Una red que trabaja lo que da Pachamama

Organizados en una red que reúne organizaciones y comunidades aborígenes, mostraron su producción agrícola, ganadera, artesanal y de alimentos en la capital de Jujuy. Apoyados por el Estado, logran microcréditos que los bancos jamás darían.


Sociedad - Página/12, 31 de agosto de 2009.- Red de Organizaciones de la Economía Social en la Diversidad es el extenso nombre, en sintonía con lo amplio numérica y geográficamente, del colectivo de 500 emprendedores de organizaciones y comunidades aborígenes de los valles y quebradas jujeñas. Y se reunieron para mostrar la producción en agricultura, ganadería, artesanías, alimentos artesanales y otros elementos que producen con la rica materia prima que les ofrece la Pachamama y la asistencia de los microcréditos ofrecidos por el Programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social.

“Son como hormigas”, decían quienes observaban el trabajo de todos los integrantes de la red para acondicionar el inmenso galpón techado en que se convirtió la antigua estación de trenes de Jujuy, que dejó de recibir locomotoras, vagones y pasajeros a principios de la década del ’90. Todo debía estar preparado para la inauguración de la muestra a las 10.30 y los emprendedores llegaron sobre la hora luego de bajar kilómetros –en los que la relación “por hora” desaparece con el serpenteo del camino de montaña– desde la Quebrada y la Puna, y subir otros tantos desde los valles del Ramal para reunirse en la capital provincial.

Mermeladas, licores, alfajores de quinua, charqui, papines, lechugas, ocas, zanahorias, vasijas, piedras talladas, chalinas, chalecos, ponchos. Con la producción sobre la mesa, la inauguración estuvo a cargo del intendente local, Raúl Jorge; la ministra de Desarrollo Social provincial, Lilian Domínguez; el representante de la Comisión Nacional del Microcrédito, Carlos García, y el representante del Comité de Tilcara, Ismael Vilte.

¿Qué rol cumple un comité dentro de la Red? Está dividida en ocho comités en los que están representadas 65 organizaciones, comunidades aborígenes y municipios. Así, son el último eslabón del programa de microcréditos impulsado desde Desarrollo, que reúne a 1300 organizaciones en todo el país. En esos espacios –una organización, un voto– se decide el monto de dinero que será necesario para otorgar cuántos y qué tipo de créditos por un año. También a qué vecino se le prestará un promedio de dos mil pesos, para que lo devuelva en cuotas con una tasa del 6 por ciento de interés.

Lorenza y Norma Mamani –un símil norteño de López, Pérez o Martínez– llegaron desde Yavi, límite con Bolivia, y explican que el crédito les sirvió para alambrar los corrales de las ovejas y las llamas y construir un galpón para preservar las pasturas. Lo que buscan es mejorar la carne y las fibras de los animales para conseguir mejores precios, porque la “comunidad crece (son 30 familias de la comunidad aborigen del Toral) y las necesidades le siguen”. Además, las hermanas coincidieron en que desde que integran la Red pueden intercambiar los saberes sobre las formas de cría con otras organizaciones y comunidades. “Es más fácil socializar”, aseguró Lorenza, pensando en los cinco kilómetros que recorre a pie hasta la ruta para poder tomar un colectivo.

Mientras las Mamani hablan de su producción, Josefina, Argentina y otras mujeres, hombres y niños con cajas y palillos acompañan sus coplas. Reunidos alrededor de un hueco en la tierra ofrecen chicha, cigarrillos y coca a la Pachamama, a dos días de que termine el mes en que se le agradece “por nuestras haciendas, para que las defienda de las plagas. Por educación y salud”.

Vitalino Salas camina hacia su puesto de cerámicas y artesanías luego de la celebración. La cultura de la “Pacha” está representada en sus artesanías que cada vez son más, gracias al crédito que le permitió agrandar su taller. Sin embargo, no se olvida de sus compañeros de la comunidad de Cuchiyaco: “Lo que nos presta el Estado, además de incentivar la cultura del trabajo, es un desafío porque, aunque el monto sea poco, hay que esforzarse por devolverlo para que se le preste a otro hermano”. Así, a través de un presupuesto inicial de un millón de pesos, todos los préstamos de la Red generaron un movimiento de capital de 8 millones.

