17.8.09

Con un techo todo es mejor

Para el Movimiento Afrocultural lo primordial es mantener vivas las actividades culturales de sus antepasados que echaron raíces en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires desde el tiempo de la colonización porque “sobreviviendo desde la cultura hacemos valer nuestros derechos”, dijo Diego Bonga, representante del MA. Pero cuando dejen atrás el predio de Herrera 313, perderán el espacio que hace 10 años alberga no sólo todas sus actividades sino también a 60 abuelos, abuelas, madres y niños y es la esencia del “último quilombo urbano de la ciudad de Buenos Aires”, agregó Bonga.

El espacio que el Ministerio de Cultura le otorgó al movimiento permitirá continuar difundiendo y recuperando su cultura, pero la imposibilidad de vivir en el lugar romperá con su tradición de que la vida y las prácticas culturales son un hacer conjunto.

El primer lugar que el Gobierno porteño había ofrecido al Movimiento para mudarse era en Puente Alsina, donde contaba con el lugar necesario para que vida y cultura convivieran. Pero desde la asociación cuestionaron esa medida, ya que allí “existía un gravísmo problema de contaminación que perjudicaría a nuestros niños y abuelos”, explicaron mediante una carta abierta.

Por ahora, la medida cautelar dio respuestas para conservar la actividad cultural pero el movimiento continuará trabajando para que la sentencia definitiva dé solución habitacional a sus integrantes. Mientras tanto, “ante el problema de la situación habitacional, nos acercamos al Inadi para pedir que intervengan en el pedido de subsidios y la reubicación de las familias”, explicó Bonga. De esa manera, las 60 personas que tenían su hogar en el predio abandonado por la empresa Solci accederían a un programa de asistencia habitacional del gobierno nacional dentro de dos semanas, cuando la medida de desalojo dictada en diciembre del año pasado se haga efectiva.


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/130108-41870-2009-08-17.html


11.8.09

La reglamentación que llegó tarde

Sociedad - Página/12, 11 de agosto de 2009.- El gobierno bonaerense puso en marcha la ley 13.964 que regulará la actividad de los patovicas a través de un registro provincial que contendrá los antecedentes delictivos y la situación laboral de los casi 50 mil empleados de seguridad que hay en los boliches y pubs provinciales. Prohibirá que los “controladores” porten armas y que ejerzan si pertenecen a fuerzas de seguridad o por tener antecedentes de violencia o en delitos de lesa humanidad. Además, crea una tecnicatura con contenidos en derechos humanos a la que se podrá acceder gratuitamente.

La legislación –puesta en marcha un día después del asesinato del joven Juan Maldonado (ver aparte)– responde a la ley 26.370 de carácter nacional –aún no reglamentada– y la supera al crear una comisión para monitorear su aplicación, que estará integrada por representantes de los ministerios de Seguridad y Trabajo, de la Secretaria de Derechos Humanos, del Sindicato Unico de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (el sindicato de los patovicas) y organizaciones de la sociedad civil.

De ahora en más, el Ministerio de Seguridad será el encargado de realizar el relevamiento de los patovicas para conformar el Registro Público Provincial de Personal, de Control, de Admisión y Permanencia a través del cual se controlará la obligatoriedad de participar de cursos de capacitación y el cumplimiento de requisitos como tener completos los estudios secundarios y presentar antecedentes penales, reincidencia carcelaria y aptitud psicológica.

La cartera laboral participará de la elaboración del registro, ya que los patovicas deberán estar legalmente inscriptos. Así se regularizará la situación de los trabajadores de esta actividad. “El 95 por ciento trabaja en negro”, advirtió Oscar Castelucci, padre del joven asesinado en 2006 en la disco La Casona de Lanús y titular de la Asociación Martín Castelucci que trabajó en la reglamentación de la ley.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos será la encargada de intervenir por denuncia –se prevé instalar un 0800– o de oficio para luego aplicar las sanciones por incumplimiento contra los patovicas y también sus empleadores.

En cuanto a la puesta en práctica de institutos oficiales y privados que dicten la tecnicatura, Castelucci adelantó que “se estuvo trabajando paralelamente con el Ministerio de Educación nacional y la Dirección General de Escuelas bonaerense para elaborar los programas y en un año debería estar funcionando el primer instituto”.

La secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, indicó que la implementación de la ley en la seguridad de los boliches implica un cambio de paradigma de la seguridad como uso de la fuerza a la seguridad como formación ciudadana.


