuperar”, rememora Angela.

Antes del 8 de julio pasado, las familias habían presentado un amparo ante el juzgado competente para que el gobierno porteño los asistiera. El Ministerio de Desarrollo Social pidió una prórroga de 15 días para responder a la solicitud, con el repetido argumento “no hay plata”. Con la prórroga cumplida llegaron los palos y los fletes. “El gobierno no nos ayudó. Al final del día, un asistente social me ofreció ir a dormir a un parador separándome de mi esposo. Lo rechacé y me ofreció un subsidio que todavía no pude cobrar”, denuncia Angela.

Las primeras semanas durmieron en el local de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), amontonados con otras doce familias desalojadas. Mientras tanto el CIBA le consiguió una pieza en otro inquilinato de Caballito. “Si no fuera por la ayuda que recibí de la organización, estaría durmiendo debajo de un puente”, agradece. Otras diez familias viven en las habitaciones del inquilinato, una antigua casa que en el fondo alberga otras construcciones precarias de madera de pino. Hace tiempo que el antiguo dueño dejó de cobrar los alquileres y vendió el terreno con los habitantes adentro. Ahora, una empresa constructura espera el desalojo que tramita en el Juzgado Nacional en lo Civil 96.

Hoy Angela cuida a su niña, que sufre del corazón, y pasa el día sola con los perros que impregnan de olor el inquilinato, mientras los vecinos van y vuelven de sus changas y su marido de una obra en la que le pagan 50 pesos por día en La Plata. “Otra vez esperando un desalojo. Si nos echan de acá, ¿dónde vamos a ir? En las noches me levanto, miro la puerta y me vuelvo a acostar. No sé cuándo van a llegar.”

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-153446-2010-09-20.html

Vivir en demolición

Por N.L

En Chile 1227, un antiguo edificio de dos plantas está hueco como si fuera el depósito de un barco de ladrillos. Sin embargo, un albañil de la obra no se encarga de remover los escombros sino que controla la entrada. “Lo puso el nuevo dueño, para controlar el movimiento en la casa.” La sospecha es de Mirta González, la inquilina del departamento 4. Para llegar a su casa hay que recorrer todo el pasillo que debería conducir a los departamentos de la planta baja, de los cuales sólo queda la estructura y algunos caños a la vista, y después subir las escaleras.

En el departamento, el piso se hunde sobre una de las esquinas del comedor, los azulejos del baño se rompieron el día que se desprendió el tragaluz por los sacudones de la demolición. Mirta vive allí con sus dos hijos desde 2005, cuando firmó un contrato de alquiler con vencimiento en agosto 2008.

“No hace falta firmar un nuevo contrato, son buenos inquilinos”, reprodujo Mirta las palabras del hombre que le alquilaba el departamento. Ella siguió pagando sin contrato hasta agosto de 2009, cuando el dueño no llegó más a cobrar. “En septiembre me llegó una carta documento de desalojo por adeudar los pagos de abril a agosto”, contó indignada, mientras mostraba el documento con la intimación del supuesto nuevo dueño. El dueño había vendido el edificio con los inquilinos adentro y el nuevo propietario intenta desalojarla. Desde entonces, algunos vecinos comenzaron a irse, “uno de ellos arregló con el nuevo dueño, pero a mí nunca vinieron a hablarme”.

Desde marzo comenzaron a llegar los albañiles para demoler. Ya no queda mucho, y el departamento de Mirta casi flota en el aire. Donde estaba el departamento tres, espera para ser colgado en la fachada el cartel de una empresa constructora que anuncia oficinas.

“En Desarrollo Social se niegan a darme el subsidio. Me piden mil papeles y después me dicen que no son válidos”, apuntó Mirta. Desde que llegó de Salta, hace más de 20 años, trabajó limpiando casas, pero desde que se lesionó el brazo, luego de caer por las escaleras por enredarse en un alambre que quedó de la demolición del departamento cinco, no tiene fuerza ni para pelar una papa.

“En los hoteles no aceptan a familias con chicos, te cierran las puertas y un departamento es imposible, ¿dónde voy a conseguir un garante? Estoy atrapada”, aseguró. Aguantó las lágrimas, el perro corría por todo el departamento, miró las cajas de madera con algunas de sus pertenencias embaladas: “Me voy preparando, dicen que para el desalojo llegan sin avisar”.

Marcos legales del desalojo

- Mañana los legisladores de la oposición Rocío Sánchez Andía, Tito Nenna, Julio Raffo, María América González y Laura García Tuñón presentarán un proyecto para prorrogar la Ley de Emergencia Habitacional, ya prorrogada y con vencimiento en noviembre. La ley rige en la ciudad desde 2004; todos los gobiernos vetaron el artículo que suspende los desalojos de los inmuebles pertenecientes al Estado porteño, con uso para vivienda. Los legisladores presentaron otro proyecto para revertir el veto a la suspensión de los desalojos.

- De acuerdo con un informe de junio de la Defensoría General de la Ciudad, el gobierno porteño impulsó, entre 2008 y 2009, 96 de-salojos administrativos. Entre 1997 y 2007, se habían realizado 22.

- En mayo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró inconstitucionales dos artículos del decreto 960/08 sancionados por el gobierno PRO que restringía el subsidio de Emergencia Habitacional. Una de las modificaciones introducidas por el decreto que modificaba al 690/06, que exigía situación de calle “efectiva y comprobable”. Las organizaciones denuncian que aún no se cumple con el fallo del TSJ.

- Desde 2008, la competencia en materia de delito de usurpación pasó de manos de la Justicia Nacional a la de la Ciudad. De acuerdo con el artículo 335 del Código Procesal Penal de la Ciudad el juez o el fiscal pueden ordenar la restitución inmediata del inmueble presuntamente usurpado. La Defensoría General advirtió que la medida permite restituir el inmueble “privando de toda objetividad e imparcialidad el procedimiento y anulando la garantía de la defensa en juicio”.

Los números de la discordia

Durante el primer año del PRO, según un informe de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, a partir de datos de la cartera social, hubo 3306 familias desalojadas, a un promedio de 10 familias por día, número que no se redujo en 2009. Para 2010 no hay datos oficiales sobre desalojos, pero el programa de Asistencia a Familias con Alta Vulnerabilidad Social tiene una población destinataria de 10.800 familias a ser asistidas. Dentro de este universo de familias están las que ya se encuentran desalojadas, las que están en situación de calle y las que continúan recibiendo un subsidio ya otorgado.

“El gobierno porteño debería realizar una estadística seria, pero no quiere que la problemática se difunda y se conozca su gravedad”, apuntó Jorge Abasto, integrante de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA). Según cálculos de esa organización, el número de familias desalojadas llega a las cinco mil por año, por lo que, con un promedio generoso de cuatro integrantes por familia, serían 20 mil las personas que cada año quedan en la calle.

