Cuando la ética es lo primero

El Consejo Interuniversitario Nacional aceptó por segunda vez los fondos aportados por la empresa minera que extrae cobre y oro. La Alumbrera está obligada al aporte por ley. Pero diez decanos decidieron rechazarlos porque se originan en una empresa contaminante.


Sociedad - Página/12, 28 de septiembre de 2009.- “No a los fondos de La Alumbrera.” La consigna comenzó a circular entre los docentes, estudiantes, graduados y no docentes hasta llegar a los decanos de diez facultades del país. En mayo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –conformado por todos los rectores de universidades nacionales– aceptó por segundo año consecutivo los fondos que, por ley, la empresa minera Alumbrera Limited –que explota el yacimiento ubicado en Catamarca– destina a las universidades nacionales. El lema se transformó en movimiento con la conformación de una red de facultades y unidades académicas nacionales (ver aparte) que manifestaron su “rechazo ético” a esos fondos, en una declaración conjunta que además condena la actividad de La Alumbrera por “contaminar el aire, el agua, el suelo y las personas con derrames de ácidos mineros y otros contaminantes procedentes de las actividades de extracción de cobre y oro”. La red solicita al CIN y a todas las universidades públicas que “aprueben códigos de ética para que casos como el de La Alumbrera no se repitan”. El tema figura en la agenda de la reunión del CIN que se celebra entre hoy y mañana en Villa María, Córdoba.

“Los rectores tienen potestad para aceptar los fondos, pero no para distribuirlos entre las facultades. Por eso, comenzamos a advertir la necesidad de llevar la discusión del rechazo a los fondos de La Alumbrera hasta el CIN”, resumió la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) –primera institución en rechazar los fondos este año–, Patricia Altamirano.

Para Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA –la única en esa universidad que rechazó los fondos y ordenó crear un consejo consultivo–, la actitud se fundamenta en “la aceptación acrítica del dinero antes de su incorporación al presupuesto universitario”.

En ese sentido, Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la UNC y presidente de una organización ambientalista con carácter consultivo en la ONU, apuntó que los fondos “se querían aprobar rápido y en silencio. Que se genere un debate hacia afuera de las autoridades universitarias pone en tela de juicio la imparcialidad y la forma en la que se toman fondos. Se le tiene miedo al control social de la universidad”.

Los fondos provienen de la explotación que tres empresas de origen suizo y canadiense hacen de La Alumbrera, enlazadas por una Unidad Transitoria de Empresas, a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El organismo detenta el derecho de explotación de la mina y está conformado por el gobierno de Catamarca –la explotación es en el departamento de Belén–, la Universidad de Tucumán –por ser la institución que descubrió el yacimiento en 1948– y el Estado Nacional. En esa sociedad, la empresa percibe el 80 por ciento de las utilidades, y el YMAD el 20 por ciento restante, de lo que se destina 60 por ciento a la provincia de Catamarca, el 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y otro 20 por ciento a distribuir entre las “universidades del Estado”, según la ley nacional 14.771.

A propósito de estas condiciones establecidas por la ley, el gerente de Relaciones Institucionales de Alumbrera Ltd, Jorge Montaldi, indicó que “con prescindencia del derecho de las universidades a aceptar o no los fondos provenientes de las utilidades de YMAD, La Alumbrera no genera contaminación, cumple con la normativa ambiental argentina y tal como demostró el reciente fallo de la Justicia, no hay ningún ejecutivo procesado por delito ambiental” (ver aparte).

La primera distribución de fondos desde la YMAD llegó en 2008, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional aceptó esas utilidades por 50 millones de pesos y diseñó el modo de distribución por el que se repartió “por partes iguales” entre todas las universidades. Para el período 2009, el CIN volvió a aceptar por acuerdo plenario una partida de 36.800 millones de pesos. Pero, esta vez, se encontró con el rechazo de varias facultades, que resolvieron no utilizar los fondos cuando éstos sean girados.

“La Universidad de Tucumán, al estar dentro de la estructura de la empresa, sufre una distorsión como institución educativa. Los fondos la atan para expresarse sobre el impacto ambiental que provoca la actividad. La utilidades deberían ir al Tesoro Nacional, pero con las ventajas impositivas que tienen las empresas se les termina pagando a las mineras para que se lleven todo y dejen la contaminación”, aseguró Lino Pizzolón, director del Observatorio del Agua de la sede Esquel, la única unidad académica de la Universidad Nacional de la Patagonia en rechazar los fondos en 2008.

Según datos oficiales, en 2009, la producción de metales crecerá un 40 por ciento, y en el caso del oro –uno de los metales que se extraen en La Alumbrera– habrá exportaciones por 1300 millones de dólares. Pero el Estado Nacional, según las normas vigentes desde la década de 1990, sólo puede cobrar impuestos fijos y no más del 3 por ciento del valor de “boca de mina”, donde el material tiene el valor más bajo del mercado.

“La facultad atraviesa una situación difícil en su realidad presupuestaria y los fondos de la mina podrían ser la inyección para afrontar el mantenimiento de infraestructura los servicios, la limpieza y los gastos administrativos. Pero sentimos que aceptar los fondos es ser cómplices de que otras comunidades sufran, por la contaminación de agua, aire y tierra”, apuntó Facundo Moulins, representante por los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), donde el Consejo Superior revisaría la medida. Además, según el acuerdo realizado por los rectores en el CIN, “sería deseable” que los fondos “se aplicasen a la implementación de algún proyecto institucional y no a los gastos corrientes”.

Según la declaración acordada por las facultades, los fondos generan un “clientelismo de universidad” que para Montenegro se traduce en “una falta de credibilidad de los estudios que realiza una universidad que aceptó los fondos”. Por eso, el docente se encargó de presentar un informe ante el Consejo Superior de la UNC –que aún no revisó la aceptación de los fondos– donde recopila, entre otras cosas, los casos de contaminación contra la empresa.

“Tenemos el derecho de plantear que el dinero no se puede incorporar sin considerar los efectos que tiene la minería a cielo abierto sobre el medio ambiente, la vida presente y futura de esos ecosistemas y la de sus habitantes, e indirectamente de todo el país”, advirtió Schuster. La decana de Psicología de la UNC, en sintonía con la declaración firmada por las facultades contrarias a recibir los fondos, adelantó que “la idea es que la red se amplíe con la participación de organizaciones sociales e intelectuales en una próxima reunión”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132525-2009-09-28.html

Las 10 del rechazo

Sociedad - Página/12, 28 de septiembre de 2009.- Las facultades y unidades académicas que adhirieron al rechazo de los fondos de La Alumbrera son: en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER): las facultades de Trabajo Social, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Bromatología. En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): las facultades de Psicología, Filosofía y Humanidades y Derecho y Ciencias Sociales. Por último, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSA). Entre las unidades académicas están: la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Unpsjb) y las escuelas de Ciencias de la Información y Biología de la UNC.

Basados en el informe del dueño

Sociedad - Página/12, 28 de septiembre de 2009.- La Alumbrera Limited comenzó su actividad en 1997. Un año después, el entonces director de Medio Ambiente de Tucumán, Juan González, denunció a la empresa por los niveles de metales hallados en el canal DP2, donde desemboca el mineraloducto de La Alumbrera, que cae en la cuenca del río Salí Dulce. En 2002 el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Antonio Gómez, retomó el expediente y, en 2008, llevó al vicepresidente de la firma, Julián Rooney, a ser procesado por el delito de contaminación peligrosa –previsto en la ley nacional de Residuos Peligrosos–. Se consideraba que en 2010 la causa sería elevada a juicio oral y público, y de probarse la responsabilidad de la empresa en la contaminación del canal, podría abrirse una causa de lavado de dinero a las universidades que recibieron fondos de la empresa. “Como en cualquier otro delito en el que se recibe dinero proveniente de un ilícito y se lo aplica a otros fines se comete el delito de lavado de dinero”, explicó el fiscal Gómez en diálogo con Página/12. Pero la Cámara Nacional de Casación Penal consideró el jueves último “hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa” y “anular la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán”. Esto no significa que “sobreseyó a Rooney”, apuntó Javier Pardo, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, sino que la causa continúa abierta, pero deben realizarse nuevas presentaciones conformes a la sentencia del tribunal, que –con dos votos negativos y una disidencia– consideró anomalías formales durante el proceso y negó indicios de contaminación, tomando en cuenta los estudios realizados por la Universidad de Tucumán, integrante de la empresa.

