Así lo consideró Diego Boris, referente de Unión de Músicos Independientes (UMI), en referencia a la iniciativa de desmonopolizar el sistema de medios de comunicación nacional que se llevaría a cabo con la aplicación de la flamante Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Agencia NAN consultó a UMI y otras organizaciones de artistas independientes acerca del impacto que generará en su trabajo la nueva norma que, entre otras cosas, reserva espacio en las emisoras de radio y televisión a producciones nacionales de cine, música y contenidos televisivos, y destina recursos a institutos nacionales específicos de esas áreas.Por Nahuel Lag, Agencia NAN 21 de octubre de 2009.- Una apertura del juego en el que, hasta ahora, participaban sólo los intereses económicos de las empresas mediáticas concentradas, limitando fuentes de trabajo para los actores y oportunidades de difusión, producción y distribución para los músicos y cineastas independientes. Eso significa la flamante Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual según los referentes de los artistas encargados de dar --con cuotas de emisión aseguradas-- contenido a la televisión y la radio del país que dialogaron con Agencia NAN. Inocencia de lado, los integrantes de las organizaciones que representan a actores, músicos y cineastas aseguraron que la legislación es sólo "un primer paso adelante" que hay esperar a que "se comienza a aplicar" y "hacerle el aguante porque va a recibir embates por parte de los representantes de los intereses económicos que se ven afectados". Por eso, sin peder tiempo y aprovechando el "impulso" se debaten en las comisiones de la Cámara de Diputados las leyes de Música y de Actores, que darán más incentivos y derechos a los trabajadores del arte.
Cuando el vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara de Senadores, Julio César Cobos, vio los 44 votos positivos por sobre los 24 negativos y la sola abstención, no pudo más que pronunciar: "se convierte en Ley, se comunicará al Ejecutivo". Menos de un día después, la presidenta Cristina Fernández plasmó su firma para lograr que la norma entre en vigencia y reemplace a la 22.285 que llevaba la firma del dictador del último golpe militar Jorge Rafael Videla. "La diferencia fundamental con la ley de Radiodifusión que se dejó atrás es que esta nueva fue consultada y debatida, no sólo en las últimas semanas, sino durante varios años, contemplando las inquietudes de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles", resaltó Luis Alí, secretario general de la Asociación Argentina de Actores, una de las organizaciones que integró la Coalición por una Radiodifusión Democrática autora del documento germen de la flamante ley, "21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación".
Por su parte, Laureano Gutiérrez apuntó que "el valuarte de la nueva ley pasa por poder regular desde el Estado, con un rol protagónico, las políticas audiovisuales de acceso a la información y el derecho a informar". Gutiérrez forma parte de la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina (ADN), una de las tantas agrupaciones que participaron de los foros que sucedieron en todo el país con el objetivo de debatir el Anteproyecto presentado oficialmente en marzo de 2008, y de los que surgieron nuevos aportes que conformaron el documento que llegó a Diputados. El debate en torno del articulado continuó dentro del Congreso nacional, en audiencias públicas y reuniones de comisiones de ambas cámaras legislativas. No obstante, el conjunto de la oposición –en el que se mezclaron legisladores, periodistas y medios de comunicación en su totalidad-- intentó imponer la idea de que la norma se votaba "a las apuradas".
Con la sanción hecha realidad, las intenciones de poner palos en la rueda a la ley continúan presentes en los bloques de legisladores opositores (miembros de la UCR y la Coalición Cívica, en su mayoría). Hasta ayer, la nueva estrategia apuntó a anular la norma porque el día en que fue votada en Senadores no se informó al cuerpo las fe de erratas realizadas al proyecto aprobado en Diputados. Una de las correcciones se realizó sobre el 95, que contenía un párrafo correspondiente al artículo 97. Sin embargo, la anulación no obtuvo quórum. "La oposición avanzó en todas las posibilidades que tuvo de interferir sobre la ley y hacen uso de cada cosa que aparece. Ya es caprichoso", apuntó Alí.
Ese artículo es el que distribuye los fondos recaudados por la AFIP por la aplicación de gravámenes y tasas a los explotadores de licencias. Del total, el Ins tituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) percibirá un 25 por ciento; el Instituto Nacional del Teatro (INT) un 10 por ciento; y un 2 por ciento el naciente Instituto Nacional de Música (INM), porcentaje asignado sobre tablas durante la votación en la Cámara Baja en base a la propuesta del diputado por Proyecto Sur Claudio Lozano de modificar la distribución de los recursos con el agregado del INM.