Para Rafael Atuati, de la Comisión de Paz y Justicia de la Parroquia Corazón de María, que junto a CIBA y otras organizaciones forman el Encuentro por el Derecho a Vivir en la Ciudad, el problema de la falta de respuestas a la emergencia “no es la falta de presupuesto sino la intención del gobierno macrista de expulsar a los pobres de la ciudad”. “Es sospechoso que digan que no hay plata cuando el Presupuesto de Desarrollo Social y el del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) están subejectuados”, apuntó Atuati.

Yendo de la villa al barrio

En Villa Palito, La Matanza, la iniciativa partió de la organización vecinal. En la Villa Carlos Gardel de Morón la impulsó el municipio. Ambos cambiaron chapas y barro por ladrillos, asfalto y servicios.

Por Nahuel Lag.

Sociedad-Página/12, 1 de agosto de 2010.- “¿Por qué no podemos tener un barrio ordenado con calles, luz, gas y agua?” Entre los vecinos de Villa Palito, San Justo, partido de La Matanza, la inquietud se convirtió en acción y en símbolo de la organización barrial para exigir al Estado el derecho a la vivienda de diez mil habitantes: cooperativas integradas por los propios vecinos levantaron gran parte de las 800 casas de una o dos plantas, financiadas por el Estado, y van por más. A unos kilómetros de allí, en la Villa Carlos Gardel, detrás del Hospital Posadas, a media hora del centro porteño, la pregunta surgió durante cincuenta años entre promesas incumplidas y vecinos descreídos. La iniciativa del municipio de Morón de articular los programas de vivienda de Nación y provincia, con las 480 familias del lugar permitió levantar casas propias, con asfalto y servicios, y dejar atrás los días de barro y casillas de chapa.

De los vecinos al Estado o del Estado a los vecinos, Villa Palito y Carlos Gardel, según los especialistas, son la mejor muestra de la aplicación de los programas de urbanización de villas y asentamientos lanzados por el gobierno nacional en 2005. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, el programa abarca a unos cien barrios del conurbano y planea invertir 8218 millones de pesos en los próximos cinco años. Así se comienza a saldar una deuda pendiente desde mediados del siglo pasado para miles de personas que llegaron al conurbano en busca de trabajo y un lugar donde vivir y fueron expulsadas y movilizadas por capricho de las dictaduras de turno y abandonadas por los gobiernos democráticos en asentamientos precarios.

Cantarle a Gardel

Neuquén 1933. Un par de años atrás, nadie podría haber llegado a esa dirección. La calle existía en la localidad de El Palomar, partido de Morón, pero después del 1800 se cortaba en la Villa Carlos Gardel, que le debía su nombre a la única vía de acceso al asentamiento. Allí, 2500 personas vivían amontonadas en ocho cuadras de pasillos y casas sin numeración ni servicios básicos. “Antes no podía invitar a nadie a mi casa porque me decían ‘no, vos sos de la villa’. Entonces, mentía porque me daba vergüenza ser rechazado”, cuenta Luis Gómez, de 19 años, sentado en el comedor que estrenó hace meses con sus padres en Neuquén 1933.

Para llegar a la casa de Luis se puede bajar del Acceso Oeste. Atrás del hospital, el barrio comienza a crecer con casas en tonos crema, amarillo, verde y rosa. Dos pisos, parque al frente y un tanque de agua como corona. Los tractores, los camiones cementeros y las topadoras que derriban las últimas casillas trabajan para levantar las últimas 31 viviendas y pavimentar el único rincón que queda con barro. Los últimos esperan con ansiedad en sus casillas y otros pocos aguardan alojados en containers.

El proyecto comenzó en 2004, cuando la Municipalidad de Morón, durante la intendencia de Martín Sabbatella, consiguió la cesión de los terrenos del Posadas para avanzar en la primera etapa sobre terreno limpio. Pero las casas de la segunda etapa debían levantarse en el lugar que ocupan casillas, donde los vecinos formaron una “gran familia” a fuerza de falta de divisiones entre casa y casa y puertas hechas de retazos de tela.

Cuando el municipio comenzó a enviar a trabajadores sociales para censar a los vecinos comenzaron las preguntas: “¿Nos van a mudar? ¿Nos van a construir casas?”, cuenta Adelina López, Piruni, como todo el barrio conoce a la fundadora del comedor Los Gardelitos. En el barrio, la desconfianza tenía una historia justificada.

El primer camión que había llegado a la zona, cuando todo era campo, fue un vehículo militar del Plan Nacional de Erradicación de Villas de Emergencia, impulsado por el dictador Juan Carlos Onganía. A las familias arrastradas hasta allí se les otorgaron casas transitorias con la promesa de una vivienda definitiva en uno de los edificios del complejo de monoblocks Barrio Parque Sarmiento, que en la actualidad convive, descascarado, frente a la Carlos Gardel. La entrega de viviendas no cumplió el plan original y no alcanzó a alojar a todas las familias; las casas transitorias se transformaron en precarias viviendas permanentes.

Para hacer frente al déficit, la organización barrial tuvo poco espacio para pelear por una vivienda digna en un barrio golpeado por la dictadura y por la democracia. “Por ser de la villa te pateaban la puerta y te decían que te tenías que ir”, cuenta Carolina Gómez, que llegó al barrio en 1975. Las botas que pateaban puertas también intervinieron el Posadas y convirtieron la escuela de enfermería en El Chalet, un centro clandestino de detención donde estuvieron vecinos de la Carlos Gardel que hoy están desaparecidos. En democracia, el municipio cedió los terrenos a una mutual evangélica que estafó a los vecinos y después el menemista Juan Carlos Rousselot propuso levantar un paredón para encerrar al barrio.

“El Carlos Gardel y el Sarmiento se transformaron en una isla separada del tejido urbano”, resume Ernesto Gorbacz, director de Producción Social de Hábitat de Morón. La estrategia planteada desde el municipio –con trabajadores sociales, psicólogos y tutores de mudanza– estuvo en instalar una Mesa de Trabajo para coordinar la urbanización con los vecinos.

“Hubo muchas promesas de cambiar el barrio, construir viviendas y darnos los servicios básicos, pero nunca un gobierno tuvo la voluntad política de cambiar la villa”, asegura Piruni. Entre las calles Perdriel y Marconi, que contenían el ancho del barrio, se abrieron ocho nuevas calles, con arbolado y alumbrado: tres respetaron la continuación de los barrios lindantes y otras cinco fueron nominadas por los vecinos. “Padre José María”, fue una de las que eligió Carolina en honor al recordado cura de la parroquia.