Complicidades con la trata

En el primer encuentro nacional de organizaciones sociales e instituciones oficiales que luchan contra la trata se propuso declarar ese delito como de “lesa humanidad”. Acordaron la conformación de una red americana contra el tráfico de personas.

Sociedad-Página/12, 24 de septiembre de 2009.-

“La trata de personas es el flagelo paradigmático de la corrupción. Sin funcionarios que miren hacia otro lado a cambio de dinero, la trata no existiría. También es paradigmática en cuanto a la discriminación y violencia de género porque el 95 por ciento de las personas captadas por las redes son mujeres, niñas y adolescentes.” Las problemáticas abordadas por Monique Altschull, representante de Mujeres en Igualdad –en la apertura del primer encuentro nacional de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y organismos de Estado que luchan contra la trata de personas–, fueron la punta de lanza para avanzar en cuestiones como la necesidad de un trabajo interdisciplinario y el apoyo del Estado a políticas que permitan la reinserción de las mujeres liberadas de las redes ilegales. Las jornadas finalizaron ayer con la firma de un acuerdo para crear una red americana contra este delito, que desde las organizaciones se pidió tipificar como de lesa humanidad.

“¿Así que tenés una pibita nueva? ¿Cómo está? Bueno, guardámela que después la pruebo.” Recordando ese diálogo entre un policía y un captor de una red de trata, el padre Luis Farinello sintetizó el concepto de mujer para “usar y tirar” que se maneja en la sociedad y en la que las redes son su reflejo, durante el acto de apertura en el salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación. Entre los panelistas también estuvo presente la periodista de Página/12 Luciana Peker, quien apuntó a la necesidad de generar programas para los varones con el fin de “incluirlos en la lucha contra la trata”, partiendo de que “sin clientes no hay trata”.

La Ley Contra la Trata, sancionada en abril de 2008, es la herramienta principal con la que las organizaciones sociales y estatales cuentan para comenzar a perseguir las redes delictivas. “En cualquier caso de trata va a estar de fondo la connivencia del Poder Judicial, policial o político”, apuntó Marcelo Columbo, titular de la Ufase, un organismo dependiente de la Procuración de la Nación que se encarga de asistir a los fiscales para la aplicación de la nueva legislación. Además, la unidad judicial se encarga de aplicar resoluciones como la dictada en agosto y que insta a los Ejecutivos provinciales a detener a los responsables de las “casas de tolerancia” (generalmente reglamentadas bajo la figura de whiskerías) y allanarlas, más allá del progreso o no de la causas judiciales, por contravención a las legislaciones nacionales e internacionales que prohíben la explotación sexual. Además de la puesta en marcha de modelos de atención a las víctimas y recursos legales para lograr que los testimonios dados por las mujeres en la etapa de instrucción tengan validez a lo largo de la causa, y evitar trastornos emocionales ante las constantes citaciones a indagatoria.

El juez de Menores de Misiones César Giménez levantó los aplausos de las organizaciones sociales, pertenecientes a los 21 foros provinciales de la Red Alto al Tráfico y Trata de personas (RATT), cuando solicitó dar un paso más de la legislación actual y que el delito por trata sea considerado de lesa humanidad. “Abrazamos la propuesta del juez, porque esa tipificación brindaría las herramientas necesarias para perseguir a las redes de proxenetas conectadas en todo el mundo”, apuntó Fabiana Túñez, representante de la organización Casa del Encuentro, y recordó que en el país hay “620 mujeres desaparecidas por trata en democracia”.

Mercedes Assorati fue otra de las representantes de las OSC en las mesas de experiencias. En su intervención advirtió sobre la necesidad de un “trabajo interdisciplinario” con el Estado, que en la actualidad deja “que el trabajo de reinserción de las mujeres liberadas de las redes se maneje a pulmón por las organizaciones, sin ningún apoyo”.

El cierre de las jornadas tuvo el logro de cerrar un acuerdo para la creación de una red americana que buscará “incidir en políticas públicas de asistencia, adecuar las legislaciones a la realidad del continente e intercambiar experiencias”, explicó Viviana Caminos, vicecoordinadora de la RATT.

Informe: Nahuel Lag.

La fotografía como autorretrato del día a día de las sociedades.-

Las propuestas del encuentro que ofrecen hace más de diez años, una recorrida por el camino que la práctica fotográfica realizó y realiza encarnada en la trama social argentina, y la participación que tuvo y tiene en los fenómenos que la sobresaltaron son algunos de los puntos que la socióloga Silvia Pérez amplió entrevistada por Agencia NAN, a días de inaugurar la sexta edición de las jornadas de Fotografía y Sociedad, en la UBA. "Sin las nuevas tecnologías hubiese sido muy difícil hacer contrainformación mediante la fotografía", analizó.


Por Nahuel Lag
Fotografía de las V Jornadas Fotografía y Sociedad

Buenos Aires, septiembre 23 (Agencia NAN-2009).- Entender lo que pasa en el día a día de la sociedad es trabajo difícil para quien no logra hacerse del tiempo necesario para detenerse y meditar. Analizar los cerca de 150 años que la fotografía lleva como parte de la vida moderna precisaría, sin dudas, más de un debate mañanero, mate o café de por medio. Una opción para avanzar con rapidez en la historia de este arte (¿o ciencia?) sería saltar del repaso de los estudios del positivismo del siglo XIX --con el temor del fin de las artes plásticas--, al surgimiento de la teoría Crítica a mediados del XX --con Walter Benjamín a la cabeza--; luego un salto más hasta principios de la década del 60, con los análisis de Pierre Bourdieu; y un último hasta llegar, años más tarde, a Roland Barthes. Eso sin salir de Europa, pero ¿en Argentina qué pasa con la fotografía? "En el país no había un espacio donde pudiera ser abordada en un sentido amplio, que incluyera los distintos discursos de las ciencias sociales. Para 1997, la investigación en ese ámbito era casi inexistente." El resumen en retrospectiva pertenece a la fotógrafa y socióloga Silvia Pérez Fernández, que hace 12 años abrió las primeras jornadas de Fotografía y Sociedad desde la UBA. Este viernes y sábado llegará la sexta edición, en la que fotógrafos y académicos locales, de Brasil, Uruguay, Chile y México participarán de mesas de debate abiertas al público en general, que también podrá disfrutar de proyecciones.

Desde su primera edición las jornadas de Fotografía y Sociedad --que se realizan en forma bianual desde 1997, con un sólo intervalo de cuatro años hasta 2001-- tuvieron el objetivo de generar un espacio donde confluyeran fotógrafos, docentes e investigadores de las ciencias sociales. Pero, ¿cómo se explica este intento de abordar a la fotografía como objeto de estudio desde varias disciplinas de las ciencias sociales? Según Pérez, la utilización de la fotografía puede abordarse de dos maneras: como objeto de análisis y reflexión y/o como instrumento de investigación. "El primer modo apunta a la fotografía como producto sociocultural que permite hilar las dimensiones que hacen a la práctica fotográfica. Por ejemplo, la masificación que adquirió a partir de su inserción hogareña, lo que la llegó a igualar con el cine. Esa masividad la hace susceptible de un análisis desde las ciencias sociales en tanto producto y forma de prácticas culturales extendidas".

¿Por ejemplo? "Un álbum de fotos familiar es un disparador de la memoria para reconstruir un relato –continúa la investigadora--. Así, la antropología fue la primera en usarla como instrumento metodológico de investigación, en el siglo XIX, para construir el discurso positivista de entonces: el registro de lo otro, lo diferente, lo exótico, lo salvaje. En la actualidad, tomando registros periódicos en Florida y Corrientes, por ejemplo, podríamos codificar, cuantificar y analizar cómo se viste la gente en la Ciudad de Buenos Aires". Con el correr de las jornadas y el pasar de especialistas por las mesas, el espacio de debate generado desde la Facultad de Sociales llegó a ser productor de material de investigación. Por iniciativa de Fernández y con la dirección compartida con Eduardo Garaglia, las ponencias y textos exclusivos se publican en la revista-libro Ojos Crueles, que tuvo su primera edición en 2004 y este año tendrá su cuarto número.

