Los desnudos que trajeron cola

Sociedad-Página/12, 11 de noviembre de 2009.- La Mutual Sentimiento presentará una denuncia contra el jefe de la Comisaría 2ª de la Policía Federal, Mario Morales, por los delitos de “lesiones, privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”. La presentación se basa en que Morales ordenó el lunes un operativo con palos, gases y detenidos en Plaza de Mayo porque seis integrantes de la organización se desnudaron para protestar contra el desalojo del edificio en el que realizan actividades sociales y culturales desde hace diez años. Durante la sesión de Diputados del miércoles último, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró que el conflicto contractual de la mutual finalizará en favor de la organización.

Mientras se espera la presentación de la causa, la mutual junto a las diputadas de Libres del Sur Cecilia Merchán y Victoria Donda solicitaron al gobierno nacional la “inmediata separación” de ese comisario de la Policía Federal.

Además, durante la sesión del miércoles, todos los bloques apoyaron la presentación de un proyecto de declaración de Libres del Sur que repudia “la brutal represión contra los manifestantes de la asociación Mutual Sentimiento desatada por la Policía Federal” y solicita “un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que aclare quién firmó la orden”.

La presentación judicial que se haría el lunes responde a las declaraciones de prensa del comisario Morales respecto de que el operativo realizado en Plaza de Mayo fue “de oficio”, es decir, sin orden de un juez. “Fue constatado por (el abogado de las 21 organizaciones que forman la mutual) Eduardo Soarez”, aseguró Graciela Draguicevich, presidenta de la mutual. Y agregó que “si el motivo del operativo fue el desnudo, es una falta contravencional por la que tiene que actuar un juez de la ciudad. La policía lo único que puede hacer es pedir a la gente que se cambie y labrar una multa. Pero no se paga con la cárcel bajo ningún punto de vista”.

Por ahora, la única causa abierta es la que está en el Juzgado Nacional del Menor Nº 7 –debido a que la policía detuvo a una persona menor de edad en el operativo del lunes– en la que los detenidos están acusados por “exhibiciones obscenas, lesiones, daños y resistencia a la autoridad”. Sobre esta última acusación, la presidenta de Sentimiento resaltó que “no puede haber resistencia a la autoridad cuando no hay ninguna orden de detención”.

En cuanto a la contravención por los desnudos, desde la mutual indicaron que presentarán una denuncia frente al Inadi, ya que se consideran discriminados tomando como referencia la inacción policial cuando el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick realizó en 2002 unas tomas con 450 personas posando desnudas, en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. Respecto de los dos policías heridos en la tarde del lunes, Draguicevich aseguró que “eran policías de civil que recibieron golpes de la Federal”.

Otra causa que se abriría próximamente, aunque no está definido si ante la Justicia penal o como presentación administrativa, es la que busca respuesta ante los golpes que recibieron en la Comisaría 2ª las diputadas Merchán y Donda, cuando fueron a visitar a los detenidos.

Durante la sesión de la Cámara baja del último miércoles, en la que Aníbal Fernández fue a presentar su informe de gestión, las representantes por Libres del Sur lo consultaron sobre el futuro contractual de la mutual. Según Merchán, Fernández apuntó que el conflicto que la mutual mantiene con la Administración de Infraestructura Ferroviaria (Adif) –una sociedad de Estado, dependiente del Ministerio de Planificación– por el edificio de seis pisos que las 21 organizaciones utilizan en la estación de trenes Federico Lacroze, en Chacarita, se va a resolver favorablemente para Sentimiento. “Hace siete meses que nos prometen la extensión del contrato, pero aún no sucede”, sentenció Draguicevich.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135207-2009-11-13.html

Los chicos, sin fondos

Sociedad-Página/12, 11 de noviembre 2009.- Más de quinientas organizaciones sociales bonaerenses lanzaron un comunicado en el que piden que en diez días se regularice el pago de los convenios acordados por el Ministerio de Desarrollo Social con hogares, jardines maternales y centros de día, juveniles y de atención integral. Según el colectivo, la deudas estarían perjudicando a 200 mil chicos asistidos por variados programas de la cartera. Las organizaciones llegarían a las dos mil.

