En memoria del Malón de la Paz

Los tres sobrevivientes de la gesta que protagonizaron 174 kollas, que marcharon a Buenos Aires en reclamo de sus tierras, reciben desde septiembre una pensión. Pero siguen viviendo en predios ajenos y su historia no se cuenta en las escuelas.


Sociedad - Página/12, 10 de octubre de 2009.- La marcha por recuperar las tierras que fueron de sus ancestros partió hace 63 años desde su Puna natal y originaria. Pero desde entonces, la casi totalidad de los 174 kollas que formaron el llamado Malón de la Paz, en 1946, para recorrer todo el país con el fin único de reclamar ante el gobierno de Juan Domingo Perón, no obtuvieron respuestas hasta el día de su muerte. Recién ahora, desde septiembre, tres sobrevivientes de aquel histórico peregrinaje reciben una reivindicación simbólica, a través de una pensión de 596 pesos al mes, por iniciativa del bloque de diputados de Libres del Sur. “El reclamo por sus tierras y para que la educación formal incorpore su historia a la currícula, quedan pendientes”, aseguró Marcelo Valko, autor del libro Los indios invisibles del Malón de la Paz, impulsor del reconocimiento a los aborígenes. “Aquella gesta, aún hoy, es un paradigma de la lucha de los pueblos originarios para que les reconozcan la prexistencia de sus culturas”, resaltó.

“Reivindicar la historia de los pueblos originarios es algo que pocos toman en cuenta porque no tiene impacto social. Pero el Estado argentino se fundó sobre las bases de un genocidio y hay que reconocerlo, debatirlo y pedir disculpas como otros Estados del mundo lo han hecho”, argumentó la diputada Cecilia Merchán, impulsora del proyecto para otorgarles una pensión graciable a los sobrevivientes y que, con su compañera de bloque, Victoria Donda, promueve un proyecto para reemplazar la imagen de Julio Argentino Roca de los billetes de cien pesos.

La historia de los maloneros comenzó meses antes de la llegada de Perón a la presidencia, cuando tres representantes del pueblo Kolla, envueltos en la jornada del 17 de octubre de 1945, se pusieron en contacto con el inspector de Tierras de la Nación, Mario Augusto Bertonasco, para reclamar porque la familia Saravia –ancestros del líder chalchalero– les estaba cobrando altas tarifas de arrendamiento por los campos que habitaban sus ancestros.

Aunque no existía ningún artículo de la Constitución que reconociera la preexistencia cultural y étnica de los pueblos originarios –como figura desde la reforma constitucional de 1994–, Bertonasco, con el visto bueno de Perón, se desprendería de su traje verde oliva y acompañaría emponchado la peregrinación del Malón de la Paz desde su salida, en Abra Pampa, Jujuy, hasta la entrada por la Avenida de Mayo al balcón de Perón, el 3 de agosto de 1946. Hicieron todo ese recorrido a pie y a caballo.

Quienes todavía pueden contar la hazaña, ahora reconocidos por la pensión del Congreso, son Ciriaco Condorí, que recorría sus tempranos veinte, Buenaventura Solano que recién pasaba su primera década de vida, y Narciso López que, con sólo siete años, llegó arriba de un caballo tironeado por su padre (foto).

Aquella gesta reivindicativa sólo llegó hasta el balcón presidencial. Luego, el gobierno “mantuvo durante semanas a los maloneros, en el Hotel de los Inmigrantes, hasta que el jefe de la policía encabezó una golpiza que los llevó en un tren de vuelta a Jujuy, para ser olvidados”, cuenta el historiador Valko.

“En Jujuy, la escuela enseña las guerras europeas, pero los chicos no saben sobre el Malón de la Paz”, apuntó Valko. Hasta 2005, cuando reflotó la historia con su investigación, nadie retomó el tema. Desde 2006, el autor de Los indios invisibles... –primer tomo de la colección Osvaldo Bayer de la editorial de las Madres de Plaza de Mayo– redactó un proyecto de ley con el que golpeó puertas de autoridades municipales, provinciales y nacionales para pedir tres puntos: homenajear al malón, que su gesta se integre a la currícula de la educación formal y una pensión vitalicia para los sobrevivientes.