“Lo importante en la economía social es el espíritu de solidaridad para involucrarse y comprometerse con los demás. Los que desean crecer solos, no tienen el espíritu de la red”, aseguró Javier Rodríguez, representante de Cauqueva, organización administradora de los fondos.

Con el atardecer, los 34 grados descienden y Benito Mamani ya no se seca la frente, a cada rato, por el esfuerzo que hace al movilizarse con su silla de ruedas. El accidente que le impidió continuar trabajando las seis hectáreas de sus padres en los cerros de Unquía –lejos de los problemas de los grandes arrendatarios– no lo detuvo para ser un autodidacta de la herrería. Con el crédito que le entregó el Comité de Humahuaca, algo a lo que se negaron todos los bancos, compró los hierros para construir una carretilla que permitiría cargar la mayor cantidad de jaulas de lechuga entre los angostos pasillos de sembradío de los cerros norteños. “Cada emprendedor de la Red conoce qué necesita, qué le falta y qué puede producir el resto”, explicó el herrero.

El conocimiento de las necesidades de cada emprendedor de la red se hizo palabra en la asamblea que las organizaciones compartieron para analizar el próximo año de trabajo. Tomando la palabra, los emprendedores acordaron unirse para dar el próximo paso: la comercialización de los productos. Pero el debate no se limitó a los microcréditos y los productores coincidieron en la necesidad de armar una mesa de trabajo para exigir a los organismos de Estado soluciones en infraestructura, comunicación, educación y salud.

El desafío de sumar 30 nuevas organizaciones a la Red y la posibilidad de reunirse con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, para plantear los alcances y problemas de la red, concluyeron en un aplauso cerrado para envalentonarse ante el largo viaje de regreso. Re(d)unidos y con el respaldo de los créditos, seguirán “tejiendo esperanzas”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130909-2009-08-31.html

Ofensiva contra una empresa recuperada

Sin esperar los plazos establecidos por la ley, un juez dispuso que la expropiación de la empresa “vulnera el derecho de propiedad” de los acreedores. Los trabajadores, en estado de asamblea y huelga de hambre, apelarán el fallo.


Sociedad - Página/12, 28 de agosto de 2009.- En un fallo inédito, el juez en lo comercial Héctor Vitale declaró “inconstitucional” la ley de “utilidad pública” que la Legislatura porteña aprobó por unanimidad en diciembre para “conservar la fuente de trabajo” de la cooperativa de trabajadores de IMPA. Los 63 trabajadores de la fábrica metalúrgica están en asamblea permanente frente a la nueva posibilidad de un desalojo como el que ya vivieron en abril de 2008, cuando el juez declaró la quiebra de la cooperativa. Con la resolución, Vitale solicitó al gobierno porteño la “inmediata puesta a disposición del tribunal” de los bienes de la cooperativa y que “el síndico (representante de los acreedores) deberá proponer la alternativa más conveniente para lograr una pacífica y ordenada transición hasta la venta”. Hace diez días, un grupo de legisladores porteños se presentaron ante el juez para indicarle que la “tenencia precaria” del inmueble estaba acorde con la legislación de que rige en la ciudad, pero el magistrado avanzó con el fallo. Según el representante de la cooperativa Eduardo Murúa –que permanece en huelga de hambre junto a otra trabajadora, desde hace una semana–, el avance de la “aberrante” medida judicial significaría el cierre de “una fábrica que es más que una recuperada porque está abierta al pueblo”.

“Existe una animosidad específica contra los trabajadores de la cooperativa y vale sospechar de intenciones de lucro con el inmueble”, sentenció el legislador Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), coautor de la ley de expropiación de IMPA. Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), el otro coautor de la norma, entendió que “el juez se está extralimitando al cuestionar el criterio de los legisladores, que actuaron de acuerdo con la ley en base a la cual se hicieron declaraciones de utilidad pública de otras veinte empresas. En el caso de IMPA se está peleando por el gran valor inmobiliario que tiene el predio”.

La ley 2969, sancionada por la Legislatura y promulgada en enero por el Ejecutivo porteño, aseguró a los trabajadores de IMPA la entrega en comodato del inmueble por el plazo de dos años, para continuar con la producción de materiales de aluminio, las actividades del centro cultural, la atención médica en el centro de salud y el bachillerato popular (ver aparte).