Informe: Nahuel Lag


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-41759-2009-08-11.html

7.8.09

Desalojar no es un Sentimiento



El edificio es parte de la estación Federico Lacroze y pertenece al Estado nacional. La Mutual Sentimiento tenía un contrato de uso sin cargo: allí funcionan una farmacia social y numerosos emprendimientos. Ahora les dan 15 días para desalojar el lugar.

Sociedad - Página/12, 7 de agosto de 2009.-Un pedido de desalojo amenaza con finalizar en los próximos 15 días con el trabajo que hace 10 años lleva adelante la Mutual Sentimiento, creada por un grupo de ex presos políticos, en los seis pisos del edificio de la estación Federico Lacroze –ex Línea Urquiza– y por el que unos 5 mil asociados reciben atención en salud, asesoría legal y participan de una red de comercio justo, entre otras actividades. El edificio fue otorgado en concesión en 1999 por la Onabe a la mutual y otras organizaciones sociales hasta abril de este año. El 29 de julio, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) –que reemplaza a la Onabe– envío una carta documento solicitando la “restitución del inmueble”. La mutual realizará mañana una concentración frente a la sede del organismo para que se dé marcha atrás en la postura de desalojarlos.

Los seis pisos del edificio de la estación Lacroze comenzaron a convertirse en un espacio para los cinco mil beneficiarios de la mutual y las 95 familias que llevan adelante emprendimientos de economía social en 1999, a través de un contrato de concesión que la Onabe otorgó por el inmueble, abandonado tras la etapa de privatizaciones. Después de cinco años, con 22 organizaciones trabajando en el edificio, una farmacia de medicamentos genéricos y la radio comunitaria Libre en funcionamiento, la mutual renovó el contrato hasta el 28 de abril pasado.

El fantasma del desalojo ya había comenzado a dar vueltas cuando los representantes de la ADIF –organismo creado por la ley de “reordenamiento ferroviario” de 2008 y que reemplazó a la Onabe en la administración de la infraestructura ferroviaria– no daban respuestas claras sobre el futuro del edificio a pesar de los pedidos de la mutual, según contaron los representantes de Sentimiento.

La primera respuesta clara desde el organismo, que depende del Ministerio de Planificación Federal, fue la carta documento del 29 de julio que solicita la “restitución del inmueble”, firmada por el gerente de explotaciones de ADIF, Mario Zamora. La segunda respuesta llegó ayer durante una reunión que la mutual mantuvo con Zamora y el presidente de la sociedad de Estado, José Villafañe. “Dijeron que si pagamos 100 mil pesos de alquiler podíamos quedarnos sólo en algunos pisos del edificio porque los otros se los alquilarían a Metrovías. Y si no, recomendaron que nos vayamos a unos terrenos de la Fundación del padre Grassi”, en Chacarita, apuntó Graciela Dravicevich, una de las fundadores de la mutual, sobre el contenido de la reunión.

Ante la negativa de la ADIF de dar marcha atrás al pedido de desalojo, desde la mutual esperan una toma de posición de los niveles más altos de gobierno para que se reconozca el trabajo social que realizan las 22 organizaciones y les permitan continuar en el edificio. La esperanza está puesta en el artículo 9 de la ley 26.352, que creó la ADIF y que delega en el Ministerio de Planificación Federal la representación del Poder Ejecutivo en las decisiones de esa sociedad del Estado.

Es que el impacto social de la mutual, que cobra una cuota mensual de 3 pesos, llega a 5 mil asociados que tienen acceso a servicios de asistencia y muchas de esas personas –desempleados y jefes de familia de bajos recursos– llegan desde las localidades ubicadas en el ramal de la ex Línea Urquiza con cabecera en Federico Lacroze. También reciben los beneficios de programas que el mismo Estado nacional y el porteño ejecutan a través de Sentimiento.

“Desde el organismo nunca nos consultaron por qué necesitamos estar en este edificio. No hay conciencia de cómo funciona una mutual y el fin social que perseguimos. Mudarnos implicaría perder el contacto con los beneficiarios de la asistencia social y, económicamente, una disminución en la cantidad de socios y, por tanto, de las cuotas que habilitan los ingresos para que la mutual funcione”, explicó Eduardo Katz, del Consejo de Dirección de Sentimiento.

Desde la ADIF, ante una consulta de Página/12, decidieron no realizar comentarios sobre el contenido de la reunión mantenida con la mutual y subrayaron la vigencia del pedido de desalojo del edificio, ya que está incluido “en un programa de remodelación integral del servicio ferroviario que baja desde la presidencia”, que incluiría la explotación de los bienes.

