17.8.09

Vigilia en Tribunales


Mañana habrá una vigilia frente al Palacio de Tribunales. El miércoles estarán allí otra vez desde temprano. Habrá homenajes y una radio abierta. Tras el fallo, una marcha hasta Once.

El País - Página/12, 17 de agosto de 2009.-Madres, padres, sobrevivientes y amigos de las víctimas de Cromañón realizarán una vigilia desde las 18 hasta la medianoche de mañana frente al Palacio de Tribunales. Habrá una flor por cada uno de los 194 muertos y una vela por cada par de zapatillas que dejó de andar las calles aquel 30 de diciembre, con el objetivo de “iluminar la verdad para impedir la impunidad”. Por la mañana del miércoles, las fotos, zapatillas y carteles decorarán las vallas policiales y una radio abierta recordará el pedido de justicia. Con la sentencia dictada, los familiares comenzarán desde allí una nueva marcha hacia el santuario ubicado a metros de la disco.

“Las vigilias caracterizan la manera en que los padres, madres, sobrevivientes y amigos esperamos cada decisión judicial y política sobre Cromañón y la sentencia del miércoles es un hito en la historia de esta lucha desigual contra los diversos poderes involucrados en la causa”, indicó Nilda Gómez, madre de Mariano Benítez. Y es por la lucha y el pedido de justicia que “tiene que haber una condena ejemplificadora para que nadie tenga que vivir lo que nosotros. Parte de uno se fue con los chicos esa noche”, señaló Marisa Gómez, madre de Gustavo Marchiano.

Convocado por la Articulación de Familiares, Sobrevivientes y Amigos de la Masacre de Cromañón –colectivo que reúne a las organizaciones de padres y sobrevivientes– el acto comenzará a las 18 sobre la calle Talcahuano, con la bandera que carga los rostros de las víctimas mirando hacia el edificio de Tribunales como escenario. Las velas y flores serán la ofrenda a la esperanza de justicia que marcha tras marcha gastó las zapatillas de quienes perdieron a un hijo, un amigo o un compañero de recitales.

Marcelo Santillán, músico y sobreviviente de Cromañón, cantará “Basta Ya”, un tema que ya se convirtió en himno de las vigilias y que recopila la voz de los familiares en estos cuatro años y medio de lucha. La música había convocado a Santillán aquel 30 de diciembre de 2004 a Cromañón para oír a Callejeros hasta que todo comenzó a arder. “Con mi presencia quiero darle valor a este juicio. El valor que necesita en un país que tiene problemas para recordar los hechos trágicos y en donde tiene que pasar una desgracia para comenzar a pensar en ellos”, aseguró.

Las velas seguirán ardiendo luego de que se reciten los nombres de los 194 jóvenes, los 11 padres y madres que fallecieron en los años siguientes a la tragedia y los sobrevivientes, pero el acto tendrá su fin alrededor de las 22 “porque muchos de los padres son abogados en la causa y los necesitamos concentrados, al pie del cañón, escuchando la sentencia”, explicó Nilda.

Al día siguiente, cerca de las 9, horas antes del fallo, una nueva convocatoria se concentrará sobre la entrada de Lavalle para colgar cientos de pares de zapatillas, fotos y carteles sobre el vallado policial que separará a los familiares que entren a escuchar la sentencia, de los amigos que se quedarán sobre la calle pidiendo “castigo a los culpables” a través de una radio abierta.

“Esperamos que realmente se haga justicia, para que puedan descansar en paz nuestros hijos. A nosotros nadie nos va a quitar el dolor, pero podremos sentir que se hace justicia por ellos y por los que vendrán. Sin justicia no cambia nada, los boliches siguen siendo lugares peligrosos, como tantos otros en los que no se protege a la juventud”, sentenció Marisa.

Más allá de la decisión final de los jueces, los integrantes de la articulación saben que la lucha no termina porque alguna de las dos partes llevará el caso a la instancia del Tribunal de Casación y por lo que los pedidos de justicia y las marchas continuarán en pie.