-- Una investigación interesante es la que estás realizando para tu tesis de doctorado, acerca de la fotografía contemporánea en el período 1983-2001. ¿Qué podés adelantar?
-- Me interesó pensar cuánto de los contextos sociales y políticos incidió en las transformaciones de la fotografía en la Ciudad de Buenos Aires, el lugar del país que concentra mayor actividad fotográfica; y cómo aquellas se cruzaban con la evolución misma de la actividad, ya que a mediados de la década de 1980 aparecen con fuerza las nuevas tecnologías, después de 160 años de fotografía analógica.

-- ¿Qué se destaca del inicio de tu período de estudio?
-- A principios de los 80s, el actor social relevante en el ámbito fotográfico fue el reportero gráfico, que actuó como punta de lanza contra la dictadura. En 1981, tres meses antes de la primera acción del movimiento obrero contra el gobierno de facto, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra) organizó su primera muestra, con el objetivo de mostrar las fotos censuradas por los grandes medios o autocensuradas por los propios fotógrafos. Algunos también se encargaron de mandar las primeras fotos de la represión a los movimientos de derechos humanos en el exterior. Aquella muestra fue para la fotografía lo que Teatro Abierto a la dramaturgia. Y con el retorno a la democracia, los reporteros continuaron siendo protagonistas de esa época de movilización en las calles y juicio a las juntas militares. En el plano artístico, hay que pensar en los fotógrafos nucleados en fotoclubes y la aparición de los fotógrafos autodenominados independientes que buscaron romper con la lógica del fotoclub.

-- ¿Y qué ocurre al otro extremo del período, en 2001?
-- Es una etapa que vuelve a estar marcada por la sociedad en las calles. Con la diferencia de que los fotógrafos ya no están nucleados sindicalmente, como era el caso de Argra. La concentración de los medios de comunicación realizada durante el menemismo absorbió la mano de obra de fotógrafos y flexibilizó la relación laboral. Los fotoreporteros perdieron fuerza política como sindicato. No obstante, empezaron a emerger grupos de fotógrafos vinculados con movimientos de desocupados. Este fenómeno cobró máxima visibilidad en 2001, cuando se podía ver hasta en la televisión a fotógrafos retratando aquellos días, muchos pertenecientes a colectivos que nacían en las calles del 2001.

-- ¿Cuánto influyó internet como espacio de difusión de ésos nuevos colectivos?
-- No hay dudas de que las nuevas tecnologías facilitaron la difusión de este tipo de fotografía porque de otra manera hubiese sido muy difícil hacer contrainformación. Una herramienta como internet se relaciona con los sectores subalternos que buscan una comunicación diferente. Esto tiene un carácter democratizador, aunque los grandes medios sigan teniendo el control del campo. Pero sí, es muy importante la vinculación de los movimientos sociales con estos grupos surgidos de manera contestataria, aunque de no haber mediado esas nuevas herramientas, habría sido más complejo que pudieran tener la relevancia política alcanzada.

-- En las jornadas hay una mesa que nunca falta: Estética y Técnica. ¿Cómo influye en ellas la tecnologización de la disciplina?
-- Si la fotografía es técnica o es arte es una discusión que está desde su nacimiento. Sin embargo, a mediados de la década de 1990, a nivel mundial resurgió la intención de entrar a museos y espacios de arte por parte de los fotógrafos. La foto se trasviste tanto como pintura, como parte de instalaciones, y también se ubica en el límite sinuoso entre video y foto. Entonces, el intento de que la fotografía se consagre en esos espacios pone a las tecnologías digitales como una herramienta potente donde la foto puede disfrazar el legado técnico y facilita el darle un tratado más similar al de una pintura que al de una imagen. Si bien hay que preguntarse qué aporta la técnica digital, lo que hace es reactualizar un debate muy viejo.

-- ¿Y qué ocurre con la técnica en épocas de masividad de cámaras digitales?
-- A nivel más popular hay que preguntarse qué va a pasar con las cámaras de compra masiva que vienen con un programa para fotografiar a la gente sonriendo (la fotografía con SmileShot será una de las ponencias) y se debe desprogramar para sacar una foto en una postura normal. Este tipo de intervención de la fotografía nos ubica en un momento de quiebre, en el sentido de que hace 15 años era absurdo pensar que con una cámara se iba a poder sacar fotos a la gente en su quehacer cotidiano o en situaciones críticas. Habrá que ver qué consecuencias traerá a mediano y largo plazo esta imposición de formatos en el consumo generalizado.

“Archivos y políticas públicas en fotografía”, “Derechos de autor”, “Fotografía y dictadura/ posdictadura”, “Fotografía y memoria”, serán las otras mesas de ponencias que podrán escucharse desde las 10 y hasta las 19 del próximo viernes y sábado. El cierre llegará con una novedad en las propuestas a debatir: “Desde hace tiempo veníamos recibiendo ponencias que posicionaban a la fotografía como instrumento desde lo terapéutico en los psiquiátricos y en experiencias de capacitación a integrantes de movimientos sociales. Y no estaban tenían lugar porque no estaban pensados en términos académicos”, explicó sobre la creación de la mesa “Experiencias de formación y producción con sectores excluidos”.

-- ¿Cuál es la importancia de este nuevo tipo de intervención con la fotografía como herramienta?
-- Permite construir un propio relato para sectores que aparecen estigmatizados por los grandes medios, que muestran la vida de los asentamientos y villas, de maneras que distan de lo que es la vida social y comunitaria en esos lugares. Además de que, en muchos casos, abren espacios de comunicación para los jóvenes, una salida laboral, o permiten conservar la historia de los movimientos.

* Las VI Jornadas de Fotografía y Sociedad ocurrirán el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales-UBA, Ramos Mejía 841.

La primavera tuvo su bienvenida

Con un sol pleno, los estudiantes festejaron su día en Palermo, la Costanera Sur, Plaza Francia, Parque Roca y otros espacios verdes de la ciudad. Hubo conciertos de bandas, control de venta de alcohol y muy pocos incidentes.


Sociedad - Página/12, 22 de septiembre de 2009.- Para los astrónomos, el equinoccio de primavera es hoy. Para Crónica TV el conteo terminó ayer. Y para los pibes y pibas que guardaron los libros y útiles el viernes pasado, ayer fue el cierre de un fin de semana largo en el que hicieron explotar las plazas. “Nooo... Un día como hoy no se puede. Todos los espacios son una cancha, es el espíritu de la festividad”, decía uno de los pocos hombres de la pechera naranja de Prefectura Naval que custodiaban la zona de la Costanera, mientras miraba el cartel que dice: “Prohibida la práctica de deportes. Ordenanza Nº23617”. Lo de que todo era una cancha quedaba claro a simple vista, lo de la festividad lo cerraban la música, las bebidas disfrazadas en botellas de gaseosas y termos –de mucho más que un litro–, la espuma y las corridas carnavalescas, favorecidas por el sol que calentó la tarde.

Uno de los focos de la festividad estuvo en la Costanera sur porteña. “Ibamos a ir para Palermo, pero él nos hizo perder”, dijo Yésica apuntando hacia a Ezequiel, su compañero de curso en Avellaneda, que se defendió: “Con el 10 nos íbamos para Retiro, entonces nos bajamos acá, que tenemos para caminar por Puerto Madero y las plazas para tirarnos”. Mientras, seguían discutiendo la lista de temas que sonaba desde sus celulares.

Desde temprano, las callecitas del puerto más vip estaban repletas de gente y no tenían nada que envidiarle a la peatonal Florida. Pero cuando los chicos y chicas querían cruzar el dique para bajar hasta el río o asentar las mantas, mates, gaseosas y bebidas en envases de gaseosas en las plazas, de entre las lujosas torres que miran al río la Prefectura se encargaba de revisar las mochilas.

–¿Por qué? ¿Posta? Ah... Por eso, me dijeron que no traiga alcohol, ¿no? –preguntó Iliana.

–Sólo a los mayores les dejan pasar algo. Pero está bien porque si no después hay piña. En cambio, está retranquilo este año –retrucó Luciano, compañero de último año del secundario en una escuela de Congreso.