Sin embargo, el fallo del juez aduce que en el texto de la ley no se incluyeron “las razones por las cuales se había concluido que los bienes debían ser de utilidad pública”. Además, el fallo indica que hay un segundo punto que no se cumple para “que una expropiación sea admisible” y es el previo pago de una indemnización.

En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica aseguró que “la ley 238, que reglamenta las expropiaciones en la ciudad, contempla la fecha de pago de indemnización al año de planteada la expropiación. Una solicitud que el síndico (Alejandro De Benedetti) pide a través del juez con anterioridad”. Y resaltó que diez días antes del fallo se presentó en calidad de “amicus curae” junto a los legisladores Diana Maffia, Eduardo Epszteyn y Gonzalo Ruanova para realizar una recomendación sobre lo “incompetente” del fallo que finalmente promulgó.

El abogado de la cooperativa de trabajadores, Gabriel Coria, consideró que “la declaración de inconstitucionalidad busca que los trabajadores que obtuvieron el comodato por la ley de la ciudad queden en una ocupación ilegítima del bien, lo que implicaría una solución inmediata: el desalojo. Además, generaría un precedente dentro del marco de la ciudad que podría ser aplicado por cualquier juez en cualquier jurisdicción”.

La idea de un acuerdo entre el síndico y el juzgado para el remate del bien es una presunción fuerte entre los trabajadores del IMPA. Según Murúa, “en las conversaciones que tuvimos con el juez se dio a entender que él le pidió al síndico que presentara formalmente el pedido de inconstitucionalidad, luego de encargarse de la redacción”.

El tironeo con el juzgado, según Murúa, comenzó en 2006 con el cambio de la comisión directiva de la cooperativa que permitió el ingreso de inversores que “nada sabían del rubro y perdieron todo el capital construido”. Desde entonces, “alguien vio el negocio inmobiliario y se comenzó a negociar el pago a los acreedores, al Banco Nación y las indemnizaciones para los trabajadores. Todas las operaciones las realizaban por un total de siete millones de pesos, pero el valor del edificio, si se remata, alcanza los 20 millones”.

Sin que se concrete esa operación, en abril de 2008 la fábrica fue declarada en quiebra, “a pesar de que se había acordado un plan de pago con los acreedores, presentado ante el juez”, indicó Murúa.

Tras un desalojo realizado en abril de 2008, los trabajadores reocuparon la fábrica, por lo que el juez en su fallo diferencia al IMPA de otras fábricas recuperadas en las que “no se trata de casos de ‘usurpación’”.

Los pasos a seguir serán en la Cámara de Casación con la apelación por parte de la cooperativa –a la que se sumaría la réplica de la Procuración porteña–. Hoy, Murúa se reunirá con la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, para solicitarle su apoyo, ya que la entidad es el principal acreedor de IMPA.

Mientras tanto, los trabajadores continuarán produciendo pomos, bandejas y papel de aluminio para una cartera de cien clientes con la certeza de que el lugar de trabajo “lo vamos a defender hasta que no haya posibilidad de desalojo”, advirtió Marcelo Castillo, presidente de la cooperativa.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130740-2009-08-28.html

Con escuela y centro de salud

IMPA no es sólo una fábrica metalúrgica: según sus trabajadores, está en “una etapa superadora”. Es que en el edificio de Querandíes 4290, en el barrio de Almagro, ahora funcionan otras áreas que exceden la producción y se relacionan con el barrio. Una de los servicios es el Centro de Salud de Atención Primaria, que brinda atención gratuita a todos los vecinos gracias a un acuerdo entre la cooperativa y el Hospital Durand, por el que se asegura la atención con un equipo médico interdisciplinario. También funciona un bachillerato popular al que asisten 150 jóvenes que no han podido completar su ciclo escolar, y a partir de la cursada en IMPA pueden obtener un título avalado por el Ministerio de Educación porteño. Por último, el Centro Cultural es un espacio abierto para el dictado de talleres artísticos y actividades como la Feria del Libro Independiente y Alternativa, a las que asisten más de dos mil personas. Los vecinos ya emepezaron a juntar firmas.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/130740-42123-2009-08-28.html

Claudio Remedi: “El documental expresa con solidez y comunica con rapidez una situación social”.-

El docente y realizador cinematográfico es miembro fundador del colectivo DOCA (Documentalistas Argentinos) y de la productora Boedo Films. En esta entrevista, propone un recorrido por la historia del documental social en Argentina y analiza las implicancias de la crisis de 2001 para esta disciplina artística que también puede ser un dispositivo periodístico o una herramienta jurídica. Lo interesante del documental, dice Remedi, es que “interveniene la realidad y promueve encuentros, exhibiciones y debates, como si fuera el hecho social en sí”.