“Vamos a seguir pidiendo justicia porque no perdemos las esperanzas de que se condene a los responsables que fueron sobreseídos. Cromañón no tiene que ser un adjetivo calificativo para los hechos trágicos sino que tiene que servir para que las cosas vayan cambiando y el Estado cumpla su rol”, advirtió la madre de Mariano Benítez.

Por eso, una vez pronunciada la última palabra del tribunal, la primera acción del colectivo de padres y sobrevivientes será recoger los símbolos que sobre los vallados representaron la presencia de sus hijos y llevarlos en una marcha hasta el santuario ubicado a metros de la disco de Omar Chabán. “Es el lugar donde comenzó nuestro derrotero, donde nuestro hijos murieron por falta de atención y prevención. Pero también es un lugar santo en el que nos reunimos con los que allí quedaron. El único lugar donde no nos sentimos diferentes.”


Informe: Nahuel Lag


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-41875-2009-08-17.html



Una mudanza para desentenderse


Cuatro meses después de una intimación judicial, el gobierno porteño trasladará al Movimiento Afro al Centro Cultural Plaza Defensa. Pero allí funcionan numerosas actividades que quedarían dejadas de lado. El gobierno se desentiende de los conflictos que genera.

Sociedad - Página/12, 17 de agosto de 2009.- Desde diciembre de 2008, sobre el Movimiento Afrocultural pendía la amenaza de desalojo y el riesgo cierto de quedar en la calle. Un fallo de la Justicia porteña, hace cuatro meses, dispuso una medida cautelar que ordenaba al Ministerio de Cultura de la ciudad dar un espacio al MA acorde a “la labor cultural que desarrollan”. Con demora, cuatro meses después, la cartera dirigida por Hernán Lombardi resolvió crear el Programa Afrocultural en cogestión con la asociación y ubicar al MA en el edificio Centro Cultural Plaza Defensa del barrio de San Telmo, perteneciente a la órbita del ministerio. Ante esta situación, los trabajadores, artistas y vecinos que dan vida al centro temen por la falta de espacio para sus actividades y consideran la medida “injusta e innecesaria, ya que la instalación de un programa nunca debería anular otro”.

“El proyecto con el Movimiento Afrocultural es el de hacer un gran centro sobre cultura afroamericana en el Plaza Defensa. Hay que ver cómo se van a armonizar con las actividades preexistentes, pero van a estar garantizadas. Si no hubiera lugar en Plaza Defensa se realizará en otros espacios como la Casa de la Cultura, que está a cinco cuadras”, aseguró Lombardi en diálogo con Página/12 y adelantó que “la mudanza” comenzaría esta semana.

“¿Es necesario?”, se preguntó el coordinador del centro cultural porteño, Fernando Martín, antes de argumentar que “el ministro –por Lombardi– tiene la responsabilidad de preservar los espacios culturales y lo que hace es reasignar un lugar que brinda actividades públicas y gratuitas de las que participan vecinos, artistas y trabajadores. Así, no resuelve un problema sino que genera otro”.

La necesidad de obtener un nuevo espacio donde albergar “el museo de la tortura sufrida por los negros”, la biblioteca, la juegoteca, y las actividades gratuitas de capoeira y candombe que mantienen vivo al llamado “último quilombo urbano de Buenos Aires” se hizo carne cuando en diciembre pasado una orden de desalojo obligó al Movimiento a pensar en dejar el predio ubicado en Herrera 313 que antes de 2000 ocupaba la empresa Solci S A y habían puesto en condiciones para realizar sus actividades.

Para entonces un acuerdo como el propuesto en la resolución 1803 era impensable, ya que el Gobierno porteño no respondía a los reclamos de reubicación del Afrocultural. De hecho, el bloque del PRO se opuso a un proyecto presentado por Diana Maffia en la Legislatura porteña para que se le cedan al movimiento uno de los 10 edificios en desuso que los mismos integrantes de la asociación habían relevado a pie o en bici.