Para fortalecer el reclamo, los trabajadores de las cooperativas y los grupos de artistas de la mutual junto a otras cien organizaciones que respaldan la causa realizarán un concentración mañana a las 16 en las puertas de la sede porteña de la ADIF, en Libertador y Ramos Mejía, en la estación Retiro.

En desacuerdo con el argumento de la “reactivación ferroviaria”, el acto también llevará el pedido de renuncia de la cúpula de la ADIF, a los que la mutual relaciona con el gremio de La Fraternidad que “participó del desguace ferroviario en complicidad con los concesionarios”.


Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-129554-2009-08-07.html

31.7.09

Golpeando las puertas del Congreso

El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se trataría en antes de diciembre, según fuentes del Comfer. Reconocen que el texto llegará con variantes introducidas a partir los foros de debate que se realizaron en todo el país. Para quienes apoyan la propuesta y no pertenecen al Gobierno, la ausencia de la discusión en la agenda política de estos días es "es una grave concesión". Un resumen de los posibles cambios.

Por Nahuel Lag. Auno, 31 de julio de 2009.- Aunque la agenda política quedó modificada tras la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas, el tratamiento en el Congreso de la propuesta oficial de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entraría antes de diciembre para ser debatida sin que se modificaran sus puntos centrales, tales como el 33 por ciento de las licencias para las organizaciones sin fines de lucro y el límite a la formación de monopolios, según fuentes del Comfer.

El anteproyecto llegará al Palacio Legislativo modificado con los aportes a partir de las 1200 recomendaciones que organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, profesionales de la comunicación y docentes universitarios realizaron en el marco de los 23 foros provinciales con los que los impulsores de la propuesta recorrieron 19 ciudades del país y que, según ellos "profundizaron el espíritu de la ley".

"El tratamiento del anteproyecto puede retrasarse por el actual momento político, cuando lo importante es la convocatoria al diálogo a la oposición en torno a la agenda. Pero antes de fin de año se espera que se cumpla con lo que planteó la Presidenta sobre tratarlo durante este periodo ordinario. De todas maneras, en Cámara de Diputados, el oficialismo tiene la primera minoría y se puede construir una mayoría apreciable con algunas bancadas del socialismo y de Solidaridad e Igualdad, e incluso diputados sueltos del radicalismo que en los foros (de aportes y sugerencias a la propuesta) expresaron su intención a favor del anteproyecto, aunque discutiendo algunos aspectos. El Senado es una Cámara un poco más difícil donde pesan intereses más conservadores", explicó a AUNO Gustavo Bulla, director nacional de Supervisión y Evaluación del Comfer.

En el mismo sentido, el presidente de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, Nestor Busso, indicó a esta agencia que el traspié oficial en las elecciones no tiene porqué traducirse en el no tratamiento de "un anteproyecto realizado sobre la base de la propuesta de organizaciones de la sociedad civil y después debatido en foros abiertos y públicos, que se tradujeron en 1200 aportes hechos por la ciudadanía".

La propuesta para modificar la Ley de Radiodifusión (22.285), vigente desde la última dictadura militar, fue presentada por la presidenta Cristina Fernández el 18 de marzo pasado y redactada en base a los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en conjunto con el Comfer y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenas Aires (Utpba), entre los que están presentes la adjudicación del 33 por ciento de las licencias a las organizaciones sin fines de lucro, la prohibición de monopolios y la pluralidad de voces en la nuevo organismo de regulación. Desde entonces, se abrió el debate a la comunidad a través de Foros de aporte y sugerencias. (ver Aportes al anteproyecto )

Para Juan Carlos Giuliani, secretario de Comunicación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), una de las entidades que integra la Coalición por una Radiodifusión Democrática, la participación en los foros "muestra la ansiedad del conjunto del pueblo por participar del proceso que reemplace la ley de la dictadura, que lleva la firma de (el ex dictador) Jorge Rafael Videla, (el ex ministro de Economía de la dictadura), José Alfredo Martínez de Hoz, y (el represor y ministro del Interior) Albano Harguindeguy".

No obstante, en la visión de Giulani, la ausencia del anteproyecto en la agenda política de estos días es "es una grave concesión" ya que "hay que meterlo en el Congreso para comenzar a debatirlo, y a la presión de los grande medios hay que responderle con la movilización del campo popular".

Una vez que se logre ingresar la propuesta a la cámara, Busso consideró que los puntos centrales (ver aparte) no corren riesgo de ser modificados ya que "desde la oposición nadie ha presentando argumentos fuertes en contra, a lo sumo recurren a decir que no es el momento para aprobar o debatir un nueva ley de medios".