Por Nahuel Lag
Fotografía de Cinenacional.com

Buenos Aires, agosto 27 (Agencia NAN 2009).- El cine documental en Argentina empezó a dar sus primeros pasos en 1956 con la llamada Escuela de Cine Documental de Santa Fe y continuó avanzando en los 60s y 70s de la mano de grupos de documentalistas, como los liderados por Fernando “Pino” Solanas y el desaparecido Raymundo Gleyzer. Con esa impronta social y política, en uno de los países con mayor estudiantado de cine de la región y con los avances tecnológicos que permitieron producir a bajo costo, los 90s fueron semillero de una nueva generación de documentalistas que, colectivamente, empezaron a fomentar una manera de retratar la realidad que crece exponencialmente desde la crisis económica, social y política de 2001, cuando las cámaras llegaron a formar parte de talleres de formación en las cooperativas de trabajadores y en las organizaciones sociales de las villas, y las proyecciones alcanzaron universidades, plazas y sindicatos. Palabras más, palabras menos, así explicó Claudio Remedi --licenciado en Enseñanza de la Artes Audiovisuales, realizador cinematográfico y miembro fundador de DOCA, Documentalistas Argentinos-- la gran década que vive el cine documental.

El crecimiento de la producción documental desde 2001, difícil de medir con cifras por escapar a los espacios formales de producción, puede explicarse también por la conformación de grupos de realizadores durante la década anterior. “En 1999 surgió el Espacio Mirada Documental, en el que los realizadores veíamos el problema que existía con la circulación de lo producido, armamos circuitos alternativos de exhibición y dimos cuenta de cómo el trabajo colectivo nos potenciaba”, explicó el director de Fantasmas en la Patagonia (1996), Agua de fuego (2001) y Control obrero de los trabajadores de Brukman (2002), entre otros. Desde la gesta de aquel primer colectivo y con la formación de la Asociación de Documentalistas (ADOC), post crisis de 2001, los realizadores no sólo buscan la creación de circuitos alternativos y “contrafestivales”. Además, lo que se cuestionaba era que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) “estaba orientado a la ficción y no tenía fomento para el documental”, apuntó Remedi, también integrante del Grupo Boedo Films.

La pelea de los documentalistas independientes continúo y en julio de 2006 se formó DOCA, que reúne a 130 realizadores que no sólo llegaron al documental desde el cine de ficción, sino también surgidos de organizaciones sociales y profesionales del periodismo, la comunicación y la antropología. Uno de sus objetivos fue “intervenir en la confección de políticas audiovisuales” y lo consiguieron con la resolución 632 del Incaa, que desde hace un año y medio permite “producir en video digital, cuando antes sólo se podía hacer en 35 milímetros”. Y aunque el entrevistado destaca que “desde 2001, los documentales, sobre todo los sociales y políticos, comenzaron a circular en lugares insólitos de forma cada vez más masiva: en plazas, escuelasm universidades, museos, organizaciones y cooperativas”, aún quedan varias cuentas pendientes.

-- Desde el inicio de DOCA insisten en la “democratización” del Incaa. ¿Cuál es el pedido formal?
-- Históricamente, la decisión de la asignación de subsidios, que en definitiva son dineros otorgados por el Estado, fue manejada por pequeños grupos, sin la debida información hacia los concursantes. Lo que planteamos es que en la redistribución de lo que recaudan los diferentes órganos relacionados a la producción audiovisual deben intervenir las agrupaciones de cineastas, los técnicos y los trabajadores del Incaa. Por otro lado, el comité que selecciona los proyectos presentados a concurso, que va a tener la responsabilidad de que la televisión pública tenga una producción documental importante y nutrida, no presenta evaluaciones individuales y por escrito, lo que aumentaría la transparencia de los concursos y permitiría corregir los proyectos rechazados para poder presentarlos nuevamente. Entonces, también sería bueno crear un comité de apelación para que exista la posibilidad de una segunda instancia.