Hasta enero falta un trecho, pero el calor de la jornada de ayer llenó la plaza de pecheras amarillas al grito de: “Heeeeelado”. “Somos muchos, no se está vendiendo tanto”, explicó uno de los amarillos, que todavía tenía llena de “palito bombón” una de sus dos conservadoras.

Lejos de los rituales de verano, Laura y Martín estaban a pura primavera cliché. Habían llegado desde Quilmes con su grupo de amigos, pero los dos se habían “separado un poco” del grupo para que Laura leyera una carta –que escondió celosamente ante el cronista– en las que estaban las primaverales palabras de los diez meses que llevan como novios.

Subiendo las escaleras de la plaza que da a la calle Julieta Lanteri hay una lomada desde la que se podían apreciar todos los sectores cubiertos de sol o de árboles repletos de jóvenes jugando al fútbol o al handball, tocando la guitarra, retumbando una comparsa de percusionistas, en Peñaloza y Calabria. Por ahí andaban Natalia y Antonela, que ya preparaban la vuelta a Lanús, retocándose el rimmel y la sombra de los ojos frente a un espejito: el festejo sigue en un recital.

Tranquila, mamá, hasta ahora, pocas peleas y a pesar del reciente fallo de la Corte Suprema, de marihuana ni el olor. Sin embargo, algunos tenían otra percepción: “¡En un ratito vi de todo! ¡Todos con porro! ¿No viste, vos?”, comentó un remisero para crear inquietud en los hogares.

Por Azucena Villafor, a la derecha, Paseo Colón, después, la 9 de Julio, Libertador y Pueyrredón, se llega a Plaza Francia. También repleta de jóvenes, pero las chicas con su onda hippie chic y la pelota de fútbol perdiendo la pulseada con las artesanías y las habilidades circenses. Las lomaditas y la suerte de valles que se forman detrás del Hard Rock eran un escenario natural para los espectadores de la banda musical que fue a cerrar la jornada.

Mientras un grupo de compañeros del Nacional de Buenos Aires y otros que vinieron desde Chacarita alientan al Topo –el seudónimo que le dio a este diario–, que toma coraje para lanzarse con su bicicleta por la bajada de una loma que termina abruptamente en la salida de una cafetería, dos metros más abajo. La bicicleta queda atorada en una ligustrina, el Topo cae y se estrella contra el suelo, se levanta y alza las manos. Explotan los aplausos lomada arriba. Las cámaras de los celulares registraron todo. A unos metros, Rocío y Joaquín se frotan las manos –otra vez, el aire de amor primaveral– con agua y detergente. No es la gripe A, sino que intentan jugar a hacer burbujas soplando entre sus manos. ¡Plop! Explota la burbuja, se apaga el sol, se termina el primer día de primavera.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132184-2009-09-22.html

Música, mural y reclamo de justicia

Sociedad - Página/12, 21 de septiembre de 2009.- A nueve años de que el policía de la Bonaerense Rubén Champonois asesinara por la espalda a Mariano Witis, músico de 23 años, y Darío Riquelme, un chico de 16 años que tomó como rehén a Witis, los familiares y amigos del joven músico, junto a organizaciones de derechos humanos, inauguraron ayer un mural y participaron de una jornada cultural en la escuela de San Isidro, donde se recibió Witis. Mientras, sus padres esperan que la Cámara de Casación bonaerense resuelva el caso por el que el policía recibió la condena mínima y luego obtuvo la excarcelación en 2006. “No hay venganza ni odio, lo que se espera es una condena apropiada al daño, que le devuelva la dignidad a Mariano y Darío, y también a Champonois, con la posibilidad de recapacitar en lo que hizo y que no repita la historia”, aseguró Raquel Witis, madre del músico.

A las 13, entre familiares, amigos y representantes de organizaciones de derechos humanos, todo estuvo dispuesto sobre la calle Fleming 1621, frente a la Escuela Polivalente de Arte de San Isidro, para inaugurar el mural que representa el trabajo por la memoria y del que estudiantes, docentes y vecinos participaron en su elaboración desde diciembre de 2008. “El homenaje es a su familia, que pudo transformar la muerte de Mariano en una acción de vitalidad y de lucha”, explicó Juan Cruz, director artístico del mural y amigo del hermano menor de Witis.

Con el mural listo para que lo disfruten los vecinos y “los que pasan con el 60”, las 300 personas ingresaron a la escuela para disfrutar de una jornada musical, que cerraría con un tema dedicado a los padres de Mariano por parte de Horacio Fontova. Entre los músicos que subieron al escenario estuvo Fernando Witis, hermano del joven asesinado, junto a un guitarrista que completaba el trío cuando Mariano salía a tocar por San Isidro. “Sin su influencia no hubiese encontrado el gusto por la música que siento hoy, con mis 29 años, que son más de los que vivió mi hermano. Aunque para mí siempre será mi hermano mayor.”

Mariano fue asesinado el 21 de septiembre de 2000, luego de que dos asaltantes lo tomaran como rehén para robar el Banco Itaú. El policía de la Bonaerense que efectuó los disparos contra él y su captor fue condenado, en segunda instancia, a doce años y seis meses, pero sólo cumplió un año en prisión. La fiscalía y los abogados auspiciantes de las familias Witis y Riquelme –que pidieron 20 años de condena– apelaron y llevaron el fallo a la Cámara de Casación bonaerense, donde se reabrieron las audiencias.

Cerca de las 20, cuando los músicos desarmaban los equipos de sonido, Raquel dijo: “La condena tiene que ser apropiada para que no haya impunidad. El Poder Judicial no debe de ninguna manera justificar las muertes porque no hay ninguna vida despreciable”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132136-2009-09-21.html

“Está naturalizada”

Las organizaciones contra la trata de mujeres reclaman una autorregulación para evitar los frecuentes avisos de prostitución. “Terminan por ser cómplices de las redes de trata”, advierten.


Sociedad - Página/12, 20 de septiembre de 2009.- El debate abierto sobre los avisos de prostitución en los periódicos de España podría tener su correlato argentino si, por ejemplo, esta semana, alguien se hubiese indignado al leer: “Exub. rubia misionera, gigante kola. 20 pesos”. Para los integrantes de organizaciones que llevan años luchando contra la trata de mujeres para explotación sexual, subsiste una falta de ética en las empresas mediáticas que publican esos anuncios, al mismo tiempo que la prostitución aún está naturalizada para gran parte de la sociedad. Además, apuntan que el problema está en atacar a los “empresarios y políticos cómplices de la industria sexual”.

En algunos casos, incluso, los avisos van más allá de las ofertas sexuales: hay anuncios bajo el rubro “pedidos” en los que se ofrece “trabajo” a mujeres que obviamente deben tener “buena presencia” y a las que se ofrecen buenos porcentajes en las ganancias.

Viviana Caminos es vicecoordinadora de la Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata (RATT) y acostumbra viajar por las provincias del país para reunirse con las organizaciones sociales que luchan contra el flagelo. En uno de ellos se encontró, en un periódico local, con el anuncio de la conferencia sobre trata de personas en la que iba a participar, y debajo una publicidad de locales de prostitución. Algo similar le ocurrió cuando fue entrevistada junto a un grupo de madres que pedían por la aparición de sus hijas, posiblemente capturadas por redes de trata. La nota fue enmarcada por avisos de chicas que ofrecían servicios sexuales.

“Debería crearse un código de ética por parte de los medios de comunicación, a través del cual se comprometan a finalizar con la publicación de ese tipo de avisos. Si no, terminan por ser cómplices de las redes de trata”, advirtió Caminos.

Para Alberto Ilieff, integrante de la Coalición Argentina Contra la Trata y el Tráfico de Personas (Catw Ar), la inclusión de avisos de servicios sexuales en los periódicos también implica hablar de ética porque “el mismo diario que denuncia la acción de la trata de personas es el que publica anuncios ofertando a las mujeres provenientes de las redes. Pero son intereses difíciles de detener, porque la trata mueve 32 mil millones de dólares cada año”.