“No se trata de una situación de emergencia, sino que son fondos que estaban pautados y la plata no está. Si no se comienza a pagar lo adeudado muchas organizaciones tendrán que comenzar a cerrar y desde el Estado no existen programas que contengan a los chicos”, explicó Laura Taffetani, integrante del Movimiento de los Chicos del Pueblo. Desde el Ministerio de Desarrollo no supieron precisar cuánta es la población afectada, pero aseguraron que “ya se está poniendo al día lo adeudado” y que “se espera terminar de cerrar los convenios” en el plazo dispuesto por las entidades de base.

Taffetani, dentro del movimiento que reúne a unas 300 organizaciones, es parte de la Fundación Pelota de Trapo, que tiene dos hogares en los que se les da reparo de la situación de calle a 57 chicos. Pero desde hace cuatro meses que no recibe fondos por parte del ministerio, al igual que otros 160 hogares. Mientras que otros 500 hogares aún no consiguieron renovar sus convenios, según Taffetani. “En lo que hace a niñez y adolescencia todos los programas están siendo incumplidos. Y es una situación grave, porque con los chicos hay un compromiso asumido de por vida, no se les puede decir que como no hay dinero hay que cerrar”, explicó.

“Las organizaciones que tenemos proyectos productivos podemos ‘pelearla’, pero las más pequeñas que trabajan en los barrios dependiendo de los subsidios, comienzan a cerrar”, agregó Diego Chichizola, integrante de Pelota de Trapo.

Tanto desde las organizaciones como desde el ministerio indican que uno de los problemas de los atrasos de fondos es el desfasaje producido por el recambio de autoridades entre el retiro de la cartera de Desarrollo Social de Daniel Arroyo y la llegada del actual ministro, Baldomero Alvarez.

Por eso, fuentes ministeriales indicaron que “están tratando de ordenar los convenios”. Aunque no profundizaron en detalles y resaltaron que “ya se comenzó a pagar” lo adeudado en los programas de Unidad de Desarrollo Infantil, pertenecientes a la Subsecretaría de Coordinación Operativa que contempla los centros de atención y los jardines maternales.

“Hay una diversidad de situaciones, de convenios sin renovar, que muestra un desorden muy grande. Por eso, éste es un reclamo por una política de infancia integral. Las organizaciones estamos asumiendo compromisos que le pertenecen al Estado y no podemos planificar ni organizar el trabajo por la falta de recursos”, apuntó Ana Gravia, coordinadora de la Red El Encuentro, que nuclea 28 organizaciones en José C. Paz, al oeste del conurbano.

Gustavo García es el director del Hogar Don Bosco de La Plata, donde veinte chicos que estarían en situación de calle rearman su historia. El hogar cuenta con los mismos problemas que el de la Fundación Pelota de Trapo por el adeudamiento del último bimestre de la beca. “El Estado al no pagar las becas está vulnerando los derechos de los chicos nuevamente, ya que en primera instancia no tiene políticas públicas de niñez que impidan que caigan en la pobreza. La única respuesta es la represión policial, la baja de imputabilidad”, sentenció.

Taffetani coincidió al asegurar que el gobernador bonaerense Daniel Scioli, “al pedir por la baja de imputabilidad, hace pensar a las organizaciones que el problema de la falta de políticas en niñez no está en una cartera ministerial. En lugar de pedir políticas para proteger a los chicos, pide políticas para protegernos de ellos”.

Por otro lado, en el ministerio aseguraron que de los 2275 millones de pesos presupuestados este año, se llevan ejecutados, aproximadamente, 1954 millones. El 8 por ciento respondería a inversión en programas sociales.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135063-2009-11-11.html

Reprimir tampoco es un sentimiento

El reclamo en Plaza de Mayo para evitar el desalojo de una mutual incluyó el desnudo de algunos activistas. La policía interpretó que se trataba de exhibiciones obscenas. Hubo palos, forcejeos, gases y cuarenta detenidos.