-- Al seleccionar proyectos, también se están seleccionando las miradas sobre la realidad social que podrán tener mayor divulgación…
-- Desde Doca, anhelamos la libertad total de la expresión que ofrece el documental. No sólo desde las formas sino también desde los temas. Todos lo que tenga relevancia cultural, social o política, que sea un camino para reconstruir nuestra identidad y memoria, es importante. Los proyectos tienen que ser sólidos para ser aprobados sin detenerse en lo ideológico. Por eso, una de las maneras de generar un espacio plural sería la de permitir que en las instancias de financiación se presente gente sin experiencia. Esto implica un gran cambio cultural en el Incaa.

-- Hablando de una mirada más plural: desde 2001, el cine documental pasó a manos de cooperativas y organizaciones sociales, ya que muchos grupos de cine comenzaron a funcionar en los barrios…
-- Eso es fantástico. La mayor aspiración es que todos tengamos la posibilidad de tener un medio y un modo de comunicarnos. Y, en ese sentido, el documental es muy amplio. Se utiliza en forma pedagógica en comunidades campesinas, en forma política en algunos sindicatos, en forma artística, en forma institucional. De la misma manera, partidos políticos y organizaciones sociales formaron grupos de registro y hasta comenzaron a realizar talleres, por lo cual se convirtieron en formadores. Incluso utilizan el documental para generar debates o reuniones en los barrios más carenciados. También hay muchas huelgas y campañas de recolección de firmas que fueron movilizadas a partir de documentales.

-- ¿Por qué creés que el documental se transformó en la herramienta para mostrar la realidad de una sociedad en crisis?
-- El documental expresa de manera muy sólida una situación social o política y la comunica rápidamente. Entonces, se usó para dar una nueva mirada sobre ciertas problemáticas, frente a la impuesta por los medios masivos. Lo que quizá sea una pelea entre David y Goliat, pero no deja de ser expresión y, por mínima que sea, cuando una persona aparece en la pantalla diciendo su verdad, hay un enaltecimiento moral. Esto se potenció por el uso de Internet. No sólo por lo que puede descargarse sino lo que puede verse online, como You Tube. En esos sitios se ven, con inmediatez televisiva, documentales que plantean puntos de vista independientes.

-- ¿Plantean al documental como punta de lanza contra la concentración de la palabra por parte de los grandes medios?
-- Sería ridículo pensar en competir si la sociedad no tiene el manejo de los medios. Pero ante el concepto individual que propone la televisión, el documental tiene como objetivo intervenir la realidad y promueve encuentros, exhibiciones, debates, como si fuera el hecho social en sí. Y muchas veces ese material está producido por el propio entorno, por los propios vecinos.

-- ¿Qué posibilidad tiene el cine documental para generar un cambio social, una ruptura?
-- El cine por sí solo no va a generar ningún cambio. Sí puede hacer aportes. Desde Boedo Films fuimos concientes de que hacíamos documentales para generar un debate y desnaturalizar lo cotidiano, porque parece que las personas se acostumbran a la injusticia. El documental se trata de tomar distancia del contexto propio para ver qué está pasando. En otros casos, hacíamos documentales de corte contrainformativo a los grandes medios, investigando y dándole la voz a los que no la tienen, una frase recurrente pero vigente.

-- ¿Y Pino Solanas no logró intervenir a la sociedad a partir del uso del documental como herramienta y base de la campaña que le hizo ganar las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires?
-- Creo que el factor documental lo favoreció, aunque otra lectura necesaria tiene que ver con cómo supo aprovechar un vacío de representación en la centroizquierda. Pero sí, su práctica documental le dio mayor aceptación ante la sociedad. Es algo que está pasando desde 2001: la concepción social del cine documental ya no es el de la filmación aburrida sobre animalitos, sino que puede denunciar y mostrar lo que no se quiere desde otros sectores. El caso de Enrique Piñeyro (Fuerza Área Sociedad Anónima), también es interesante. Él utilizó el film como si fuera un documento para presentar ante un juez. Los de Piñeyro y los de Pino son documentales que tuvieron repercusión porque están relacionados con las deudas pendientes de nuestro país.