La contradicción de mensajes llevó a la vicecoordinadora de la RATT a discriminar: “Una cuestión es el diario como empresa y otra el periodista. Los medios de prensa entendidos desde el negocio pueden llegar a poner muchos avisos publicitarios que incentiven a la industria sexual por el dinero que aporten, pero nada tiene que ver con la labor del periodista”. La Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas, sancionada en abril de 2008, tampoco introduce el tema publicitario. “En la ley no dice nada al respecto. Lo que sí menciona es ‘desalentar la demanda’, algo que podría sugerir el recorte de avisos”, aseguró la integrante de la RATT.

“La explotación sexual es una violación a los derechos humanos indicada por la ONU. Pero la práctica de la prostitución no está penada por ninguna legislación. Por lo que aparentemente en los avisos no hay presente un delito sino que son las mujeres las que ofrecen la actividad. Ellas son el gancho para los dueños de los locales, que no aparecen porque deberían ir presos –explicó el integrante de la coalición–. Las redes de trata existen por el negocio de la industria sexual, que tiene diferentes actores: los que atienden los prostíbulos, reclutadores de las redes y los empresarios y políticos cómplices que no ponen la cara.”

Las denuncias parecen no alcanzar para generar conciencia social. “Faltan años en los que debemos continuar peleando, porque la prostitución está naturalizada como algo que siempre estuvo y que es necesario”, indicó Caminos. En ese sentido, Ilieff analizó que “los países latinoamericanos son muy machistas” y en ellos la prostitución se naturalizó a tal nivel que se dice que las mujeres la eligen porque “quieren plata fácil o lo prefieren antes que limpiar casas”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132078-2009-09-20.html

Las otras publicidades

Los avisos en los periódicos no son el único medio a través del cual se ofrecen servicios sexuales en los que pueden estar implicadas mujeres víctimas de redes de trata. Los teléfonos públicos que aún permanecen de pie en las calles porteñas y del conurbano bonaerense se transformaron en marquesinas en donde se colocan fotos de mujeres semidesnudas junto a un número telefónico o una dirección. “Haciendo una lista con las direcciones y teléfonos de los volantes que se pueden recolectar desde el microcentro hasta el barrio de Belgrano podemos hablar de la existencia de 150 prostíbulos.” Por su parte, la vicecoordinadora de la RATT indicó que la televisión también da “un mensaje prostibulario. Recuerdo un programa en el que el conductor tenía a sus bailarinas disfrazadas como nenitas y arrodilladas frente de él, mientras les tiraba caramelos en la boca”.


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/132078-42547-2009-09-20.html

El plan de los jóvenes

Una serie de organizaciones sociales presentó ayer una propuesta de Ley Nacional de Juventud, que contempla garantizar los derechos de los jóvenes en diversas áreas.


Sociedad-Página/12, 16 de septiembre de 2009.- Un Consejo Nacional de la Juventud donde los jóvenes tengan influencia en la formación de políticas públicas, la creación de un Sistema Nacional de Salud Juvenil y que el Estado asegure el acceso al primer empleo y a una vivienda. Son algunas de las propuestas del proyecto de Ley Nacional de Juventud presentado ayer en el Hotel Bauen, por la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, junto a las organizaciones sociales que aportaron a la redacción del documento. El proyecto también contempla la creación de una Defensoría Juvenil que elaborará informes anuales y velará por sus derechos.

El proyecto, que a partir de hoy puede ser debatido en las comisiones de la Cámara de Diputados, propone una solución integral al déficit en materia de educación, salud, vivienda, empleo y vulneración de derechos de los jóvenes de entre 15 y 30 años. “El nivel de precarización y ausencia de políticas públicas para los jóvenes produjo la exclusión y generó un cóctel de riesgo con jóvenes sin oportunidades, mientras que la única respuesta que da el Estado es la criminalización de la juventud y de la pobreza”, sentenció Donda en diálogo con Página/12.

Por eso, el documento elaborado junto a la Juventud de la CTA, el programa nacional Juana Azurduy, la Red No a la Trata, la Asociación Civil Martín Castelucci, la Fundación SES y el Serpaj, entre otras, que estuvieron en la presentación de ayer en el Hotel Bauen. Según propone el espíritu del documento, serán las organizaciones las fuentes de consulta prioritarias a la hora de diseñar proyectos por parte de los organismos de Estado a nivel nacional, provincial y municipal.

En materia de Educación se plantea que el Congreso nacional destine un porcentaje adicional del presupuesto que sostenga comedores estudiantiles, sistema de becas, boleto estudiantil y la entrega de materiales de estudio y la promoción de la educación y capacitación laboral de jóvenes detenidos o condenados. Además, los estudiantes no tendrán un rol pasivo, sino que el proyecto propone la creación de un Parlamento Anual Juvenil, coordinado por el Ministerio de Educación, que contará con una representación de estudiantes de todo el país, equivalente a la de los diputados nacionales por provincia.

Otro de los puntos sobresalientes del proyecto es la creación de un Sistema de Salud Juvenil que permitirá acceder a una cobertura social mediante un credencial otorgada por el Ministerio de Salud. Además, el sistema deberá generar programas de prevención, atención y rehabilitación destinados a combatir la drogadicción, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente. Según un estudio del Cippec, en 2008, sólo el 50 por ciento de los adolescentes accedió a información sobre algún tema de salud.

A partir de las vacantes en el sistema público, acuerdos con el sector privado y programas de capacitación, el proyecto también apunta a atacar el desempleo juvenil, que alcanza el 16 por ciento, duplicando el existente entre los adultos, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA en mayo. El estudio también indica que de los jóvenes con empleo sólo el 36 por ciento cuenta con derechos laborales plenos. “El Estado debe proteger a los jóvenes de todas las formas de abuso y precarización laboral”, agregó Donda.

Junto a la falta de trabajo, los jóvenes sufren la imposibilidad de acceder a un techo propio, por eso una de las propuestas avanza en la apertura de una línea de créditos económicos que brindaría el Banco Nación. De ser aprobada, la ley también fomentará la creación de un programa nacional contra la trata de personas, la seguridad en los lugares de esparcimiento, asistencia económica y sanitaria para los jóvenes víctimas de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, y la apertura y promoción de espacios culturales y deportivos.

¿Quién velará por el cumplimiento de la futura ley y la promoción de los derechos de los jóvenes? El proyecto propone la creación de una Defensoría Juvenil.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-131835-2009-09-16.html

Reclamo por despidos en una granja avícola

Sociedad-Página/12, 15 de septiembre de 2009.- “El común denominador es la manipulación de agrotóxicos, el trabajo infantil y los reclamos salariales.” Las palabras de Oscar Taboada resumen las condiciones de trabajo de las familias productoras en las 70 granjas avícolas de una empresa dedicada a la producción de huevos, en la provincia de Buenos Aires. Ayer, su voz sonó junto con la de otros compañeros en una de esas granjas, junto a integrantes de la cooperativa La Alameda –una agrupación que viene denunciando casos de trabajo esclavo– en una jornada de protesta, en la localidad bonaerense de Pilar. El motivo fue reclamar por la reincorporación de cuatro trabajadores despedidos por denunciar aquellas condiciones laborales que “aún siguen vigentes”, aseguró Agustín Navarro Farías, delegado de los granjeros y último despedido.

La concentración comenzó a las siete de la mañana cuando los camiones de la empresa Nuestra Huella SA debían llegar para ingresar el alimento para los animales –con aditivos para que las gallinas pongan mayor cantidad de huevos, según comentaron los trabajadores– y retirar la producción del fin de semana, que es la más numerosa.

Farías llegó desde Paraguay hace tres años para trabajar en la empresa y hace un año lo enviaron a la granja La Escondida, donde también vive con su esposa y sus tres hijos en “un casita con una cocina y una pieza”, contó. Pero si continúa bajo techo es por un amparo judicial, porque cuando hace dos semanas sus compañeros de granja lo eligieron delegado de la Unión de Trabajadores de Granjas Avícolas (Utga) “al otro día la empresa me echó”, aseguró. Su despido se sumaba al de Oscar Taboada, María Soledad Garzón y Marisol Díaz Mereles, esposa de Farías y madre de la niña de un año que sufre de un riñón multiquistósico, presunta consecuencia de la manipulación de agroquímicos, según los pediatras del Hospital Garrahan. “Deberíamos llevarla al hospital tres veces al mes, pero en la granja no nos permiten salir. No nos dan días francos”, agregó Farías.