Después de numerosas respuestas del tipo “no joda con los kollas”, Valko consiguió que el municipio de Abra Pampa declarara ciudadanos ilustres a Ciriaco Condorí, a Narciso López y su mujer, pero la inclusión en el calendario escolar, al menos de los establecimientos educativos de la región, quedó sólo en “una promesa” del Concejo Deliberante.

“La educación es un tema fundamental, cuando llega el 12 de octubre en las escuelas se habla del ‘descubrimiento de América’, muy lejano a la violencia que sufrieron los pueblos originarios. Además, es el espacio para revertir los estereotipos despectivos que circulan en la sociedad, como decirle ‘indio’ a un chico que se comporta mal”, indicó Merchán, que no logró que el Congreso incorpore el tema a la agenda educativa.

Para Valko, titular de la cátedra Imaginario Etnico, Memoria y Resistencia en la Universidad de las Madres, el avasallamiento sobre las tierras originarias es algo difícil de resolver porque “toca muchos intereses”, pero los pueblos ni siquiera “tienen derecho a una vida digna, despojados de un territorio donde estar”, porque continúan siendo “invisibles” para el Estado.

Informe: Nahuel Lag

http://m.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133254-2009-10-10.html

Otra denuncia contra la UCEP

Por primera vez, a partir de una denuncia de las víctimas, la policía identificó a integrantes del grupo de choque que el jueves intentó desalojar a varias personas que viven en Pasco y la autopista, en San Cristóbal.


Sociedad - Página/12, 7 de octubre de 2009.-“Llegaron a la una y cuarto de la madrugada y yo me levanté de la cama por los gritos. Cuando miré por la ventana, vi a los de la UCEP, que le pegaban una piña a Carla, que está embarazada.” Marcelo Angel Varela es el vecino de San Cristóbal que narró a Página/12 una nueva intervención violenta de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) del gobierno porteño contra un grupo de personas en situación de calle. Conoce a la gente que vive sobre la calle Pasco, bajo la autopista, y está acostumbrado a ver este tipo de procedimientos. Carla Baptista vive ahí con su pareja. Según la denuncia, la semana pasada integrantes de la UCEP la golpearon y les quisieron sacar sus pertenencias a ella y a otras cuatro personas que acampaban en el lugar. No pudieron desalojarla porque, tras la denuncia del vecino, llegó la policía e identificó a los agresores. Los ocupantes continuaban hasta ayer en el lugar. Por primera vez, el grupo de choque que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público es denunciado por sus víctimas, con testigos y fotografías. Desde el ministerio negaron la agresión a los sin techo. “Les ofrecimos ir a un parador, pero no quisieron. Ellos mismos retiraron sus cosas”, dijo a este diario Jorge Pollini, director de Ordenamiento del Espacio Público.

Sin embargo, en las imágenes que tomaron los vecinos se ven forcejeos y cómo miembros de la UCEP arrojan parte de los enseres de las personas en situación de calle a un camión recolector de basura. La denuncia, radicada en la Comisaría 18ª, se suma a la realizada meses atrás por la diputada Liliana Parada ante la Justicia por las intervenciones violentas de este grupo en otros desalojos. Parada presentará un pedido de informe ante la Legislatura.

“‘¿No te vas a levantar?’, me dijeron. Y me pegaron una trompada. Mirá”, dice Graciela Cisneros, mientras se levanta la remera y muestra un moretón en la panza. “Hoy (por ayer) fui al médico legista” por la causa que está abierta desde la semana pasada en la Fiscalía en lo Correccional Nº 14, a cargo de Andrea Giudice. “Cuando vienen se quieren llevar todo. Hasta al perro”, contó Graciela mientras sostenía por la correa a Bruce Lee, su perro y única compañía cuando Antonio, su esposo, sale a cartonear.