Sociedad-Página/12, 10 de noviembre.-El día obligaba a llevar un accesorio además de la ropa. La lluvia reclamaba paraguas. Pero los integrantes de la Mutual Sentimiento habían prometido que “si llueve, la protesta igual se hace”. Entonces, cuatro integrantes de las veintidós organizaciones que trabajan en la mutual comenzaron a dejar sus prendas mientras marchaban en círculos en la Pirámide de Plaza de Mayo seguidos de otros cien integrantes. “Para que no nos dejen en ‘bolas’” denunciaban, en alusión al edificio de seis pisos, propiedad del Estado, en el que realizan tareas sociales y culturales, que ocupan desde hace diez años sin contrato y sobre el que pesa una orden de desalojo. Pero para el jefe de la Comisaría Nº 2 estaban realizando “exhibiciones obscenas” y ordenó un operativo policial que con palos y gases se llevó a cuarenta detenidos, entre ellos un menor de edad, por lo que la causa quedó abierta en el Juzgado Nº 7 de Menores. Las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán denunciaron que fueron golpeadas cuando intentaron visitar a los detenidos y responsabilizaron al gobierno nacional por el operativo. Las personas detenidas quedaron libres horas después.

–¿Por qué se los llevan? Había mujeres y nenes –gritó uno de los integrantes de la Mutual Sentimiento. En ese momento, la marcha alrededor de la Pirámide de Mayo de cuatro integrantes desnudos y con caretas de cerdos, como protesta contra el desalojo del edificio en el que funciona la mutual, ya era historia. Una camioneta de la Policía Federal había entrado por tercera vez en la plaza. Se llevaban a los últimos detenidos.

–Había policías de civil, pero ningún fiscal. ¿Con qué orden te los llevás? –reclamaba otro de los manifestantes a uno de los responsables del operativo, apoyado sobre el cordón policial que con escudos y patadas permitía que se lleven a los detenidos que completarían las cuatro decenas. “Vamos a seguir peleando por los puestos de trabajo compañeros”, vociferaba Graciela Dravicevich, presidenta de la mutual, cuando le cerraron la puerta de la camioneta de la Federal en la cara.

Ella hablaba de las 95 familias que integran las cooperativas de trabajo que funcionan en el edificio de la mutual, en la Estación Federico Lacroze, y por los empleados responsables de que una mutual con cinco mil asociados atienda sin problemas en ese lugar, donde también se realizan talleres y actividades culturales. Todos, desde el 29 de julio, tienen un futuro incierto por una carta documento de desalojo que envió la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), una sociedad de Estado dependiente del Ministerio de Planificación.

La respuesta a “¿con qué orden?” la dio Mario Morales, comisario de la 2ª: “Actuamos de oficio al constatar desnudos en una plaza pública. Se los detuvo por exhibiciones obscenas”, dijo, antes de escabullirse por el cerco que desde hace años divide la Plaza de Mayo y que los policías se encargaron de cerrar rápidamente para que ningún periodista continúe con las preguntas.

Manuel participa de la cooperativa Chispa del Sur y no para de restregarse la cara, dice que es por los gases que tiró la policía después de hacer un cerco alrededor de la marcha y un segundo cordón para que los fotógrafos no pudieran trabajar. Manuel tampoco se olvida de los palos y, según Ornela Nociti, abogada de los detenidos, “tres varones estaban bastante golpeados, un señor tuvo que ser derivado al hospital por un pico de presión y muchos presentaban raspones y secuelas por el gas pimienta”. Todos ellos deberán declarar en una causa caratulada como “exhibiciones obscenas, lesiones, daños y resistencia a la autoridad” en el Juzgado Nacional del Menor Nº 7.

Todavía en la plaza, se escuchaba un grito: “Todos a la segunda”. Manuel no lo pensó y empezó a caminar. Es que su novia Mónica es una de las detenidas. Abre un mensaje de su celular que le envió su novia y lo muestra: “Vamos a la Comisaría 2ª, llamen a los medios o nos cagan a palos”.