Mientras revolea los ojos intentando repasar su nueva casa, Carolina explica que para la segunda etapa de construcción fueron los vecinos los que decidieron los cambios en el diseño: “Hay más intimidad. Aprendimos a darles privacidad a las familias. Antes entrábamos directamente a la casa de un vecino, ahora le toco la puerta”, dice mientras deja asomar la nostalgia por la comunión de los mates en el pasillo. Pero no reniega: “En la villa éramos una gran familia, no teníamos obligaciones de pagar impuestos luz, gas; pero tampoco teníamos beneficios ni derechos. Ahora, tenés formas de hacer respetarlos legalmente”, explica, mientras afuera se escuchaba la cortadora de pasto de un vecino.

Hacer el propio barrio

“El monstruo del conurbano”, así le dicen los vecinos al barrio en el que nacieron y al que en cinco años transformaron casi por completo. Un monstruo perfumado, entre las pocas cloacas aún abiertas que traen el agua sucia de entre los pasillos y la lindante fábrica de la ex Jabón Federal. La bestia muestra en su fachada de 400 metros sobre la Ruta 4, a pocas cuadras de la Rotonda de San Justo, cómo está cambiando de piel: el tendido eléctrico improvisado se sigue cruzando entre las casas que combinan paredes y techos de cartón, chapa y ladrillo, pero entre esas construcciones precarias aparecen casas nuevas, bien paradas sobre sus cimientos, con colores vivos y servicios de luz, gas y agua.

A Villa Palito puede ingresarse por la calle Derqui, un antiguo aglomerado de cien casillas que cruza el barrio y une el “casco viejo” –20 hectáreas en las que hasta 2008 vivieron hacinadas diez mil personas– y el “casco nuevo”, donde nació la nueva historia del barrio, la de la urbanización.

Según los vecinos, ese proceso comenzó el 2 de octubre de 1999 cuando unos 200 integrantes de familias jóvenes de la villa se instalaron sobre 20 hectáreas de tierra libre que se extendían detrás del “casco viejo”. Con el Plan Arraigo, en los primeros años del menemismo, se había creado la Cooperativa del Barrio Almafuerte-Villa Palito Limitada para escriturar esos terrenos a nombre de los vecinos, pero no hubo un plan de vivienda.

“Trazamos calles y manzanas con palos e hilo (haciendo honor al nombre del barrio). Soñábamos con un barrio en el que la calle llegue a la puerta de casa”, resume Julián Ruiz junto a Juan Enríquez, Gabriel Díaz y Gladys Enríquez. Desde entonces, ellos y otros 70 delegados no se detuvieron. Caminaron el barrio, golpearon puertas en despachos oficiales y generaron emprendimientos productivos. “Si no hubiésemos creído en la organización, la villa sólo se hubiera agrandado”, asegura Juan, mientras por detrás pasa un camión que reparte soda y, más lejos, un joven arregla el parque de su casa.

Tras las elecciones de 1999, el entonces intendente Alberto Balestrini entregó los materiales para las primeras doce casas. En 2002, el Programa de Mejoramiento de Barrios con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llegó al barrio, los vecinos ya habían elaborado los planos.

Con las obras de servicios aprobadas, el trabajo fue convencer a los vecinos para que desalojaran las tierras ocupadas para comenzar la obra. “Mientras íbamos con las mujeres a comprar al Mercado Central, las convencía para que se afilien a la cooperativa, que el barrio se podía construir”, explica Gladys, que hoy se desempeña en el Centro Integrador Comunitario.

En 2004, el descampado fue el helipuerto del helicóptero presidencial. Néstor Kirchner aprobó subsidios para 420 viviendas y en 2005 se lanzó el plan de urbanización de villas. Gabriel camina con Página/12 por esas hectáreas donde hoy se levantan casi 800 casas, una escuela, dos jardines, un polideportivo, un salón de usos múltiples y el club de fútbol Almafuerte.

El sabe cómo se levantaron esas casas, lo hizo con sus propias manos. Fueron siete cooperativas de trabajo (hoy llegan a 15) formadas por los vecinos que tenían un Plan Trabajar. Julián también fue parte de esas cooperativas: “Nos dimos cuenta de que eran una oportunidad de trabajo. Al principio, era un esfuerzo convencer a los vecinos porque el país se había reactivado y afuera se encontraba trabajo por más plata, pero... ¡Estábamos levantando nuestras casas!”.

“Hola, Nacho”, saluda Gabriel. Nacho está arriba de una de las nuevas casas que se construyen dentro del “casco viejo”. Gabriel, que empezó como peón, hoy es presidente de la cooperativa El Gauchito y recorre el barrio consultando a los albañiles-vecinos cómo va la construcción y señalando los espacios donde antes vivía toda una familia y por estos días se levantan casas de un piso o dos, con habitaciones acordes con el censo de familias. “Es como un ajedrez. Hay que consensuar manzana por manzana con los vecinos para acordar qué grupo de familia puede, por tres o cuatro meses, mudarse a lo de un familiar, alquilar o vivir en una casilla deshabitada.”

“Hola, Eduardo ¿así que te fuiste con el Polaco?”, bromea Julián con un joven que se cambió de cooperativa porque por falta de documentos él no lo pudo llevar a trabajar en obras en la ciudad de Buenos Aires y San Isidro. “Nosotros no teníamos oficio y ahora podemos construir fuera del barrio. Los jóvenes también adquieren su oficio y comienzan a recuperar sus derechos y a salir de la calle”, explica Julián.

Juan, Gabriel, Julián o Gladys caminan el barrio y no paran de saludar a sus vecinos. Se mueven del club a la escuela, de casa en casa. El barrio que levantaron es su trabajo y su vida. “El barrio que se transforma desde sus vecinos busca sus propias estrategias, a partir de sus necesidades y de sus capacidades”, concluye Juan.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-150490-2010-08-01.html

Los primeros dentro de la ley

Viven en Mendoza desde hace catorce años y, hasta ahora, son los primeros en el país en obtener turno para casarse, tras la promulgación de la ley. Están juntos desde hace veintidós años. Dicen que muchos gays chilenos cruzarán la Cordillera para casarse.

Sociedad-Página/12, 27 de julio de 2010.- Se enamoraron en el Chile de la dictadura de Augusto Pinochet. Se reconocen católicos y le agradecen a Dios haberse encontrado. Hace 14 años viven en Mendoza, única provincia del país en la que un gobernador habilitó la “objeción de conciencia” (una trampa ilegal) para evitar el casamiento entre personas del mismo sexo. Jaime Zapata (52) y Giorgio Nocentino (44), ambos chilenos, son la pareja que podría transformarse en la primera de la Argentina en hacer realidad el casamiento entre personas del mismo sexo después de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Ellos no buscaron pasar a la historia por ser los primeros en disfrutar la igualación de derechos, sino que el azar burocrático así lo quiso, pero entienden que la celebración del próximo sábado será una “gran responsabilidad” porque estarán representando a “las personas que batallaron y se pusieron en campaña para lograr la igualdad”. Además de agradecer la lucha de las organizaciones de la diversidad sexual, Zapata reconoció que desearía agradecerle a la presidenta Cristina Fernández la posibilidad de casarse y vaticinó que muchos chilenos “cruzarán la Cordillera” para unirse en matrimonio, a pesar de que en su país, al igual que en toda América latina, esa unión no se les reconozca. La semana pasada, Amnistía Internacional llamó a los países latinoamericanos a “seguir el ejemplo” argentino.