-- ¿Qué esperan desde Doca con el advenimiento de la Ley de Comunicación Audiovisual que contempla cupos televisivos para la producción nacional y fondos para la producción?
-- En los foros de aportes a la ley resaltamos la importancia de que exista una cuota de pantalla para el documental y para las producciones dedicadas a niños y jóvenes. También reconocimos la importancia del espacio que se repartiría entre los medios privados, el Estado, los sindicatos, las universidades y las organizaciones sin fines de lucro. Pero planteamos que se deberán generar los mecanismos de recaudación necesarios para brindarles a las organizaciones un sostén económico para que no deban entrar en la competencia comercial con grandes medios. Así, esos espacios darán una diversidad inmensa y una oferta importante para los espectadores.

-- ¿Cómo ves el futuro del cine documental?
-- Dependerá de los documentalistas, porque históricamente los sectores de poder no hacen nada por el cine de este tipo, más bien tratan de potenciar el cine de espectáculo. El cine documental es sostenido por el realizador o impulsado por la sociedad, por eso dependerá de que se profundicen no sólo las políticas de financiamiento sino también las nuevas formas de circulación. De todas maneras y aunque tuvo sus vaivenes en la historia argentina y latinoamericana, el documental no tiene límites.

DOCA: http://www.docacine.com.ar
Boedo Films: http://www.boedofilms.com.ar

Reclamos para el jefe de Gobierno

Sociedad - Página/12, 26 de agosto de 2009.- Unas 50 organizaciones barriales y políticas porteñas, reunidas en el “Foro de Denuncia”, realizaron ayer un acto frente a la Jefatura de Gobierno, para criticar los aspectos deficitarios en vivienda, salud, medio ambiente y educación de la gestión macrista. Las demandas fueron resumidas en un documento consensuado por todas las organizaciones para ser presentado ante el Ejecutivo, la Legislatura y la Defensoría del Pueblo porteña.

“El foro levantará la voz de los barrios, frente a un debate sobre la pobreza puesto en agenda de manera oportunista y cínica por los sectores de poder”, explicó Cecilia Calderón, integrante de una organización política que trabaja en los barrios del sur de la ciudad.

Una realidad hecha de basura, de servicios básicos deficientes, de barrios con casas apiñadas, era la que se veía en la muestra fotográfica apostada sobre la vereda del Cabildo. La imagen se hacía palabra arriba del camión-escenario montado sobre Avenida de Mayo: “Los chicos se mueren tomando ese veneno”, decía Jorge González, representante de un grupo de padres de la Villa 31 que lucha porque “el gobierno porteño no da respuestas” con políticas de tratamiento en adicción ante la amenaza del paco. Siguió el secretario general de ATE capital, Rodolfo Arrechea: “Con el mayor presupuesto en salud de todo el país, la ciudad tiene sus centros de salud sin el personal médico suficiente, con un abastecimiento irregular de insumos y con las obras edilicias paralizadas. Sin atender a los sectores postergados”.

La salud también era un pedido medioambiental para los vecinos de la Villa 20 que entregaban el informe realizado entre las organizaciones y el centro de salud del barrio. El documento revelaba los casos de chicos con altos niveles de plomo en sangre por la cercanía de un “cementerio de autos”, que también trae plagas. “ Las bolsas de comida de los comedores se llenan de cucarachas y atraen a las ratas”, contó Ruth Contreras, integrante de un comedor de Barrios de Pie en la Villa 20.

De vuelta al escenario, representantes de ATE recordaban que “el presupuesto en educación se redujo durante la gestión macrista”. Mientras, Ignacia Cadima, que llegó desde Lugano con su hija de cinco años, se preocupaba porque “Roxi empieza el primario el año que viene y en las escuelas del barrio ya me dijeron que no hay vacantes”. Gladys Araujo también concurrió para hablar de falta de lugares, pero de los que le faltan en la ciudad a “100 mil personas en situación de emergencia habitacional. Una vivienda digna es una vivienda definitiva”, sentenció la inquilina integrante del Frente de Hoteles. Nadia Aguilera, integrante de Villas Unidas por la Urbanización, recordó que “los servicios de agua y luz son instalados por los vecinos sin que los organismos de Estado se encarguen de regularizarlos” y resaltó la necesidad de comenzar a “planificar en conjunto”.

Informe: Nahuel Lag

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130623-2009-08-26.html