En abril, el conflicto llegó al punto en el que el juez en lo Civil Juan Lima ordenó a los ministros de Desarrollo Económico y de Cultura a conseguir un inmueble “al sur de la ciudad” que “se adecue a las características de la labor cultural” para “garantizar los derechos aparentemente comprometidos”, entre los que la deuda habitacional continúa pendiente (ver aparte).

Vencido el plazo de la Justicia, la respuesta de Cultura llegó con la resolución, a la que desde el centro cultural de San Telmo consideran “un avasallamiento contra el espacio y contra las actividades que allí desarrollan”, dijo Martín. En el lugar ya se realizan muchas actividades. Cada año que se organizan espectáculos a la gorra se juntan centenares de artistas; también se reúnen multitudes de vecinos (unos 60 mil visitan anualmente jornadas de debate y muestras plásticas, fotográficas y de cine). De los doce trabajadores del centro cultural sólo uno pertenece a la planta del ministerio, lo que aseguraría en un solo caso el mantenimiento del puesto de trabajo aunque el espacio pase a ser cogestionado por la asociación. Según Lombardi, el puesto de trabajo se les mantendría a todos.

La posibilidad que maneja el ministro de “armonizar” las actividades son difíciles de llevar a cabo ya que los integrantes del Movimiento Afro aseguran que el trabajo social y cultural de integración es de 24 horas.

“El Estado nos otorga este espacio porque agotamos todas las posibilidades y llegamos a la medida cautelar. Venimos resistiendo muchos años de postergación. No tenemos intención de perjudicar a los trabajadores del Plaza Defensa, pero es el único espacio que conseguimos para preservar nuestra cultura y sería un genocidio cultural no poder continuar”, resumió Diego Bonga, representante del movimiento afro.


Informe: Nahuel Lag


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130108-2009-08-17.html

Con un techo todo es mejor

Para el Movimiento Afrocultural lo primordial es mantener vivas las actividades culturales de sus antepasados que echaron raíces en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires desde el tiempo de la colonización porque “sobreviviendo desde la cultura hacemos valer nuestros derechos”, dijo Diego Bonga, representante del MA. Pero cuando dejen atrás el predio de Herrera 313, perderán el espacio que hace 10 años alberga no sólo todas sus actividades sino también a 60 abuelos, abuelas, madres y niños y es la esencia del “último quilombo urbano de la ciudad de Buenos Aires”, agregó Bonga.

El espacio que el Ministerio de Cultura le otorgó al movimiento permitirá continuar difundiendo y recuperando su cultura, pero la imposibilidad de vivir en el lugar romperá con su tradición de que la vida y las prácticas culturales son un hacer conjunto.

El primer lugar que el Gobierno porteño había ofrecido al Movimiento para mudarse era en Puente Alsina, donde contaba con el lugar necesario para que vida y cultura convivieran. Pero desde la asociación cuestionaron esa medida, ya que allí “existía un gravísmo problema de contaminación que perjudicaría a nuestros niños y abuelos”, explicaron mediante una carta abierta.

Por ahora, la medida cautelar dio respuestas para conservar la actividad cultural pero el movimiento continuará trabajando para que la sentencia definitiva dé solución habitacional a sus integrantes. Mientras tanto, “ante el problema de la situación habitacional, nos acercamos al Inadi para pedir que intervengan en el pedido de subsidios y la reubicación de las familias”, explicó Bonga. De esa manera, las 60 personas que tenían su hogar en el predio abandonado por la empresa Solci accederían a un programa de asistencia habitacional del gobierno nacional dentro de dos semanas, cuando la medida de desalojo dictada en diciembre del año pasado se haga efectiva.