El flechazo fue en el boliche Fausto, de Santiago, hace 22 años (“y siete meses”, precisó Nocentino) cuando la dictadura de Augusto Pinochet todavía se mantenía en el poder. Zapata contó que dos días después de aquella noche volvieron a encontrarse y desde entonces no se separaron. Por aquellos días, él trabajaba en Casa Cohen, una reconocida tienda de ropa masculina, donde atendió a diplomáticos y artistas como Cristian Castro, mientras Nocentino cursaba su segundo año de la carrera de Contabilidad en la Universidad Gabriela Mistral. Ambos viven aquel primer encuentro como una bendición. Nocentino resaltó: “Siempre le pedí a Dios que me dejara conocer a la persona que realmente me correspondía”; su compañero agregó que, aún hoy, cada día agradece “a Dios por permitirnos estar juntos”.

–Durante el debate por la ley de matrimonio igualitario, la Iglesia aseguró que Dios sólo bendice las parejas entre hombre y mujer –observó este diario.

–Hijos de Dios somos todos y no me lo va a negar ninguna autoridad de la Iglesia. Dios nunca va a dejar de ver con buenos ojos un acto de amor como el nuestro. Por eso, mi comunión con Dios es personal y nadie me la puede quitar. La cúpula eclesial no me representa –respondió Nocentino.

–Se han escuchado barbaridades eclesiásticas, intentando señalar la unión entre personas del mismo sexo como producto del diablo. Pero nuestra relación está creada por el amor, y el amor es obra de Dios –agregó Zapata.

Hace 14 años que Giorgio y Jaime le hacen sus promesas a la Virgen de Lourdes, que tiene su santuario en la precordillera mendocina. Primero, tuvieron que cruzar la Cordillera desde su Santiago natal. Fue en septiembre de 1988, el primer año en que vivieron juntos, cuando conocieron Mendoza. Pero en las vacaciones de verano de 1996 fue cuando se enamoraron “de la calidad de su gente, de su amabilidad”, confesó Zapata. Aquel verano cruzaron los Andes con un Mini Cooper modelo 1973 que no aguantó el esfuerzo y se quedó en el camino. “Nos encontramos con gente que nos dio una mano, nos brindó ayuda sincera y nos cautivó”, explicó Zapata. Además, los dos quedaron impactados con la Fiesta de la Vendimia. “Catorce días después, estábamos pidiendo la radicación en Mendoza”, relató Nocentino.

Después de 14 años en los que “no paramos de trabajar”, aseguró Jaime, y en los que reconoció que fue “cómodo” respecto de la militancia por la diversidad, llegó el día de pedir el turno en el Registro Civil. Fue el día posterior a la votación en el Senado y la respuesta fue que había que esperar a la promulgación. Después del discurso de la Presidenta el miércoles pasado, Giorgio fue otra vez el Registro y obtuvo un turno para el sábado 31. La intención no era ser la primera pareja en casarse, pero el Registro Civil mendocino toma el sábado como un día hábil y el plazo de la promulgación presidencial se habrá concretado el viernes.

–¿Qué creen que puede cambiar con el casamiento, después de tanto tiempo de convivencia?

–En nuestra vida cotidiana nada, seguimos siendo los mismos. A mi forma de ver, estoy casado hace 22 años. Sin embargo, la unión en matrimonio legaliza nuestra pareja ante el mundo. Hasta ahora, sentía frustración cuando pensaba en un futuro en el que yo o él faltáramos. Me quitaba el sueño que no pudiéramos tener decisión sobre el patrimonio que construimos juntos ni ser quienes tomemos las decisiones si el otro se enfermaba. Ahora, me puedo morir tranquilo –afirmó Nocentino.

–¿Qué significa para ustedes ser la primera pareja homosexual en casarse con la nueva ley?

–Muchas personas homosexuales y heterosexuales batallaron y se pusieron frente a una campaña por lo que somos y por conseguir nuestra igualdad ante la ley. No pude participar a la par de ellos, anhelaba disfrutar este derecho aunque no creía que fuera posible. Por eso, ser los primeros en casarnos es una gran responsabilidad para demostrar que amamos y merecemos ser amados.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-150201-2010-07-27.html

Con la pena natural alcanza

Sociedad-Página/12, 21 de julio de 2010.- Un juez rosarino decidió eximir de prisión a un hombre al que encontró responsable del delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego” por considerar que en el caso operó una “pena natural”. En resumidas cuentas, el juez de Sentencia Gustavo Salvador consideró que la pena de cuatro años solicitada por la fiscal de la causa no se correspondía con el saldo del delito: Mario Merlo, de 22 años, quedó parapléjico después de un tiroteo cuando intentó robarle una bicicleta a un policía que circulaba de civil. De acuerdo con la causa, Merlo recibió un disparo del arma reglamentaria del cabo Federico Portillo, que según el fallo actuó en “legítima defensa” y también fue liberado de culpa. El fallo de Salvador es el segundo en la provincia de Santa Fe en contemplar la “pena natural”, de acuerdo con el principio constitucional de proporcionalidad de la pena. En la noche del 17 de agosto de 2005, Merlo y Portillo se trasladaban en bicicleta por Rosario, la zona donde se cruza la avenida Circunvalación y 25 de Mayo. De acuerdo con la declaración del policía, Merlo se acercó junto a otros dos hombres, los tres en bicicleta, y amenazó a Portillo con un arma calibre 22 para quitarle el rodado, mientras que los otros dos hombres portaban armas blancas.

En ese momento, el policía de civil entregó la bicicleta sin resistencia y esperó a que los ladrones recorrieran unos diez metros para exhibir su arma y dar la voz de alto, siempre según la versión del policía. En ese momento, Merlo gatilló cinco veces su arma y logró un solo disparo –asentado por los peritos balísticos en la causa–, por lo que el policía se defendió disparando su arma reglamentaria y acertándole el tiro que “interesó el pulmón derecho y afectó la décima vértebra dorsal, provocando paraplejia”, indica el informe médico en el fallo. Los otros asaltantes se fugaron y nunca aparecieron en la investigación.