Los abogados ya estaban en la puerta de la comisaría y exhibían sus credenciales para poder entrar. La policía los dejó pasar entre escaramuzas. Las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán, de Libres del Sur –organización que tiene actividades dentro de la mutual–, también ingresaron y recibieron golpes. Merchán mostraba la huella de una bota policial en su camisa blanca y dijo que “es una vergüenza que se reprima, justo, en ‘nuestra’ Plaza de Mayo. Exigimos una respuesta del gobierno nacional”. A Donda todavía le dolía el brazo y aseguraba que “ninguna protesta social justifica ser reprimida. Ni como ocurrió en Terrabusi o con los delegados del Subte. Pero, encima, esto es ridículo. Por qué no reprimen cuando se desnudan los modelos”.

Después de las 20, las personas detenidas comenzaron a ser liberadas. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad abrirá un oficio contra la Comisaría 2ª porque “impidieron el ingreso de los abogados y autoridades”, explicó Graciela Muñiz, defensora adjunta.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135001-2009-11-10.html

Esa costumbre de reincorporar “héroes”

En lugar de apartarlos en oficinas y sin armas, el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, ordenó reincorporar a los ocho policías. La noche de la desaparición estaban de guardia en el destacamento donde se probó que estuvo Arruga.


Sociedad-Página/12, 9 de noviembre de 2009.-Hace nueve meses, Luciano Arruga se convirtió en la cuarta persona desaparecida en democracia, luego de ser detenido en un destacamento policial de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Hace dos semanas, los ocho policías que el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, había pasado a disponibilidad en abril por estar investigados en la causa, fueron reincorporados en sus tareas. A principios de agosto, en una reunión con los familiares y abogados, Stornelli y el ministro de Justicia, Ricardo Casal, “aseguraron que se iban a respetar las medidas, pero los policías fueron reincorporados y no se nos notificó”, advirtió Vanesa Orieta, hermana de Luciano. Desde el ministerio aseguran que los policías “tienen derecho de ser reintegrados a sus funciones”.

Juan Manuel Combi, abogado del equipo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza que representa a la familia del joven de 16 años, resaltó que se enteraron de las reincorporaciones cuando los policías “llegaron a las audiencias uniformados”.

Según el abogado, a los policías se los cambió de jurisdicción. La mayoría de ellos estaría cumpliendo servicio en Lomas de Zamora. Aunque uno de los oficiales continúa en la jurisdicción de La Matanza, consignado en un banco ubicado a cuadras de las casas de la madre de Luciano, de la de su hermana y de la de Combi.

“A nivel procesal no hay modificaciones porque los policías continuarán declarando. Pero la medida no es una buena señal por parte del ministerio. Pasarlos a disponibilidad había significado un castigo temporario ante una causa de desaparición de persona. Ahora, para la corporación policial es como si estuvieran perdonados”, resaltó Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. “La gravedad es para los ciudadanos. Hay personas que se tienen que encargar de cuidarlos y están sospechados de torturar a un menor y después desaparecerlo”, apuntó Orieta.

La causa a cargo de la fiscal Celia Cejas de la UFI Nº 1 de La Matanza tiene trece cuerpos de expediente y 50 testigos, de los cuales más de la mitad son policías. Hasta hace dos semanas, los oficiales Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fecter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y otro de apellido Borrego continuaban en “disponibilidad”.

Los ocho cumplían tareas en el destacamento de Lomas del Mirador la madrugada del 31 de enero en la que Luciano desapareció. Una pericia realizada con perros que buscaron el rastro de Arruga determinó que estuvo en el destacamento y en uno de los patrulleros.

“El móvil reconocido por los perros es el mismo que, según el registro de antena de los teléfonos, estuvo dos horas detenido frente a la Villa Santos Vega junto a otro móvil, cuando tenía que estar realizando un patrullaje por el barrio. Al evaluar el recorrido del patrullero, después del horario de la desaparición de Luciano, no se entiende por qué fue de una punta a la otra del distrito, pasando por cementerios y descampados”, indicó Combi. El abogado de la APDH también apuntó que las declaraciones de los policías del destacamento ante la fiscal de la causa “no coinciden”.