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/130108-41870-2009-08-17.html


11.8.09

La reglamentación que llegó tarde

Sociedad - Página/12, 11 de agosto de 2009.- El gobierno bonaerense puso en marcha la ley 13.964 que regulará la actividad de los patovicas a través de un registro provincial que contendrá los antecedentes delictivos y la situación laboral de los casi 50 mil empleados de seguridad que hay en los boliches y pubs provinciales. Prohibirá que los “controladores” porten armas y que ejerzan si pertenecen a fuerzas de seguridad o por tener antecedentes de violencia o en delitos de lesa humanidad. Además, crea una tecnicatura con contenidos en derechos humanos a la que se podrá acceder gratuitamente.

La legislación –puesta en marcha un día después del asesinato del joven Juan Maldonado (ver aparte)– responde a la ley 26.370 de carácter nacional –aún no reglamentada– y la supera al crear una comisión para monitorear su aplicación, que estará integrada por representantes de los ministerios de Seguridad y Trabajo, de la Secretaria de Derechos Humanos, del Sindicato Unico de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (el sindicato de los patovicas) y organizaciones de la sociedad civil.

De ahora en más, el Ministerio de Seguridad será el encargado de realizar el relevamiento de los patovicas para conformar el Registro Público Provincial de Personal, de Control, de Admisión y Permanencia a través del cual se controlará la obligatoriedad de participar de cursos de capacitación y el cumplimiento de requisitos como tener completos los estudios secundarios y presentar antecedentes penales, reincidencia carcelaria y aptitud psicológica.

La cartera laboral participará de la elaboración del registro, ya que los patovicas deberán estar legalmente inscriptos. Así se regularizará la situación de los trabajadores de esta actividad. “El 95 por ciento trabaja en negro”, advirtió Oscar Castelucci, padre del joven asesinado en 2006 en la disco La Casona de Lanús y titular de la Asociación Martín Castelucci que trabajó en la reglamentación de la ley.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos será la encargada de intervenir por denuncia –se prevé instalar un 0800– o de oficio para luego aplicar las sanciones por incumplimiento contra los patovicas y también sus empleadores.

En cuanto a la puesta en práctica de institutos oficiales y privados que dicten la tecnicatura, Castelucci adelantó que “se estuvo trabajando paralelamente con el Ministerio de Educación nacional y la Dirección General de Escuelas bonaerense para elaborar los programas y en un año debería estar funcionando el primer instituto”.

La secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, indicó que la implementación de la ley en la seguridad de los boliches implica un cambio de paradigma de la seguridad como uso de la fuerza a la seguridad como formación ciudadana.


Informe: Nahuel Lag


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-41759-2009-08-11.html

7.8.09

Desalojar no es un Sentimiento



El edificio es parte de la estación Federico Lacroze y pertenece al Estado nacional. La Mutual Sentimiento tenía un contrato de uso sin cargo: allí funcionan una farmacia social y numerosos emprendimientos. Ahora les dan 15 días para desalojar el lugar.

Sociedad - Página/12, 7 de agosto de 2009.-Un pedido de desalojo amenaza con finalizar en los próximos 15 días con el trabajo que hace 10 años lleva adelante la Mutual Sentimiento, creada por un grupo de ex presos políticos, en los seis pisos del edificio de la estación Federico Lacroze –ex Línea Urquiza– y por el que unos 5 mil asociados reciben atención en salud, asesoría legal y participan de una red de comercio justo, entre otras actividades. El edificio fue otorgado en concesión en 1999 por la Onabe a la mutual y otras organizaciones sociales hasta abril de este año. El 29 de julio, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) –que reemplaza a la Onabe– envío una carta documento solicitando la “restitución del inmueble”. La mutual realizará mañana una concentración frente a la sede del organismo para que se dé marcha atrás en la postura de desalojarlos.