A lo largo de la causa que se inició en 2005 y fue retomada por Salvador a principios de 2010, la versión policial fue la que se mantuvo firme, ante la falta de testigos y las rectificaciones en la declaración de Merlo. Pruebas en mano, Salvador decidió no acompañar el pedido de la fiscal de la causa contra el policía por el delito de “lesiones gravísimas con exceso de legítima defensa” al considerar que “el despliegue de su arma reglamentaria” en la situación descripta no “puede considerársela como irrazonable a los efectos de catalogársela como excesiva”.

En cuanto al fallo contra Merlo, el juez no acompañó ni el pedido de absolución de la defensa ni los cuatro años de prisión solicitados por la fiscal. Merlo fue encontrado coautor penalmente responsable, pero Salvador, a tono con el principio de proporcionalidad de la pena declarado de rango constitucional por la Corte Suprema, entendió que “son incompatibles con la Constitución las penas crueles o que consistan en mortificaciones mayores a aquellas que su naturaleza impone”.

“Cuando por consecuencia de un hecho delictivo el acusado tiene un daño grave (físico o psicológico) carece de sentido sumarle otra pena. La circunstancia de la vida le ha producido el castigo. Si una persona supiera que por robar una bicicleta va a quedar parapléjico, no lo hace”, resumió Alberto Binder, vicepresidente del Instituto Comparado de Ciencias Penales (Inecip).

La “pena natural” es una figura no contemplada en el Código Penal, sino en los códigos procesales de algunas provincias como Buenos Aires, Chubut y Santa Fe, contó el especialista. La figura procesal permite a un fiscal archivar una causa en la que el imputado recaiga bajo esa figura. Por ejemplo, una causa por “homicidio culposo” contra un conductor que en un accidente por negligencia haya matado a los familiares que lo acompañaban en el automóvil.

En la provincia de Santa Fe existe un solo antecedente de “pena natural” que fue solicitado en 2008 por un fiscal al Juzgado de Sentencia Nº 8. En aquella oportunidad, un ladrón había quedado cuadripléjico luego de un tiroteo con la policía. En el fallo del juez Salvador, se mencionan otros dos antecedentes de la Justicia bonaerense y textos de Eugenio Zaffaroni.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-149883-2010-07-21.html

“Es una batalla cultural”

En un acto en la Casa de Gobierno y ante representantes de organizaciones de mujeres, Cristina Fernández puso en marcha la nueva norma que tipifica diversas situaciones de violencia hacia las mujeres y prevé sanciones a los responsables.

Sociedad-Página/12, 20 de julio de 2010.- La promoción en todo el país de servicios de asistencia integral gratuita para las mujeres que padecen violencia de género y la extensión de la figura de protección contra la violencia familiar a nuevas figuras que contemplan la violencia en cualquier ámbito donde la mujer desarrolle sus relaciones interpersonales. Esos son dos de los ejes fundamentales de la ley 26.485 contra la violencia de género, que ayer se puso en plena vigencia con la firma del decreto reglamentario por parte de la presidenta Cristina Fernández. “Hemos dado un paso más en las garantías y restitución de derechos”, consideró la Presidenta ayer en el acto realizado en Casa de Gobierno y agregó que “la violencia contra la mujer es una batalla que hay que dar desde lo cultural”. Las referentes consultadas por Página/12 coincidieron en la necesidad de un cambio cultural, resaltaron la importancia de que el Gobierno incluya la violencia de género en la agenda pública y adelantaron los pasos a seguir respecto de la asignación de presupuesto y la puesta en práctica de la nueva norma.

“Lo único que he hecho hoy (por ayer) es firmar la reglamentación de un decreto que ha sido una profunda construcción social participativa y que ha llegado a todos los estamentos de la sociedad y del Estado”, apuntó Cristina Fernández en el Salón de las Mujeres antes de felicitar a las militantes femeninas por “encender luces en la oscuridad”. El proceso de reglamentación de los 45 artículos de la ley 26.485, sancionada en 2009, contó con la participación de tres comisiones consultivas integradas por organizaciones sociales y sindicales, académicos, funcionarios judiciales, periodistas e integrantes de los ministerios y secretarias que actúan en el área de la violencia de género.

Perla Prigoshin, representante del Consejo Nacional de la Mujer (CNM) en el proceso de reglamentación, señaló que “no hubo modificaciones estructurales” a la ley sancionada en 2009. La legislación reglamentada avanza sobre la anterior ley a nivel nacional y provincial que protegía a las mujeres de la violencia doméstica y avanza sobre la violencia física, psicológica, sexual, simbólica y económica y patrimonial, que le pone letra al reclamo de igual salario por igual tarea.

Dentro de la violencia simbólica, Prigoshin destacó la reglamentación sobre “violencia mediática”, al considerarla “una área inexplorada en Latinoamérica, en la que se puntualiza qué se entiende por imágenes y contenidos que vulneran la dignidad de las mujeres e incurren en violencia”. La integrante del CNM adelantó que las sanciones frente a ese tipo de violencia serán coordinadas con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por la nueva ley de medios.

A nivel judicial, Prigoshin consideró relevante la inclusión de la posibilidad de realizar denuncias anónimas “para proteger a los funcionarios públicos y especialistas” y la condición de que una causa no sea archivada a la espera de la ratificación de la denuncia por parte de la víctima, para evitar la revictimización o el condicionamiento por temor.

La ley reglamentada debe ser aplicada en todo el país, a excepción de las medidas de procedimiento de la Justicia que podrán ser ajustadas por las provincias a medida que se adhieran a la ley. Sin embargo, algunas condiciones procedimentales como el acceso gratuito a la asesoría legal para todas las mujeres que padezcan violencia serán obligatorias. “Es fundamental y urgente que se ejecuten medidas de este tipo y es un excelente paso que figure en la ley. Pero será un gran desafío de coordinación y recursos llevarlo a la práctica”, advirtió Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

El presupuesto es una de las preocupaciones de las organizaciones que combaten la violencia de género ante la adecuada aplicación de la ley. Fabiana Tuñez, coordinadora de la Asociación Civil Casa del Encuentro, resaltó que “será necesario mayor presupuesto para los ministerios y secretarías que aborden la temática de violencia, como para campañas que permitan generar conciencia y prevención para erradicar la violencia”, y consideró que la reglamentación de la ley “es una herramienta para reclamar nuevos fondos en el presupuesto del próximo año”.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-149840-2010-07-20.html

Más atenta a la Biblia que a la ley

Marta Covella tiene a su cargo el Juzgado de Paz de General Pico, La Pampa. Aseguró que sus convicciones cristianas le impiden cumplir con la nueva norma sancionda en el Congreso. Ya fue denunciada ante el Inadi por “discriminación”.