No es la primera vez que la UCEP llega a Pasco al 1200. Varela, que vive enfrente, ya fue testigo de varios procedimientos. La forma de operar es siempre la misma. “Llegan con cuatro camionetas y un camión de basura de la empresa Panizzi, que es el único identificado con el escudo del gobierno”, contó Varela, algo que también registró el jueves pasado con su cámara de fotos desde la ventana de su pieza.

Los últimos en tomar como hogar un rinconcito de la cuadra bajo la autopista fueron Carla Baptista y Juan Villoda, luego de ser echados de la pensión donde vivían, en el partido de Avellaneda, con sus seis hijos. Los chicos ahora están en un hogar en la provincia.

“Los de la UCEP tienen horarios para venir. Entre la medianoche y la madrugada. El otro día llegaron y uno me dijo: ‘Yo soy el Tano y los mando a todos’”, contó Juan. El Tano ya tiene una causa judicial abierta como funcionario del gobierno a cargo de los operativos.

Fue el jueves último, a la madrugada, cuando “unos 15 o 20 hombres” despertaron a todos. Carla dormía cuando le quisieron quitar el colchón. Comenzó a gritar y lo recuperó de las manos de uno de los hombres de Espacio Público. Eso le mereció golpes en la cara y la panza. Las escenas quedaron registradas en los fotos de Varela. Carla llevó el colchón a la vereda de enfrente, bajo la ventana del vecino.

–Ayúdenme, estoy mal. Llamen al Same –clamó la embarazada.

–¿Te sentís mal? Te vamos a hacer el tacto –le respondió uno de los hombres de la UCEP. Sólo uno de ellos estaba identificado por un pechera con el nombre de la unidad.

El vecino Varela vio y escuchó todo desde su ventana. “Ahí decidí llamar al 101 y bajé para persuadirlos. Cuando salí, los tipos se empezaron a ir porque llegó un policía que estaba custodiando la cuadra. Luego vino el patrullero de la Comisaría 18ª que los identificó a todos y nos llevó a hacer la denuncia”, relató.

Carla fue derivada al hospital Ramos Mejía, donde se verificó que por los golpes sufrió un “desplazamiento de placenta”. La ecografía que lo acredita figura en la denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo. “Me dijeron que tenía que pasar cinco días en reposo. Al otro día vinieron los del BAP (Buenos Aires Presente) a ofrecer un hotel, pero sólo por unos días”, contó Carla. El BAP les ofrece ir a los paradores donde “tenemos que entrar a la tarde e irnos a la madrugada. Además, dormimos igual de amontonados que acá”, dijo Carla, que sigue viviendo en Pasco y la autopista. “Cada vez que pasa un auto blanco tengo miedo”, confiesa.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133063-2009-10-07.html

En el barro, para hablar de hábitat

La Red Hábitat Argentina, integrada por cooperativas, habitantes de villas y docentes universitarios, celebró ayer el Día Mundial del Hábitat. Sus integrantes reclaman participación de las organizaciones en la construcción de viviendas populares.


Sociedad - Página/12, 6 de octubre de 2009.- Basta con alejarse un poco del microcentro porteño o de las ciudades cabeceras de los partidos del conurbano para notar que el déficit habitacional es una realidad marcada a barro, chapa y cartón en villas y asentamientos. Basta con tomar el tren en Retiro –a metros, del hotel Sheraton y la Villa 31– y bajar en la estación de José León Suárez –a tres cuadras del asentamiento 13 de Julio– para comprobarlo. Hasta allí llegaron representantes de organizaciones de vecinos de asentamientos y villas de todo el país, docentes universitarios embarrados en el tema y representantes del Poder Legislativo, todos reunidos por la Red Hábitat Argentina para celebrar el Día Mundial del Hábitat. Los académicos acercaron un “manual de urbanismo” a los vecinos, los asistentes de senadores y diputados sumaron firmas para el proyecto de ley Marco de Hábitat Social y los vecinos intercambiaron experiencias de cara a las asambleas regionales preparatorias para la Asamblea Mundial de Pobladores y a la espera de que su experiencia sea escuchada por el Estado para atacar el problema.