Para Bulla, "el argumento de que no es momento de debatir una nueva ley es reprobable" y, si bien entendió que "es difícil que haya objeción" a los ejes más fuertes, la propuesta "sufrirá cambios de acuerdo al debate". En ese sentido, consideró que "los opositores que tienen posibilidad de ser gobierno en 2011, deben dar cuenta de que tienen la oportunidad de votar la mejor ley posible, que es un beneficio para la democracia y no para un gobierno".


NL-AFD-EV
AUNO-31-07-09

http://www.auno.org.ar/leer.php/5275

Aportes al anteproyecto (*)

Por N.L.

La propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual partió del trabajo entre el Comfer, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenas Aires (Utpba) y la Coalición por una Radiodifusión Democrática sobre los 21 puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación que el colectivo de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, profesionales, universidades y medios comunitarios trabajó desde 2004. Sin embargo, una vez presentado se abrieron los foros de aportes y sugerencias para profundizar el anteproyecto basado en la comunicación como derecho humano.

En ese sentido, la propia Coalición presentó el 9 de junio pasado, 21 Aportes para sumar y mejorar el proyecto impulsado por el Gobierno en los que se reinterpretan algunos artículos para profundizar su sentido y asegurar el derecho a la comunicación, la protección de los niños, la inclusión digital, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

Justamente fueron los pueblos indígenas los que, aprovechando los 23 foros provinciales que alcanzaron 19 ciudades del país, reclamaron estar representados dentro del Consejo Multisectorial y Participativo que se encargará junto a un órgano colegiado, integrado por representantes de la segunda y tercera minoría del Poder Legislativo nacional y representantes del Ejecutivo, de regular los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Para comenzar con el pie derecho, junto a la presentación de los 21 aportes presentados en el anexo de la Cámara de Diputados, la Coalición solicitó la derogación del decreto 527 del 2005 que durante la presidencia de Néstor Kirchner prorrogó por más de una década las licitaciones. "Así se congeló el formato oligopólico, contrario al espíritu de la propuesta de ley", sentenció Juan Carlos Giuliani, secretario de Comunicación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), integrante del colectivo.

Vale destacar que la nueva ley reduce la tenencia de cada licencia a diez años, a diferencia de los 15 otorgados por la ley anterior, en tanto que otorga la misma cantidad de año para las renovaciones, aunque con en la entrada en vigencia de la ley será una audiencia pública la que evaluará la tarea

Entre las 1200 recomendaciones de modificación a la ley que surgieron en los distintos Foros, uno de los fuertes debates que se traducirá a la normativa es el cómo controlar que fundaciones empresarias no ingresen como licitantes dentro del tercio del espectro correspondiente a las organizaciones sin fines de lucro. Para eso se elaborarán mecanismos de control que estudien que las fundaciones no tengan vínculo directo con empresas privadas o que tenga entre sus directivos personas relacionadas a una sociedad de medios.

Otro de los puntos a debatir era la financiación de las organizaciones sin fines de lucro que comenzaron en desventaja económica y técnica en relación a los medios de comunicación privados. Es así que las organizaciones sin fines de lucro, sindicatos, representantes de comunidades originarias, entre otros, solicitaron que se amplíe el 4 por ciento destinado para subvencionar esas emisoras, calculado sobre de las recaudaciones que la nueva autoridad realice sobre impuestos como los gravámenes de los licenciatarios, la facturación de publicidad de los canales y multas.

Sin embargo, para aplicar la nueva ley, la nueva autoridad necesitará mayores recursos a los que hoy detenta el Comfer --beneficiada ya que será un ente autárquico y no dependerá de partidas-- porque no cuenta con los elementos tecnológicos ni los recursos humanos. Por eso, el director nacional de Supervisión y Evaluación del Comfer, Gustavo Bulla, consideró que no dejará de ser "una cuestión de Estado" en cuanto a la inversión necesaria y que ésta no es en tanto "actividad económica sino para velar por un derecho de todos los ciudadanos".

Por último, aunque el objetivo del anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es "dar un nuevo marco legal a todos los servicios comunicativos, independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión", los servicios de Internet sólo se regularán en tanto contengan una grilla de contenidos que se transmiten en directo al público, algo que aún no ocurre.


NL-AFD
AUNO-31-07-09

http://www.auno.org.ar/leer.php/5274

(*) Nota pricnipal: http://www.auno.org.ar/leer.php/5275