Sociedad-Página/12, 15 de julio de 2010.-

La titular del Juzgado de Paz de General Pico, La Pampa, Marta Covella, adelantó su negativa a casar a personas del mismo sexo por considerar a la homosexualidad una “cosa mala” bajo el argumento de su crianza “leyendo la Biblia” y adelantó que los casamientos no se cancelarán, pero los delegará en el juez de Paz suplente. La solitaria voz en respaldo a la jueza fue la de la diputada Elisa Carrió, que se manifestó a favor de respetar la “objeción de conciencia”, figura que aparecía en el descartado proyecto de unión civil que había impulsado la senadora Teresita Negre de Alonso. “La objeción de conciencia no puede aplicarse a ningún caso contra el cumplimiento de una ley civil. Con el mismo criterio, un juez podría oponerse a casar a una persona judía o un afrodescendiente”, resaltó Gustavo López, abogado de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt). Por sus dichos, la jueza fue denunciada ante el Inadi por discriminación. De cumplir con su palabra podría ser sumariada por “incumplimiento del deber de funcionario público”.

“Por una cuestión de principios cristianos, no puedo hacerlo, porque en la Biblia Dios no aprueba esa forma de vivir. No voy a esperar que todo el mundo me aplauda, y hay gente que me va a condenar, pero a mí no me importa, porque lo que yo no quiero es que me condene Dios.” Argumentos de ese tipo fueron los que utilizó la jueza Covella para adelantar que está dispuesta a perder su puesto antes que cumplir con la ley de matrimonio igualitario, tarea que aseguró delegará en el juez de Paz suplente, Marcelo García Mossman.

“Las declaraciones de la jueza son prejuiciosas, discriminatorias e ilegales. Los funcionarios que deben administrar la justicia no pueden decidir alegando argumentos que afecten a sus principios, porque estarían incumpliendo con los deberes de funcionario público”, apuntó Pedro Mouratian, vicepresidente del Inadi.

Covella es conocida en General Pico por su militancia en el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, cercano a la Federación Agraria. De acuerdo con la legislación pampeana, la jueza fue elegida en su cargo durante los comicios de 2007 y, aunque su labor depende del Poder Judicial, se presentó en la lista del intendente Jorge Tebes, electo por el Partido Justicialista y de licencia durante esta semana.

Fuentes de la intendencia aseguraron a este diario “no tener una posición tomada” sobre el matrimonio igualitario y redujeron la posición de Covella al ámbito personal. De todas maneras, la posición de la jueza está en coincidencia con la de los senadores pampeanos del PJ federal Carlos Verna y María Higonet y con el senador por la UCR, Juan Carlos Marino, que votaron en contra del proyecto. “El matrimonio está constituido por una mamá y un papá”, fue uno de los argumentos de la senadora Higonet durante el debate en el Senado.

Tras las declaraciones de Covella, el abogado de la Falgbt aseguró que “las declaraciones ya significan una discriminación en contraposición a la ley de antidiscriminación nacional y los tratados internacionales” y advirtió que de cumplir con su palabra “se le podría iniciar un sumario por incumplir los deberes de funcionario público con el riesgo de perder el cargo”. Además, López adelantó que “iniciaremos sumarios contra todos los jueces que impidan el acceso a los derechos civiles con el argumento de la objeción de conciencia. Bajo ningún punto de vista puede aplicarse”. Por su parte, la comunidad homosexual de La Pampa también anunció que denunciará a la funcionaria si se niega a casar a una pareja del mismo sexo, mientras que la juventud radical de General Pico formalizó una denuncia ante el Inadi de La Pampa. “Son los últimos manotazos de ahogado de sectores que no pueden aceptar que la legitimidad del matrimonio igualitario se ha legalizado”, resumió Mouratian.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/149672-48062-2010-07-17.html

Hicieron ruido por la igualdad

El “ruidazo” se hizo sentir en el Obelisco y otros cinco puntos de la ciudad, en el conurbano, en San Juan y en Salta. Fue en apoyo al proyecto de matrimonio igualitario y en respuesta a la concentración religiosa en el Congreso.

Sociedad-Página/12, 14 de julio de 2010.- Bocinas, trompetas, cacerolas, silbatos, cornetas. Cualquier pito que hiciera “ruido por la igualdad” sonó ayer en cinco puntos de la ciudad de Buenos Aires, dos del Gran Buenos Aires, más otros en La Plata, San Juan y Salta para respaldar el proyecto de matrimonio entre parejas del mismo sexo que hoy se vota en el Senado. El “ruidazo” fue convocado por las organizaciones por la diversidad sexual con el respaldo del Inadi para dejar el closet atrás y mostrar “que hay un avance sociocultural y ya no nos escondemos, son nuestros derechos por los que luchamos”, sopló Federico, en uno de los puntos de bullicio por la diversidad. La movida era una respuesta a la concentración frente al Congreso, donde gente con gamulán, tapados de piel, boinas gauchescas y uniformes escolares convocada por las iglesias Católica y Evangélica se pronunció “en defensa del matrimonio y la familia”.

Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. La bandera flamea al pie del Obelisco, uno de los diez puntos del país elegidos por la comunidad gay para hacerse escuchar: “El matrimonio/ se va a aprobar. Cantemos todos/ viva la diversidad”. La diversidad se hace ruido y aparecen bombos, sartenes y flautas para acompañar a más de 300 personas reunidas. Los autos se detienen y Federico encara la senda peatonal con un cartel: “Si estás de acuerdo con el matrimonio igualitario: tocá bocina”. “Pi,pi,pipipi,pi.” Gabriel iba sobre su 307 y metía bocina, igual que los cientos de autos que pasaron desde las 20 por la 9 de Julio y por Cerrito. “Mi apoyo es a la igualdad. Los que fueron al Congreso sabrán. Jesús dice ‘amaos los unos a los otros’, no mujeres y hombres”, argumentó el conductor. Los Padres, Familiares y Amigos de Gays y Lesbianas eran los heterosexuales que se paraban frente a los parabrisas para pedir: “Los mismos derechos para nuestros hijos gays y sus hermanos heterosexuales”.

Rodrigo Bristot está con la bandera gay como capa y hace justicia desde su cartel: “Unión Civil igual a Apartheid”. El sabe del respaldo de la familia, sus hermanas estaban en el Obelisco y “papá y mamá” estaban alborotando alguna plaza de Río Gallegos, contó. En el centro de la Plaza de la República, a Julieta Di Lio algo le hacía bochinche en la cabeza: “Mis viejos se separaron y yo me crié con mi mamá y su pareja. Ellas son lesbianas y yo heterosexual, y crecí igual de feliz que cualquiera. No encuentro fundamentos para quienes hablan de la necesidad de un papá y una mamá”.