Una vez en la estación José León Suárez se camina bordeando las vías por la calle San Martín hasta que el cemento se convierte en barro y la calle tiene su fin frente al arroyo que lleva el nombre de la ciudad. En la orilla, con más basura que agua, aparecen las primeras casillas, con más habitantes que espacio disponible. Barro, gallinas, carros y caballos más adelante, el cauce del canal dobla y el terreno sobre el que están las casillas se amplía en dos o tres filas desordenadas. En medio, la pequeña casa fundadora del 13 de Julio es la de la hija de Estela Belizan, que en 2005 llegó a buscar un lugar para que su nieta crezca. Estela es la anfitriona del encuentro de vecinos y académicos y no tarda en repartir gaseosa a los que hablan sobre el parquecito y casitas de ladrillo con techo a dos aguas.

“La población del barrio está compuesta por familias jóvenes que en su mayoría sobreviven del cartoneo. Hace seis meses conseguimos que nos instalen la luz con un medidor comunitario que paga el municipio (de General San Martín), aunque la gente quiere tener un medidor propio y pagar, pero al no estar organizada la división de lotes no se puede”, explicó Estela a un vecino patagónico, integrante de la Mesa de la Tierra en Bariloche. La reunión se hace en el patio, ubicado detrás del Ceamse y al costado de los galpones de la ex línea Mitre.

Norberto Rodríguez explica lo que pasa en el sur del país. “En Bariloche, ya no quedan tierras fiscales. Todo está vendido. Entonces, el gobierno no tiene tierras para entregar y la gente toma terrenos privados, lo que provoca tensión en los vecinos que años atrás tuvieron que pagar por los propios. Por eso, organizamos talleres de diálogo.”

En la ciudad de Buenos Aires, aunque la Constitución local garantiza “vivienda digna y hábitat adecuado”, no es un punto fácil de hacer cumplir. Jaime Cossio forma una de las 519 cooperativas que funcionan en la ciudad y estuvo preso a fines de 2008 cuando junto a otros cooperativistas tomaron el IVC para conseguir revertir el cero en el presupuesto destinado al programa.

Que los datos sobre déficit (ver aparte) no alcancen a graficar la problemática no significa que el problema no sea federal. Por eso, la Red Hábitat y un comité de vecinos están trabajando con la senadora de Tierra del Fuego, María Rosa Díaz, y las diputadas de la Comisión de Vivienda. El proyecto de Ley Marco de Hábitat Social, sobre el que trabajan, apunta a resolver el déficit habitacional como una política de Estado integrada a las sociales y económicas, que exista la participación de las organizaciones en el diseño, ejecución, evaluación y control de los programas y la incorporación del concepto de “función social de la propiedad”. Para eso, subraya la necesidad de aumentar el presupuesto de vivienda en casi un 200 por ciento: representaría un 2 por ciento del PBI. Mientras se debate el proyecto, la ayuda a las villas y barrios llega desde las universidades. Karina Cortina y Javier Lombardi, del Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional de la Universidad Nacional de La Plata, intercambian conocimientos con los vecinos, mientras Viviana Asrilant y Gabriela Sorda, investigadoras de la Facultad de Arquitectura de la UBA, van y vienen distribuyendo su Manual de Urbanismo para Asentamientos Precarios –una guía práctica sobre cómo armar un barrio con una urbanización en regla–, realizado luego de indagar en los procesos de formación de varias villas y asentamientos.

“El Plan Federal de Viviendas entregó muchas casas, pero desatiende a los vecinos de las villas y asentamientos que necesitan fondos para mejorar la calidad habitacional de sus viviendas”, apuntó Sorda. En esos planes oficiales sin tener en cuenta a los barrios emergentes, Asrilant observa que “apuntan a la entrega ‘llave en mano’ porque el trabajo lo hacen con empresas constructoras y es más fácil que generar un proceso participativo”.