Otras de las pistas de la causa son los libros de registros allanados por la fiscalía en la seccional 8ª de Quintana, La Matanza, y del destacamento de Lomas del Mirador, que depende de ella. El peritaje lo está llevando adelante el licenciado Antonio Forte –perito que participó del caso Miguel Bru, el estudiante de periodismo de La Plata desaparecido en 1993, luego de ser torturado hasta la muerte en la seccional 9ª de La Plata– y según Combi se encontró con que los libros “estaban adulterados”.

Según Orieta, Luciano comenzó a “ser parado” por los uniformados del destacamento de Lomas del Mirador desde el día en que “rechazó la oferta de uno de los policías de trabajar en el delito para ellos”. En la causa, hay pruebas de una detención anterior al 31 de enero. Fue el 22 de septiembre de 2008, cuando mantuvieron detenido a Arruga en el destacamento ubicado en Indart 106, que no está preparado para eso ya que no posee celdas.

En sus declaraciones, los policías reconocieron que lo mantuvieron detenido en la cocina. Mientras que la hermana y la madre de Arruga aportaron los estudios del Policlínico San Justo, al que lo llevaron apenas lo retiraron del destacamento y donde se prueba que recibió una golpiza.

“Como familiares se nos trató mal y no se nos hizo firmar nada”, apuntó Vanesa. “Acá no te hicimos nada. Negrito de mierda, te vamos a llevar a Quintana (la comisaría de la que depende el destacamento) para que te violen, o terminás en un zanjón”, le habría dicho ese día uno de los oficiales reincorporados por Stornelli. Dos testigos que estuvieron detenidos en la seccional 8ª la madrugada del 31 habrían reconocido a Luciano en una foto y dieron testimonio de que fue torturado en una celda.

“Estamos juntando pruebas para llamarlos (a los ocho policías) a declarar a indagatoria por privación ilegítima de la libertad. Y hasta que terminara el proceso de instrucción, se nos había prometido que no iban a volver a trabajar”, advirtió Combi.

Desde el Ministerio de Seguridad se defienden con que “los ocho policías son sólo testigos y, con los elementos de prueba existentes y sin que variara su calificación en la causa, tienen derecho de ser reintegrados a sus funciones”.

Otro pedido realizado a las autoridades de las carteras de Seguridad y Justicia bonaerense y al municipio de La Matanza por parte de los familiares, amigos y la mesa de la APDH era el cierre del destacamento, que fue abierto tras el pedido de mano dura por la agrupación de Vecinos Alerta por Lomas del Mirador (Valomi), relacionada con la hija de un general acusado por la Conadep.

Para Pimentel, la falta de respuestas del gobierno bonaerense en el caso Arruga “tiene que ver con la estigmatización y subestimación de los pobres y los jóvenes. Parece que no vale igual la vida de un joven de la villa que la de un empresario o un futbolista”.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134944-2009-11-09.html

Macri ya tiene sus “grandes hitos” en CD

Un juez que allanó las oficinas del organismo no pudo llevarse una PC. Ahora, su contenido fue enviado en forma anónima. Los documentos confirman que la Ucep actúa contra indigentes durante la noche. Sus principales operativos son mencionados como “grandes hitos”.

Por Nahuel Lag. El País, Página/12, 5 de noviembre de 2009.-La Justicia porteña tiene nuevos elementos para avanzar en la causa contra el grupo de choque del gobierno macrista denominado UCEP, que se encarga de “ordenar el espacio público” expulsando “indigentes” de la vía pública. Ayer, el juez Roberto Gallardo accedió a dos CD que contienen información de una de las computadoras de las oficinas que el organismo tiene en el Edificio del Plata y que había logrado ocultar en el allanamiento realizado el jueves por orden del magistrado. Los documentos a los que tuvo acceso Página/12 reafirman las denuncias que en las últimas semanas se hicieron contra la unidad de control que sigue operando en horas de la madrugada, la mayoría de las veces contra “asentamientos de indigentes”, y contiene un informe en el que se resaltan los “grandes hitos” realizados por el organismo y se proyectan objetivos para lograr mayor “eficiencia”. También se admite que las víctimas de los desalojos suelen ser familias enteras.

