La niñez porteña en emergencia

Organismos sociales e integrantes del Consejo de los Derechos de la Niñez presentarán hoy un proyecto para declarar en emergencia los servicios de protección de derechos de niños de la Ciudad. La línea 102 no funciona desde el sábado. El presupuesto es exiguo.


Sociedad-Página/12, 13 de julio de 2010.- Un grupo de legisladores porteños respaldados por trabajadores y organizaciones sociales que forman parte del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y organizaciones sociales dieron ayer una conferencia de prensa en la Legislatura porteña para respaldar un proyecto de ley que declara “la emergencia de los servicios de protección de derechos” de la infancia en la ciudad. El proyecto será presentado hoy, y además de declarar en emergencia los programas y servicios del Consejo también denuncia la misma problemática en la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social.

El proyecto de ley promueve la creación de un fondo de emergencia que permita fortalecer y ampliar los programas en emergencia de las dos áreas, que funcionan con presupuestos “sobreejecutados, ya que se asignó un monto escaso, que no alcanza al dos por mil del presupuesto total de la ciudad”, apuntó la legisladora María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires), impulsora del proyecto.

“El alerta que venimos dando sobre el sistema de protección integral ya es una emergencia, mientras la ministra de Desarrollo Social (María Eugenia Vidal) no puede dar respuesta de la política de infancia que tiene el gobierno de la ciudad”, apuntó Nora Schulman, integrante del Consejo por Casacidn. El último grito lo habían dado los trabajadores del Consejo en un abrazo simbólico a la defensoría zonal de Barracas, dos semanas atrás, pero no hace falta recurrir al archivo. Ayer, la legisladora Gabriela Alegre (Encuentro Popular por la Victoria) denunció que la línea 102, que de manera gratuita recibe denuncias de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes no funciona desde el sábado.

El proyecto de ley respaldado por Laura García Tuñón (Proyecto Sur), María José Lubertino (Encuentro Popular por la Victoria), Diana Maffía (Coalición Cívica), Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y Rubén Campos (UCR) propone como primera medida para solucionar la situación de emergencia de los servicios y programas del Consejo y la dirección de niñez “la incorporación de profesionales y operadores sociales y administrativos”.

A modo de ejemplo, el proyecto grafica la situación del programa de Guardia de Abogado, que recibe durante las 24 horas las demandas de cualquier organismo de Estado que atienda a un niño en situación de vulnerabilidad de derechos y con mayor intensidad desde la aplicación de la nueva Ley de Infancia (26.061). “La guardia sigue atendiendo con dos abogados por día para toda la ciudad”, denuncia el documento y apunta que ocurre lo mismo en el caso de los operadores sociales que acompañan la guardia.

“Los programas están colapsados porque se incrementaron y complejizaron las demandas y no han aumentado el personal ni jerarquizados sus tareas y salarios. El gobierno no cierra los programas pero tiene un modo perverso de ahogarlos”, sentenció Tuñón. Ante esa situación, el proyecto propone la creación de un fondo de emergencia que se abastezca de la reasignación presupuestaria del dinero subejecutado por la Jefatura de Gobierno. De está manera, se intenta aumentar el presupuesto en siete millones de pesos para las dos áreas y acompañar el fortalecimiento de los programas con un aumento del sueldo para psicólogos, abogados y operadores de calles.

Durante la conferencia, Naddeo denunció que “los ministerios de Salud y Desarrollo Social tardan semanas en dar respuesta a las solicitudes hechas por los programas de atención y a los informes de gestión”. Mientras que la titular de Feim y vocal del Consejo, Mabel Bianco, indicó que “hay falta de voluntad política y no de presupuesto”. La afirmación la justificó con las repetidas faltas de los funcionarios a las reuniones del Consejo, la falta de aplicación de la ley de Educación Sexual y “la baja de recursos en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que repercuten en el aumento de la maternidad adolescente. Por eso, legisladores y organizaciones también respaldaron la presentación de un pedido de informe referente a las acciones de gobierno frente al embarazo adolescente.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-149387-2010-07-13.html