Problemas de salud como los de la hija de Farías o la hija menor de Taboada –denunciado por Página/12 en enero– también son los argumentos que llevaron a la protesta de ayer en las puertas de la granja en Pilar. Pero a pesar de las distintas denuncias, los dueños de la empresa productora de huevos que abastece a las principales cadenas de supermercados no parecen cambiar de opinión. “Cuando me echaron vino la presidenta de la empresa y dijo: así como el paraguayo empezó a reclamar y lo despedimos, al primero que siga reclamando lo pongo de patitas en la calle”, denunció el delegado gremial. La oportunidad de acordar se presentó en la tarde de ayer cuando en la delegación de Pilar del Ministerio de Trabajo se reunieron los representantes de la Utga, abogados de La Alameda y de la empresa. Pero la reunión “fue un fracaso porque la empresa se negó a reconocer los reclamos”, según reveló el titular de la cooperativa La Alameda –que acompaña a los trabajadores desde el inicio de las denuncias, a fines de 2008–, Gustavo Vera.

Entre los reclamos que la empresa se niega a reconocer está el pago de los haberes adeudados por trabajar durante 20 días, ocho horas a la noche, además de doce horas durante el día. El bloqueo se levantó a las seis de la tarde, pero según Taboada los trabajadores “vamos a seguir hasta el final, hasta que los dueños queden presos”.

Informe: Nahuel Lag.

Freno al desalojo de una plaza

El gobierno porteño había intimado a una asociación vecinal de Boedo a desalojar la plaza que ellos construyeron hace 24 años. Ahora, una jueza hizo lugar a un recurso de amparo, suspendió el decreto y convocó a una audiencia pública.


Sociedad-Página/12, 11 de septiembre de 2009.- La Justicia porteña ordenó suspender el decreto dictado por Mauricio Macri para que una asociación vecinal desalojara una plaza del barrio de Boedo, construida por los mismos vecinos hace 24 años. El gobierno de la ciudad planeaba construir allí un Centro de Gestión y Participación (CGP), pero ahora deberá esperar el resultado de una audiencia pública convocada por el juzgado, en la que deberán exponer sus motivos las autoridades de los ministerios de Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público y Desarrollo Económico.

La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Karina Cicero ordenó la suspensión del decreto que revocaba el permiso de uso público del predio en el que la Asociación de Vecinos Florentino Ameghino (Avefa) construyó la “única plaza del barrio de Boedo”, según resaltan orgullosos. El fallo es consecuencia del recurso de amparo presentado por Avefa hace una semana, del cual dio cuenta Página/12.

La asociación vecinal argumentó en su presentación que “satisface el interés público y cumple con los fines para los cuales el permiso de uso fue otorgado” y que “el jefe de Gobierno (Mauricio Macri) carece de facultades constitucionales para revocarlo”, explicó Solange Verón, abogada de los vecinos.

“Hasta tanto se reciban las actuaciones y se realice la audiencia, se ordena al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se abstenga de ejecutar la desocupación administrativa del predio”, sentenció el fallo de la jueza Karina Cicero, y ordenó presentar en el plazo de 5 días los documentos referidos al decreto.

La audiencia será el 23 de septiembre para los funcionarios, con cargos directivos, de Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo Urbano, desde donde aseguraron “no estar notificados”. En el Ministerio de Desarrollo Económico confirmaron que se presentarán a la audiencia, pero que no harán declaraciones hasta después de la fecha.

“Por ahora, estamos contentos, pero sabemos que hay que seguir peleando. Es nada más que un pasito. Al menos, la jueza escuchó nuestro reclamo y tomó una decisión a partir de la línea argumental que presentamos sobre la nulidad del decreto. El desalojo significaría romper la asociación. Si todo sale bien, tendremos la tranquilidad para empezar a proyectar a largo plazo”, adelantó Daniela Paredes, integrante de la Comisión Directiva de Avefa.

El tironeo entre el gobierno porteño y Avefa comenzó hace un año, cuando el titular del CGP 5, Marcelo Bouzas, adelantó a los integrantes de la asociación que en el predio se instalaría el nuevo edificio de esa dependencia gubernamental. Y se corporizó en el decreto 623/09, que intimaba a Avefa a abandonar el predio a fines de septiembre por no cumplir “con la función social, recreativa y deportiva” que se le requería a la asociación como condición para mantener el permiso de tenencia precaria de uso gratuito del predio hasta 2016.

Según Verón, “la asociación cumple con el interés público” por las actividades culturales y deportivas que se llevan a cabo en el lugar. “Con el esfuerzo de los vecinos se decidió abrir una plaza que beneficia a todo el barrio y no sólo a los asociados. Sin el predio, la asociación desaparece. Lo clave es su territorialidad, su función de establecer lazos históricos y sociales en el barrio”, agregó.

En el predio funciona una escuelita de fútbol, se desarrolla el Programa de Calesitas del gobierno porteño, realizan actividades las cooperadoras escolares y tiene su sede una escuela primaria para mayores.

Entre los argumentos del fallo para solicitar la medida cautelar figura la fecha de vencimiento de la intimación que, según el decreto, sería a fin de septiembre. “Su no ejecución no genera grave daño al interés público, pero (de concretarse) sí podría provocar un daño difícil de revertir”, dice la sentencia.

Además, Verón indicó que “el procedimiento está viciado del debido proceso” por dos razones. Una es la falta de legitimidad del decreto, ya que “el permiso del predio fue otorgado por el Concejo Deliberante (en 1998) y, con la sanción de la Constitución de la Ciudad, su continuación legal es la Legislatura. Por tanto, es la que tiene las facultades para revocar el permiso”. Además, ese cuerpo aprobó hace una semana, con 25 votos, un proyecto de declaración contra el desalojo. La otra razón es que, según la abogada, el decreto “fue firmado el 6 de julio y aún no apareció en el boletín oficial”.

“No entiendo mucho de resoluciones... Pero me alegró mucho el fallo: jugué varios años en la canchita de la plaza”, resaltó un vecino que venía juntando firmas para detener el desalojo.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-131566-2009-09-11.html

Promo escolar para ir al cine

Las Semanas de Cine para Secundarios es fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y las grandes cadenas de cine. Las entradas se consiguen en dirección: con una, pueden entrar dos. La misma promoción rige para alquilar DVD.

Sociedad-Página/12, 9 de septiembre de 2009.- Ir a la dirección de la escuela ya no significará sólo una sanción por indisciplina o ir por la bandera de ceremonias. Los estudiantes de 4º y 5º año podrán acudir allí a solicitar una autorización para obtener dos entradas de cine al precio de una y alquileres de DVD, con la misma promoción. La primera etapa del proyecto Semanas de Cine para Secundarios –una iniciativa del Ministerio de Educación junto a las cámaras empresarias del sector– fue presentada ayer con la intención de promover el acceso al cine como un derecho a la cultura, alcanzando a 485 mil estudiantes en la ciudad de Buenos Aires, el Conurbano, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Salta. La presentación estuvo a cargo de los actores Ricardo Darín, Mercedes Morán y Diego Peretti y el director Juan José Campanella.

La presentación del programa mudó el Palacio Sarmiento a una sala de cine en el barrio de Palermo, y como las luces no se apagaron ni el proyector comenzó a rodar, funcionarios, empresarios y actores se encargaron de hablar del cine como marca identitaria, como herramienta de inclusión y como experiencia social. De acuerdo con lo anunciado, entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre, esas experiencias alcanzarán a los estudiantes de los últimos dos años del secundario de escuelas públicas y privadas, que en su zona cuenten con una sala de las cadenas Cinemark, Hoyts y Village.

La directora del Programa Escuelas y Medios, Roxana Morduchowicz, fue la primera en obtener las miradas en plano medio, americano o general, según la distancia entre ella y el auditorio. “La iniciativa busca acercar a los adolescentes al cine, porque no acceder significa tener menor capital intelectual y cultural, por lo tanto mayor exclusión. Por eso, se posiciona a la escuela como promotora de la cultura, porque para disfrutar de esta promoción el único requerimiento es el de ir a la escuela”, explicó.