La prueba presentada ayer en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 se suma a la causa del amparo presentado por el asesor tutelar de Menores Gustavo Moreno ante el gobierno de la ciudad por el caso de Carla Baptista, la mujer embarazada que fue golpeado por integrantes de la Ucep el 2 de octubre. Según figura en el acta judicial, quien presentó las pruebas fue Miguel Varela, presidente de la Asociación Civil Manos Emprendedores y vecino de Baptista, a quien ayudó para que fuera la primera víctima en denunciar penalmente el accionar de la Ucep.

Los CD tienen gran cantidad de documentos internos sobre los operativos realizados por la unidad de control, incluso las resonantes de-salojos de la Huerta Orgamizka, en Caballito, y el desalojo del edificio de Paseo Colón, donde se expulsaron a 103 familias. Además, contienen planillas donde figuran las denuncias realizadas por funcionarios, directores de CGP y vecinos, a las que se le otorga orden de prioridad según quien solicite la intervención, en su mayoría contra “asentamientos de indigentes” (ver aparte).

“Informe de la Ucep” es una de las decenas de carpetas que contienen los CD entregados a la Justicia. Con fecha de julio, el informe de trece hojas tiene uno de sus puntos más llamativos en los “Grandes Hitos 2008-2009”.

En el apartado se puede encontrar una acción de enero de 2008 –cuando aún no había denuncias públicas del accionar de la Ucep– identificada como “Larrazábal” y que indica que “se desintrusó la zona. Había un total de 20 familias asentadas en la vía pública. Poseían frazadas, chozas, etc”. Y agrega que “intervino también la Policía Federal”. El segundo “gran hito” está fechado el 22 de febrero de 2008 y –paradójicamente– se realizó en La Pampa y Vías del Ferrocarril. Aquel día, los logros y el operativo fueron los mismos y también intervino la Policía Federal.

El informe continúa detallando los objetivos del organismo “a corto y mediano plazo”. A la brevedad, la Ucep –que está en la órbita del ministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Piccardo– busca lograr “mayor exposición y comunicación de los operativos”. De todas manera, entre otro de los objetivos está el de “tener sensibilidad y precaución en cada operativo” y “cambiar la imagen de la unidad, refiriéndose al aspecto dado por los medios”.

Aunque en los CD se pueden observar varias listas en las que se registra el “stock de denuncias” realizadas por vecinos, directores de CGP y funcionarios –de los cuales muchos quedaron resueltos como “exitosos”–, los objetivos a mediano plazo del informe apuntan a “tramitar una mesa de entradas” y “atender con mayor agilidad y eficiencia a los reclamos ingresados”.

Como informó Página/12 la semana pasada, desde enero y hasta septiembre de 2009 la Ucep realizó 444 procedimientos, de los cuales sólo nueve no fueron contra indigentes. Aunque entre los documentos aparecen fotos de remoción de carteles, como había indicado Piccardo sobre las tareas de la Ucep, las acciones contra indigentes continuaron. También aparecen fotos donde hay niños en los procedimientos.

De la lectura de los documentos se pueden encontrar 27 operativos realizados en octubre. En todos los casos se dispuso la intervención de 25 agentes acompañados por un camión compactador (número de patente HIC 414). De ellos, sólo seis se realizaron entre las 21 y 00 para “observar el desempeño de los recicladores y cartoneros” en la zona del microcentro. El resto de los operativos se realizó en horas de la madrugada y en busca de “personas asentadas sobre la vía pública”. Sólo en tres casos se informó que “no se encontró asentamiento”.

En el resto de los casos, “se los instó (a los indigentes) a desocupar dicho espacio público y se procedió a restituir a su estado original”. Ese “estado original” toma mayor significado con frases como “poseían colchones, frazadas y carros tipo supermercado” junto a la presencia del camión compactador.

La información a la que accedió Gallardo también cuenta con la nómina de todos los agentes pertenecientes a la Ucep, entre los que se nombra a Luis Savoiardo como agente coordinador de operativos y en uno de los documentos se lo identifica como “Tano”. Además, en otro documento con el membrete del gobierno porteño se comunica la autorización de algunos de esos agentes para utilizar algunas de las camionetas identificadas en otros operativos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-134739-2009-11-05.html