En medio del corneterío, José María Di Bello, integrante de la primera pareja gay en casarse, y María José Lubertino, ex titular del Inadi, se abrazaban a un “Oso” de campera amarilla y guirnaldas multicolor al grito de: “Borombombom, borombombom, queremos todos matrimonio y adopción”. “Los que fueron al Congreso, llegaron tarde. El matrimonio homosexual es una realidad que logramos hace seis meses. El Senado decidirá mañana (por hoy) si podemos casarnos por Registro Civil o si continuamos haciéndolo mediante amparos judiciales”, resaltó Di Bello.

El ruido ya se había extendido más de la media hora convenida y las familias continuaban llegando y cantando: “¡Igualdad!”, “¡Igualdad!”.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/149461-47987-2010-07-14.html

La niñez porteña en emergencia

Organismos sociales e integrantes del Consejo de los Derechos de la Niñez presentarán hoy un proyecto para declarar en emergencia los servicios de protección de derechos de niños de la Ciudad. La línea 102 no funciona desde el sábado. El presupuesto es exiguo.


Sociedad-Página/12, 13 de julio de 2010.- Un grupo de legisladores porteños respaldados por trabajadores y organizaciones sociales que forman parte del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y organizaciones sociales dieron ayer una conferencia de prensa en la Legislatura porteña para respaldar un proyecto de ley que declara “la emergencia de los servicios de protección de derechos” de la infancia en la ciudad. El proyecto será presentado hoy, y además de declarar en emergencia los programas y servicios del Consejo también denuncia la misma problemática en la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social.

El proyecto de ley promueve la creación de un fondo de emergencia que permita fortalecer y ampliar los programas en emergencia de las dos áreas, que funcionan con presupuestos “sobreejecutados, ya que se asignó un monto escaso, que no alcanza al dos por mil del presupuesto total de la ciudad”, apuntó la legisladora María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires), impulsora del proyecto.

“El alerta que venimos dando sobre el sistema de protección integral ya es una emergencia, mientras la ministra de Desarrollo Social (María Eugenia Vidal) no puede dar respuesta de la política de infancia que tiene el gobierno de la ciudad”, apuntó Nora Schulman, integrante del Consejo por Casacidn. El último grito lo habían dado los trabajadores del Consejo en un abrazo simbólico a la defensoría zonal de Barracas, dos semanas atrás, pero no hace falta recurrir al archivo. Ayer, la legisladora Gabriela Alegre (Encuentro Popular por la Victoria) denunció que la línea 102, que de manera gratuita recibe denuncias de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes no funciona desde el sábado.

El proyecto de ley respaldado por Laura García Tuñón (Proyecto Sur), María José Lubertino (Encuentro Popular por la Victoria), Diana Maffía (Coalición Cívica), Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y Rubén Campos (UCR) propone como primera medida para solucionar la situación de emergencia de los servicios y programas del Consejo y la dirección de niñez “la incorporación de profesionales y operadores sociales y administrativos”.

A modo de ejemplo, el proyecto grafica la situación del programa de Guardia de Abogado, que recibe durante las 24 horas las demandas de cualquier organismo de Estado que atienda a un niño en situación de vulnerabilidad de derechos y con mayor intensidad desde la aplicación de la nueva Ley de Infancia (26.061). “La guardia sigue atendiendo con dos abogados por día para toda la ciudad”, denuncia el documento y apunta que ocurre lo mismo en el caso de los operadores sociales que acompañan la guardia.

“Los programas están colapsados porque se incrementaron y complejizaron las demandas y no han aumentado el personal ni jerarquizados sus tareas y salarios. El gobierno no cierra los programas pero tiene un modo perverso de ahogarlos”, sentenció Tuñón. Ante esa situación, el proyecto propone la creación de un fondo de emergencia que se abastezca de la reasignación presupuestaria del dinero subejecutado por la Jefatura de Gobierno. De está manera, se intenta aumentar el presupuesto en siete millones de pesos para las dos áreas y acompañar el fortalecimiento de los programas con un aumento del sueldo para psicólogos, abogados y operadores de calles.

Durante la conferencia, Naddeo denunció que “los ministerios de Salud y Desarrollo Social tardan semanas en dar respuesta a las solicitudes hechas por los programas de atención y a los informes de gestión”. Mientras que la titular de Feim y vocal del Consejo, Mabel Bianco, indicó que “hay falta de voluntad política y no de presupuesto”. La afirmación la justificó con las repetidas faltas de los funcionarios a las reuniones del Consejo, la falta de aplicación de la ley de Educación Sexual y “la baja de recursos en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que repercuten en el aumento de la maternidad adolescente. Por eso, legisladores y organizaciones también respaldaron la presentación de un pedido de informe referente a las acciones de gobierno frente al embarazo adolescente.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-149387-2010-07-13.html

Desprotegidos y ahora desalojados

Sociedad-Página/12, 9 de julio de 2010.- Unas cincuenta familias fueron desalojadas ayer de un edificio en el barrio de Once en medio de un operativo policial que ingresó pateando puertas, sacó gente a la rastra y detuvo a ocho personas, entre ellas el abogado de las familias, liberadas horas más tarde. Las familias habían presentado una medida de amparo ante un juzgado porteño con el respaldo de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad y el legislador Tito Nenna, para exigirle al gobierno porteño una asistencia habitacional ante la certeza de quedar en la calle, derecho ratificado en mayo por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. El Ministerio de Desarrollo Social porteño, advertido del desalojo, había solicitado una prórroga de quince días, que fue concedida, argumentando que no tenía plata para asistir a los inquilinos. “Desde el gobierno porteño no pueden decir que no sabían que se iba a realizar el desalojo. Retrasaron todo para no hacer nada”, sentenció Gustavo Moreno, titular de la Asesoría del Menor Nº 1. Consultado por este diario, el Ministerio de Desarrollo Social porteño no dio respuesta.

“No queríamos permanecer en el edificio porque no es nuestro. Lo que buscábamos era una respuesta, porque si nos desalojan no tenemos donde vivir”, resaltó Edith Bernaola, mientras cargaba sus cosas en un camión, rumbo al depósito judicial. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 10, a cargo de Hugo Zuleta, aceptó la medida de amparo presentada por los vecinos que ordenaba “arbitrar las medidas necesarias para brindar una solución habitacional a las familias” al gobierno porteño. “No movió un dedo”, apuntó Nenna para responsabilizar al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

La medida de amparo fue requerida semanas atrás, después de que las familias resistieran dos intentos de desalojo en 48 horas, de acuerdo con el fallo de la causa iniciada en 2009 por el dueño del edificio, ubicado en Tucumán 2924, con sentencia firme desde principio de año en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 91. Ante el aviso de intervención al Ministerio de Desarrollo Social, la respuesta ministerial fue una prórroga de desalojo, que el juez Carlos Coggi hizo efectiva y finalizó ayer. “El ministerio estaba al tanto del desalojo por intimaciones de la Asesoría y por el juez de la causa, debería haberse presentado con anterioridad y dar una solución acorde a cada familia”, señaló Moreno.