Desprotegidos y ahora desalojados

Sociedad-Página/12, 9 de julio de 2010.- Unas cincuenta familias fueron desalojadas ayer de un edificio en el barrio de Once en medio de un operativo policial que ingresó pateando puertas, sacó gente a la rastra y detuvo a ocho personas, entre ellas el abogado de las familias, liberadas horas más tarde. Las familias habían presentado una medida de amparo ante un juzgado porteño con el respaldo de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad y el legislador Tito Nenna, para exigirle al gobierno porteño una asistencia habitacional ante la certeza de quedar en la calle, derecho ratificado en mayo por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. El Ministerio de Desarrollo Social porteño, advertido del desalojo, había solicitado una prórroga de quince días, que fue concedida, argumentando que no tenía plata para asistir a los inquilinos. “Desde el gobierno porteño no pueden decir que no sabían que se iba a realizar el desalojo. Retrasaron todo para no hacer nada”, sentenció Gustavo Moreno, titular de la Asesoría del Menor Nº 1. Consultado por este diario, el Ministerio de Desarrollo Social porteño no dio respuesta.

“No queríamos permanecer en el edificio porque no es nuestro. Lo que buscábamos era una respuesta, porque si nos desalojan no tenemos donde vivir”, resaltó Edith Bernaola, mientras cargaba sus cosas en un camión, rumbo al depósito judicial. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 10, a cargo de Hugo Zuleta, aceptó la medida de amparo presentada por los vecinos que ordenaba “arbitrar las medidas necesarias para brindar una solución habitacional a las familias” al gobierno porteño. “No movió un dedo”, apuntó Nenna para responsabilizar al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

La medida de amparo fue requerida semanas atrás, después de que las familias resistieran dos intentos de desalojo en 48 horas, de acuerdo con el fallo de la causa iniciada en 2009 por el dueño del edificio, ubicado en Tucumán 2924, con sentencia firme desde principio de año en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 91. Ante el aviso de intervención al Ministerio de Desarrollo Social, la respuesta ministerial fue una prórroga de desalojo, que el juez Carlos Coggi hizo efectiva y finalizó ayer. “El ministerio estaba al tanto del desalojo por intimaciones de la Asesoría y por el juez de la causa, debería haberse presentado con anterioridad y dar una solución acorde a cada familia”, señaló Moreno.

Al igual que otro medio centenar de familias desalojadas, Jacqueline Peña López pensaba dónde ir a dormir en la noche junto a su bebé de seis meses y su marido, pero no reparaba en denunciar al dueño del edificio que durante cinco años le “alquiló” una pieza “2x2”. “Dejaba encargados para que cobraran el alquiler con recibos truchos. Nunca dejamos de pagar hasta dos años atrás, en que el gobierno de la ciudad clausuró el edificio por falta de habilitación”, indicó Peña López.

Para evitar que las familias quedaran en la calle, la Asesoría Tutelar promovió ayer una medida cautelar aceptada por el juez Zuleta que ordenaba al gobierno a relevar a las familias y otorgarles una solución habitacional, pero “se presentó una sola persona del gobierno para relevar a cuarenta y cinco familias. Además la propuesta de asistencia llegó tarde cuando sólo quedaban dieciséis familias”, resaltó Moreno.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-149163-2010-07-09.html

Las voces de la comunidad GLTB

María Rachid *

“Buscan un plan B”

“Lo ocurrido ayer en la Comisión de Legislación General marca una nueva estrategia de los senadores que están en contra de la ley de la igualdad para todos y todas. Lo que buscan es tener un plan A y un plan B. El primero apunta a que se retrase la aprobación de una ley que defiende la igualdad para todas las personas, familias, niños y niñas como lo asegura la Constitución. El plan B es debatir una ley de unión civil que es discriminatoria y evitar realizar modificaciones en el proyecto aprobado en Diputados para evitar que la Cámara baja insista en su posición. Lo positivo es que los senadores que votaron por el dictamen de mayoría ya no podrán escudarse detrás del argumento de unión civil respecto de otorgar otros derechos, porque se pararon en contra de la igualdad de los derechos.”

* Presidenta de la Falgbt.

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César Cigliutti *

“Hoy no hay otro eje”

“Los proyectos presentados por la unión civil nos parecen vergonzosos porque el objeto del debate es el matrimonio. Poner otras alternativas que otorguen menos derechos significa querer negociar lo innegociable, que es la reivindicación de nuestros derechos. Desde el inicio del debate se les pidió a los legisladores que no presentaran proyectos alternativos al aprobado en Diputados para evitar apartarse de la discusión por la ampliación de los derechos del matrimonio civil. El motivo por lo que lo hicieron no es otro que el de la discriminación a los derechos de nuestra comunidad. Además se está tomando un concepto como el de unión civil que significó una conquista de la CHA, en la ciudad de Buenos Aires hace siete años, pero para quitarle el sentido porque siempre se luchó por conseguir todos los derechos. Hoy la discusión es matrimonio si o no, no hay otro eje.”