Por eso, las organizaciones de la Red Hábitat se están preparando en plenarios mensuales para llevar sus propuestas de financiamiento alternativo a las asambleas regionales que se realizarán en Chile y México en 2010 y la Asamblea Mundial de Pobladores de 2011 en Egipto. “Tenemos que unirnos para que la sociedad comprenda: todos tenemos derechos a una vivienda digna”, resumió Ana Pastor, de la organización Madre Tierra.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132987-2009-10-06.html

A juicio por una plaza con rejas

Los vecinos de San Cristóbal protestaron hace seis meses contra el proyecto macrista de enrejar la plaza Martín Fierro. La policía intervino y hubo detenciones. Hoy se inicia el juicio contra dos de ellos. Habrá una marcha de protesta frente al juzgado.


Sociedad - Página/12, 5 de octubre de 2009.- Hace seis meses, un centenar de vecinos partió desde la plaza Martín Fierro del barrio de San Cristóbal hasta el CGP Nº 3, con la intención de presentar un petitorio para detener “el encierro” del espacio público. La Martín Fierro entró en el programa de enrejamiento de plazas del gobierno macrista. Entonces, fueron cercados por un operativo de policías uniformados y de civil que reprimieron y detuvieron a tres de los manifestantes. Oscar Furchi y Maximiliano Verón estarán hoy y hasta el miércoles en el banquillo del Juzgado Penal 2 de la ciudad, a cargo del juez Carlos Bentolila, acusados por “realizar pintadas y la rotura parcial de un tacho de basura”, indicó Ramiro Geber, el abogado defensor de Furchi y Verón. El juicio “se circunscribe en el marco de una política del Estado nacional y de la ciudad en la que se utilizan figuras de tipo penal para criminalizar la protesta social”, apuntó el abogado de la Correpi.

“No a las rejas de Macri” se leía en las pancartas de los vecinos de la Asamblea de la plaza Martín Fierro y organizaciones sociales y estudiantiles que marcharon el 13 de marzo por la avenida San Juan –sin cortar el tránsito– hasta el CGP Nº 3. La intención era entregar un petitorio que diera marcha atrás con la colocación de un perímetro de vallado metálico en la plaza, que por estos días continúa, y en un sector del predio ya avanzó el enrejado.

Al llegar a la intersección de la avenida y la Autopista 25 de Mayo para golpear las puertas del CGP, los vecinos se encontraron con policías de civil, patrulleros y un camión hidrante. Sin respuestas del centro gubernamental, los manifestantes no pudieron regresar sobre sus pasos ya que las fuerzas les cortaron el paso. “Ahí comenzó la represión. A mí me tiraron al suelo y me pegaron”, contó Furchi.

Sus palabras pueden corroborarse con el informe del médico de la causa que aseguró que las lesiones fueron “producto de golpes con un objeto de contención dura”, resaltó Geber. Los tres detenidos fueron puestos en libertad el mismo día, pero Furchi y Verón se fueron a sus casas con dos causas judiciales, una por daño de la propiedad pública –que los lleva a juicio hoy– y la otra por “atentado y resistencia a la autoridad”, que fue archivada a consideración del juez a cargo, que vio insuficientes las razones de llamar a los acusados a indagatoria.

Más allá de la causa judicial particular, el abogado de la Correpi resaltó que la utilización de tipos penales como el del daño a la propiedad pública o el que penaliza el corte de la vía pública –por el que la Justicia porteña tiene abiertas cerca de 147 causas–, “desde hace tiempo sirven al Estado nacional y provincial para crimimalizar la fuerza social. No son hechos sueltos, nos encaminamos a tener permanentes causas judiciales de este tipo. El conflicto de los trabajadores de Terrabusi, la política de desalojos y contra los cortes de calles lo demuestran”.

Desde las 9.30, integrantes de organizaciones sociales, centros de estudiantes y asambleas se concentrarán en la puerta del Juzgado Nº 2 –Tacuarí 138– para respaldar a los dos acusados.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132946-2009-10-05.html

Violencia contra los pobres

La iniciativa surgió a partir de la muerte de dos jóvenes, presuntamente asesinados por un policía. Uno de ellos fue sepultado con NN. Legisladores de la oposición proponen crear un espacio para “abordar el problema de la violencia institucional”.