"La nueva ley aumentó los porcentajes de recursos con los que ya contaban los institutos nacionales de cine y de teatro. El logro de la creación del INM y la asignación de un presupuesto es importante porque es la primera vez que se toma a la música como un arte que tiene que ser fomentado", celebró Diego Boris, referente de Unión de Músicos Independientes (UMI). "La conformación del ente se concretará cuando se apruebe la Ley Nacional de la Música. Por eso, la nueva norma es un fuerte impulso para el desarrollo de una ley que permita mejorar difusión, producción, y las condiciones para tocar en vivo".
Los institutos que más rápido podrán verse beneficiados por los fondos provenientes de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales serán los del cine y del teatro. Para el integrante de ADN, el incremento en el porcentaje que percibe el INCAA "establecerá un soporte y un estímulo al sector audiovisual", mientras que la intervención del Estado en el sector es "importante para mediar en las relaciones económicas y de poder y desarmar monopolios, en un marco que contemple la producción audiovisual como herramienta para evitar que los grupos concentrados sean los que informen y marquen las pautas culturales".
En el caso del teatro, el instituto será beneficiado aunque participe indirectamente del arco audiovisual. "El trabajo del instituto tiene más que ver con el fomento de la disciplina en las salas de cada región. El presupuesto es un logro porque hace mucho tiempo que INT funciona con un fondo fijo y bajo, cuando es el semillero de todos los actores que pasan a trabajar en producciones audiovisuales", explicó el actor.
Aunque podría pasar un año o más para que la ley se reglamente y comience a aplicarse en su totalidad, hay puntos que pueden comenzar a ponerse en práctica. Uno de ellos es el 65, que establece que el 30 por ciento de los contenidos programación emitidos por las radiodifusoras deberán ser de origen nacional, y de ese porcentaje, la mitad deberá provenir de productores independientes, donde el autor o interprete ejerza los derechos de comercialización. “Es el 15 por ciento del total de las programaciones. No es mucho pero ayudará a mejorar el bajo promedio de difusión de la música autogestionada. Así, algunas producciones, mejores que las que ofrece el mercado, comenzarán a salir a la luz”, indicó el autor de Ayer (UMI, 2004). Además, Boris sostuvo que las cuotas de producción local atacarán el problema que los músicos independientes tienen “en las radios de las provincias, donde no tienen acceso porque allí se replica lo que viene de Capital. Por eso, va a permitir una circulación más federal. La concentración nunca fue buena para el arte. No puede decidir solamente el mercado la música que produce un país”.
El artículo 65 también contempla a los servicios televisión abierta cuya programación deberá ser en un 60 por ciento de producción nacional, dentro del que se contempla un mínimo de producción local independiente que varia entre el 30 y 15 por ciento según la cantidad de usuarios potenciales. Además, obliga a los servicios de televisión por suscripción satelital y no satelital a incluir como mínimo una señal de producción local propia que satisfaga las mismas condiciones. La Asociación Argentina de Actores buscó ir más allá y fijar en la norma un porcentaje de cuota de ficción que asegurara fuentes de trabajo a los actores, pero la dura postura de la oposición, que argumentaba que lo solicitado implicaba censura, no lo permitió. “La producción nacional no nos garantiza ficción, ya que engloba a productos como Bailando por un Sueño, de Marcelo Tinelli. Pero esperemos que se cumpla con ficción porque es algo rentable, lo que genera mayor audiencia”, explicó el director de la pieza Aeroplanos (Teatro Abasto, 2003).
Por último, el artículo 67 asegura una cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales, de acuerdo al que los licenciatarios de señales de televisión deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho largometrajes nacionales, pudiendo optar por incluir, en la misma cantidad, hasta tres telefilmes nacionales. En ambos casos se fomenta las realizaciones de productoras independientes nacionales y se pone atención en los contenidos relacionados con la niñez, a través de la creación del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia.
“Las cuotas de pantallas son barreras que tiene que establecerse ya que sino, la posibilidad de comprar más baratas producciones internacionales limita la compra de la producción nacional. Si no hay barrera no se puede generar productos”, aseguró el productor del film Los Próximos Pasados. Según la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina, la industria audiovisual local genera cerca de 50 mil puestos de trabajo anuales con una producción promedio de 60 largometrajes de ficción, 40 documentales y una gran cantidad de cortometrajes, mas los servicios de producción, la publicidad y las ficciones para TV. Todo aquello se verá potenciado con la implementación de las cuotas y, en ese sentido, Alí consideró que a la flamante ley hay que “hacerle el aguante porque va a recibir embates por parte de los representantes de los intereses económicos que se ven afectados. Un retroceso significaría menos laburo”.
www.musicosconvocados.com
www.adndoc.com.ar
www.actores.org.ar
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