* Presidente de la CHA.

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Martín Canevaro *

“Una trampa legislativa”

“En el debate de Comisión se asistió a una trampa legislativa que se aparta de la discusión por la reforma del Código Civil para alcanzar la igualdad jurídica. En Diputados se consideró la figura de la unión civil y fue descartada. El Senado podría haber modificado el proyecto o rechazarlo, pero la maniobra de juntar la modificación del Código Civil con otros proyectos apunta a que no se debata nuevamente en Diputados, con la posibilidad de que insista en la decisión. Así, se demora el avance de la igualdad jurídica y puede avanzar un nuevo proyecto en el que el Senado se constituya como cámara de origen. Es una deslealtad legislativa. Esto es producto de la manipulación de los sectores religiosos, pero confiamos en que en el debate del recinto se consolide el consenso que han expresado los representantes de los bloques mayoritarios. La discusión sobre la unión civil la vamos a rechazar porque consideramos que es un régimen de segregación sexual.”

* Presidente de 100% Derechos

Producción: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/149024-47855-2010-07-07.html

En busca de los nombres del gatillo

Sociedad-Página/12, 6 de julio de 2010.- El juez de instrucción de Bariloche, Martín Lozada, ordenó el secuestro de los libros internos de ocho dependencias policiales rionegrinas, para determinar los nombres de un centenar de uniformados, incluidos sus jefes. Lozada, que fue apartado del caso Bonnefoi, investiga la participación policial en las muertes de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, durante la represión del 17 de junio pasado. También secuestró proyectiles de postas de plomo y comenzó a analizar fotografías y videos sobre la represión. El miércoles se realizará una inspección ocular en los lugares donde cayeron los cuerpos de Carrasco y Cárdenas, de acuerdo con testimonios de vecinos que dicen haber visto el momento en el que las víctimas recibían los disparos. Entre miércoles y jueves, las familias de las dos víctimas fueron recibidas como querellantes por Lozada, junto a la de Bonnefoi, y según aseguraron, serán recibidas por la Cámara de Diputados de la Nación y por la presidenta Cristina Fernández.

Dos semanas después de que Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fueran alcanzados por perdigones de plomo durante la represión en los barrios del Alto y fallecieran tras ser internados en el hospital local, Lozada hizo lugar a una acción penal solicitada por el fiscal Marcos Burgos –encargado de la causa hasta la semana pasada– que permitirá investigar si el personal de la Policía de Río Negro tiene vinculación con las dos muertes y de ser así analizar las responsabilidades en la cadena de mando, o sea, si se ordenó o no disparar con posta de plomo.

Con la medida ordenada por Lozada se secuestraron los libros de parte diario y de provisión de armamentos de la comisaría 28, del grupo Bora y de otras seis dependencias policiales. En esos libros debería poder constatarse quiénes de los uniformados fueron asignados al operativo del 17 de junio, su jerarquía y las armas que portaban. Esa información permitirá avanzar en la investigación sobre si las perdigonadas que impactaron en los jóvenes fueron disparadas por armas de la policía, a qué grupo en particular y a las órdenes de quién estaba.

También se comenzaron a analizar las fotografías aportadas por los reporteros que estuvieron presentes en la represión y los videos de los medios audiovisuales. Esa información será complementada con los testimonios recogidos por el fiscal Burgos de las personas que declararon ver el momento en que Cárdenas y Carrasco fueron derivados por las balas. El miércoles habrá una inspección ocular en los lugares donde cayeron los jóvenes, de la que participarán algunos testigos y los abogados querellantes.

“Queremos participar de todas las medidas que se realicen en la causa, para poder alcanzar a responsabilizar no sólo a quien accionó el gatillo sino también a quien se lo ordenó”, aseguró Rubén Marigo, abogado de la mujer de Cárdenas e integrante de la APDH de Bariloche. La familia Carrasco, que el viernes último denunció la profanación de la tumba del adolescente asesinado, también fue notificada hoy de que será parte de la querella. En los próximos días, los querellantes sumarán nuevas pruebas y pedirán que se cite a declarar a más testigos directos.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-148937-2010-07-06.html

En marcha por la zona sur

Desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno, representantes de la comunidad educativa del Bajo Flores, Soldati y Pompeya reclamaron más infraestructura educativa en esos barrios de la ciudad. Entregaron un petitorio a los legisladores.