Los seis pisos del edificio de la estación Lacroze comenzaron a convertirse en un espacio para los cinco mil beneficiarios de la mutual y las 95 familias que llevan adelante emprendimientos de economía social en 1999, a través de un contrato de concesión que la Onabe otorgó por el inmueble, abandonado tras la etapa de privatizaciones. Después de cinco años, con 22 organizaciones trabajando en el edificio, una farmacia de medicamentos genéricos y la radio comunitaria Libre en funcionamiento, la mutual renovó el contrato hasta el 28 de abril pasado.

El fantasma del desalojo ya había comenzado a dar vueltas cuando los representantes de la ADIF –organismo creado por la ley de “reordenamiento ferroviario” de 2008 y que reemplazó a la Onabe en la administración de la infraestructura ferroviaria– no daban respuestas claras sobre el futuro del edificio a pesar de los pedidos de la mutual, según contaron los representantes de Sentimiento.

La primera respuesta clara desde el organismo, que depende del Ministerio de Planificación Federal, fue la carta documento del 29 de julio que solicita la “restitución del inmueble”, firmada por el gerente de explotaciones de ADIF, Mario Zamora. La segunda respuesta llegó ayer durante una reunión que la mutual mantuvo con Zamora y el presidente de la sociedad de Estado, José Villafañe. “Dijeron que si pagamos 100 mil pesos de alquiler podíamos quedarnos sólo en algunos pisos del edificio porque los otros se los alquilarían a Metrovías. Y si no, recomendaron que nos vayamos a unos terrenos de la Fundación del padre Grassi”, en Chacarita, apuntó Graciela Dravicevich, una de las fundadores de la mutual, sobre el contenido de la reunión.

Ante la negativa de la ADIF de dar marcha atrás al pedido de desalojo, desde la mutual esperan una toma de posición de los niveles más altos de gobierno para que se reconozca el trabajo social que realizan las 22 organizaciones y les permitan continuar en el edificio. La esperanza está puesta en el artículo 9 de la ley 26.352, que creó la ADIF y que delega en el Ministerio de Planificación Federal la representación del Poder Ejecutivo en las decisiones de esa sociedad del Estado.

Es que el impacto social de la mutual, que cobra una cuota mensual de 3 pesos, llega a 5 mil asociados que tienen acceso a servicios de asistencia y muchas de esas personas –desempleados y jefes de familia de bajos recursos– llegan desde las localidades ubicadas en el ramal de la ex Línea Urquiza con cabecera en Federico Lacroze. También reciben los beneficios de programas que el mismo Estado nacional y el porteño ejecutan a través de Sentimiento.

“Desde el organismo nunca nos consultaron por qué necesitamos estar en este edificio. No hay conciencia de cómo funciona una mutual y el fin social que perseguimos. Mudarnos implicaría perder el contacto con los beneficiarios de la asistencia social y, económicamente, una disminución en la cantidad de socios y, por tanto, de las cuotas que habilitan los ingresos para que la mutual funcione”, explicó Eduardo Katz, del Consejo de Dirección de Sentimiento.

Desde la ADIF, ante una consulta de Página/12, decidieron no realizar comentarios sobre el contenido de la reunión mantenida con la mutual y subrayaron la vigencia del pedido de desalojo del edificio, ya que está incluido “en un programa de remodelación integral del servicio ferroviario que baja desde la presidencia”, que incluiría la explotación de los bienes.

Para fortalecer el reclamo, los trabajadores de las cooperativas y los grupos de artistas de la mutual junto a otras cien organizaciones que respaldan la causa realizarán un concentración mañana a las 16 en las puertas de la sede porteña de la ADIF, en Libertador y Ramos Mejía, en la estación Retiro.

En desacuerdo con el argumento de la “reactivación ferroviaria”, el acto también llevará el pedido de renuncia de la cúpula de la ADIF, a los que la mutual relaciona con el gremio de La Fraternidad que “participó del desguace ferroviario en complicidad con los concesionarios”.


Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-129554-2009-08-07.html