Sociedad - Página/12, 2 de octubre de 2009.-“No hay programas del Estado porteño que aborden el problema de la violencia institucional. Su visualización depende de las voces desesperadas de las familias, en su mayoría, de los barrios pobres de la ciudad. Por eso, buscamos que la comisión sea una caja de resonancia de la problemática del gatillo fácil.” Las palabras del legislador porteño Facundo Di Filippo (Coalición Cívica) resumieron la preocupación y el pedido de un centenar de familiares de víctimas de violencia institucional y gatillo fácil que se hicieron presentes ayer en la Legislatura porteña para dar el primer paso hacia la creación de una comisión legislativa que se ocupe de la problemática. El proyecto, impulsado por legisladores de la CC y de Igualdad Social, será presentado la semana próxima.

No pasaron 15 días desde que Angélica Lezcano veló en el comedor de su casa de Villa Lugano a su hijo Jonathan “Kiki” Lezcano, de 17 años, luego de buscarlo durante dos meses y encontrarse con que había sido inhumado en el cementerio de la Chacarita como NN –como informó Página/12 hace dos semanas–. Kiki estaba con su primo Ezequiel, quien también fue asesinado y su cuerpo fue encontrado por sus familiares en la Morgue Judicial. La versión policial decía que un policía de la comisaría 12ª los baleó cuando lo apuntaron para robarle el auto. Pero un mes atrás, un uniformado de la 52ª había pasado por la casa de Angélica a advertir “cuídenlo a Kiki”.

Angélica estuvo presente ayer en la Legislatura porteña para aportar su testimonio y argumentos para la creación de una comisión que respalde a las familias contra la violencia institucional. “Es muy bueno que se comiencen a ocupar de resguardar los derechos de las familias pobres. Lo primero a resolver sería avanzar en las investigaciones sobre el accionar de la policía que siempre actúa contra chicos humildes con una impunidad total. Las fuerzas de seguridad tendrían que cuidarnos y terminan siendo los que matan a nuestros hijos”, sentenció la madre de Kiki.

Otros cien vecinos de Lugano y Ciudad Oculta –todos con historias similares que esperan justicia– estuvieron en la conferencia dialogando con los legisladores porteños Di Filippo, Diana Maffía y Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, y Liliana Parada y Martín Hourest del bloque Igualdad Social.

Según Di Filippo, la creación de la comisión incluiría la participación de la Defensoría del Pueblo y representantes del Ejecutivo para “crear una instancia donde se visualice la problemática y de la discusión surjan las herramientas necesarias para combatirla. Por eso, la iniciativa tendrá que tener una correlación con la creación de un programa de asistencia”, explicó el legislador, aunque aclaró que todavía no hay definiciones. “Es un debate que hay que empezar a dar para conseguir el apoyo del oficialismo y el presupuesto.”

Di Filippo espera que el proyecto se apruebe antes de fin de año para que, con la creación de la comisión, “aparezcan casos silenciados porque las familias no tienen las fuerzas para acompañar una causa, contratar un abogado, y hacerle frente al sistema judicial y policial que muchas veces los tienen en contra”, graficó, en diálogo con Página/12.

Un caso paradigmático es el de Fernando Carreras, condenado a 30 años de cárcel por atropellar y matar a tres personas con su auto en enero de 2005, en la denominada Masacre de Pompeya, a pesar de que organizaciones como la Defensoría del Pueblo y el CELS indicaron que se trataba de “una causa armada por la Policía Federal”. Su esposa, presente en la Legislatura indicó: “Todos estamos expuestos a los abusos policiales”.

Según la propuesta, la labor de la comisión no se agotaría en los casos de violencia institucional, sino que también abordará otro de los problema de los barrios pobres: el paco. “Hay que revisar la asistencia que brinda el Estado”, apuntó Di Filipo.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132775-2009-10-02.html