Según datos del Ministerio de Educación, en 2007, el 60 por ciento de los chicos de 11 a 16 años de todo el país fueron al cine en el último año, aunque de ellos el 50 por ciento sólo fue una o dos veces. Y en el 60 por ciento de los casos el motivo de exclusión fue el precio de la entrada. Cuando el billete no alcanza, el 80 por ciento de los chicos alquilan, al menos, una película por mes.

Ariel Levi tiene 14 años y sentarse frente a la gran pantalla una vez cada quince días lo ubica entre un grupo selecto de cinéfilos con posibilidades económicas. Durante la presentación del programa, el grupo se reduce a uno, ya que él era el único pibe. “El cine es una pasión para mí, pero tengo amigos que no tienen la plata para ir y nos obliga a prorrogar la salida”, graficó el fanático, preocupado porque cursa el primer año del secundario y no va a poder pedir los cupones de promoción. En ese sentido, el titular de la Cámara Argentina de Empresas Multipantalla, Martín Morales, aseguró que esta es una prueba piloto de un programa que continuará para alcanzar a más chicos.

Mientras que en la sala 1 estaba siendo proyectado en su papel de Benjamín Espósito (en la película El secreto de tus ojos), en la sala 2, Ricardo Darín se hizo cuerpo y voz junto al director Juan José Campanella –guionista del mismo film– y los actores Mercedes Morán y Diego Peretti. Cada uno se encargó a hablar de su “primera vez como espectadores de cine”. “Era una pantalla gigante que te dominaba y más que educar te ayudaba a soñar con otras realidades posibles”, explicó Campanella. En su turno, Peretti sumó al debate otras experiencias, como que la función era una excusa para “apretar” gracias a la oscuridad de las salas comerciales. No faltaron las referencia a los salones de los clubes de barrio, un espacio perdido entre los circuitos de proyección actuales.

El ministro de Educación, Alberto Sileoni, fue el último en tomar la palabra para proyectar el programa hacia adelante: “Ojalá sea el inicio de algo más grande que nos permita incluir a más chicos y a los pibes más pobres que no tienen los medios para acceder a la cultura”, dijo. Otro de los objetivos del programa, referido a reducir la descarga y venta de piratería, continuará siendo un anhelo difícil de alcanzar.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-131441-2009-09-09.html

Discriminados en la propia villa

No pueden pagar los alquileres que les cobran por una pieza en la 31. Hace 15 días viven a la intemperie, junto a los vagones y hostigados por los federales. Presentaron un amparo para que la Justicia les permita edificar en un terreno externo a la villa.


Sociedad-Página/12, 7 de septiembre de 2009.-“Hay un abuso con los alquileres. Por una pieza de tres metros por dos nos cobran hasta 600 pesos, y no quieren aceptar a las familias sino sólo a los solteros porque los niños molestan.” Las pausadas palabras de Sergio Castañeta resumen el problema de 70 familias bolivianas que alquilan o alquilaban una pequeña pieza en la Villa 31 y que hace 15 días permanecen a la intemperie en una porción de terreno delante de la manzana 105, entre la terminal del Ferrocarril San Martín y la Terminal de Retiro, con la esperanza de que les permitan construir una pieza propia (lo solicitaron mediante un amparo judicial). Desde el 22 de agosto, la policía custodia a las familias para que no intenten iniciar la construcción de sus viviendas, y hasta les quemaron frazadas, colchones y otros materiales que les permitían repararse del frío, según denunciaron las familias.

Entre el revuelo de relojes, golosinas, policías y pasajeros de tren o de ómnibus –según si salen o entran de la terminal del Ferrocarril San Martín o la Terminal de Retiro– sobre la calle Ramos Mejía, dos hojas de un portón abren el camino, sobre vías en desuso, a la manzana 105 de la Villa 31 bis. Ya sin bullicio, las vías abandonadas son una amplia peatonal que se estrecha a los 300 metros. Allí, una furgoneta y dos patrulleros de la Federal acotan el paso. Las primeras construcciones de ladrillo y cables a la vista comienzan a cien metros.

Pero hace 15 días, 70 familias bolivianas sobreviven sobre las vías, bajo los trenes de carga y entre los charcos de agua estancada que se desordenan en esos cien metros anteriores al primer techo de material. Felicidad Corrales trabaja como costurera para pagar los 300 pesos de una pequeña pieza en la que vive con sus dos hijos. Pero los dueños de la pieza ya le advirtieron que en octubre no le renovarán el alquiler.

“Estamos acá para poder tener un pedacito de tierra. Pero la policía nos maltrata. La semana pasada nos quemó los colchones y las frazadas. Por las mañanas nos despiertan gritándonos ‘vayan a su país’”, retrató Felicidad.

Es que por la tarde dos patrulleros y una furgoneta custodian el terreno que por concesión utiliza la empresa ALL –de capitales brasileños– y “a la noche llegan a ser hasta siete patrulleros, más la Infantería”, indicó Liliana Da Silva, una vecina que desde el primer día busca ayuda a las familias. “La empresa presentó una causa por usurpación y otra por interrupción del trabajo contra las familias. Pero acá todos saben que estos pocos metros del terreno no los usan. Por eso, aún no llegó una orden de desalojo”, explicó.

A un metro de Felicidad se ven las rueditas del cochecito de la bebé de Virginia. El resto del carrito está tapado con un nylon, por miedo de que llegue otra lluvia como la de la semana pasada, que le inundó la carpa. Unos pasos más adelante, Aurelia Avalos ironiza: “Llegaste a tu casa”. Es que su vecino de carpa, Germán Condori, llegó con su hijo José Luis –de un año– luego de ir a comprarle los medicamentos para la bronquiolitis. La enfermedad regresó con las dos semanas de frío durmiendo bajo el cielo.

“La señora no quiere alquilarme más porque el niño le molesta. Y si pudiera tener un pedacito de terreno, con lo que pago de alquiler construiría una piecita”, graficó Germán. Esta tarde su mujer no lo acompaña porque fue al hospital a atenderse, y él ya no tiene problemas de quedarse cuidando el lugar, ya que lo echaron de la obra de construcción en la que trabajaba por ausentarse en las últimas semanas.

Ramón Vera da vueltas como un modelo sobre un vagón de carga para mostrar la remera de “Cortinas Metálicas”, donde trabajaba hasta la semana pasada. No quiere llamar la atención, pero subirse al vagón es más cómodo que pasar por debajo, únicas dos maneras de salir de la carpa más grande del predio. Son las familias más alejadas de los patrulleros y son más de diez. Su refugio lo armaron dejando caer un nylon desde arriba del vagón en diagonal al piso. El problema es que lindan con las paredes de otro pilón de casas que desagotan las cañerías detrás de las carpas. El verde del agua de la zanja indica cualquier cosa menos sanidad y a la noche se levantan los “matungos”: así les dicen a los mosquitos.

“Me siento una tarada”, dijo una asistente social cuando se encontró en el predio con las familias después de dar una charla sobre el dengue en la villa. La anécdota es de Da Silva, quien asegura que en las últimas dos semanas golpeó las puertas de los ministerios de Desarrollo Social nacional y porteño, del Inadi y de la Defensoría del Pueblo, sin ninguna respuesta de asistencia.

Sin embargo, algunos empiezan a encender unas maderas para cocinar en las ollas de las que todos sacarán una tajada. Por suerte para todos, ayer un comedor del barrio se solidarizó y donó un poco de comida. Mientras el fuego calienta las ollas, Germán señala al cielo y advierte que “se viene el agua otra vez”, e instantáneamente un vecino blande un paraguas y deja escapar una risa. “Así resistimos”, aseguró Germán a la espera de que un funcionario los escuche y un amparo permita una “prolongación de la manzana 105”. Hasta que un día llegue la repetida urbanización.


Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-131322-2009-09-07.html

Desalojos hasta en las plazas

La Plaza de los Vecinos funciona desde hace veinticuatro años y tiene un permiso precario hasta 2016, pero el gobierno porteño quiere construir allí un CGP. La Legislatura aprobó ayer un proyecto en el que apoya la continuidad de ese espacio público.