Sociedad-Página/12, 2 de julio de 2010.- “¡Macri hacete cargo!”, “¡Macri hacete cargo!”, “¡Macri hacete cargo!” La frase resonó frente a la Legislatura porteña y la Jefatura de Gobierno entre los más de mil integrantes de organizaciones sindicales (UTE y Ademys) y sociales, docentes, estudiantes de todos los niveles y padres del Bajo Flores, Villa Soldati y Pompeya –distrito escolar 19– que detrás de cada grito sumaban un reclamo: creación de escuelas de jornada completa, más vacantes, reparación edilicia, puesta en marcha de gabinetes de ayuda psicológica y social, y la lista sigue. Todos los pedidos fueron entregados en mano a cinco legisladores porteños que recibieron a los abanderados del guardapolvo blanco. Desde el Ministerio de Educación PRO evitaron responder a la demanda.

Al pie del Obelisco, representantes de la comunidad educativa de la zona sur porteña reunidos en la Multisectorial Sur comenzaron a levantar los carteles: “Emergencia Educativa ¡Macri hacete cargo!” y a caminar por Diagonal Norte llevando una bandera argentina de 50 metros.

Cerca de la celeste y blanca estaba Néstor Alonso, director de una escuela primaria de la Villa 1-11-14, que no paraba de saludar: “¿Cómo está maestro?”. Alonso, con treinta años de docencia, comenzó la lección: “Macri no hizo nada por los sectores populares. En la villa los chicos necesitan doble escolaridad, porque hoy le tenemos que quitar horas de clase para darles de almorzar”.

Media cuadra arriba, Néstor Di Milia, secretario adjunto de Ademys, señaló sin preámbulos: “Después de seis meses de gestión de (el ministro de Educación Esteban), Bullrich continúa la misma política de vaciamiento de la educación pública, en la que mientras las escuelas se caen a pedazos el gobierno porteño otorga subsidios millonarios a las escuelas privadas”.

Entre maestros y sindicatos también estaban Miguel Angel, que asiste a un superpoblado jardín de la escuela 18 en Villa Soldati, y Edith Guadalupe, su mamá. “En la escuela no se cocina, entonces los chicos tienen que esperar que lleguen las viandas que se están entregando tarde y no son de buena calidad. Además, en el jardín faltan maestras auxiliares por lo que si no asiste la titular, me llaman al trabajo para que retire al nene y como ‘soy sola’ lo tengo que dejar al cuidado de sus hermanos”, explicó Edith.

La marcha pasó por el Cabildo y encaró hacia la Legislatura por Yrigoyen. “Chicos sin escuela es PRO.” Carteles de ese tipo se ordenaron en círculo a la puerta de entrada de la Legislatura. Micrófono en mano, una madre comenzó con los “¡Macri hacete cargo!” y luego el coro de letanías –primero la locutora después todos los presentes– se transformó en “Sos culpable, cada vez que un trabajador cobre a mes vencido”, “Sos culpable, cuando uno de nuestros pibes no recibe atención social, psicológica o psicopedagógica, porque das de baja los pocos especialistas que hay”.

El déficit de estructura e infraestructura de cada escuela del distrito 19 fue catalogado y entregado en mano a los legisladores Tito Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Marcelo Parrilli (Nueva Izquierda), María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) y Delia Bisutti y Laura García Tuñón (Poyecto Sur).

Nenna resaltó que “hoy (por ayer) no sólo los docente sino toda la comunidad educativa se movilizó para denunciar la problemática de inversión educativa que se hace más notoria en la zona sur de la ciudad. Hay 6500 vacantes de preescolar y jardín sin cubrir, y donde los chicos en las primarias son trasladados en micros a escuelas del centro provocando el desarraigo del barrio y una baja en la calidad educativa”.

El que se movilizó hasta la puerta de la Jefatura de Gobierno, pero tenía sus pies firmes en Villa Soldati, era el estudiante de la Escuela Media Nº 5 Leonardo Méndez. Al final de la marcha, todavía tenía fuerzas para denunciar la falta de calefacción en la guardería para los niños de sus compañeras y el recorte en las becas laborales y de estudio, que llevaron a “desertar a más de la mitad de mis compañeros”, calculó. “Macri: tenés la posibilidad de considerar que el sur también es Buenos Aires y también hay que hacerlo”, advirtió el último grito de la noche.

Informe: Nahuel Lag.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-148706-2010-07-02.html