Al igual que otro medio centenar de familias desalojadas, Jacqueline Peña López pensaba dónde ir a dormir en la noche junto a su bebé de seis meses y su marido, pero no reparaba en denunciar al dueño del edificio que durante cinco años le “alquiló” una pieza “2x2”. “Dejaba encargados para que cobraran el alquiler con recibos truchos. Nunca dejamos de pagar hasta dos años atrás, en que el gobierno de la ciudad clausuró el edificio por falta de habilitación”, indicó Peña López.

Para evitar que las familias quedaran en la calle, la Asesoría Tutelar promovió ayer una medida cautelar aceptada por el juez Zuleta que ordenaba al gobierno a relevar a las familias y otorgarles una solución habitacional, pero “se presentó una sola persona del gobierno para relevar a cuarenta y cinco familias. Además la propuesta de asistencia llegó tarde cuando sólo quedaban dieciséis familias”, resaltó Moreno.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-149163-2010-07-09.html

Las voces de la comunidad GLTB

María Rachid *

“Buscan un plan B”

“Lo ocurrido ayer en la Comisión de Legislación General marca una nueva estrategia de los senadores que están en contra de la ley de la igualdad para todos y todas. Lo que buscan es tener un plan A y un plan B. El primero apunta a que se retrase la aprobación de una ley que defiende la igualdad para todas las personas, familias, niños y niñas como lo asegura la Constitución. El plan B es debatir una ley de unión civil que es discriminatoria y evitar realizar modificaciones en el proyecto aprobado en Diputados para evitar que la Cámara baja insista en su posición. Lo positivo es que los senadores que votaron por el dictamen de mayoría ya no podrán escudarse detrás del argumento de unión civil respecto de otorgar otros derechos, porque se pararon en contra de la igualdad de los derechos.”

* Presidenta de la Falgbt.

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César Cigliutti *

“Hoy no hay otro eje”

“Los proyectos presentados por la unión civil nos parecen vergonzosos porque el objeto del debate es el matrimonio. Poner otras alternativas que otorguen menos derechos significa querer negociar lo innegociable, que es la reivindicación de nuestros derechos. Desde el inicio del debate se les pidió a los legisladores que no presentaran proyectos alternativos al aprobado en Diputados para evitar apartarse de la discusión por la ampliación de los derechos del matrimonio civil. El motivo por lo que lo hicieron no es otro que el de la discriminación a los derechos de nuestra comunidad. Además se está tomando un concepto como el de unión civil que significó una conquista de la CHA, en la ciudad de Buenos Aires hace siete años, pero para quitarle el sentido porque siempre se luchó por conseguir todos los derechos. Hoy la discusión es matrimonio si o no, no hay otro eje.”

* Presidente de la CHA.

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Martín Canevaro *

“Una trampa legislativa”

“En el debate de Comisión se asistió a una trampa legislativa que se aparta de la discusión por la reforma del Código Civil para alcanzar la igualdad jurídica. En Diputados se consideró la figura de la unión civil y fue descartada. El Senado podría haber modificado el proyecto o rechazarlo, pero la maniobra de juntar la modificación del Código Civil con otros proyectos apunta a que no se debata nuevamente en Diputados, con la posibilidad de que insista en la decisión. Así, se demora el avance de la igualdad jurídica y puede avanzar un nuevo proyecto en el que el Senado se constituya como cámara de origen. Es una deslealtad legislativa. Esto es producto de la manipulación de los sectores religiosos, pero confiamos en que en el debate del recinto se consolide el consenso que han expresado los representantes de los bloques mayoritarios. La discusión sobre la unión civil la vamos a rechazar porque consideramos que es un régimen de segregación sexual.”

* Presidente de 100% Derechos

Producción: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/149024-47855-2010-07-07.html

En busca de los nombres del gatillo

Sociedad-Página/12, 6 de julio de 2010.- El juez de instrucción de Bariloche, Martín Lozada, ordenó el secuestro de los libros internos de ocho dependencias policiales rionegrinas, para determinar los nombres de un centenar de uniformados, incluidos sus jefes. Lozada, que fue apartado del caso Bonnefoi, investiga la participación policial en las muertes de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, durante la represión del 17 de junio pasado. También secuestró proyectiles de postas de plomo y comenzó a analizar fotografías y videos sobre la represión. El miércoles se realizará una inspección ocular en los lugares donde cayeron los cuerpos de Carrasco y Cárdenas, de acuerdo con testimonios de vecinos que dicen haber visto el momento en el que las víctimas recibían los disparos. Entre miércoles y jueves, las familias de las dos víctimas fueron recibidas como querellantes por Lozada, junto a la de Bonnefoi, y según aseguraron, serán recibidas por la Cámara de Diputados de la Nación y por la presidenta Cristina Fernández.

Dos semanas después de que Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fueran alcanzados por perdigones de plomo durante la represión en los barrios del Alto y fallecieran tras ser internados en el hospital local, Lozada hizo lugar a una acción penal solicitada por el fiscal Marcos Burgos –encargado de la causa hasta la semana pasada– que permitirá investigar si el personal de la Policía de Río Negro tiene vinculación con las dos muertes y de ser así analizar las responsabilidades en la cadena de mando, o sea, si se ordenó o no disparar con posta de plomo.

Con la medida ordenada por Lozada se secuestraron los libros de parte diario y de provisión de armamentos de la comisaría 28, del grupo Bora y de otras seis dependencias policiales. En esos libros debería poder constatarse quiénes de los uniformados fueron asignados al operativo del 17 de junio, su jerarquía y las armas que portaban. Esa información permitirá avanzar en la investigación sobre si las perdigonadas que impactaron en los jóvenes fueron disparadas por armas de la policía, a qué grupo en particular y a las órdenes de quién estaba.

También se comenzaron a analizar las fotografías aportadas por los reporteros que estuvieron presentes en la represión y los videos de los medios audiovisuales. Esa información será complementada con los testimonios recogidos por el fiscal Burgos de las personas que declararon ver el momento en que Cárdenas y Carrasco fueron derivados por las balas. El miércoles habrá una inspección ocular en los lugares donde cayeron los jóvenes, de la que participarán algunos testigos y los abogados querellantes.

“Queremos participar de todas las medidas que se realicen en la causa, para poder alcanzar a responsabilizar no sólo a quien accionó el gatillo sino también a quien se lo ordenó”, aseguró Rubén Marigo, abogado de la mujer de Cárdenas e integrante de la APDH de Bariloche. La familia Carrasco, que el viernes último denunció la profanación de la tumba del adolescente asesinado, también fue notificada hoy de que será parte de la querella. En los próximos días, los querellantes sumarán nuevas pruebas y pedirán que se cite a declarar a más testigos directos.

Informe: Nahuel Lag.

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