Sociedad - Página/12, 4 de septiembre de 2009.- Hace 24 años, cuando en Boedo los espacios verdes escaseaban por la proliferación de edificios, la Asociación Civil de Vecinos Florentino Ameghino (Avefa) construyó una plaza donde sólo había un terreno baldío con pastos altos y tres palmeras. En la actualidad, la Plaza de los Vecinos cuenta con 200 socios, una cancha de fútbol, un centro educativo primario y un espacio verde donde se desarrollan distintas actividades culturales. Pero un decreto del gobierno porteño intima a la asociación a desocupar el predio en 30 días porque “no cumple con la función social, recreativa y deportiva” y evalúa “la posibilidad de emplazar en el predio la sede del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 5”, rescindiendo el contrato que otorgaba a Avefa la tenencia precaria hasta 2016. Ayer un proyecto de declaración votado sobre tablas en la Legislatura expresó la “preocupación (del cuerpo) ante el inminente desalojo”. Los vecinos, por su parte, apelarán la medida.

La primera advertencia para los vecinos llegó hace un año, cuando el titular del CGP 5, Marcelo Bouzas, comunicó a la asociación que la dependencia gubernamental se mudaría a Independencia 4264. Pero nada pasó hasta el 26 de agosto último, cuando llegó la cédula de notificación del decreto, firmado por el director general de Concesiones, Javier Solari, que revoca el “permiso de uso precario y gratuito” .

“Sólo nos llegó la cédula. No hay instancias de negociación con el gobierno. A Bouzas le solicitamos una reunión y nunca respondió”, aseguró Daniela Paredes, socia e integrante de la comisión directiva. El documento revocatorio le da a la asociación treinta días para abandonar el lugar que hicieron propio en 1985. Y que desde 1996 ocupaban con permiso formal del gobierno, a través de una ordenanza que les otorgaba el uso del predio por 20 años.

Según la Dirección de Concesiones, la baja del permiso se basa en inspecciones que muestran “el avanzado estado de deterioro edilicio del predio”, a partir de “la situación de irregularidad” denunciada por los vecinos. Y subraya que la asociación “no cumple con la función social, recreativa y deportiva que se tuvo en miras al otorgarle el permiso en cuestión”.

Daniela Paredes responde que “ninguna concesión se termina por la denuncia de diez vecinos, y menos cuando en el expediente figura que los mismos vecinos levantaron la denuncia”. “Ahora, ellos como socios se encargan de juntar firmas para que no se cierre la plaza. El gobierno lo aprovechó para avanzar con sus intereses inmobiliarios”, replica. Desde Concesiones no respondieron a las consultas de Página/12.

“Años y años de esfuerzo solidario desperdiciados”, se lamenta Juan Novelli, vecino y socio de la asociación, mientras mira las fotos que muestran la evolución del predio, desde que el intendente de la dictadura, Osvaldo Cacciatore, hizo demoler la escuela Florentino Ameghino, ubicada en ese lugar, hasta el presente del terreno con los bancos, la calesita, las canchas de fútbol, la de bochas y el salón del centro educativo primario, dependiente del Ministerio de Educación porteño. “Con el equipo de fútbol recorremos muchos clubes y vemos vestuarios tapados de agua e instalaciones eléctricas mal conectadas. Cómo nos van a hablar de deterioro a nosotros que mantenemos con nuestro esfuerzo todo el predio”, refutó Novelli, quien tiene su cuota de dos pesos mensuales al día.

El decreto adelanta que junto a “la posibilidad de emplazar” el CGP 5 –que hoy funciona en un local alquilado– se evalúa la “reconstrucción y acondicionamiento” de todos los espacios de esparcimiento ubicados en los 100 metros de largo por 50 de ancho del predio. “Es mentira, no es posible construir el CGP manteniendo los mismos espacios. Además, con la manera de construir del gobierno de Macri sería más económico continuar alquilando un local”, apuntó Sergio Abrevaya, legislador por la Coalición Cívica, coautor del proyecto de declaración que se votó sobre tablas ayer en la Legislatura. Pablo Failde, autor de la iniciativa, argumentó que el predio “es usado por cooperadoras y escuelas para eventos y la escuela de fútbol, a la que van 300 chicos, es la que tiene los precios más bajos del barrio”. El titular del bloque del PRO, Oscar Moscariello, expresó que si Avefa presentaba un pedido de reconsideración, se ponía como “garante” de que se dé marcha atrás con el desalojo.

“Muchas veces me negué a ir a otros clubes para seguir jugando acá –resume Fidel, que tiene 12 años y es el goleador del equipo federado de Avefa–. De sólo pensar que vivo enfrente y todos los días vengo a la plaza y después a entrenar, me pongo muy triste.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-131161-2009-09-04.html

Juntas sí, casadas no

En Córdoba, Migraciones le niega la residencia a una ciudadana belga, casada en el exterior con su pareja, oriunda de esa provincia. Con el apoyo del Inadi, presentaron un pedido de reconsideración.

Sociedad - Página/12, 1 de septiembre de 2009.- Las dos se enamoraron hace cuatro años. Sophie había llegado desde Bélgica; Cecilia vivía en Córdoba. En 2007, Cecilia estuvo de acuerdo con viajar al país natal de su compañera para contraer matrimonio. Con el reconocimiento legal de su enlace regresaron y Sophie pidió la residencia argentina por el “vínculo conyugal con una ciudadana argentina”. Pero la Dirección Nacional de Migraciones negó el permiso en julio. El argumento se funda en un artículo del Código Civil por el que se interpretó que “el matrimonio celebrado en el extranjero entre personas del mismo sexo carece de efectos extraterritoriales en la República Argentina”. Desde el Inadi aseguraron que la resolución no reconoce los preceptos del derecho internacional en la materia. Además, la delegación Córdoba del organismo presentó ayer su apoyo al pedido de reconsideración realizado por la belga.

Los nombres de las dos protagonistas son ficticios: ambas prefirieron mantener en reserva su identidad. Todo empezó en 2005, cuando Sophie se embarcó junto a una compañía de teatro que viajaba a Córdoba. Tenían pensado realizar un proyecto artístico por seis meses. Con sus 24 años conoció a Cecilia, siete años mayor, con quien ahora convive. En diciembre de 2007 decidieron viajar a la comunidad belga de Uccle, donde la cordobesa conoció a su nueva familia y días después contrajeron matrimonio.

En Bélgica hasta tuvieron la posibilidad de que el alcalde local fuera el encargado de tomar sus votos para unirlas en matrimonio. Es que en ese país el matrimonio entre parejas del mismo sexo está reconocido por la ley y tienen los mismos derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales.

Hasta que en 2008 regresaron a Córdoba con la idea de instalarse definitivamente. Con el acta de matrimonio en un cajón, Sophie decidió solicitar su residencia argentina alegando su vínculo conyugal con una ciudadana local. La respuesta de la Dirección Nacional del Migraciones llegó en julio de este año: le denegó “el beneficio solicitado”.

Según el dictamen del organismo, el Código Civil argentino reconoce que las leyes extranjeras no podrán tenerse en cuenta “cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la legislación” local. En ese sentido, la resolución cita: “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer” para argumentar que “el matrimonio celebrado en el extranjero entre personas del mismo sexo, carece de efectos extraterritoriales” en la Argentina.

Para la asesora legal del Inadi de Córdoba, Liliana Spengler, que ayer presentó un documento apoyando el pedido de reconsideración realizado por la pareja, se trata de “un casamiento que se realizó en Bélgica bajo todos los términos legales necesarios” y agregó que “la residencia en el país se puede obtener cuando se tiene un cónyuge argentino, sin distinguir si es hombre o mujer”.

“Para el derecho internacional, un matrimonio es válido en la medida en que se respetan los requisitos que rigen en el lugar donde se realizó la unión. La ley argentina no puede negar la legislación del país donde el matrimonio fue válidamente celebrado”, explicó la titular del Inadi, María José Lubertino.

La titular del organismo advirtió que de aprobarse el proyecto de Ley de Matrimonios para Todos y Todas presentada ante el Congreso por el Inadi, el caso no estaría en discusión. “Si hubiese solicitado la residencia un miembro de una pareja heterosexual, le habría sido otorgada. En este caso, un funcionario de la Dirección de Migraciones entiende que no se puede equiparar a las personas por ser homosexuales”, indicó Lubertino.

Informe: Nahuel Lag


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